El verano en muchos pueblos bercianos empieza siempre de la misma manera. Las sombrillas vuelven a aparecer junto a ríos y piscinas, niños y mayores buscan el frescor del agua y los bares comienzan a llenarse de vecinos, visitantes y peregrinos. Pero después de esta semana, muchos alcaldes miran con la misma preocupación al cielo y a los ríos. Casi un año después de los gravísimos incendios forestales del verano de 2025, las consecuencias de las llamas siguen bajando por los cauces y ponen en riesgo algunas de las playas fluviales más importantes de la comarca.

La primera gran tormenta del verano descargó sobre el monte de Faro, en el Valle de Fornela, y dejó una imagen que todavía cuesta creer. El agua arrastró madera quemada, ceniza, lodo, piedras y árboles enteros que fueron bajando por la cuenca del Cúa hasta causar daños en distintos municipios situados aguas abajo.

Uno de los primeros lugares afectados fue la playa fluvial de Bárcena de la Abadía, en el municipio de Fabero. La fuerza de la corriente arrancó las compuertas de hierro que permiten embalsar el río y mantener la zona de baño y destrozó las estructuras donde se sujetaban. “Se las llevó el agua y no sabemos dónde están”, decía esta semana la alcaldesa, Mari Paz Martínez.

El agua alcanzó una altura pocas veces vista. “No se llevó las sombrillas de casualidad. El nivel subió por encima de la mitad del palo”, explica la regidora. El césped permanece todavía anegado y cubierto de lodo. “Tenemos toda la zona de césped acotada para que no se pueda pisar porque está todo inundado y se destroza. La hierba después tarda otra vez en salir”.

La preocupación en Fabero va mucho más allá de los daños materiales. “Lo que ha pasado, a nivel turístico es catastrófico. El año pasado tuvimos que cerrar muchos días nuestros espacios culturales por los incendios y la ceniza, y la playa fluvial nos salvó. Era un lugar de recreo, de escape, de refresco y de poder respirar”, afirma Martínez. El municipio ya sufrió las consecuencias de los incendios en el verano de 2025, con una importante caída de visitantes al Pozo Julia, la antigua mina visitable convertida en uno de los principales recursos turísticos de la zona. “Sería catastrófico que la playa fluvial de Bárcena no se pudiese abrir este verano”.

Además, nadie sabe cuánto tardará el río en recuperar la normalidad. “Tenemos muchos posos de lodo y va a costar mucho que el agua vuelva a ser clarita. Porque cada vez que vuelve a llover, el agua se vuelve a revolver porque esos posos están ahí”.

En Vega de Espinareda, el siguiente municipio aguas abajo, lograron evitar por poco un desastre similar. Desde Fornela avisaron de cómo bajaba el río y el Ayuntamiento consiguió retirar una de las compuertas antes de que la corriente las arrancase. “Menos mal que nos avisaron de cómo bajaba el río. Teníamos abierto pero gracias a eso nos dio tiempo a quitar una entera y libró un poco la situación de que el agua la arrancara”, cuenta su alcalde, Javier Salgado.

La playa fluvial, sin embargo, tampoco se ha librado de las consecuencias. “Fue una locura. Se nos quedó todo lleno de barro, lodo, árboles, de todo... Tenemos trabajo para días. Toda el agua que sigue bajando, sigue bajando como chocolate”. El río se desbordó hasta el punto de que “el agua salió por encima del césped”, recuerda el regidor.

Las consecuencias empiezan a tener también reflejo en las normas. La Junta de Castilla y León ha actualizado este viernes el Mapa de Aptitud de las Zonas de Aguas de Baño y ha declarado el río Cúa en Vega de Espinareda como zona “no apta”. El resto de las zonas de baño bercianas incluidas en el mapa autonómico, como el lago de Carucedo o el río Ancares en Vega de Espinareda, mantienen por el momento la calificación de aptas para el baño.

El alcalde teme que esta situación se repita una y otra vez. “No se ha hecho nada en el monte después de los incendios. No se ha estabilizado. Cada vez que haya tormenta nos volverá a pasar lo mismo, a todos”. Las consecuencias, advierte, van mucho más allá de limpiar el barro y retirar los troncos. “El verano es lo que mantiene muchos negocios abiertos todo el año”. Por eso, cada día que la playa fluvial permanezca cerrada supone un nuevo golpe para la economía local.

Vega de Espinareda ya sufrió el pasado verano las consecuencias económicas de los incendios forestales. “La segunda quincena de agosto solo tuvimos cancelaciones y muchas pérdidas. Este verano va a ser difícil”. Y la preocupación no se limita a la playa fluvial. “También se han destrozado muchas presas de riego. Los regantes también están sufriendo”.

Con el futuro de su principal playa fluvial en el aire, Vega de Espinareda intenta aferrarse a los otros atractivos que llenan de vida el municipio cada verano. La cuarta edición del Espina Fest, la Feria Medieval, las fiestas del Carmen del 16 de julio y las actividades organizadas en los pueblos en agosto mantienen la esperanza de salvar la temporada turística. El municipio dispone además de otra playa fluvial en el río Ancares, entre el Valle de Finolledo y San Martín de Moreda, que permanece en perfectas condiciones, además de otra zona de baño en Burbia. Pero el alcalde no oculta las dificultades: “Estamos intentando recuperar nuestra playa principal, pero va a costar”.

Salgado teme que lo ocurrido esta semana no sea un episodio aislado. “Va a ser todo el verano así. Con el tiempo hay que cruzar los dedos. El problema es que con la meteorología no se puede hacer nada, solo prevenir sus efectos, pero no se ha hecho el trabajo que se tenía que hacer en los montes”. Y resume la incertidumbre con una imagen que comparten muchos alcaldes bercianos: “Podemos pasar de que no caiga una gota a que vuelva otro tsunami como el de esta semana y lo arrastre todo”.

La preocupación se extiende también a Cacabelos. Su playa fluvial se encuentra en pleno Camino de Santiago y es utilizada cada verano tanto por vecinos como por numerosos peregrinos que hacen un alto en el municipio. “Suponemos un impacto económico grande no abrir la zona de baño”, explica la alcaldesa, Irene González. “Es una zona de baño muy concurrida”.

El posible cierre tendría una repercusión directa sobre uno de los sectores más importantes del municipio. “El impacto sería grande en la hostelería, que es un sector muy importante en Cacabelos. Cómo vaya a evolucionar lo que ha ocurrido nos influye”. A ello se suma el coste extraordinario que tendrán que asumir los Ayuntamientos como el suyo, el de Fabero y el de Vega de Espinareda. “Supone tener que reacondicionar las playas fluviales dañadas antes de que finalice el verano y sin que se alarguen mucho los trabajos”.

No obstante, Cacabelos tampoco se resigna a dar por perdido el verano. Además de la playa fluvial, el municipio cuenta con las piscinas municipales, abiertas desde este domingo, y una amplia programación estival. Durante los fines de semana de julio y agosto se celebrarán las Noches de Camino, con teatro, música, títeres y magia, además de campus de fútbol y baloncesto, actividades de piragüismo y cursos de natación. A ello se suman las fiestas de los pueblos, el Festival Universo, que alcanza ya su quinta edición, y la Fiesta de Recreación Romana. “Nos esforzamos mucho en que pueda venir la gente y en organizar actividades”, resume la alcaldesa.

La incertidumbre alcanza también a Molinaseca. Las imágenes difundidas por el Ayuntamiento muestran un río completamente ennegrecido y convertido en un torrente que arrastra los restos de los incendios del verano pasado. El alcalde, Alfonso Arias, reconoce que “va a ser muy complicado embalsar la piscina fluvial debido a los arrastres de las tormentas”. Una situación especialmente delicada en una de las localidades más visitadas del Bierzo y del Camino de Santiago.

