Todavía no toca. A pesar de que el propio Gobierno del Partido Popular (PP) en la Junta de Castilla y León decidiera prometer, hace exactamente un año, un calendario de escasos meses para reactivar una especie de 'Mesa por León 2.0' en busca de soluciones al complicado futuro de la provincia de León, ahora el Ejecutivo asegura que no se daban las circunstancias para cumplir esos compromisos. Y que será tarea del nuevo Gobierno, que todo el mundo da por seguro que conformarán una legislatura más PP y Vox si consiguen cerrar un pacto como los alcanzados ya en Extremadura y en Aragón.

El consejero portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que además en persona protagonizó la reunión impulsora de hace un año de una nueva hoja de ruta por el futuro de León, junto al leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, explicó hoy públicamente que los plazos no eran adecuados para avanzar a lo largo del año pasado y lo que llevamos del ejercicio actual.

En concreto, admitió que tras una última reunión con representantes empresariales de la provincia en julio de 2025, y a pesar de los compromisos adquiridos de que en torno a esa fecha ya dispusieran de un documento muy completo sobre el diagnóstico y las propuestas para implementar en León, que la dinámica del calendario político les recomendó paralizar todo el proceso. Hasta hoy.

Carriedo lo defendió recordando que “se convocaron elecciones” autonómicas -aunque eso no ocurrió hasta enero de este año- y el Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco consideró que, una vez en funciones, ya no debían dar pasos adelante en los resultados y acciones de esa nueva 'Mesa por León', por “no crear un debate que se convirtiera en un programa electoral”. A posteriori, razonó que “no es propio de un Gobierno en funciones comprometer retos o programas”, explicó hoy preguntado por todo el retraso acumulado y el incumplimiento de unos plazos públicos a los que en abril de 2025 nadie les empujó a adquirir.

El portavoz del Ejecutivo autonómico concluyó comprometiendo ahora, nuevamente, que la labor de cumplir con todo el plan será del nuevo Gobierno que salga del pacto que se adquiera a partir de ahora con la negociación que PP y Vox mantienen para reeditar su cogobierno de 2023. “Será una de las tareas de ese nuevo Gobierno”, sentenció, aunque de momento sin plazo, ya que no se conocen avances ni reparto de responsabilidades en el hipotético nuevo ejecutivo de la derecha y la extrema derecha en Castilla y León.

O miente o adolece de la más mínima transparencia. Esta es la conclusión que de la actitud de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León extraen un grupo de asociaciones ecologistas de la provincia de León al comprobar cómo el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones niega sistemáticamente el acceso a una información esencial: los supuestos informes técnicos en base a los cuales se ha permitido cazar y el aprovechamiento ganadero en todos los terrenos incendiados el año pasado.

Una permisividad excepcional, tan sólo siete meses después de arder 135.200 hectáreas sólo en la provincia leonesa, cuando su propia Ley de Montes dicta que hay que dejar un período de cinco años, tal y como publicó en primicia ILEÓN.

La denuncia pública la lanzan ahora las asociaciones Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC), Ecologistas en Acción (EEA), Corredor Ecológico del Noroeste Ibérico (CENI) y Bierzo Aire Limpio (BAL), quienes censuran con dureza que Medio Ambiente “está incumpliendo de forma reiterada su obligación legal de facilitar el acceso a la información ambiental, un derecho reconocido tanto en la normativa estatal como en el derecho europeo”, dicen en un comunicado.

Las organizaciones aseguran que han presentado diversas solicitudes formales, al amparo de la legislación de transparencia y del Convenio de Aarhus, para conocer esos presuntos informes técnicos que avalan las polémicas medidas, pero “la Administración autonómica ha evitado sistemáticamente entregarlos”. Lo mismo le ha ocurrido a ILEÓN, que hace dos meses que reclamó conocer dichos informes, sin ninguna respuesta hasta el momento, tampoco por parte del portavoz del Gobierno de Mañueco, Carlos Fernández Carriedo.

Llegados a este punto, las asociaciones firmantes “cuestionan abiertamente la propia existencia de dichos informes”. Y es que “hasta la fecha, no se ha hecho público ningún documento que justifique técnica, científica o jurídicamente esta medida excepcional, pese a las reiteradas solicitudes formuladas por las entidades sociales y ambientales”.

Resaltan que, en medio de la gravedad de permitir cazar o el pastoreo en zonas dañadas como nunca antes, “el problema radica en una doble anomalía institucional: por un lado, la Junta afirma disponer de informes que avalarían la adopción de medidas excepcionales; por otro, niega el acceso a esos mismos informes, impidiendo cualquier forma de escrutinio público, evaluación técnica independiente o debate democrático informado”. Y añaden que la decisión está dañando de manera irreversible “el objetivo de garantizar los procesos de regeneración ecológica y evitar impactos adicionales sobre suelos y biodiversidad, así como sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen”.

“La autorización de estas actividades en zonas quemadas, sin motivación documentada conocida, no solo contradice el principio de legalidad, sino que introduce un precedente extremadamente peligroso desde el punto de vista ambiental y jurídico. La regeneración post-incendio es un proceso complejo, condicionado por factores edáficos, climáticos y biológicos, que puede verse gravemente comprometido por la presión ganadera y cinegética prematura”, afean.

Las asociaciones firmantes advierten de todo indica que “nos encontremos ante una decisión arbitraria carente de respaldo técnico real” y advierten de las graves responsabilidades de la situación porque “podría implicar responsabilidades jurídicas adicionales”. Por eso, vuelven a exigir “la publicación inmediata e íntegra de todos los informes que supuestamente justifican las medidas autorizadas, así como la depuración de responsabilidades políticas y administrativas en caso de confirmarse la inexistencia o insuficiencia de dichos informes”.

El mes de abril del año pasado la Delegación Territorial de la Junta en León acogió la primera reunión de lo que fue un grupo de trabajo que tenía como objetivo diseñar un estudio para paliar la crisis socioeconómica que persiste en la provincia de León, contando con la propia Junta, los sindicatos y representantes empresariales de la provincia. A pesar de que se había anunciado una segunda reunión para el mes de junio, esta nunca se llegó a realizar. Con ello, aquella especie de 'Mesa por León 2.0' comienza a apuntar al mismo resultado que su inspiración original.

Fue el 14 de abril de 2025 cuando los consejeros Carlos Fernández Carriedo y Juan Carlos Suárez-Quiñones anunciaron junto a los representantes sindicales de UGT, USO, CGT y CCOO en León la creación de este grupo de trabajo como respuesta a la manifestación que había tenido lugar un mes antes en la capital leonesa y en la que los ciudadanos de León reclamaron soluciones ante la crisis que experimenta desde hace décadas la provincia.

Nacía sin calendario y sin acciones concretas, salvo la reunión que se suponía que tenía que llevarse a cabo el mes de junio y es precisamente esta fecha (la única medianamente acotada) la que no ha llegado a realizarse.

Según las explicaciones del consejero Suárez-Quiñones, presente en la reunión, el grupo trabajaría sobre un documento elaborado con anterioridad, llamado 'León-Horizonte 2030'. Se trata del único 'resultado' real y tangible que derivó de la original Mesa por León encargado por la Diputación de León por 161.722,94 euros a la empresa pública Tragsa.

El documento, después de dos años de retraso, se hizo público sin anuncio en la web, cuando ya no existía la Mesa por León, que se dio por disuelta en el año 2021 (un año después de su creación).

En cualquier caso, aquel documento constaba de un conjunto de conclusiones obvias sobre las fortalezas, debilidades y necesidades de la provincia, sin aportar soluciones factibles.

Aunque el clima general de la reunión, según palabras de Suárez-Quiñones aquel 14 de abril, había sido positivo, el escaso resultado de este grupo de trabajo ha comenzado a agriar las esperanzas de sindicatos, que han recordado este miércoles 29 de abril los retrasos de las reuniones prometidas y la inexistencia de un estudio sobre el estado de la provincia y las soluciones prácticas a su crisis.

“En junio íbamos a tener la reunión, hace casi un año que no nos convocan”, ha criticado el secretario general de UGT de León, Enrique Reguero, quien añade, aludiendo a la polémica gestión del consejero Suárez-Quiñones durante la gran oleada de incendios forestales del pasado verano: “Han pasado cosas por el medio, todos sabemos que un consejero no ha pasado por sus mejores momentos y ha decidido no convocar estas reuniones”.

Antes del inicio de la oleada de incendios, y cuando ya había pasado el plazo para convocar la segunda reunión con sindicatos, la Junta se reunió con representantes empresariales de la provincia durante el mes de julio. Fue entonces cuando la administración autonómica aseguró que se encontraban “ultimando” el documento derivado de estas dos primeras y únicas reuniones (una con sindicatos y otra con empresarios) en el que analizar el cumplimiento de los compromisos del plan ‘León Horizonte 2030’ pero también incluir nuevas actuaciones. Por ahora, no se conoce la existencia ni el contenido de este documento.

CCOO y UGT ya han alertado de que las multitudinarias manifestaciones por el futuro de la provincia de León, que en 2020 derivaron en la original Mesa por León y en 2025 en el citado grupo de trabajo, podrían repetirse un año más: “A día de hoy no tenemos Gobierno formado, en el momento en el que esté formado volveremos a exigir esa reunión y ese estudio que ya tienen que tener encima de la mesa y que a nosotros no se nos ha aportado”, reclama la secretaria general de CCOO en León, Elena Blasco.

