Las diócesis de León y Astorga solo notifican cuatro casos de abusos con seis víctimas al Defensor del Pueblo
El informe del Defensor del Pueblo sobre abusos y agresiones sexuales a menores en el seno de la Iglesia apenas refiere entre las diócesis de León y Astorga cuatro casos con seis víctimas. Y a pesar de que el documento reconoce la colaboración de estas dos entidades, el resultado se queda lejos de los 29 episodios rastreados en la investigación periodística capitaneada por el diario El País.
Ambas diócesis revisaron sus archivos secretos y del tribunal eclesiástico en el rastreo de estos casos solicitados por el Defensor del Pueblo, aunque solo la de Astorga investigó los casos publicados por El País, algo que de la de León no consta que hiciera.
Así, la de Astorga puso sobre la mesa tres casos comunicados con otros tantos sacerdotes implicados. Las víctimas son cinco (cuatro hombres y una mujer; de los que cuatro eran menores de edad y uno adulto). Por orden cronológico, se registraron dos episodios en las décadas de los sesenta y setenta y uno en las de los ochenta y noventa.
Por su parte, la Diócesis de León apenas refiere un caso, el que salió a la luz tras su publicación por parte de La Opinión de Zamora en enero de 2017 y que terminó involucrando a varios sacerdotes en el seminario de La Bañeza. A raíz de esta denuncia sobre hechos ocurridos en 1980, uno de los sacerdotes fue apartado en 2019 de las parroquias y del ejercicio público del ministerio.
El caso, que trascendió después de que una de las víctimas enviara una carta al Papa, tuvo una importante repercusión en los medios de comunicación y generó una gran controversia.
Ahora, en este mismo 2023, la Diócesis de León ha adoptado el Proyecto Repara, creado en 2019 en el Arzobispado de Madrid para la atención a víctimas de abuso sexual de todas las procedencias y condiciones, así como a las víctimas de abuso de poder, de conciencia y espiritual en el ámbito de la Iglesia católica.
La primera oficina de recogida de denuncias y atención a víctimas fue creada en febrero de 2019 por la Diócesis de Astorga, la primera también en disponer un año antes de un protocolo de prevención y actuación, destaca el informe del Defensor del Pueblo, que también la sitúa entre las pocas que dan cuenta de algún procedimiento canónico sin que haya existido proceso al respecto en el sistema de Justicia del Estado.
Barcelona, Bilbao, Córdoba y Madrid son las diócesis que han comunicado más víctimas a la institución que encabeza Ángel Gabilondo, según la información que publica elDiario.es.