Las consecuencias de los incendios no están siendo iguales en todos los municipios. En Igüeña, por ejemplo, la playa fluvial se mantienen en buen estado. “No hay ningún arrastre. El agua está un poco turbia, pero como después de cualquier tormenta. Está en perfectas condiciones”, explica su alcalde, Alider Presa.

El motivo es que las llamas no alcanzaron el río. “Dentro de la mala suerte de los incendios tuvimos buena suerte porque los incendios no saltaron la carretera ni llegaron al río, entonces la cuneta, la carretera y la ladera nos sirven de barrera natural ante esos arrastres”. Pero el regidor también deja una reflexión que comparten muchos de sus compañeros. “Los problemas de los incendios forestales no se apagan con las llamas, se tardan años en arreglar”.

En Carucedo, otro de los municipios más castigados por los incendios de 2025, el lago mantiene unas excelentes condiciones de baño, pero el alcalde, Alfonso Fernández Pacios, admite que la recuperación todavía está lejos. “A veces parece una aventura, porque no sabemos lo que va a pasar”. El Aula Arqueológica,que se quemó hasta los cimientos, sigue sin recuperarse y el paisaje de Las Médulas ha cambiado por completo. “La gente mayor nunca vio el paisaje que vemos ahora después de los incendios. La incertidumbre que te genera... Da mucho miedo”.

A las consecuencias sobre las playas fluviales se suman otros daños menos visibles. Los arrastres están afectando también a captaciones de agua y a infraestructuras de riego, obligando a los municipios a asumir nuevos costes y trabajos extraordinarios.

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, asegura que lo ocurrido estos días era previsible. “Yo sabía que iba a ocurrir lo que ha pasado después de los incendios del verano pasado, aunque es verdad que no esperaba algo tan fuerte”. A su juicio, “las consecuencias secundarias son muy graves también. Las tormentas, los arrastres... Se van a ver afectadas infraestructuras primarias, como captaciones de agua, pero también va a haber daños colaterales, y ya los está habiendo, en playas fluviales, que son el principal atractivo de muchas localidades del Bierzo en verano. Daños importantes, graves y costosos”.

Ramón considera que, igual que él, esta situación se podía haber visto venir y haber llevado a cabo trabajos de prevención y restauración este año. “No hemos estado a la altura. No hemos hecho nada después de los megaincendios de 2025”, lamenta. El presidente del Consejo Comarcal denuncia que las cinco brigadas prometidas por la Junta para la comarca siguen sin llegar y asegura que la institución ni siquiera conoce todavía qué trabajos de prevención se van a desarrollar este verano.

La provincia de León llegó a la campaña de incendios de este verano con un consejero de Medio Ambiente en funciones, el leonés Juan Carlos Suárez Quiñones, que desde la formación de Gobierno autonómico ha dado el salto a Industria, Universidades, Comercio y Empleo. También ha dejado su puesto el hasta ahora director general de Medio Ambiente, José Ángel Arranz, que junto con Quiñones asumía las tareas de prevención y extinción de incendios. En su lugar, asume el área de incendios forestales María González Corral, que anteriormente había ostentado ya las carteras de dos consejerías bien diferentes: primero Movilidad y, después de la ruptura del primer pacto PP-Vox, Agricultura y Ganadería.

“He notado mucha descoordinación. Se han anunciado más medios, pero por ahora en El Bierzo no hay ninguno”, critica Ramón, que reconoce además que le produce “mucha desconfianza” escuchar mensajes que le recuerdan a los pronunciados por la anterior dirección de Medio Ambiente. “Desde luego que las palabras del nuevo responsable de que no se puede hacer prevención todo el año recuerdan mucho a aquello de que era un despilfarro. No me genera confianza y espero que no sea la línea”, afirma.

A su juicio, el cambio climático y los incendios de cuarta generación “han venido para quedarse” y obligan a cambiar la forma de gestionar el monte y a apostar por trabajos permanentes de prevención. “Hay que trabajar en paisajes mosaico, volver a la agricultura y la ganadería, porque si no los megaincendios van a ser nuestra realidad. Ojalá me equivoque y no vuelva a ocurrir lo del verano pasado, pero creo que sí”, admite con pesimismo.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, reclama por ello que la Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil agilicen los trabajos de restauración de montes y cauces para que los Ayuntamientos sufran las menores consecuencias posibles y las playas fluviales puedan acondicionarse cuanto antes.

Porque los incendios forestales no terminan cuando se apagan. El verano pasado arrasaron más de 130.000 hectáreas de la provincia de León y se cobraron la vida de cuatro personas. Casi un año después, los ríos siguen bajando negros, las playas fluviales se llenan de lodo, las captaciones de agua y las presas de riego sufren daños y los pueblos vuelven a mirar al monte y también al cielo con preocupación. Esta vez no solo por el fuego, sino por las consecuencias que las llamas siguen dejando mucho después de extinguirse.

Casi un año después de los gravísimos incendios forestales del verano de 2025 en la provincia de León, las consecuencias todavía siguen llegando. Las primeras tormentas veraniegas han dejado una nueva factura en algunos de los territorios que ardieron: riadas de barro, cenizas, troncos quemados y piedras que han acabado en arroyos y ríos, provocando desbordamientos, inundaciones y graves daños en carreteras, playas fluviales e infraestructuras de distintos puntos de la geografía leonesa.

La imagen más impactante se ha vivido esta semana en el Valle de Fornela. La tormenta ni siquiera descargó sobre el pueblo de Faro. Lo hizo monte arriba, precisamente en una de las zonas que ardieron el verano pasado. En apenas unos minutos cayó tal cantidad de agua que arrastró consigo la madera quemada, ramas, tierra y piedras del territorio.

Todo ese material acabó en uno de los pequeños ríos que atraviesa el valle. El cauce creció de forma tan súbita y con una violencia inusitada que arrancó parte de un puente, socavó la carretera LE-4212 y dejó la vía cubierta por una amalgama de troncos, barro y escombros que dejó incomunicado el valle y todos sus pueblos durante un día completo.

“Era impresionante. Me recordaba a las imágenes de la dana. Se lo ha llevado todo. Si llegamos a tener un pueblo en medio, se lo habría llevado por delante también”, relataba la alcaldesa de Peranzanes, Henar García, todavía impresionada por la magnitud del episodio.

Pero la riada no se detuvo en Fornela. El agua cargada de troncos, ramas, ceniza y lodo continuó su camino río abajo, dejando un reguero de daños y obligando a varios Ayuntamientos a actuar a contrarreloj.

En Bárcena de la Abadía, en el municipio de Fabero, la fuerza de la corriente arrancó las compuertas de la zona de baño, unas enormes placas de hierro diseñadas precisamente para retener el agua y convertir el río en una playa fluvial. Nadie sabe todavía dónde han terminado. “Pesan una barbaridad, pero igual van ya camino de Cacabelos”, explica todavía asombrada la alcaldesa, Mari Paz Martínez.

Las estructuras que sujetaban esas compuertas también han quedado destrozadas. El río ha dejado tras de sí enormes acumulaciones de troncos y lodo cuyo tamaño obliga ya a pensar en maquinaria especial para retirarlos. “La dimensión de los troncos que hay es exagerada. Va a tener que venir una pluma especial para sacarlos por el peso que tienen. Se necesita un trabajo especial. Son inmensos”, señala la regidora.

El agua sigue bajando completamente negra. “El agua baja negra negra y no es por el carbón”, resume la alcaldesa de Fabero. El color lo aportan la ceniza, la tierra removida y la madera quemada que la tormenta arrancó de las laderas incendiadas. “Tardará tiempo en recuperar el color transparente y es por culpa de los incendios: el barro, la leña, los troncos... Las imágenes son espantosas, ponen los pelos de punta”.