Se cumple así un año, el mismo periodo de tiempo que sobrevivió la genuina 'Mesa por León' y su sucesora, a falta de nuevas reuniones de diálogo o un documento derivado, podría sufrir el mismo destino.

La Junta de Castilla y León saca pecho de la gestión de la recuperación de animales salvajes. Y sin embargo, existe un desequilibrio territorial y biológico que, además, se topa con el incumplimiento de la administración autonómica respecto a la provincia de León.

Diez años exactos de promesa incumplida de la Junta de Castilla y León se celebran justo ahora. Porque fue en 2016 cuando el entonces y actual consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció públicamente que León contaría con un Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS), apoyado en la infraestructura del Hospital Veterinario de la Universidad del que era figura destacada el entonces rector,  Juan Francisco García Marín. Una década después, la realidad es otra: la provincia sigue sin esta instalación clave y, en el mejor de los casos, si esta vez sí se cumplen los compromisos formales tantas veces ninguneados, no la tendrá hasta 2027.

El retraso es grave. Supondrá, en el mejor de los escenarios, once años desde aquel compromiso inicial. Mientras tanto, las consecuencias han sido constantes. León, una de las provincias con mayor riqueza faunística de Castilla y León, ha tenido que derivar durante años sus animales heridos o enfermos a otras provincias, principalmente a Valladolid, con el consiguiente impacto en la rapidez de la atención y en las posibilidades de recuperación.

Los datos más recientes evidencian hasta qué punto la situación resulta difícil de defender. La Consejería de Medio Ambiente dio a conocer hace una semana las últimas estadísticas de los CRAs, resaltando la gran labor de esta red. Entre ellas, que en el último año -2025- se contabilizaron en León 386 ingresos de animales silvestres, todos ellos trasladados al centro de referencia, que es Valladolid, y que centraliza además los casos procedentes de Zamora, Salamanca, Ávila y la propia provincia vallisoletana.

El dato cobra mayor relevancia al compararlo con cifras muy recientes: en 2020 se registraban 209 ingresos. En apenas un lustro, por tanto, se ha producido un 85% de incremento en la cifra de fauna necesitada de ayuda en León. Y eso significa que la presión sobre los propios animales y sobre los servicios de recuperación prácticamente se ha duplicado, sin que León haya incorporado ni una sola infraestructura propia para absorber ese incremento. A pesar de las constantes promesas.

Además, destaca el hecho de que la mayoría de los ejemplares ingresados el año pasado procedentes de León llegaron con vida, lo que subraya la necesidad de una atención rápida y cercana. Los casos vinculados a control poblacional o a muestras científicas fueron testimoniales (1,6% y 0,3%), lo que confirma que se trata fundamentalmente de intervenciones asistenciales urgentes, no de actuaciones accesorias.

De aves comunes a especies clave como el lobo

Entre las especies atendidas predominan las aves. Especies como el vencejo común, la cigüeña blanca, el cernícalo vulgar y el busardo ratonero, con en torno a 35 ejemplares cada una. Sin embargo, el listado también incluye especies de alto valor ecológico y mayor complejidad de manejo, como el lobo ibérico, con 18 ingresos. Una especie en constante litigio y de la que la Junta continúa ocultando datos básicos de ejemplares y de daños reales causados, a pesar de la petición constante de ILEON desde hace casi año y medio, que la Consejería desoye.

También son especialmente endémicos de León casos como las especies en peligro de extinción del oso pardo o, sobre todo, del urogallo cantábrico, cuyos últimos ejemplares en cautividad prácticamente sólo están ya en León. Estas cifras de casos y de diversidad y relevancia de especies hacen muy especial, en términos de biodiversidad, al territorio leonés y también de más difícil justificación que la provincia siga sin contar con un centro propio capaz de dar respuesta inmediata a los casos más graves que se produzcan.

Una red desequilibrada que deja a León fuera

Los datos autonómicos refuerzan esa imagen de desequilibrio. Según las últimas estadísticas oficiales, en 2025, la red de CRAS de Castilla y León registró 8.335 ingresos, con una concentración muy acusada en Valladolid (39%) y Burgos (32%). El resto se reparte entre Salamanca, Segovia y Zamora. León, directamente, no figura porque no dispone del prometido centro, que se ha proyectado en la finca autonómica de Valsemana.

El modelo actual obliga a canalizar buena parte de los animales del oeste de la comunidad hacia un único punto, lo que tensiona las instalaciones existentes y aleja la atención de los territorios donde se producen los ingresos.

El futuro CRAS de Valsemana vuelve a presentarse como la respuesta a esta carencia, con una inversión de más de 3 millones de euros y un diseño ambicioso que se ha promocionado públicamente en numerosas ocasiones. Sin embargo, su tramitación llega tras años de anuncios incumplidos del propio Suárez-Quiñones y con un calendario que sitúa su apertura, en el mejor de los casos, en 2027.

El caso del CRAS de León trasciende el retraso administrativo. Los datos evidencian una anomalía que ha sido sostenida en el tiempo: mientras aumentan los ingresos de fauna que necesita atención urgente, la provincia ha permanecido al margen de la red de recuperación durante una década. Y han sido sólo los fondos europeos, principalmente dirigidos por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, los que han situado por fin en el calendario los compromisos reiteradamente incumplidos.

La Junta de Castilla y León ha aprobado por fin de forma definitiva el proyecto para la construcción del prometido helipuerto destinado principalmente a la lucha contra los incendios forestales, aunque también para dar servicio de urgencia sanitaria, en el municipio leonés de Posada de Valdeón, situado en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa.

Se trata de una infraestructura que la Consejería de Medio Ambiente, a través de la empresa pública Somacyl, ha diseñado tras muchísimos años de incumplimiento de los mínimos requisitos de seguridad legalmente establecidos en una de las zonas más protegidas ambientalmente de España, como es el primer Parque Nacional del país. Y aunque hoy se ha dado un importante paso adelante, con la aprobación del proyecto y el listado de la expropiación de los terrenos necesario en la localidad de Posada, en realidad se ha acumulado un nuevo retraso.

La aprobación de hoy figura en una orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio publicada bajo la firma del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL). Incluye un listado de siete fincas, una de ellas del propio Consistorio y el resto de particulares.

Pero fue precisamente este proceso de expropiaciones el que alargará los plazos inicialmente previstos, hasta el punto de que este nuevo verano de 2026 persistirá la imposibilidad de operar con medios aéreos en pleno Parque Nacional, ya que no da tiempo a que se disponga de los terrenos y se acometan a tiempo las obras y demás permisos para que las aeronaves puedan aterrizar o despegar en Posada.

El boletín explica, sin detallarlo mucho, uno de los problemas para ese retraso: que cuando este trámite expropiatorio se puso en marcha en febrero de este mismo año se presentaron dos alegaciones de disconformidad. A estas alegaciones se le dio respuesta y se ha “modificando el proyecto en las apreciaciones que se han considerado estimadas”, cita literalmente la orden de hoy.

En la publicación oficial se insiste en que la necesidad de este helipuerto en el pueblo de Posada de Valdeón es porque presenta “una orografía que dificulta la movilidad de los medios terrestres” en situaciones de emergencia, a lo que se suma su lejanía respecto a las bases de helicópteros contra incendios (ELIF) de la Junta ubicadas en Camposagrado y Sahechores, en León, y en Villaeles, en Palencia, todas ellas a más de 50 kilómetros de distancia, lo que supone tiempos de vuelo superiores a los 30 minutos. Y estos tiempos hace tiempo que son irregulares en aplicación de las propias normativas autonómicas.

A esta situación se añade un índice alto de riesgo de incendios forestales en la zona, lo que ha llevado a la Administración autonómica a considerar, sólo ahora, “necesario reforzar las infraestructuras” mediante la instalación de una base auxiliar aérea que permita mejorar la rapidez y eficacia de la intervención en caso de fuego.

El helipuerto tendrá carácter de uso restringido y estará dedicado prioritariamente a labores de prevención, vigilancia y extinción de incendios, aunque también podrá utilizarse para otros servicios públicos, como el transporte sanitario de emergencias, durante todo el año, remarca el proyecto. El Gobierno autonómico explica que su presencia busca reforzar la respuesta aérea en una de las zonas con mayor riesgo y más complicada orografía del noreste de la provincia. Y de hecho recuerda que Picos de Europa fue escenario el verano pasado de un fuego que obligó a desplegar numerosos medios de extinción, causo daños que la propia Junta no ha cuantificado por vía oficial todavía, y puso de relieve las dificultades de acceso terrestre y la necesidad de reducir los tiempos de intervención en un entorno de alto valor ambiental.

Hay chapuzas que salen tan caras que casi cuesta tanto la solución como el proyecto original mal diseñado. Eso es algo que podría decirse de la muy retrasada implantación del quinto contenedor en la capital leonesa, el contenedor marrón destinado a biorresiduos, a pesar de que es por Ley obligatorio desde hace dos años y medio.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León celebrada hoy anunció el impulso a un contrato para buscar a una empresa que suministre e instale cerraduras inteligentes destinadas a los contenedores de biorresiduos, la quinta fracción. Ese contrato tendrá un presupuesto base de licitación de 911.809,66 euros, no muy lejos del millón de euros, para un plazo de ejecución de cuatro años.

