El tercer ayuntamiento de la provincia, San Andrés, de León acusa a la Junta de bloqueo al negarle un interventor
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, tercer municipio de la provincia de León por número de habitantes, denuncia que están siendo víctimas de un “injustificable” bloqueo por parte de la Junta de Castilla y León. Ocurre, afirma el equipo de Gobierno local, de Unión del Pueblo Leonés (UPL) porque la Consejería de Presidencia se niega a hacer efectivo el nombramiento del interventor interino a pesar de que el proceso selectivo iniciado por el Ayuntamiento “ha cumplido con todos los requisitos legales”.
Por eso, consideran que la responsabilidad de esta situación recae sobre la administración autonómica, que no solo niega el nombramiento, sino que tampoco ofrece ninguna solución, “provocando una parálisis económica y administrativa para el Ayuntamiento y para sus ciudadanos”, explican en una rueda de prensa.
Este viernes, la Junta ha enviado una orden para que el Ayuntamiento anule o revoque el nombramiento del tribunal que supervisó el proceso selectivo, a más de dos meses de haberse finalizado el proceso y tras haberse cumplido todos los requisitos legales, insisten el equipo de Gobierno en minoría.
La Junta asegura ahora que el tribunal no puede estar formado mayoritariamente por habilitados nacionales, un argumento que “carece de base” porque “en ningún caso se ha dado este extremo” en San Andrés. Insisten en que “la composición del tribunal de selección es correcta y legal, no infringiendo ningún precepto legal, contando con cinco miembros titulares y cinco suplentes que poseen la misma o superior titulación de la plaza que se convoca”.
Asimismo, no se ajusta a la realidad el hecho de que el tribunal esté compuesto mayoritariamente por funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. En consecuencia, no existe infracción jurídica alguna. Finalmente, debe existir relación entre el área de conocimientos de los funcionarios que formen parte del Tribunal y la plaza que se convoca, supuesto que igualmente se cumple.
“Demora injustificada”
Desde el Ayuntamiento no se entiende la “demora injustificada” por parte de la Dirección General de Administración Local dependiente de la Junta en remitir la notificación, recibida hoy, habiendo transcurrido más de un mes desde la última comunicación formal, mantenida el 28 de julio de 2025, “cuando reciben el expediente completo”. Por eso, entienden que la Junta ha “vulnerado así el principio de colaboración que debe regir entre las diferentes administraciones públicas”.
La alcaldesa, Ana Caurel, asegura que “en cualquier caso, el requerimiento debería haberse efectuado durante el transcurso del procedimiento selectivo y no una vez finalizado el mismo, vulnerando de esta manera los intereses y derechos subjetivos del aspirante propuesto por este Ayuntamiento de manera totalmente palmaria y sin justificación alguna”.
Insisten en que desde el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo “se ha hecho todo lo humanamente posible para llevar adelante este nombramiento, asumiendo responsabilidades que no son de competencia local, precisamente para evitar la paralización de la gestión municipal”. La alcaldesa censura que “la actitud de la Junta no es solo irresponsable y partidista”, sino que busca claramente obstaculizar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento, con consecuencias gravísimas: pérdida de subvenciones, impago de nóminas y retención de tributos estatales que pueden dañar la gestión y los servicios públicos.