La escena pudo haber tenido consecuencias mucho peores. Según vecinos del pueblo, unos niños decidieron salir de la playa fluvial cuando el agua comenzó a bajar revuelta. Apenas unos minutos después llegaron los troncos y el lodo con un caudal nunca antes visto. “Suerte tuvimos, porque fue muy de repente”, explica Martínez. En otro punto del río había más personas. “Me contaban que las imágenes les recordaban al camping de Biescas, se llevaba todo lo que pillaba”. Finalmente, no hubo daños personales, aunque sí cuantiosas pérdidas materiales.

En Vega de Espinareda el aviso llegó a tiempo. Desde Fornela se alertó de lo que estaba bajando por el río y el Ayuntamiento consiguió retirar una de las compuertas de su playa fluvial antes de que la corriente la arrancase también. “Menos mal que nos avisaron. Conseguimos quitar una compuerta entera y libró un poco la situación de que no se nos arrancaran, como pasó en Bárcena”, explica el alcalde, Javier Salgado.

Lo que llegó al municipio berciano era difícil de describir. “Fue una locura. Todo lleno de barro, de árboles, de todo, en poco tiempo. Tenemos mucho trabajo para muchos días”. El agua alcanzó un nivel extraordinario y acabó saliendo por encima del césped de la playa fluvial. “Tenemos días de barro. Bajaba el agua como chocolate”, resume el regidor.

La preocupación, además, va mucho más allá de esta tormenta. “No se ha hecho nada en el monte. No se ha estabilizado. Cada vez que haya tormenta, nos volverá a pasar”. Por eso, en cuanto vio el tapón de árboles arrancados y arrastrados y el nivel que estaba alcanzando el río, Salgado telefoneó también a la alcaldesa de Cacabelos para ponerla sobre aviso de lo que se dirigía hacia el municipio.

“Los incendios forestales duran mucho tiempo y la Junta no ha hecho nada. El verano pasado fue complicado y este verano va a serlo igual, aunque por motivos diferentes”, reflexiona el alcalde de Vega de Espinareda. Su temor es que las imágenes de estos días no sean una excepción. “Veremos cómo nos ponemos a la tarea, pero cada vez que haya tormenta vamos a tener un problema. Mira lo que pasa en Peñalba (Ponferrada) desde el incendio de 2017 cada vez que llueve mucho... Aquí va a pasar lo mismo”.

Esta situación no ha sido una excepción del río Cúa. Las tormentas también han caído en otras zonas de la provincia gravemente afectadas por los incendios del verano pasado y las imágenes empiezan a ser similares. Este jueves han circulado por las redes sociales imágenes difundidas por la asociación conservacionista Tyto Alba que muestran cauces completamente oscurecidos en la despoblada y arrasada comarca de Cabrera.

En el entorno del Teleno, los ríos entre Filiel y Boisán y el de Molinaferrera se han teñido también de negro por los restos arrastrados desde los montes quemados.

La misma situación se ha observado en Oencia, otra de las zonas devastadas por las llamas del pasado verano, con pueblos como Lusío completamente destrozados. Las imágenes muestran cómo las tormentas están arrastrando la ceniza, la tierra y la madera calcinada que permanecen en las laderas y transportándolas río abajo, alterando por completo el aspecto habitual de los cauces.

Molinaseca ha sido otra de las localidades que el pasado verano vio la peor cara de los incendios forestales cuya gestión correspondía al entonces Consejero leonés de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, presidente de la gestora del PP provincial, partido del regidor Alfonso Arias. Las imágenes difundidas por el propio Ayuntamiento muestran un río completamente ennegrecido y convertido en un torrente que arrastra grandes cantidades de material.

Alfonso Arias atribuye la situación a “los arrastres de las tormentas” y reconoce que “va a ser muy complicado embalsar la piscina fluvial debido a los arrastres de las tormentas”. En su municipio se han repetido las imágenes y consecuencias de los territorios arrasados por las llamas y que vuelven a poner de manifiesto que los grandes incendios no terminan cuando se extinguen, sino que siguen dejando nuevas secuelas meses después sobre el terreno.

Pero, por si fuera poco, los efectos de los incendios un año después empiezan a afectar también al patrimonio y al turismo. En Ponferrada, el Ayuntamiento se ha visto obligado a cerrar temporalmente la Herrería de Compludo después de que las recientes tormentas arrastrasen gran cantidad de material hasta los canales y conductos que abastecen el monumento. Durante este jueves y viernes se realizarán labores de limpieza y puesta a punto para evitar daños en el histórico mecanismo hidráulico y garantizar su correcto funcionamiento, con la previsión de reabrir el próximo sábado, según el Consistorio.

La frase más escuchada estos días empieza a ser que “los grandes incendios no terminan cuando se apagan”. El verano pasado las llamas arrasaron más de 130.000 hectáreas de la provincia de León y se cobraron la vida de cuatro personas. Casi un año después, los ríos bajan negros, las playas fluviales sufren daños, un valle entero ha quedado incomunicado y hasta el patrimonio empieza a verse afectado. Y, en la provincia, el mayor miedo es que estas no sean las últimas secuelas del fuego.

“¿Qué puede salir mal?”. La pregunta con alta carga retórica, pronunciada hoy por la número 2 del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, resumía hoy una reunión mantenida con representantes sindicales de CSIF, CCOO y CGT. Y es que todos ellos, partido y sindicatos, coincidieron en pintar un panorama desolador en el arranque de la campaña contra los incendios forestales iniciada el 12 de junio, tras el desolador récord histórico del año pasado en la Comunidad, con un personal “diezmado y precarizado”, un operativo “fracasado y obsoleto”, tal falta de medios que “de seis helicópteros la Junta solo ha incorporado dos”.

Y, como guinda de un envenenado pastel, el premio en forma de ascenso a una Dirección General de nueva creación para Ángel Sánchez, durante muchos años jefe del Servicio de Incendios de la Consejería de Medio Ambiente y por lo tanto ya veterano responsable del “operativo del desoperativo” que en 2023 y en 2025 demostró “ser totalmente ineficaz”.

Todos los presentes ejemplificaron el caos y peligro al que se enfrentan las nueve provincias de la Comunidad en el criticado nombramiento de Sánchez como director general de Prevención e Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, que llegó a menospreciar hace escasas semanas que se pueda cumplir “el mantra” -dijo- “de apagar los fuegos en invierno” a través de una prevención para la que no hay dinero, como destacó ILEÓN. Para Nuria, este nombramiento y estos argumentos son tan “de sinverguenza” como los del propio presidente de la Junta, culpando hace poco al PSOE en la oposición de “querer que haya más incendios”, cuando por otro lado ha “premiado a Quiñones, escondiéndole en las listas electorales para ahora nombrarle consejero por detrás y para que haga sus negocios”.

En la rueda de prensa tras la reunión, el agente medioambiental y delegado de CGT, Román García, denunció que Sánchez siga representando “un modelo fracasado y obsoleto” que, además, está “más precarizado que el año pasado”. El delegado de CCOO y conductor de autobomba, Miguel Fernández Valderrama, lamentó por su parte que a estas alturas del año haya “el mismo caos que el año pasado” durante los incendios “pero sin tener todavía incendios”, y ya en plena temporada alta oficial de riesgo, en medio de constantes olas de calor. Y aún así, se ha iniciado “con la mitad de los medios aéreos, personal incompleto, puestos de vigilancia cerrados y sin presupuesto para arreglarlos”.

Rubio ha criticado que el presidente Fernández Mañueco no haya escuchado a los profesionales para tratar de ponerle solución a la situación el año pasado, de la que “no ha aprendido nada”. “La situación lejos de mejorar ha empeorado, es alarmante. Hay más combustible en el monte y un operativo más precarizado que el año pasado”, ha alertado, al tiempo que ha pedido que el operativo sea “reforzado, cien por cien público y activo todo el año”, como prometió Mañueco, que ahora estrena otra vez Gobierno de pacto de Partido Popular (PP) con Vox. Es bajo su doble responsabilidad que, contra todo lo prometido tras el pasado verano por la Junta, “hoy no hay ningún bombero forestal” oficialmente en Castilla y León, que no sea de las brigadas del Gobierno central.