Llama mucho la atención que la cuantía no se aleja en exceso de la inversión que el mismo Ayuntamiento ya realizó en 2024 para la compra de los contenedores marrones en sí mismos, un total de 750, y cuyo coste exacto fue de 1.062.985 euros. Sin embargo, ese 'ejército' de contenedores no sirve para nada tal y como se adquirieron, precisamente porque carecen del sistema tecnológico que es obligatorio en estos nuevos depósitos de basura que se pueda pudrir y convertir en abono y compost. Por ese motivo, llevan muchos meses almacenados sin uso en instalaciones del Servicio Municipal de Limpieza en la carretera de Vilecha.

Para desbloquear esta situación es para lo que ahora, por segunda vez, el Consistorio tendrá que hacer frente no sólo a nuevos retrasos -que conllevan una multa económica por la no implantación del nuevo contenedor- sino a una nueva inversión casi millonaria. En una nota de prensa donde no se detalla esta situación, el equipo de Gobierno explica que el nuevo contrato correrá al 90% a cargo de fondos europeos Next Generation y el Consistorio afrontará de fondos propios el dinero restante.

Cuando una empresa privada se alce con el concurso alimentado con dinero público, tendrá que suministrar e instalar las nuevas cerraduras que han de permitir abrir el contenedor de forma sencilla mediante tarjetas de proximidad o bien a través de una aplicación móvil. Con este sistema se permitirá al usuario que así lo desee y también al Ayuntamiento tener un registro del uso que hace de este Servicio en un contenedor donde sólo podrán depositarse elementos como fruta, verdura, carne, pescado, cáscaras y restos de huevo, sobrantes de podas, posos de café o de infusiones y servilletas de papel usadas.

El equipo de Gobierno explica que el contrato también incluye la obligación a la empresa adjudicataria de suministrar las tarjetas para los vecinos, grabadores y “un software avanzado que permitirá al Ayuntamiento de León monitorizar el uso del contenedor marrón y optimizar las rutas de recogida”. Hay que recordar que hasta ahora la totalidad del servicio municipal de limpieza es totalmente público y de gestión municipal, al contrario que otros muchos como obras, jardines o autobuses urbanos, que están externalizados.

Y otros 1,6 millones más a mayores a 'la Junta B'

Además, no es el único coste que tendrá la implantación obligatoria del contenedor marrón. A finales del año pasado el Ayuntamiento aprobar otros 1.634.449,51 euros para la construcción de una nueva instalación destinada al pretratamiento de la fracción de materia orgánica, encangándole este proyecto a la empresa Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), la conocida y criticada como 'la Junta B', dependiente de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Nuevamente el coste se sufragará con Fondos Europeos Next Generation-EU, casi un millón de euros, pero los restantes 612.429 euros saldrán de las arcas públicas municpales, dinero proveniente sobrantes del presupuesto no ejecutado del año pasado.

Reposición de contenedores en el Crucero

Por otro lado, también hoy se dio a conocer en el comunicado, de manera más destacada que este jugoso contrato, el inicio de la instalación de los nuevos contenedores de fracción resto, envases y papel en el barrio del Crucero, sustituyendo a los que se encuentran actualmente en un mayor estado de deterioro. Parte de los que se colocarán son una parte de los recientemente adquiridos por el Consistorio con una inversión cercana al millón de euros, un contrato a mayores.

En esta primera remesa de sustitución de contenedores son 190 los que se instalarán para fracción resto, otros 70 para papel y otros tanto para envases. En total son 330 contenedores que se repartirán en las zonas del Paseo de Salamanca, plaza del Huevo, entorno de la iglesia de La Vega, Carlos Pinilla y calles adyacentes o San Ignacio de Loyola y bocacalles, entre otras.

El último incendio forestal declarado en la comarca de El Bierzo, entre Berlanga y Vega de Espinareda, ha reavivado las críticas sobre la gestión de los fuegos en Castilla y León. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado la “incapacidad” de la Consejería de Medio Ambiente y del operativo de Medio Natural para hacer frente a los primeros incendios del año, señalando directamente la falta de previsión, coordinación y medios en el dispositivo.

El sindicato ha señalado que en un incendio de 80 hectáreas para el que solo estaba disponible una motobomba de las 8 que existen en las zonas cercanas, sin técnico en el incendio en el momento que se originó. En las actuaciones de este viernes los efectivos del Estado superan a los del operativo autonómico.

Según el sindicato, lo ocurrido no es un episodio aislado, sino el reflejo de un problema estructural que se repite cada temporada. En este sentido, advierten de que el operativo contra incendios sigue sin estar plenamente desplegado en una época en la que las condiciones meteorológicas ya son propicias para la propagación del fuego.

Con situaciones parecidas se dan en otras provincias, como la de Zamora, que también está sufriendo un incendio importante estos días de 130 hectáreas, y sigue sin activarse todo el operativo. Y, en algunas comarcas de máximo riesgo tienen operativa una motobomba de las cuatro existentes, solo tres agentes de guardia en la provincia y un solo técnico diario, ha denunciado.

CCOO critica especialmente que, pese a los antecedentes de años anteriores, la Junta no haya reforzado los recursos humanos y materiales con antelación suficiente. A su juicio, el incendio evidencia que la campaña de alto riesgo llega “tarde” y con un dispositivo que califican de “claramente insuficiente”.

El sindicato también pone el foco en la situación de las brigadas forestales, denunciando precariedad laboral y falta de estabilidad en las contrataciones, lo que, aseguran, repercute directamente en la eficacia de la respuesta ante emergencias como la registrada en El Bierzo.

Además, subrayan que la gestión de los incendios no puede limitarse a la extinción, sino que debe centrarse en la prevención durante todo el año, con políticas activas en el medio rural que reduzcan la carga combustible y mantengan el territorio en condiciones adecuadas.

Por ello insisten en volver a poner sobre la mesa la necesidad de un cambio de modelo en la gestión forestal en Castilla y León, con más inversión, planificación continua y un enfoque integral que combine prevención, vigilancia y respuesta rápida. Denuncia “La incapacidad del Consejero y del Director General de Medio Natural, ya que son el principal peligro para nuestros montes”, y también para la salud e incluso la vida de los compañeros y compañeras que “se deben enfrentar a las consecuencias de la incapacidad de estos irresponsables”.

Donde dije 'digo' digo 'Diego'. La conocida expresión del refranero que resume un drástico cambio de postura se puede aplicar al Gobierno del Partido Popular (PP) de la Junta de Castilla y León. Y es que ahora justifica con mentiras el incumplimiento flagrante de su propia promesa de reconvertir en “cien por cien público” el operativo antiincendios forestales de la Comunidad tras los históricos incendios del pasado verano.

Carlos Fernández Carriedo, el consejero portavoz del Ejecutivo que preside ahora en funciones Alfonso Fernández Mañueco, ha tratado de justificar hoy el hecho de que, pese al reiterado compromiso público de ir reconvirtiendo en público todo operativo conforme expiren los actuales contratos a empresas privadas, a día de hoy se sigan subcontratando a entidades privadas cuadrillas y su maquinaria básica como autobombas. Así lo ha demostrado en exclusiva ILEÓN en referencia a dos recientes procedimientos de licitación, uno de 4,4 millones y otro de 2,5 millones, adjudicados además a pocos días de las elecciones autonómicas. En tocal, casi 7 millones por preci de licitación.

En ambos casos, el objeto del contrato es para unidades especializadas equipadas con vehículos autobomba pesados y brigadas de expertos, en el primero de los casos, “un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por cuatro Unidades de Brigadas y Autobombas (UBA) de lucha contra incendios forestales integradas por un vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas”, en el segundo. No cabe ninguna duda que se trata de personal del operativo.

Preguntado por este aparente incumplimiento, Carriedo en primer término tiró balones fuera refiriéndose no a personal de brigadas sino a “algún medio específico que tiene este carácter no público, como pueda ser especialmente los medios aéreos”. “Los helicópteros o aviones en materia de extinción de incendios y el equipo que los pilota no son medios propiedad de la Junta de Castilla y León”, quiso zanjar.

Sin embargo, repreguntado por los periodistas al término del Consejo de Gobierno, y detallado que ambos contratos incumplen la promesa de pasar al sector público, por ejemplo a través de empresas públicas como Tragsa o Somacyl, el portavoz ya se escudó en que no convenía “entrar al detalle de un contrato específico”. “Lo que tenga que ver con cuadrillas de personal, ese personal tiene que ser de carácter público”, insistió en la promesa del PP en la Junta, pero de nuevo para matizar, sin ser el caso de sendas licitaciones, que “lo que pueda ser algún tipo de maquinaria que se pueda contratar, se pueda alquilar o pueda tener alguna prestación temporal en el tiempo, pues pudiera ser oportuno” que “por razones del funcionamiento, el conductor de esa maquinaria también lo aporte la empresa que ofrece esa maquinaria”.

Palabra de Carriedo

Cabe recordar que en la presentación del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026, luego fallidos, fue el propio Fernández Carriedo quien insistió en el compromiso del Gobierno autonómico de Mañueco de “pasar, de aquí a tres años, a todos los profesionales del sector privado al sector público”, e incluso lo cifró ya en un 33% del operativo en este año 2026. Y a pesar de que los nuevos y millonario contratos no cumplen ese criterio, en la rueda de prensa de hoy mismo el consejero seguía remarcando que “nuestro compromiso es que el operativo sea público y especialmente lo que tiene que ver con las cuadrillas, a medida que lógicamente van finalizando los contratos”.

