El pulso de semanas entre San Andrés, que gobierna UPL, y la Junta desbloquea por fin el pago de las nóminas
La Junta de Castilla y León ha autorizado este martes, por la vía de la “excepcionalidad”, el nombramiento de un interventor accidental en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, el tercero de la provincia leonesa, bloqueado incluso para el pago de las nóminas, con el consiguiente malestar interno. Esta decisión permitirá de manera inminente hacer frente al caso de esas nóminas pendientes a cerca de 300 empleados públicos.
La designación recae en un funcionario municipal, el cual ya había sido propuesto por la alcaldesa Ana Caurel (UPL) desde el 5 de septiembre, y que el equipo de Gobierno leonesista denunciaba que la Junta venía vetando, igual que torpedeaba el proceso para el nombramiento de uno nuevo.
El anuncio se produjo tras una reunión entre la regidora y los trabajadores municipales, en la que se detallaron los trámites realizados por el equipo de Gobierno para cubrir la plaza de intervención. La resolución autonómica, de la que ha tratado de sacar pecho el grupo municipal del Partido Popular (PP) en la oposición, llegó pasadas las 14.15 horas y resultaba imprescindible para que el funcionario designado pudiera ejercer legalmente.
El desbloqueo se produce tras semanas de tensión política. El equipo de Gobierno de la UPL había acusado a la Junta de mantener un “bloqueo injustificable” al exigir la nulidad de un proceso selectivo ya concluido, a pesar de que -según el Ayuntamiento- cumplía con todos los requisitos legales. La alcaldesa denunció que esa negativa autonómica estaba provocando una “parálisis económica y administrativa”, con impago de nóminas, retraso en ayudas sociales y riesgo de pérdida de subvenciones.
En paralelo, el PP municipal y los sindicatos CCOO, USO, CSIF y el Sindicato de Policía impulsaron un documento conjunto para mediar en el conflicto, en el que pedían el cumplimiento de los requisitos autonómicos, el nombramiento inmediato de un interventor accidental y su permanencia hasta que se resolviera el proceso definitivo. UGT no participó en esa reunión.
La portavoz popular, Noelia Álvarez, celebró que la Junta atendiera la propuesta, agradeció la colaboración sindical y exigió a la alcaldesa “acatar la resolución autonómica”. Desde el PP recuerdan que la falta de interventor había impedido el pago de las nóminas de agosto, la tramitación de ayudas de emergencia y el abono a proveedores.
La Junta ha advertido al Ayuntamiento de que, si no responde a la última resolución de la Consejería de Presidencia, adoptará las medidas legales oportunas. Mientras, el equipo de Gobierno de UPL insiste en que la responsabilidad de la crisis recae en la administración autonómica, a la que acusa de actuar de forma “partidista” y de haber puesto en riesgo los servicios públicos municipales.