Huelga imposible

A pesar del panorama, los sindicatos admitieron por boca de Fernández Valderrama que les resulta “tremendamente complicado”, poco menos que imposible, plantear duras movilizaciones o incluso huelgas, como otros sectores como el educativo o el sanitario, por ejemplo, por ser el suyo un sector muy fragmentado, entre personal de tipo laboral y funcionario, estable y discontinuo, con buena parte en empresas públicas como Tragsa y otra mucho personal en empresas privadas contratadas, lo que provoca incluso “miedo” de los trabajadores a represalias.

Pero recordaron al unísono que todos los incumplimientos con quienes “nos interponemos delante del fuego”, no como ocurre en otras catástrofes, dañan no sólo al medio ambiente sino que ponen vidas en peligro. “Como por desgracia tuvimos que decir el año pasado: qué suerte que sólo murieran tres personas”, zanjó.

Apenas unas horas después de inaugurar la temporada de peligro alto de incendios forestales, y apenas unos minutos tras tomar posesión el nuevo Gobierno de PP y Vox en la Junta de Castilla y León, bajo presidencia del popular Alfonso Álvarez Mañueco, ha habido un primer golpe de mano prioritario y sorpresa que acaba con una estructura de varios años al frente de la lucha contra los incendios forestales de Castilla y León. Todo ello después de que el pasado verano ardiera la Comunidad en extensión jamás igualada pero, sin embargo, sin que hubiera ninguna responsabilidad política por aquel desastre sin parangón histórico.

Ha bastado poco más de una hora desde la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, con toda su reestructuración tras el pacto reeditado de PP y Vox, para que el primer Consejo de Gobierno ya con los nuevos miembros haya acordado la creación de una nueva Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales. Se trata de un área de nuevo impulso al frente del cual han nombrado a Ángel Manuel Sánchez Martín, hasta ahora en un escalafón inmediatamente interior como jefe del Servicio de Defensa/Incendios Forestales, que dependía de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta.

Sánchez, con este ascenso directo, se convierte así en el primer alto cargo técnico del nuevo organigrama de todo el Gobierno autonómico, en este caso de una Consejería de Medio Ambiente. El movimiento, muy evidente de cara a la galería, aparece como un refuerzo del mando de todo el operativo contra los siniestros forestales en las nueve provincias, cuando sin embargo en el casi último año desde el tráfico agosto de 2025 no se había adoptado reorganización alguna en la Consejería, ni mucho menos ninguna responsabilidad política ni técnica por el desastre. Un desastre que, tan sólo en la provincia de León, supuso que se calcinaran 135.500 hectáreas, con cuatro personas fallecidas y decenas de pueblos y viviendas quemados, aparte de casi el 10% de la superficie forestal arrasada. Tras meses sin cifra oficial, la Junta redujo el impacto a 112.500 hectáreas, aún así una cifra sin parangón histórico

Así, Sánchez Martín deja de ser la mano derecha del todavía director general de Patrimonio Natural en funciones, el polémico José Ángel Arranz, para situarse a su mismo nivel y descargar a este de años de responsabilidad funcionarial y política. Fueron miles las exigencias de dimisión contra Arranz y su jefe político, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras los incendios de 2025, pero Mañueco mantuvo intacta su presencia (“Sí, le apoyo”, dijo tajante) y toda la estructura. “Mi responsabilidad es el trabajo, no el abandono ni la huida”, defendió Quiñones en la única comparecencia en las Cortes, la cual tuvo que forzar la oposición en bloque, que también aprobó su reprobación parlamentaria.

Hasta hoy, primer día del nuevo Gobierno. Es decir, justo cuando en esta misma jornada Suárez-Quiñones abandonaba la cartera de Medio Ambiente, que ocupaba desde hace más de una década, al tomar posesión, por designación de Mañueco, como máximo responsable de una nueva superconsejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. La nueva consejera medioambiental, con menos competencias que su antecesor -por ejemplo Caza o Pesca se va a una consejería de Vox- será María González Corral.

Un 'hombre de la casa'

Según a explicado la Junta en un escueto comunicado, el nombramiento que da un bandazo inicial a la Consejería, pretende “reforzar la protección frente a los riesgos derivados de los incendios en la Comunidad con la mayor superficie forestal de España”.

El nuevo responsable de este departamento específico de incendios forestales es ingeniero técnico forestal e ingeniero de montes por la Universidad de Valladolid y ha desempeñado diferentes labores vinculadas con los operativos de prevención y extinción de incendios en Castilla y León desde 2003, por lo que es un 'hombre de la casa'.

Asume la Junta en su comunicado que los incendios forestales son “una de las emergencias más recurrentes a lo largo de todo el año, pero con especial intensidad durante el período estival”; y que la “intensidad, virulencia y capacidad destructiva” de los incendios “es cada vez mayor”. De ahí que se pretende “reforzar su protección frente a los riesgos derivados de los incendios forestales, que pueden afectar no solo a importantes masas forestales de alto valor ecológico, sino también a bienes de interés cultural y patrimonial, a otros bienes materiales y a la salud y la vida de las personas”, ha añadido la Junta.

El frío Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) de este lunes 15 de junio de 2026 marca las pautas por las que los dos leoneses integrantes del nuevo Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox) y Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), ganan peso específico en el Ejecutivo que hoy mismo ha tomado posesión dentro de la XII legislatura. Se trata del modo en el que el recién reelegido presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha diseñado el nuevo Gobierno de pacto de PP con Vox para dirigir los destinos de la Comunidad los próximos cuatro años, si como en los dos últimos mandatos no surge alguna ruptura abrupta.

Esos 'deberes' de Pollán y Quiñones aparecen claramente afectados por una amplia reestructuración de competencias del nuevo Ejecutivo. Una reestructuración que en general incrementan la relevancia institucional de ambos políticos, al asumir nuevas responsabilidades en dos de las áreas con mayor peso.

Pollán, que hasta ahora presidía las Cortes de Castilla y León -y por lo tanto era la segunda autoridad autonómica-, se convierte ahora en vicepresidente primero de la Junta. Pero además, asume la consejería de nueva creación llamada de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Su nombramiento le sitúa por tanto como número dos del Gobierno autonómico, puesto que ocupó en el pasado mandato Juan García-Gallardo, y le atribuye la coordinación de una de las principales apuestas de la nueva etapa política impulsada por Mañueco: la reducción de trámites administrativos y la simplificación burocrática.

Según establece el boletín, la nueva consejería asumirá además las competencias de coordinación y seguimiento de las medidas destinadas a racionalizar procedimientos administrativos, simplificar su tramitación y eliminar o reducir cargas burocráticas y gasto considerado ineficiente. Pero se matiza que estas funciones no serán exclusivas de Pollán: también tiene parecidas atribuciones la Consejería de Economía y Hacienda que sigue en manos del hombre de confianza total de Mañueco, el sempiterno Carlos Fernández Carriedo, que a su vez repetirá como portavoz del Ejecutivo.

Pollán se queda con áreas de la polémica 'Prioridad nacional'

Además, el departamento que dirigirá Pollán incorporará las competencias de Cooperación para el Desarrollo que hasta ahora dependían de la Consejería de la Presidencia, junto con todas las áreas que ya gestionaba la antigua Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que queda por lo tanto desgajada con la vicepresidencia segunda. Entre los 'poderes' que asume Pollán ahora aparecen Servicios Sociales, Juventud, Familia, Infancia y Atención a la Diversidad o Inmigración, aspectos en torno a los cuales Vox hace pivotar algunos de sus programas más polémicos, resumidos en el principio de la llamada 'Prioridad nacional' que figura además en el acto del PP de Mañueco con la formación de Santiago Abascal. Sus atribuciones se completarán con áreas como drogodependencias, inclusión social y las relaciones con el Tercer Sector Social.