En Castilla y León, parte del operativo es contratado directamente por la propia Junta de Castilla y León, a través sobre todo de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Tal es el caso de puestos como mangueristas o personal de torretas de vigilancia. El resto del personal se venía contratando mediante empresas privadas a las que se les subcontrata las cuadrillas de tierra o personal a bordo de helicópteros. Es este amplio listado el que el Gobierno autonómico del PP comprometió reconvertir en “cien por cien público”, lo cual a las primeras de cambio ya se ve que no se está cumpliendo.

La Junta de Castilla y León mantiene la contratación de parte del operativo antiincendios en manos de empresas privadas con nuevos contratos, pese a la promesa del Ejecutivo de ir incorporando al sector público, mediante empresas públicas como Tragsa o Somacyl, a todo el operativo según vencieran los contratos. Tres días antes de las elecciones adjudicó un contrato para cinco brigadas por 4,4 millones de euros y ha licitado otro por 2,5 millones para trabajados en este 2026 y el próximo 2027.

La promesa del presidente en funciones del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, fue que el operativo sería 'público', entendido como que dependería de empresas controladas por el estado como Tragsa, que es como lo gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica. Es una vieja demanda de los sindicatos y asociaciones de trabajadores del operativo, que llevan años reivindicando una mejora de sus condiciones laborales, y en particular, dejar de depender de las empresas privadas.

En la presentación del proyecto de prespupuestos 2026, que finalmente no se aprobaron, Mañueco desgranó un aumento del 30% del presupuesto antiincendios después del peor verano de la historia en Castilla y León, recalcando y prometiendo cuestiones como el reconocimiento de la categoría de bombero forestales, un operativo todo el año, “mejores condiciones retributivas y laborales” y “y pasar, de aquí a tres años, a todos los profesionales del sector privado al sector público”, que cifró ya en un 33% del operativo en este 2026.

A preguntas de la prensa el consejero en funciones de Economía y Hacienda y portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, matizó esto último señalando ue el pase al sector público sería a medida “que vayan venciendo sus contratos se incorporarían con este modelo que ha descrito el Presidente, (...) a medida que acabe su vencimiento los nuevos contratos ya serán dentro del sector público”. Pero la consejería de Medio Ambiente, que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha lanzado contratos con el sector privado el pasado otoño y otro en pleno proceso electoral autonómico, contradiciendo las palabras del Presidente de la Junta.

El primer nuevo contrato fue licitado en noviembre, consistente en cinco unidades especializadas equipadas con vehículos autobomba pesados y brigadas de expertos, con un presupuesto base de más de 4,4 millones de euros. El proyecto, financiado parcialmente por fondos FEDER, tiene un plazo de ejecución de 18 meses y prioriza tanto la adecuación del entorno natural para evitar fuegos como la intervención inmediata en emergencias. La adjudicación del contrato tuvo lugar tres días antes de las elecciones autonómicas del 15 de marzo a una UTE de cuatro empresas: Matinsa, Foresa, Demontes e Infosa, todas al 25%. El importe de adjucación solo es 1,1 euros más bajo que el de licitación, impuestos incluídos.

El segundo contrato nuevo a empresas privadas lo ha licitado Somacyl, la sociedad pública dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y que no suele hacer este tipo de contratos y solo los de maquinaria pesasa. El 18 de marzo, tres días después de las elecciones, lanzó una licitación, todavía abierta, por un máximo de 2.525.310,27 euros (con impuestos) para contratar “un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por 4 Unidades de Brigadas y Autobombas de lucha contra incendios forestales (UBA) integradas por un vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas”. Se destinarán a las provincias de Burgos, Palencia, Soria y Valladolid. La licitación está abierta hasta el 17 de abril.

Base de Ávila, sí a Tragsa

El caso más llamativo de los nuevos contratos del Gobierno de Castilla y León ha ocurrido en la provincia de Ávila. Inicialmente sacaron a licitación en pleno verano pasado, 14 de julio, un contrato de “Servicio de lucha integral contra incendios forestales desde la Base de Las Casillas (Segovia)” con un presupuesto base de 1.932.423,7 euros (más impuestos). Despues del terrible verano, también en Ávila con grandes incendios en el valle del Tiétar, en noviembre se abren las ofertas pero en un informe del 17 de diciembre de 2025, el Jefe del Servicio de Incendios Forestales emite pide el desistimiento del contrato. Alega que el contrato no contempla la categoría de bombero forestal que obliga la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de bomberos forestales. Y como no hay dotación económica para esa categoría pues pide que se anule, tal y como se hizo.

Y entonces la consejería de Medio Ambiente de Castilla y León ha formalizado el pasado 25 de marzo un nuevo contrato para la base de Casillas, pero mediante una encomienda de gestión a la empresa pública Tragsa, por importe de 2.288.363,83 euros. Es decir, pasa al sector público a quienes hasta entonces prestaban los servicios de la base segoviana, cumpliendo así la promera electoral de Mañueco.

Los pliegos de los dos contratos a empresas privadas que la Junta de Castilla y León ha licitado, uno de ellos ya adjudicado, y ya se han explicado en este artículo no contemplan en ningún caso la categoría de 'bombero forestal' a la que obliga la Ley y les deja como meroes 'peones'. La consejería de Medio Ambiente ha sido cuestionada sobre si estos contratos contravienen el compromiso de operativo público sin recibir respuesta en el momento de publicación de esta información.

El PSOE anunció que su primera iniciativa de la nueva legislatura, este mismo mes de abril, será presentar una ley de incendios ante la “inacción” de la Junta de Castilla y León. El Gobierno del PP aprobó el pasado otoño dos decretos para mejorar el operativo y la prevención pero decayeron ante la falta de apoyo de la oposición. Pese a eso los contratos relativos a incendios han aumentado de forma considerable, financiando nuevos elementos como más helicópteros o bulldozers para la protección de los municipios. A finales del año pasado la Junta pasó a todo el año a más de 800 personas del operativo que hasta ahora eran fijos-discontinuos. La última acción ha sido presentar 12 nuevos camiones autobombas de 4.000 litros que se incorporan al operativo tras una inversión de 7,23 millones de euros, financiada con Fondos FEDER.

Cinco años de retraso y mientras, los incendios vuelven a copar la actualidad de la masa forestal de la provincia de León en cuanto ha llegado el calor. Esto es lo que denuncia la formación política de Izquierda Unida respecto a la prometida base de helicópteros de Oterico, en Riello, cuyas obras comenzaron en febrero de 2022 sin que todavía hayan llegado a su fin, estando más o menos como el año pasado los trabajos.

Una paralización en una infraestructura que ya comenzó con retraso manifiesto, y que la Consejería de Medio Ambiente prometió que estaría lista en 2022 como una de las más necesarias para luchar contra el fuego; pero que al estar a medio terminar y fuera de plazo no sirvió ni para luchar contra los incendios del verano de 2025 ni para los que se han producido en la entrada de esta primavera de 2026.

Por todo ello Izquierda Unida ha denunciado este jueves que, más de cinco años después de los primeros anuncios de la Junta de Castilla y León, la Base de Helicópteros de lucha contra incendios forestales de Oterico continúa sin estar operativa y sin una fecha clara de entrada en funcionamiento.

La formación considera que se trata de una infraestructura clave que, sobre el papel, debía reforzar de forma decisiva la capacidad de respuesta ante incendios en la provincia, pero que sigue sin materializarse tras acumular retrasos, modificaciones y ampliaciones de plazo.

IU enmarca esta situación en un contexto “especialmente grave”, ya que León ha registrado más de 80 incendios en lo que va de año sin haber comenzado aún la campaña de alto riesgo de verano.

La provincia cuenta, además, con uno de los patrimonios naturales más destacados del país, al albergar siete Reservas de la Biosfera: Valles de Omaña y Luna, Babia, Alto Bernesga, Los Argüellos, Valle de Laciana, Ancares Leoneses y Picos de Europa. Según la formación, esta concentración refuerza la necesidad de contar con medios eficaces para la prevención y extinción de incendios en un territorio que ya ha sufrido diversos episodios en los últimos años. El más reciente, extinguido hace pocas horas, ha afectado a la Reserva de Alto Bernesga en el que se quemaron más de 151 hectáreas, siendo el más grande de este año 2026.

En este sentido, IU subraya que la ubicación de la base de Oterico permitiría reducir de forma significativa los tiempos de intervención aérea, con vuelos de apenas minutos hasta zonas críticas, lo que resulta determinante para evitar la propagación del fuego en sus fases iniciales y su posible afección a núcleos de población.

El coordinador comarcal de IU León, Rubén Estévez, ha defendido que la lucha contra incendios “exige un operativo plenamente público, con medios materiales adecuados, formación suficiente y una coordinación eficaz entre recursos terrestres y aéreos”. A su juicio, la externalización y la precarización de los servicios “debilitan la capacidad de respuesta y ponen en riesgo tanto el entorno natural como la seguridad de las personas”.

Desde la formación critican que la gestión de la Junta refleja una “falta de planificación y de compromiso real” con el medio rural leonés. “Cada retraso en la puesta en marcha de esta base no es solo un incumplimiento administrativo, sino un riesgo añadido en un contexto en el que los incendios son cada vez más frecuentes”, advierten.

Izquierda Unida concluye que León “no puede permitirse seguir esperando” la entrada en funcionamiento de una infraestructura que consideran esencial mientras el riesgo de incendios continúa en aumento.

La administración competente en materia de incendios forestales, la Junta de Castilla y León, aprovecha las estadísticas del arranque de este año 2026 para focalizar por encima de todo el problema de la actuación de los incendiarios en la mayor parte de los incendios forestales que se vienen registrando en la provincia.

Así lo ha enfocado este martes en una nota de prensa de la Delegación Territorial de la Junta en León, al pedir su máximo responsable, Eduardo Diego, la colaboración “con información que ayude a identificar a los incendiarios” por parte de los vecinos de los pueblos. También reclama por otro lado, que se “extremen las medidas de prevención para eliminar prácticas negligentes que puedan originar incendios”.

En la nota se indica que los fuegos intencionados son habitualmente “los que causan mayores daños”, debido a que buscan los lugares y condiciones más favorables para causar el mayor impacto posible. Y remarcan que los últimos incendios en la provincia de León presentan claros indicios de intencionalidad: En lo que va de 2026 aseguran que se han producido 37 incendios forestales, 33 de ellos por causa intencionada, otros tres por negligencia y uno por causas aún no aclaradas. Uno de los de mayor extensión, en Igüeña, con 23 hectáreas quemadas y todas ellas de arbolado, lo fue precisamente por negligencia.

Duras penas pero que pocas veces se aplican

La Junta recuerda que las penas por causar intencionalmente un incendio forestal varían en función de si se trata de un accidente, una negligencia o es intencionado. En este último caso puede alcanzar los 20 años de prisión, más la indemnización por los daños causados y el cobro de los gastos de extinción. Aunque lo cierto es que apenas hay vía penal exitosa en los últimos años.

La Delegación explica que las investigaciones que realiza la Junta de Castilla y León para conocer las causas de los incendios forestales tiene dos finalidades: establecer medidas de prevención que eviten nuevos incendios e identificar posibles responsabilidades administrativas y penales, de las que se encargarán los juzgados. En el caso de que existan claros indicios de intencionalidad la investigación se hace de forma coordinada con la Guardia Civil.

Poca intencionalidad en 2025, el peor año

Sin embargo, en todo el año 2025, el peor de la historia de incendios conocida en la provincia, con 135.000 hectáreas arrasadas y reconocidas de manera indirecta y no oficial por la Consejería de Medio Ambiente, lo cierto es que el grueso de los siniestros más dañinos apenas tuvo origen intencional. Y si bien es cierto que se produjeron algunas detenciones puntuales, no consta públicamente que se haya seguido la vía penal en ninguno de los casos.

En la nota, la Consejería de Medio Ambiente que todavía dirige en funciones el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones agradece la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y solicita que, en la medida de lo posible, se intensifiquen las labores de investigación y vigilancia para “poder acabar con estas actuaciones criminales que ponen en peligro no sólo el medio natural sino también la vida y la integridad de las personas”, remarcan.

Hay que recordar que, sin embargo, fueron contra el propio Quiñones y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, una serie de denuncias ante la Fiscalía y los juzgados por su presunta responsabilidad en la tragedia de León del pasado verano, algunas de las cuales han sido ya archivadas al no observar delito ni negligencia de ningún tipo.

Caso cerrado. La Fiscalía de Castilla y León ha archivado dos denuncias presentadas contra el presidente de la Junta de Castilla y León actualmente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, por los incendios del pasado verano en León. El Ministerio Fiscal argumenta para adoptar esta decisión que no hay indicios suficientes de delito. La decisión se adopta pocos días después de las elecciones autonómicas, en las que llamó la atención que el Partido Popular (PP) fuera la fuerza más votada en la mayoría de los municipios plenamente afectados por aquellos siniestros de agosto de 2025.

La primera de las denuncias archivada corresponde a la presentada por un particular ante el incendio que afectó al paraje natural protegido de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y la otra es la presentada por el colectivo Bierzo Aire Limpio, que se refería a los incendios forestales registrados en agosto pasado en las comarcas leonesas de El Bierzo, Laciana, la Cabrera, Omaña, Valdería, Maragatería y Valduerna. Hay que recordar que el único cómputo oficial admitido por la Junta hasta ahora, publicada en boletín oficial en la polémica medida de volver a permitir la caza deportiva en terrenos quemados, cifró la suma afectada en 135.400 hectáreas sólo en la provincia, una cifra jamás conocida hasta ahora. También produjeron cuatro fallecidos.

La asociación conservacionista berciana apuntaba a la posible comisión de delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica y las cabezas visibles de su Gobierno, del Partido Popular (PP).

El fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, ha explicado a la agencia Efe que el archivo de las dos denuncias se ha sustentado en que no se aprecia responsabilidad penal. Y aunque pudiera haber responsabilidad civil, sería muy difícil de precisar porque habría que evaluar el daño económico provocado, en qué medida podría haberse reducido y quién o quiénes podrían ser los responsables.

Tras una investigación compleja en la que se ha contado, entre otras pruebas, con informes del Seprona de la Guardia Civil, la propia Junta de Castilla y León y alcaldes de las zonas afectada, la Fiscalía ha concluido que el presidente en funciones de la Junta y su consejero no tienen ninguna responsabilidad en el origen de los incendios y no se puede determinar cuántos medios hubieran sido necesarios para reducir el daño y en qué medida se hubiera reducido. Tampoco se ha apreciado responsabilidad penal en la falta de medios, la valoración de los incendios o los posibles retrasos que se hubieran producido en su extinción.

Una tercera denuncia presentada por Podemos

Por otra parte, la Fiscalía también archivó otra denuncia, presentada por el partido político Podemos, en la que se denunciaba también la extensión del daño provocado por los incendios del pasado verano por la falta de medios. En este caso era una denuncia más amplia, de unos cuarenta folios, en la que se señalaban también las posibles responsabilidades por la falta de dotación de personal y algunas otras cuestiones relacionadas con esa falta de medios.

Sin embargo, Podemos ha decidido presentar la misma denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que a su vez ha solicitado el preceptivo informe de la Fiscalía antes de decidir si admite a trámite la denuncia y abre diligencias o no la admite.

Tras conocerse el archivo de las denuncias, el consejero de Medio Ambiente, el exjuez Suárez-Quiñones, ha subrayado en declaraciones a los periodistas la total confianza en los órganos jurisdiccionales y ha indicado que la oleada de incendios fue “un suceso absolutamente imprevisible, extraordinario como nunca se había visto”. Un argumento en el que ha insistido desde los terribles sucesos de agosto del pasado año 2025.

También ha añadido que lo que hace falta es trabajar todas las administraciones para tener la mayor preparación posible si vuelve a suceder una situación catastrófica de esa naturaleza.

El 15 de agosto de 2025, con España de fiesta nacional, León cerró el día con siete incendios forestales de nivel 2 de peligrosidad, más de 3.000 personas desalojadas de sus domicilios y cuatro miembros de la UME (Unidad Militar de Emergencias) heridos en Odollo. La provincia estaba en medio de funerales: un par de días antes habían muerto dos voluntarios en el sur y tres días después falleció un operario al volcar una autobomba en Espinoso de Compludo. El 15 de marzo de 2026, con el país en un carrusel electoral que no da tregua, Castilla y León acudió a las urnas siete meses después de aquel drama. Y el Partido Popular, responsable de la gestión de los fuegos en el Gobierno autonómico, sumó más votos que en 2022 en 14 de los 19 municipios leoneses más afectados (logró la victoria en 10 de ellos). ¿Hasta cuándo retrocede la memoria del votante? “Tiene memoria de pez”, contesta la socióloga Adelina Rodríguez. “A muy corto plazo”, responde el sociólogo y politólogo Alberto Zamorano, que aporta otra clave: no sólo ha pasado algo más de medio año, sino dos estaciones. “Los incendios son un tema de conversación en verano, pero no en invierno”, expone.

Las consecuencias de los incendios forestales, que en la provincia de León se cobraron el pasado verano en torno a 100.000 hectáreas, no sólo parecen haberse evaporado a la hora de votar, incluso pese a hacerlo con arboledas ennegrecidas a las puertas del colegio electoral como este domingo en Carucedo, en el corazón de Las Médulas. La cuestión fue desapareciendo de las portadas informativas a partir del otoño. “Y los medios de comunicación deberían estar más al pie del cañón”, dice Adelina Rodríguez, profesora de Sociología en la Universidad de León, para hacer un paralelismo con la atención a las carencias sanitarias. “La gente se cansa de las movilizaciones y se resigna a hacerse un seguro privado. Y los medios tendrían que estar más encima de cuestiones que afectan al estado de bienestar”, sostiene para hacer, por el contrario, una diferenciación con los casos de corrupción, sí omnipresentes en las parrillas informativas. “Y seguramente penalizan más porque son muy mediáticos”, concluye.

Sin ocultar su sorpresa por los resultados en las zonas más afectadas por los incendios, Rodríguez cita medidas adoptadas por el PP que, a su entender, pudieron jugar a su favor en las urnas. “Lo primero fue amortizar al consejero”, dice en alusión al titular de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que pasó de encabezar la lista por León en 2022 a quedar fuera de la candidatura. “Y la ira se había focalizado en verano fundamentalmente el consejero”, añade. El segundo factor responde a la activación de las ayudas a los municipios y personas afectadas: “Más o menos han ido llegando; y seguramente más rápido que en otros casos sin elecciones a la vista”. Y sugiere un tercer argumento: el “discurso confuso en torno a quién tiene la competencias para echar culpas al Estado y quitarse de encima el problema”, algo que también se ha producido en otras catástrofes como la de la DANA de Valencia.