Por su parte, Juan Carlos Suárez-Quiñones abandona la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la cual ocupaba desde hace más de una década (2015), y tras ser el epicentro político de las críticas por los incendios históricos que asolaron la Comunidad el pasado verano. Pero lejos de perder peso, ahora Mañueco no solo le mantiene sino que deja en sus manos una consejería de nueva creación: de Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

El veterano dirigente leonés mantendrá las competencias que ya correspondían a la anterior Consejería de Industria, Comercio y Empleo, pero sumará además las relativas a universidades e investigación que hasta ahora dependían de la Consejería de Educación. De este modo, concentrará bajo un mismo departamento las políticas industriales, comerciales y laborales, junto con la planificación universitaria y la actividad investigadora de la Comunidad.

Inicio con polémica sobre el 'no' de Medicina para Ponferrada

La nueva estructura busca reforzar la conexión entre el sistema universitario y el tejido productivo de Castilla y León, integrando en una misma consejería ámbitos considerados estratégicos para la captación de inversiones, la generación de empleo cualificado y la transferencia de conocimiento, argumenta el Ejecutivo. También quedará adscrita a este departamento la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Y eso es muy relevante respecto a las nuevas titulaciones.

No en vano, esta Agencia, totalmente dependiente de la Junta, está en el epicentro de la polémica territorial tras negar a la Universidad de León su intención de implantar el nuevo grado de Medicina a medias entre el Campus de Vegazana en León y el de Ponferrada, en El Bierzo. Contra lo que adujo la Junta en principio, responsabilizando a la Universidad de León, lo cierto es que fue la Junta, a través de la mencionada Agencia, la que impuso la condición de que El Bierzo quedara al margen, como demostró ILEÓN con la documentación oficial.

Con estos cambios, dos de los principales referentes políticos leoneses dentro del Ejecutivo autonómico amplían notablemente su campo de actuación. Pollán asume la Vicepresidencia Primera con competencias transversales en desregulación administrativa y políticas sociales, mientras que Suárez-Quiñones pasa a dirigir una macroconsejería. Aunque con amplios poderes, también es cierto que al desvincularse de Medio Ambiente pierde su alta capacidad inversora y presupuestaria, ya que dejará de dirigir la sociedad pública Somacyl que en los últimos años invierte más en proyectos autonómicos en la provincia de León que los propios presupuestos ordinarios de la Junta.

León gana peso, numéricamente y territorialmente hablando, en el nuevo Gobierno autonómico que este sábado ha anunciado Alfonso Fernández Mañueco, el recién investido presidente por tercera vez ante la Junta de Castilla y León. De nuevo serán dos los nombres del Ejecutivo que procedan de la provincia leonesa, como ya ocurriera en el fallido pacto que el PP alcanzó con Ciudadanos hace dos mandatos, mientras que en el no menos fracasado pacto con Vox de la última legislatura tan sólo permanecía un nombre político leonés.

Sin mucho margen de sorpresa, los dos nuevos perfiles en el Ejecutivo de PP y Vox serán uno por cada formación: el ya muy veterano Juan Carlos Suárez-Quiñones, que dejará una senda de polémicas en Medio Ambiente para encargarse de la Consejería múltiple de Industria, Universidades, Comercio y Empleo; y Carlos Pollán, que cambia la Presidencia de las Cortes por la vicepresidencia del Gobierno de la Junta, como cabeza más visible de la formación de extrema derecha que lidera Abascal, y en cuyas manos se dejará una nueva consejería que se llamará Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

El resto de la configuración del nuevo Gobierno de Mañueco está detallado en este enlace. Tomarán posesión el lunes 15 de junio en Valladolid.

Carlos Pollán Fernández (León, 1967) se ha convertido en una de las principales figuras institucionales de Vox en Castilla y León. Licenciado en Derecho y dedicado profesionalmente durante años a la asesoría laboral, su proyección pública en León estuvo ligada también al balonmano. No sólo como jugador del Ademar sino incluso en la Presidencia del club, entre 2009 y 2013, justo cuando la entidad entró en quiebra debido a una deuda superior al medio millón de euros, tras lo que abandonó el cargo.

Su trayectoria política dentro de Vox fue inicialmente discreta. Fue candidato a la Alcaldía de Sariegos sin lograr representación y ocupó puestos secundarios en las listas autonómicas antes de encabezar la candidatura por León en las elecciones de 2022, su gran salto. Porque aquel acuerdo entre PP y Vox le situó entonces al frente del Parlamento, las Cortes de Castilla y León. En un cargo que no abandonó incluso a pesar de la ruptura de ambos partidos de derechas, su gestión estuvo marcada por las acusaciones de parcialidad desde los grupos de la oposición. PSOE, Unidas Podemos y el entonces procurador Francisco Igea cuestionaron reiteradamente su actuación en los debates parlamentarios, al considerar que aplicaba de forma desigual el reglamento en función del grupo político afectado.

'Heredero' de García-Gallardo

También protagonizó varias controversias institucionales. La oposición denunció el uso de medios oficiales de las Cortes para difundir actividades vinculadas a Vox durante campañas electorales. En el plano ideológico, Pollán impulsó una Presidencia alineada con las posiciones de Vox. Por ejemplo, desaparecieron de actos institucionales referencias explícitas a la violencia machista, sustituidas por fórmulas genéricas, y se rechazó la realización de declaraciones o gestos institucionales de apoyo a colectivos LGTBI que sí habían sido habituales en etapas anteriores.

La legislatura también dejó episodios de tensión con el propio Ejecutivo autonómico. Tras la ruptura del pacto entre PP y Vox en 2024 y la posterior y abrupta salida del vicepresidente Juan García-Gallardo -puesto que ahora hereda-, Pollán reforzó su perfil propio y protagonizó enfrentamientos públicos con el Gobierno de Mañueco por cuestiones relacionadas con la financiación de las Cortes, la tramitación presupuestaria y la difusión de documentación interna de la Junta. Desde el PP llegaron a acusarle de utilizar institucionalmente la Presidencia de las Cortes con fines partidistas, lo cual no es óbice para que ahora vuelvan a formar equipo.

Su figura también recibió críticas por ser leonés pero no respetar la biregionalidad del Estatuto, al mencionar el Parlamento como “regional”, así como por su escasísima presencia pública durante algunos de los episodios más graves de incendios forestales vividos por la Comunidad, especialmente en León y Zamora, donde la oposición y diversos sectores sociales le reprocharon una escasa implicación institucional y comunicativa ante una de las mayores emergencias ambientales de la historia de la Comunidad.

'Quemado', pero superviviente

Es precisamente la gestión de los incendios la que en gran medida 'quemó' en su última etapa al consejero Suárez-Quiñones, desde 2015 hombre fuerte del Ejecutivo del PP en la Comunidad. Nacido en León en 1961, es uno de los integrantes más veteranos y con mayor peso político dentro de los gobiernos autonómicos del PP. Juez de profesión, magistrado en excedencia, inició su carrera política en 2012 como subdelegado del Gobierno en León, en plena conflictividad derivada de las protestas de la minería. Posteriormente fue delegado del Gobierno en Castilla y León antes de incorporarse en 2015 al Ejecutivo de Juan Vicente Herrera como todopoderoso consejero de Fomento y Medio Ambiente, heredero de las dos mismas carteras del también leonés Antonio Silván.

Con la llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta en 2019 conservó su posición en el Gobierno autonómico, convirtiéndose en una de las figuras con mayor continuidad institucional junto al palentino Carlos Fernández Carriedo. A lo largo de más de una década ha acumulado competencias vinculadas al medio ambiente, el mundo rural, carreteras, la gestión forestal, la caza, la pesca, vivienda y la protección civil, áreas que le han situado de forma recurrente en el centro del debate político. Y de las polémicas, que no han sido pocas.