"Seguramente los casos de corrupción penalizan más porque son más mediáticos", expone la socióloga Adelina Rodríguez, mientras el sociólogo y politólogo Alberto Zamorano cree que "se ha valorado lo que pasa en España que lo que pasa en León y en Castilla"

La gestión de esta circunstancia también puede condicionar la campaña de los partidos de la oposición, en ocasiones tendentes a modular los discursos para no generar efectos secundarios contrarios. “Y a veces se te acaba volviendo en contra porque la gente está deseando pasar página”, señala Adelina Rodríguez, que fue en 2011 candidata por Izquierda Unida a la Alcaldía de Ponferrada. “El PSOE ha enfocado la campaña más en la situación internacional y la guerra en Irán. Y ha tratado el tema de los incendios de manera muy superficial”, sostiene Alberto Zamorano, que matiza a quienes, como el presidente en funciones de la Junta, el popular Alfonso Fernández Mañueco, han desacreditado las críticas por la gestión forestal acusando de aprovechar una “tragedia” para hacer política “a corto plazo”. “La tragedia es natural, pero la responsabilidad es política. Y por eso es legítimo pedir responsabilidades políticas”, sentencia. El PP sólo rompió la tendencia al alza de votos en los municipios de Almanza, Encinedo, La Bañeza y Páramo del Sil.

La situación no es nueva ni particular. En Muxía (A Coruña), zona cero del desastre ecológico motivado por la suelta de chapapote del petrolero Prestige en las costas gallegas en noviembre de 2022, el PP, que gobernaba la Xunta con Manuel Fraga al frente, revalidó su victoria en las elecciones municipales de mayo de 2003. Allí, eso sí, se daba una diferencia: la gestión era autonómica y la contienda, municipal. La cita sí coincidía en Castilla y León: las urnas suponían un examen directo a la gestión de la Junta. Y la victoria popular en municipios afectados por incendios trascendió a la provincia de León: también se dio una situación similar en Zamora, según refleja el portal digital Enfoque. Diario de Zamora.

Alrededor de la mitad del electorado tiene “más en cuenta cuestiones nacionales que regionales” a la hora de votar en unos comicios autonómicos, sostiene Zamorano, a la sazón presidente del Colectivo de Ciudadanos de la Región Leonesa. “Lo que más influye es el voto en clave nacional. Y se ha valorado más lo que pasa en España que lo que pasa en León y en Castilla. En la campaña de Vox ha tenido más protagonismo (su líder Santiago) Abascal que el candidato (el leonés Carlos Pollán)”, agrega este sociólogo y politólogo, que vincula las políticas de ayudas con el calendario electoral. “Las ayudas (de la Junta) al transporte público se activaron el año pasado”, dice sin obviar anuncios “en plena campaña” del PSOE, que se volcó apenas unos días antes de la cita con las urnas en vender el crédito liberado por el Gobierno de la nación para sufragar la adquisición de un nuevo horno de vidrio por la empresa Tvitec en Cubillos del Sil. “Las promesas que se han hecho responden a prácticas muy populistas”, abunda Adelina Rodríguez con el ejemplo de los anuncios del PP en cuanto a fondos para cambiar bañeras por platos de ducha y deducciones fiscales para usuarios de gimnasios, máxime cuando esta formación lleva ya casi 40 gobernando la comunidad.

Castilla y León ya es la autonomía española que acumula más tiempo gobernada por un mismo partido político. Y ese voto responde también a cuestiones estructurales de una comunidad que acusa un marcado envejecimiento demográfico. “El voto es más fijo a partir de los 65 años de edad. A más edad, menos probabilidades hay de cambio de voto”, señala Alberto Zamorano, tras recalcar que en el caso de varios municipios afectados por los fuegos “tienen un voto muy de derechas, que se ha mantenido”. “La comunidad es conservadora y bipartidista, fundamentalmente. El PP y el PSOE han salvado la situación”, afirma Adelina Rodríguez, que también detecta entre la población “un cierto hastío” con el bucle electoral encadenado en apenas unos meses con los comicios autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, a la espera de los de Andalucía y con el posible adelanto de los legislativos como recurrente telón de fondo. “Los partidos parece que están en permanente campaña electoral”, añade para concluir que, en esa atmósfera de continua tensión política nacional, “se diluyen los temas locales” como esa gestión de los incendios forestales que lo mismo movilizó en las calles a la población en agosto en contra de la Junta que no penalizó en las urnas al PP en marzo.

Las elecciones autonómicas han sido una prueba de fuego (y nunca mejor dicho) para comprobar si los grandes incendios forestales desatados a lo largo del verano de 2025 en la provincia de León marcaban un cambio en el voto de los habitantes de estos municipios. El resultado alumbra un panorama claro: los incendios no han penalizado en las urnas la gestión que hizo el PP en materia de Medio Ambiente, ya que gana en 10 de los 19 principales municipios afectados por las llamas.

Durante el verano de 2025 una oleada de incendios sacudió la provincia de León durante semanas. El último incendio en darse por controlado fue el de Fasgar, cosa que no sucedió hasta octubre (después de haberse originado el 8 de agosto). Así, durante tres semanas, los fuegos calcinaron más de 110.000 hectáreas solo en la provincia leonesa, provocando cuatro muertos, llegando a arrasar pueblos enteros como Lusío o Santa Elena de Jamuz y afectando al Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas.

Miles de personas salieron aquel verano a las calles en diferentes puntos de la provincia de León, especialmente en la capital leonesa y en La Bañeza, que se convirtió en el epicentro de los evacuados por el gran incendio que llegó de Molezuelas de la Carballeda (en Zamora) y que, cuenta como el más grave de la historia de Castilla y León. Los leoneses reclamaban la dimisión del presidente de la Junta, el 'popular', Alfonso Fernández Mañueco y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones; a quien el PP ha apartado de las listas electorales, aunque no de la campaña y sigue como consejero en funciones.

El voto al PP aumenta en las zonas incendiadas

De hecho, en general, el PP sube en porcentaje de votos en casi todos los municipios respecto a los anteriores resultados de las elecciones autonómicas del año 2022. De los 19 municipios, solo pierde votos en cuatro de ellos: Encinedo, La Bañeza, Oencia y Páramo del Sil. Cada uno de ellos fue gravemente afectado por los grandes fuegos desatados desde el 8 de agosto.

La Bañeza fue epicentro de las numerosas evacuaciones originadas por el incendio de Castrocalbón, que en realidad provenía del norte de Zamora y que, según las cifras oficiales, se ha convertido en el peor (en cuestión de hectáreas calcinadas) de la historia de Castilla y León. Fue en este incendio en el que murieron dos vecinos quemados, mientras trataban de apagar las llamas. La Bañeza es de los pocos sitios donde el voto ha 'castigado' al PP, que en las elecciones autonómicas de 2022 tuvo la mayoría de votos y este 15M esa mayoría es de UPL.

En el municipio de Oencia, el gran incendio que más daño provocó fue el que tuvo su epicentro en Gestoso, que se extendió hasta calcinar por completo la localidad de Lusío. El PP ha ganado allí, revalidando su victoria de 2022, con un 65,7% de votos, aunque por el camino se ha dejado 4,36%.

Hasta Páramo del Sil llegó el incendio desatado en Anllares, que afectó a especies protegidas como el urogallo y el oso pardo. El PSOE ha ganado en Páramo del Sil (aunque ya lo hizo las anteriores elecciones autonómicas) mientras el PP ha perdido el 0,2% de los votos respecto a los comicios de 2022.

Es en Encinedo, afectado por el incendio de La Baña, donde más pierde el PP en porcentaje de votos entre las zonas afectadas, con un 23,35% menos que en el año 2022. Allí, las llamas procedentes de Porto, alcanzaron por completo el monumento natural del lago de La Baña, dejando un panorama desolador.

En el resto, aumenta su porcentaje de votos, llegando incluso a registrar la mayor subida porcentual de entre todos los municipios seleccionados: concretamente un 19,39% en Benuza, afectado también por el incendio de Llamas de Cabrera (el que mayor número de hectáreas quemó en total en terreno provincial, ya que se unió al que tuvo foco en Yeres).

Las Médulas

Una de las grandes tragedias medioambientales, si no la mayor, que provocaron los grandes incendios ocurrió en Las Médulas, donde el incendio de Yeres y Llamas de Cabrera arrasó con el Aula Arqueológica, miradores como el de Orellán (el más visitado), merenderos, bancos, señales y cualquier elemento distintivo del yacimiento arqueológico.

El PP gana las elecciones en dos de los tres municipios que conforman el paraje, declarado como Patrimonio de la Humanidad. Y, además, lo hace aumentando el porcentaje de voto respecto a las anteriores elecciones autonómicas. En concreto, en Borrenes el PP alcanza el 46,9% del voto; aumentando un 3,9% y revalidando la victoria. También en Puente de Domingo Flórez, donde llega al 47,35% del voto, aumentando más de un 2%. En Carucedo, sin embargo, vuelve a ganar el PSOE, aunque el PP crece más que los socialistas: un 1,4% frente al 0,6%.

Con todo, el único partido que sube de forma consistente en todos los municipios afectados por los grandes incendios es Vox, que llega a aumentar un 19,31% los votos en Encinedo. Así, la extrema derecha solo pierde votos en tres municipios: Borrenes, Igüeña y Riaño. Por su parte, PP pierde votos en cuatro municipios de los 19 afectados por los grandes incendios, UPL en 9 y 8 en el caso de PSOE.

Consulta a continuación los resultados de cada municipio:

La Junta de Castilla y León, a través de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, sigue defendiendo la legalidad de la decisión de permitir cazar en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano, así como los aprovechamientos ganaderos, justificándolo en unos informes técnicos que dicen que avalan esta medida pero que sigue negando a la opinión pública por cuarta semana.

Y es que se cumple un mes sin permitir el acceso a esos informes en los que se ha basado, según remarca Carriedo, la excepción prevista en la Ley de Montes autonómica, la cual estipula cinco años sin aprovechamientos cinegéticos o ganaderos en montes quemados, a pesar de lo cual se permitirá hacerlos en sólo siete meses, como desveló hace un mes ILEÓN, generándose una gran polémica y duras críticas al Ejecutivo del Partido Popular (PP).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por los recursos interpuestos por diversos colectivos ecologistas y partidos políticos por esta decisión de permitir la caza, Carriedo ha asegurado que la Junta “actúa siempre conforme a la ley en todos sus procedimientos”, aunque ha expresado su respeto hacia quien considere que puede recurrir esta medida.

En este sentido, ha argumentado que la normativa autonómica, a la vez que establece esa prohibición de cazar en un plazo de cinco años en zonas afectadas por incendios forestales, añade que se podrá exceptuar en aquellos casos en los que sea compatible la caza con la regeneración de la flora de la zona, para lo que precisa la norma que son necesarios informes técnicos que así lo confirmen.

Tras semanas de preguntas y requerimientos de esta documentación, lo que ha sido reiterado hoy por la prensa, el portavoz se ha limitado a decir que esos informes son “los que han dado lugar a esta decisión”, pero ha eludido entregarlos o referirse expresamente a su contenido, remarca Efe.

Y respecto a la circunstancias de que, a la vez que se permite la caza para limitar el número de animales salvajes, minimizando así efectos de las especies cinegéticas sobre el crecimiento de la flora, también se permita el pasto por parte del ganado, Carriedo ha considerado que se trata de circunstancias diferentes y que la ganadería tiene otros condicionantes y nos causan el mismo daño.

En la resolución publicada por la Junta estableció que el verano pasado se registraron incendios que suman una superficie forestal afectada de unas 135.000 hectáreas en la provincia de León, por lo que quedó suspendida la caza en esas zonas, pero ya se levantó esa limitación para determinadas especies en 82 cotos que habían sido afectados por las llamas en más de un 10% de su superficie.

Además, detalla la Consejería ha ido adaptando estas limitaciones a la caza por considerar que podrían resultar “incompatible” con la protección de la cubierta forestal, o por la declaración de emergencia cinegética que la Junta decretó para prevenir la peste porcina africana, con lo que permitió la caza de jabalí y sus hibridaciones, entre otras medidas.

En concreto, la resolución establece que a partir del 1 de abril podrán cazarse en todas las zonas afectadas por los incendios las especies de jabalí, ciervo, corzo, rebeco, gamo, muflón y cabra montés; mientras que en el caso de la caza menor, la media veda comenzará el 15 de agosto, por lo que únicamente habrá pasado un año desde los incendios y no los cinco años previstos en la normativa.

Contra esta pretensión, las organizaciones ecologistas leonesas Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción de León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica han presentado recurso ante la Consejería de Juan Carlos Suárez-Quiñones, pero también anuncian que estudian acudir a los tribunales contra la Junta por permitir la caza en montes quemados, lo que califican como “electoralista” y que prioriza intereses de algunos sectores “frente a la recuperación ambiental”. Y aseguran que se puede estar cometiendo una posible prevaricación ambiental.

“No nos confiemos”, “Hay que dar el do de pecho en el final de la campaña”, “Cada voto que no sea para el PP es un éxito para la izquierda”. El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección por el Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha arengado a los cargos público de su partido hoy en un mitin en el pabellón Luis Vives de la ciudad de León pidiendo un esfuerzo final de campaña para “que nadie se quede en casa” en la cita electoral de este domingo 15 de marzo.

El PP ha celebrado este miércoles su acto principal en la capital leonesa, donde han acudido numerosos cargos del partido como la expresidenta provincial de la formación y actual portavoz en el Congreso del partido, Ester Muñoz, a la que han agradecido su presencia. Muñoz fue, además, la más solicitada por los militantes para hacerse la foto en el acto en el que los populares han sacado músculo electoral, ante algo menos de 400 personas.

El mitin fue abierto por el presidente de la gestora y consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que realizó ataques a derecha e izquierda y glosando la gestión de Fernández Mañueco al frente de la Junta. En particular señaló a UPL por su gestión con el PSOE en la Diputación, señalando que son incapaces de gaster el dinero que tienen “que tenía que estar en los pueblos”, y criticó al candidato socialista Carlos Martínez por su famoso 'papamovil' de disfraz, que consideró un ataque a la religión católica.

La candidata por León, María José Álvarez Casais, tomó la palabra para agradecer en particular a Mañueco su gestión, “Tu siempre has estado y vas a seguir estando”. Casais señaló que “Sin campo no hay pueblo, y sin pueblo no hay León” para desgranar algunas propuestas del PP en materia agraria, de vivienda o de cuidado de mayores, algunos de los ejes de la campaña leonesa.

A continuación Mañueco volvió a detallar algunas de las promesas electorales de la campaña, como la rebaja del peaje de la autopista León-Astorga, “si no lo hace Óscar Puente lo haremos nosotros”, sus medidas como las ayudas a autónomos o para la renovación de platos de ducha en los hogares de los mayores. También reiteró sus anuncios de rebajas fiscales como el impuesto de herencias y donaciones para que “con nosotros la herencia a un familiar no costará dinero. No puede ser”.

El candidato presumió que ha sido gracias al PP por el que llegará a León el grado de Medicina el próximo curso y se construirá una nueva facultad. Aludió a los retos de gestión de emergencias como las inundaciones pero no realizó ni propuestas ni palabra sobre los incendios.

“O se vota por la solución o se vota por el problema. Y la solución es el PP” señaló Mañueco entre llamadas a la movilización de los militantes, concejales y alcaldes del partido en la provincia de León, “Solo el PP tiene un proyecto de futuro para tierra, los demás solo quieren ruido, enfrentamiento y bloqueo”.

El último gran acto de campaña del Partido Popular en la provincia de León será este viernes en Ponferrada con la presencia de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, en la que será su segunda visita a tierras leonesas en esta campaña, que el partido cerrará con un acto en Valladolid.

El PSOE de León se ha comprometido este miércoles a paralizar el proyecto de la futura planta de biomasa de La Lastra si gobierna en la Junta de Castilla y León. Así se lo han transmitido su cabeza de lista por León, Nuria Rubio, y el secretario general del partido en la provincia, Javier Alfonso Cendón, a los miembros de la Asociación de Vecinos de La Lastra en un encuentro que han mantenido este miércoles y que el partido ha resumido en un comunicado. Los socialistas confrontan así con el PP, que capitanea el Gobierno autonómico, pero también con su propio alcalde, José Antonio Diez, que respalda la iniciativa.

“El futuro gobierno liderado por Carlos Martínez pondrá fin a la proliferación descontrolada de instalaciones de biomasa que actualmente amenazan la convivencia en León, que además no cuentan con la regulación pertinente por parte de la Junta de Castilla y León”, ha afirmado Rubio, quien ya en fechas recientes mostró su “sorpresa” por la cercanía entre el regidor socialista de la capital leonesa y dos populares como el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Se trata de un proyecto contra el que los vecinos se han manifestado en numerosas ocasiones y que Rubio ha asegurado que “responde únicamente a los intereses económicos de unos pocos”.

“El despliegue de este tipo de plantas debe ser ordenado y contar con una legislación clara que proteja los ecosistemas y la salud ciudadana, asegurando que las plantas cumplan con los criterios de sostenibilidad de la Unión Europea y este proyecto se está planeando de espaldas a la ciudadanía, invadiendo núcleos residenciales y deteriorando la calidad de vida de las familias leonesas”, ha añadido.

Por su parte, Javier Alfonso Cendón ha puesto el foco en la empresa pública de la Junta Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente), calificándola como una “herramienta opaca” utilizada por el Partido Popular “para eludir el control vecinal”.

Ha exigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que aclaren “qué intereses oscuros defienden” al permitir proyectos que asfixian a los vecinos.

Las principales asociaciones ecologistas de la provincia de León, en concreto Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, han presentado recursos contra las resoluciones de la Junta de Castilla y León que levantan las restricciones a los aprovechamientos de caza y ganaderos en los montes afectados por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León.

Las organizaciones denuncian que esta decisión se adopta apenas medio año después de los fuegos que, según recuerdan, provocaron la mayor catástrofe ambiental registrada en la provincia, con cerca del 10% de la superficie forestal leonesa calcinada y daños en espacios protegidos de alto valor ecológico.

Tal y como desveló en primicia ILEÓN, el pasado 12 de febrero, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León publicó sendas resoluciones firmadas por su jefe, Jesús Méndez Fernández, por las que se dejaba sin efecto la suspensión de los aprovechamientos cinegéticos y ganaderos en todos los terrenos afectados por los incendios del último verano. La medida fue adoptada a instancias del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, José Ángel Arranz, mano derecha del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Multitud de voces habían reclamado la dimisión de ambos tras el dramático resultado final de los incendios de agosto de 2025.