Su etapa al frente de estas competencias ha estado marcada por una sucesión de conflictos relacionados con la política forestal y los incendios. La gestión de los grandes fuegos de la Sierra de la Culebra en Zamora en 2022, en los que murieron cuatro personas, provocó peticiones de dimisión desde la oposición y los sindicatos. Las críticas volvieron a reproducirse tres años después, en el peor verano de la historia de la Comunidad, con los incendios registrados en León y Zamora, donde fallecieron otras cuatro personas y se arrasaron sólo en León 135.400 hectáreas, cerca de un 10% de toda la superficie forestal de la provincia. Los sindicatos del operativo forestal han cuestionado de forma reiterada el modelo de extinción impulsado por la Junta, basado en una amplia participación de empresas privadas y en la temporalidad de buena parte de los efectivos.

Otro de los principales focos de controversia ha sido la política cinegética y la gestión del lobo ibérico. Muchas normas promovidas por la Junta fueron anuladas por los tribunales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la normativa autonómica que permitía la caza de lobos incumplía la legislación comunitaria. Las posiciones mantenidas por Suárez-Quiñones en defensa de la caza le han situado frecuentemente en confrontación con organizaciones ecologistas y conservacionistas.

Las decisiones de su departamento también han sufrido importantes reveses judiciales. Entre ellos destaca la anulación definitiva del Plan Integral de Residuos de Castilla y León por parte del Tribunal Supremo, que confirmó la vulneración de los procedimientos de participación pública. Estos pronunciamientos han alimentado las críticas de la oposición respecto a la gestión administrativa desarrollada durante su etapa como consejero.

Sigue siendo “la administración”

Su nombre apareció además vinculado a la denominada trama Enredadera, una investigación policial sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas. Aunque nunca llegó a ser imputado ni procesado, la difusión de conversaciones telefónicas incorporadas a la investigación generó una intensa polémica política y motivó peticiones de dimisión por parte de todos los grupos de la oposición. El consejero rechazó entonces cualquier irregularidad y mantuvo el respaldo del Ejecutivo autonómico, pero el contenido de una conversación telefónica intervenida por la UDEF y posteriormente difundida públicamente provocó una fuerte polémica política por la ya célebre frase “yo soy la Administración” al ofrecer directamente una obra a un conocido empresario leonés, posteriormente condenado por corrupción. Pero la Justicia lo zanjó todo.

A ello se han sumado diversas declaraciones públicas que han provocado controversia. Algunas de sus manifestaciones sobre incendios forestales (como “tenemos la mala costumbre de comer”, para responder a las críticas de estar en un evento en Gijón mientras estallaban los peores siniestros de agosto de 2025), la actividad de los ecologistas o la organización de los dispositivos de prevención fueron objeto de críticas tanto desde la oposición como desde organizaciones profesionales y sindicales.

Pero Suárez-Quiñones es un superviviente político y demuestra saber conservar la confianza de los sucesivos presidentes y gobiernos autonómicos del PP, sobreviviendo a crisis, reveses judiciales y peticiones de cese que no han impedido su continuidad en primerísima línea.

El Bierzo ha iniciado este viernes la temporada de peligro alto de incendios forestales con una reclamación directa a la Junta de Castilla y León. El presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, ha denunciado que las cinco brigadas forestales comprometidas por la administración autonómica para estas fechas todavía no están operativas en la comarca.

Ramón recuerda que hace apenas un mes el consejero de Medio Ambiente en funciones, el leonés Juan Carlos Suárez Quiñones, aseguró que el 12 de junio, fecha de inicio de la campaña de alto riesgo, las cinco brigadas asignadas al Bierzo estarían ya trabajando tanto en labores de prevención como en tareas de extinción en caso de incendio.

Sin embargo, según denuncia el responsable comarcal, ese compromiso no se ha cumplido. “Lo cierto es que eso no se ha cumplido”, lamenta Olegario Ramón, que ha pedido a la Junta que agilice los procedimientos necesarios para que los equipos puedan incorporarse cuanto antes.

El presidente del Consejo Comarcal considera especialmente importante que las brigadas estén ya disponibles tanto para realizar trabajos preventivos en el monte como para intervenir de forma inmediata si se produce algún incendio durante las próximas semanas.

La reclamación coincide con el inicio oficial de una campaña marcada por el recuerdo de los graves incendios registrados el pasado verano en la provincia de León y en otras zonas del noroeste peninsular.

Además, Ramón recuerda que el Bierzo ya ha registrado varios fuegos durante las últimas semanas. Entre ellos cita el incendio declarado recientemente en Vega de Espinareda, que pudo ser controlado sin alcanzar grandes dimensiones. “Afortunadamente no han sido incendios de gran magnitud, pero puede ocurrir en cualquier momento”, advierte.

El presidente comarcal insiste en que la prioridad debe ser reforzar cuanto antes los trabajos de prevención forestal y garantizar que todos los recursos comprometidos estén disponibles antes de que lleguen las condiciones más adversas del verano.

Desde el Consejo Comarcal recuerdan además que la brigada de trabajadores fijos discontinuos dependiente de la propia institución ya se encuentra realizando labores en los montes bercianos. La reclamación se refiere a las cinco brigadas cuya contratación corresponde este año a la Junta de Castilla y León a través de la empresa pública Tragsa.

La petición llega precisamente en una jornada en la que organizaciones sindicales y profesionales del operativo forestal han vuelto a denunciar en distintos puntos de Castilla y León retrasos en la incorporación de personal y carencias en los dispositivos de prevención y extinción de incendios.

Este martes las Cortes de Castilla y León otorgarán su confianza al Alfonso Fernández Mañueco para ser investido presidente de la Junta por tercera vez, tras 2019 y 2022, en la que será la última ocasión. Una norma aprobada a instancias de Ciudadanos en el último gobierno de Juan Vicente Herrera limita la duración de los mandatos presidenciales autonómicos a ocho años, que cumplirá el que viene Mañueco así que salvo modificación de la norma será su último mandato.

PP y Vox otorgarán sus votos al salmantino para conformar su cuarto gobierno, tras los de coalición con Ciudadanos que rompió abruptamente para adelantar elecciones, el de coalición con Vox que duró dos años y el último del PP en solitario que ha durado otros dos. Llega otra coalición con la extrema derecha tras unas largas negociaciones que han reconfigurado la estructura de poder habitual de la Junta de Castilla y León por las peticiones de poder de Vox.

La incógnita en los círculo de poder leoneses es cuál será el peso de la provincia en el nuevo Ejecutivo de coalición. En general la provincia ya ha perdido peso en las Cortes autonómicas al pasar de un presidente y el secretario primero a una vicepresidenta, que recae en la socialista leonesa Nuria Rubio, y de tener solo el portavoz del Grupo Mixto, la leonesista Alicia Gallego.

El debate de un consejero por provincia, una antigua estrategia del PP, se superó por las coaliciones aunque la incógnita del peso específico siempre está sobre la mesa, y más en León por su singular relación con el gobierno autonómico. Carlos Pollán es el primer nombre leonés que garantiza representatividad, aunque a través del partido que sostenía defender el fin de las comunidades autónomas aunque ahora sean su principal puntar de poder. Pollán será el vicepresidente primero del Gobierno de Mañueco con funciones tras la negativa experiencia con Juan García-Gallardo aunque todavía no han desvelado cuál de las tres carteras de Vox ocupará: si Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Agricultura; Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental o Cultura, Turismo y Deporte, por la que más afinidad tienen Pollán por su vinculación con el Ademar.

La otra incógnita es el nombre leonés en el Ejecutivo de Mañueco por parte del Partido Popular. En el partido dan por hecho que Juan Carlos Suárez-Quiñones se mantendrá en el Gobierno autonómico al que llegó en el año 2015 pero todas las apuestas son que no con sus funciones actuales de Medio Ambiente. Primero porque legalmente no puede mantenerse como consejero del mismo ramo durante más de dos mandatos, otra norma emanada de Ciudadanos, aunque un simple cambio de nombre y alguna agregación o salida de funciones permiten que pueda ser casi igual. Segundo porque el pacto con Vox ha desgajado la Política Ambiental de la pura gestión ambiental, lo que ya convierte la actual consejería en inviable.