Tal y como destacaba ILEÓN y argumentan ahora los ecologistas, la Ley de Montes de Castilla y León de la propia Junta establece en su artículo 92 que, tras un incendio forestal, queda automáticamente suspendido durante cinco años cualquier aprovechamiento incompatible con la recuperación del monte, con el objetivo de facilitar la regeneración de la cubierta vegetal. La misma norma contempla, no obstante, la posibilidad de levantar estas prohibiciones si se acredita que dichas actividades son compatibles con la restauración del hábitat y la supervivencia de la flora y fauna silvestres.

Las organizaciones ecologistas sostienen que, en este caso, la Junta no ha realizado evaluaciones ambientales sobre el impacto de los incendios ni estudios sobre su repercusión en las especies afectadas. Tampoco se habrían elaborado planes de restauración ni convocado al Consejo Regional de Medio Ambiente para analizar la situación.

Según critican en sus recursos, las resoluciones levantan las prohibiciones de forma generalizada en todo el territorio afectado, para todas las especies cinegéticas -incluidas las de caza menor, además de especies como ciervo, corzo, rebeco, gamo, jabalí, muflón y cabra montés- y para todas las explotaciones ganaderas, durante todo el periodo de cinco años que establece la Ley.

La regeneración sirve para una cosa... y la contraria

Los colectivos también advierten del riesgo de erosión en los terrenos quemados, especialmente tras las intensas lluvias registradas durante el invierno. A su juicio, la pérdida de estabilidad del suelo y la reducción de la capacidad de regeneración natural del monte aconsejarían mantener las restricciones previstas en la normativa. Es justo el argumento contrario esgrimido por la Junta para defender su polémica medida, ya que el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, aseguró a preguntas de este medio que las especies salvajes, que no las domésticas, podrían dañar la regeneración en las zonas arrasadas. También se le ha reclamado varias veces los informes técnicos que aseguran que justifican estas medidas, pero jamás se han facilitado.

Por esto, las organizaciones conservacionistas consideran que la decisión no tiene en cuenta el régimen de protección de algunos de los espacios afectados, incluidos territorios integrados en la Red Natura 2000, parques regionales o reservas de la biosfera. De hecho, incluso en el Parque Regional de Caza de Riaño, afectado directamente por uno de los siniestros forestales más dañinos para el medio ambiente, la propia Consejería de la Junta ha subastado ya los permisos de caza de esta temporada, y hasta los aumenta en un 13% respecto al tranquilo año anterior.

Por todo ello, las organizaciones ecologistas señalan que estudian continuar la vía judicial si sus recursos administrativos son desestimados. Entre las opciones que barajan se encuentra acudir a la vía contencioso-administrativa e incluso a la vía penal por un posible delito de prevaricación ambiental contra los responsables políticos y técnicos de las resoluciones, señalando sin mencionar a Arranz y Suárez-Quiñones.

Ha tenido que pasar medio año desde los terribles incendios que padeció en agosto la provincia de León para que, por fin, se ponga en marcha una de las medidas iniciales impulsadas por la Junta de Castilla y León a través de las diputaciones: el diseño de “anillos de seguridad” para una amplia mayoría de municipios y pueblos con “máximo riesgo” potencial de sufrir la devastación de las llamas, como por desgracia ocurrió el verano.

Este martes se han conocido de manera oficial las primeras subvenciones articuladas por la Diputación de León, con financiación del Gobierno autonómico en una cuarta parte del gasto, y destinadas a financiar la redacción de Planes de actuación de ámbito local de emergencia por incendios forestales. Se trata de una línea dotada con 400.000 euros, para unos planes y una cifra que se anunciaron a mediados de septiembre de 2025 como una de las medidas 'estrella' contra la grave situación sufrida.

La convocatoria aparece reflejada hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y permitirá que hasta 114 ayuntamientos leoneses puedan solicitar ayudas para elaborar estos obligatorios planes de prevención y respuesta ante los incendios forestales. Se trata de una de las principales novedades que incorporaba en la primavera del año pasado el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Plan Infocal), que no llegó a desarrollarse a tiempo para las graves consecuencias del verano, pero que incluso recogía una medida que era obligatoria desde el año 2013 sin que nadie la hubiera implementado.

En el Infocal autonómico se establecía esta obligatoriedad de los planes para los 'cortafuegos' en torno a los pueblos en mayor peligro, en concreto en municipios situados en zonas de interfaz urbano-forestal, donde el monte y los núcleos habitados se encuentran más próximos y el riesgo es mayor. La lista que puede ahora concurrir a las ayudas es de 114 porque son los señalados por la normativa de la Junta que tienen menos de 20.000 habitantes. A mayores, idénticos planes deben impulsarse en los ayuntamientos de León y Ponferrada, quedando sólo fuera de la obligatoriedad San Andrés del Rabanedo.

La convocatoria llega además después del peor año de incendios forestales en la provincia de León. En agosto de 2025, distintos fuegos arrasaron en conjunto 135.400 hectáreas y provocaron graves daños en numerosos pueblos, en uno de los episodios más devastadores registrados en el territorio leonés.

En virtud del acuerdo 'en caliente' de septiembre pasado, presidido por Alfonso Fernández Mañueco y la presencia de varios consejeros, entre ellos el de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, la Junta se comprometió a financiar al cien por cien la compra de maquinaria por parte de las diputaciones y a subvencionar la elaboración de esos planes municipales de prevención y evacuación, además de revisar infraestructuras de emergencia como hidrantes o bocas de riego.

El dinero y sus criterios de reparto

Ahora, la Diputación de León, que incorporó los 400.000 euros prometidos por la Consejería de Medio Ambiente como una de las novedades de su presupuesto para este año, materializa esa parte del compromiso mediante una convocatoria que financiará íntegramente el coste de redacción de los planes municipales. Según las bases, cada ayuntamiento podrá recibir una base fija de 1.800 euros por la elaboración del documento, a la que se sumarán 100 euros adicionales por cada localidad que forme parte del municipio. En casos como por ejemplo Riello, con decenas de pueblos en el municipio, la suma por lo tato puede ser muy superior porque muy superior será también el esfuerzo por elaborar planes para cada núcleo urbano, por pequeño que sea.

Las ayudas deberían cubrir el cien por cien del presupuesto presentado por los consistorios, que deberán adjuntar una factura proforma de los trabajos de redacción del plan. No obstante, las bases prevén que, si el importe total solicitado supera la dotación disponible, la cuantía se reduzca de forma proporcional entre todos los beneficiarios.

Podrán acceder a estas subvenciones los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que estén incluidos en el citado listado de riesgo del INFOCAL, los 114 mencionados. Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Diputación de León.

El plazo para solicitar las ayudas será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación, es decir, siendo el primer día el miércoles 11 de marzo. Y una vez concedidas, los ayuntamientos tendrán hasta el 31 de octubre de 2026 para justificar la elaboración del plan y el gasto correspondiente, momento en el que se efectuará el pago de la subvención. Por último, se indica que estas ayudas son compatibles con otras subvenciones destinadas para el mismo fin.

El listado completo de los 114 municipios considerados de “máximo riesgo” potencial y que por lo tanto pueden concurrir ahora a estas ayudas económicas son los siguientes:

La candidatura electoral del Partido Popular (PP), acompañada por dos todavía consejeros de la Junta de Castilla y León, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y el palentino Carlos Fernández Carriedo, ha prometido hoy el impulso a la tercera fase del polígono industrial de Villadangos del Páramo para reafirmarlo “como uno de los tres más importantes del noroeste”, siempre que el presidente Mañueco obtenga la reelección por tercera vez.

En una nota de prensa que refleja la visita protagonizada esta mañana por la caravana electoral, la candidata del PP por la provincia de León, María José Álvarez Casais, resaltó que con este tipo de apuestas el PP demuestra “su apuesta por la dotación de suelo industrial de calidad en la provincia como estrategia para crear actividad económica, generar empleo y ganar población”.

En la visita al polígono paramés, Álvarez estuvo hoy acompañada por el responsable de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, junto al presidente provincial del PP y consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, responsable como presidente de Somacyl también el la segunda y muy reciente ampliación del polígono.

La candidata popular resaltó que “proponemos una nueva ampliación de 650.000 metros cuadrados para generar más actividad, más empleo que ayuden a fijar población, reafirmando las políticas del Partido Popular de hechos y certezas”, para alcanzar una cifra final de 450 hectáreas de suelo industrial en el epicentro provincial.

Suárez-Quiñones incidió que esta propuesta nace de que “el 82% de la segunda fase se ha terminado hace apenas unos meses ya está comprometida y que tenemos que ser previsores para generar nuevas oportunidades y tener más suelo preparada para las empresas”. Y contrapuso esta apuesta con “el compromiso cero del Gobierno de Pedro Sánchez, que presentó la plataforma logística de Torneros en 2022, con un compromiso de 25 millones de inversión que se iniciaría en 2023… y hoy, en 2026, estamos en el kilómetro cero”. “En estos años que el Gobierno de España no ha hecho nada en Torneros, la Junta ha realizado una ampliación de 180 hectáreas en Villadangos”, remató.

Esta propuesta se enmarca dentro del plan que tiene el PP en Castilla y León de “poner a disposición de las empresas 25 millones de metros cuadrados de suelo industrial”, tal y como remarcó Carlos Fernández Carriedo.