El presidente Mañueco no quiso hablar de nombres en la firma del pacto de PP y Vox al ser preguntado específicamente sobre la continuidad de Quiñones en el gobierno y en materia medioambiental, tras ser el miembro más criticado por la gestión de los incendios forestales del pasado verano. Pese a ello Mañueco le mantuvo su plena confianza y no movió un solo nombre de la consejería, de Quiñones para abajo, pese a las críticas. Y electoralmente le salió bien, incluso ganando votos en las zonas quemadas.

Desde Presidencia a la nueva consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que Mañueco se olvidó de mencionar en la firma del pacto, el habitual baile de nombres asociados a consejerías ha comenzado. Suárez-Quiñones sigue siendo presidente interino del PP de León, una situación provisional que se alarga ya un año y que el partido deberá solventar al igual que el congreso autonómico donde puede haber pistas sobre el futuro sin Mañueco.

Suárez-Quiñones tiene, además, a su favor para seguir que ha quedado exonerado de todas las cuestiones que sobrevolaban alrededor de su gestión por posible falta de ética, que ni la Justicia ni la Comisión de Ética autonómica han considerado de relevancia, archivando los asuntos que se le reprochaban.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que el consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presentó este miércoles en León una campaña de incendios “que no se corresponde con la realidad que viven los profesionales del operativo forestal de Castilla y León”. Sus declaraciones, a juicio del sindicato, “constituyen un nuevo ejercicio de propaganda institucional, destinado a ocultar las carencias que arrastra el sistema de prevención y extinción de incendios desde hace años”.

Así, CSIF considera “inadmisible” que la Junta siga intentando trasladar a la opinión pública un mensaje de normalidad, cuando “los problemas denunciados reiteradamente por los representantes de los trabajadores siguen sin resolverse”. En opinión del sindicato independiente, Castilla y León continúa afrontando cada campaña de alto riesgo con importantes déficits de personal y sin el refuerzo estructural que exige la magnitud de su masa forestal.

“Lo cierto es que no se ha hecho prevención en los montes a pesar de incrementar, según dicen, la inversión en 10 millones de euros. Tampoco se ha incrementado en ni una sola persona el dispositivo, y los trabajadores continúan enfrentándose a condiciones precarias y plantillas insuficientes”, señala CSIF.

El sindicato considera que un reflejo de esta situación es la provincia de León, que junto con Zamora son los territorios que más sufrieron la voracidad de los incendios en la Comunidad el pasado verano, “y donde a día de hoy, y a pesar de las altas temperaturas, no hay un solo bulldozer; solo 2 de los 4 helicópteros se encuentran operativos y más del 60% de las cuadrillas de tierra no están disponibles para acudir a incendios”.

En este sentido, CSIF denuncia falta de medios en el operativo porque “los puestos han estado sin cubrir durante el invierno en un alto porcentaje, iniciando el llamamiento para su cobertura hace menos de un mes, faltando a fecha de hoy y estando inoperativos el 30% de los camiones de incendios y el 40% de los puestos de vigilancia”.

CSIF sostiene que los grandes incendios sufridos en 2025 pusieron de manifiesto las debilidades del modelo actual. Sin embargo, “lejos de acometer una reforma profunda del operativo, la Consejería sigue instalándose en la autocomplacencia y en la presentación de cifras que no reflejan lo que se encuentran diariamente los profesionales sobre el terreno”. “La Junta”, abunda, “sigue sin desarrollar las leyes básicas de bomberos forestales y agentes medioambientales. Está repitiendo los mismos errores”.

Y es que el sindicato subraya que, actualmente, unos 3.000 trabajadores del operativo antincendios siguen sin tener reconocida la categoría de bombero forestal hasta incluso negársela a “los propios directores técnicos de extinción, conductores, celadores de Medio Ambiente y a todos y cada uno de los trabajadores de la parte privada del operativo”.

La Junta publicó este miércoles la orden de guardias de 2025, con más de un año de retraso, mientras todavía no lo ha hecho con la correspondiente a 2026, lo que el sindicato asegura que se traducirá en demoras en las retribuciones “además de acarrear problemas al presentar la declaración de la renta”.

“Los ciudadanos de Castilla y León merecen transparencia y no campañas publicitarias”, recalca CSIF, que exige a la Junta de Castilla y León que “abandone el triunfalismo, reconozca las deficiencias existentes y adopte de forma urgente medidas reales para reforzar el operativo forestal”. La organización sindical no entiende que, ante el anuncio de que habrá nuevo Gobierno de Castilla y León en breves fechas, todavía presente la campaña Suárez-Quiñones, “el consejero negligente y culpable de todo lo que pasó el año pasado, y que no ha hecho ni una sola actuación para solucionar estos problemas”.

Convertir todo el operativo de extinción en un operativo cien por cien público era una de las grandes promesas, de las más relevantes lecciones aprendidas, tras el año histórico de incendios graves sufrido en 2025 en Castilla y León, según se ha cuantificado hoy de manera oficial por primera vez con 171.900 hectáreas arrasadas en total.

Pero se trata de un proceso todavía lento, de manera que cuando comience la campaña de incendios el viernes 12 de junio todavía mantendrá casi una quinta parte de trabajadores vinculados a empresas privadas y subcontratadas por la Consejería de Medio Ambiente: uno de cada cinco aún formarán parte de un operativo privado. No será, de hecho, hasta el horizonte máximo de 2028 cuando expirará el último de los contratos en vigor y el último empleado será transferido a la empresa pública Tragsa.

Así lo ha aclarado hoy pública el consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, admitiendo que de los 5.001 profesionales del operativo que habrá este año -con un considerable aumento respecto a los 4.720 del pasado año-, en torno a 900 quedan aún fuera del paraguas público. Y además, una buena parte de ellos, 190, jamás podrán subrogarse públicamente por ser figuras laborales como pilotos de helicóptero o conductores de bulldozer, entre otros. No se refirió al hecho, desvelado por ILEÓN, de que sí se han producido contratos nuevos, por un valor conjunto de casi 7 millones, que se siguen contratando a empresas privadas.

A pesar de todo, Suárez-Quiñones sacó pecho de una situación que para este nuevo año tildó de “mejora en eficacia y capacidad de respuesta” frente a los nuevos “incendios de sexta generación, catastróficos”, resaltando por ejemplo que se invertirá un total de 160 millones de euros en el operativo de lucha contra incendios, 60 millones más que el año pasado, y partiendo de una cifra de 60 millones que se consignaban en el no menos terrible año 2022.

En el recuento de esa escalada de medios, el todavía consejero detalló que habrá una suma total de 35 aéreos (diez de ellos estatales), 220 cuadrillas terrestres (111 de ellas helitransportadas), 365 autobombas y vehículos pick-up, 40 retenes de maquinaria, 15 vehículos PMA y 15 drones a mayores. Y frente a las críticas del pasado año y el actual por el cierre de las tradicionales torres de vigilancia humana, cifró en 322 los puestos disponibles para esta campaña por toda la Comunidad, al sumarse 62 nuevos (se estrenan en Segovia y Palencia, cubriendo así siete provincias), y cifrarse más de la mitad en cámaras de vigilancia y no en personas: 164.

La campaña cubrirá inicialmente 12 de junio al 12 de octubre, cuatro meses, pero Suárez-Quiñones insistió en que el operativo está en marcha todo el año: “Ahora es más anual que nunca”. Y es que, para ejemplificar que hay trabajo todo el año, cifró en 633 los incendios que ya se han producido desde inicio de año hasta principios de junio, más que la media de 516 en el último decenio. De ellos, aseguró que hubo 526 conatos -menos de una hectárea de superficie- (un 83%), lo que interpretó como un un “récord” por rápida intervención que hizo que no fueran a mayores.

Colaboración ciudadana y entre administraciones

Por otro lado, en la presentación oficial de hoy en la sede del Centro del Fuego de León, el consejero de Medio Ambiente quiso destacar que “el operativo está preparado pero precisa de colaboración tanto de los ciudadanos como de otras administraciones”, al tiempo que agradeció la lucha “incansable” de los profesionales durante la campaña del año pasado, la peor que todos, él incluido, han vivido.

Suárez-Quiñones ha insistido en que los incendios intencionales suelen ser los más peligrosos, los que más ponen en riesgo a la población y a los medios de extinción, por lo que pide extremar las precauciones especialmente en temporada alta. Y mencionó los planes aprobados por ayuntamientos y contrataciones delegadas por la Junta en las diputaciones para proteger, sobre todo, a los pueblos más vulnerables de las llamas, a pesar de que en provincias como León el ritmo hará que no estén completos los anillos de protección ni disponibles todos los medios en la mayor parte de este verano.

Han tenido que pasar diez meses desde que se desatara el infierno en los montes de la provincia de León, con la oleada histórica de incendios forestales en agosto del año 2025, para que la Junta de Castilla y León por fin desvele su cómputo oficial de superficie que resultó arrasada. Una cifra que por primera vez ha sido dada a conocer por el consejero de Medio Ambiente en funciones, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, precisamente durante la presentación de la campaña de 2026, a escasos días del inicio del verano, y que llama la atención por ser muy inferior a la única que se había desvelado hasta ahora.

Según los cálculos finales de Medio Ambiente, la superficie que resultó quemada en el peor año que se recuerda jamás se elevó finalmente a 112.471,32 hectáreas, incluyendo no sólo los 14 denominados “grandes incendios” concentrados en el verano anterior, los más demoledores, sino en la totalidad de siniestros del año pasado. El número total de incendios fue de 125.

Esta superficie queda incluso todavía más reducida si se tiene en cuenta que la Consejería resalta sobre todo la superficie forestal, reduciéndola a 104.567 hectáreas, porque estima en casi 8.000 más (7904 hectáreas) la superficie que denomina “no forestal”, sobre todo agrícola.

Desgranando los datos enviados al Ministerio

El desglose por tipos de vegetación y con datos finales de las nueve provincias de la Comunidad han sido por fin colgadas en la web oficial de Medio Ambiente, pinchando aquí, y buscando en el apartado de “Datos históricos provisionales”. Allí se especifica además que se trata de la superficie definitiva que la Junta ha trasladado, como es obligatorio, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), aunque advierte que las cifras “aún tienen carácter provisional porque se encuentra en proceso de corrección de errores y validación definitiva” estatal.

Las cuantas totales en Castilla y León en 2025 resaltan una superficie afectada por incendios de muy cerca de 172.000 hectáreas en total, lo que supondría que un 65% de ellas habrían sido en León, o lo que es lo mismo, un tercio de la supeficie total. Le seguiría Zamora con 31.762 hectáreas y en Salamanca 11.845.

La cifra de 112.471,32 hectáreas, definitiva para la Junta en la provincia leonesa, no se había facilitado públicamente nunca hasta ahora, diez meses después, ni siquiera en las comparecencias forzadas por la oposición en las Cortes de Castilla y León, la última de Suárez-Quiñones todavía en enero de este año. Sin embargo, si hay dos cuantías previas con las que compararlas, y en ella se produce un recorte sustancial.

Hay que remontarse a mediados de febrero, cuando la Consejería de Medio Ambiente sacó de tapadillo una permisividad excepcional para autorizar la caza y también los aprovechamientos ganaderos en las zonas que habían resultado arrasadas en los grandes siniestros forestales de 2025. Actividades que la Junta permitiría desde el mes de abril, sólo siete meses después de apagarse las últimas llamas, cuando su propia Ley de Montes obliga a cinco años 'de barbecho', y por lo tanto sin caza ni aprovechamiento por parte del ganado.

Cuantías que no cuadran

En esa criticada decisión, que la Junta justificó en arreglo a unos informes técnicos que argumentarían que las especies animales y vegetales no sufrirían con esta extraordinaria medida, pero que ha mantenido ocultos por todas las vías posibles hasta hoy, se producía en el Boletín Oficial un argumento que desvelaba por primera vez la cifra quemada en León. Y no se parecía en nada a la de ahora: 135.481 hectáreas. Es decir, un 10% más de antes de aplicar ahora un tijeretazo.

Esa casi 135.500 hectáreas de febrero se correspondía además sólo a la suma de los 14 grades incendios (Fasgar, Orallo, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres, Paradiña, Molezuelas de la Carballeda (una parte inicial en Zamora), Barniedo de la Reina, La Uña, Canalejas, Porto-La Baña (también parte en Sanabria), Gestoso, Igüeña y Garaño. En dos de ellos (Molezuelas y Porto), aunque el Boletín no lo especificaba, se había computado superficie quemada en las provincias de Zamora. El problema es que no se sabía cuánta.

Por otro lado, citando fuentes 'oficiosas' pero procedentes de la Consejería de Medio Ambiente, la Agencia ICAL había desvelado antes de final del año pasado una cifra de afección de los incendios forestales aún más baja que ahora, dejándolo sólo en 87.068 hectáreas el terreno leonés calcinado. Esa noticia y ese número, increíblemente bajo, fueron replicados por numerosos medios de comunicación. Un baile que solo ahora parece aclararse, diez meses después, y que ya sólo queda pendiente de que el Ministerio considere definitivamente acertado o que trate de enmendar.

Una nueva polémica, de un calado muy diferente a los habituales, como por ejemplo los de carácter medioambiental, se cierne sobre las obras preparatorias del proyecto de la llamada Red de Calor que ejecuta desde hace meses la Junta de Castilla y León junto al cementerio de León. Se trata de la zona elegida por la empresa pública Somacyl para comenzar a desarrollar la macroplanta de incineración de combustible vegetal, que se completará con otra de nitrógeno y una planta de placas solares en el barrio de Puente Castro, al sur de la capital leonesa.

Desde finales del año pasado, y por un valor de 7,6 millones de euros, en una gran superficie de 23,8 hectáreas llevan trabajando las máquinas de la unión temporal de empresas (UTE) que se alzó con ese contrato inicial y preparatorio, una UTE denominada 'Red de Calor León' que conforman las empresas Obras Hergon, Compsa e Inmeva Infraestructuras.

En espera de los dos millonarios proyectos que acaban de licitar a mayores la empresa pública Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente para construir la obra civil completa que levante todo el complejo energético previsto, que suman otros 62 millones de euros a mayores, estas compañías llevan meses realizando movimientos de tierras, desmontes, varios kilómetros de caminos, zonas de acopio de material, e incluso dotando ya a la zona de servicios de canalización subterránea iniciales.

El Soto de Santa Olaja, que es como se denomina el emplazamiento para el complejo energético de la Red de Calor, forma un gran triángulo delimitado por uno de sus lados por el cementerio municipal de la capital leonesa, con el que lindará en concreto la central de biomasa, así como por los ríos Bernesga y Torío y la Ronda Sur de León LE-30.

ILEÓN ha podido comprobar a través de varias imágenes que en una de las zonas de movimientos de tierras han aparecido varios restos de material funerario. En un montículo con abundante material se aprecia por ejemplo una pesada cruz de piedra que se encuentra completa. Pero no es el único resto que parece proceder del camposanto municipal de la ciudad: En la zona se aprecian restos de lápidas, algunas muy fracturadas pero otras más completas y reconocibles. También asoman piedras labradas de sepulturas e incluso de panteones. Todo ello forma un conjunto elevado en una zona de desnivel pronunciado.

Por el emplazamiento donde se encuentra esta zona, el lugar coincide sin lugar a dudas con una zona de trabajo de las empresas contratadas por la Junta a través Somacyl, está dentro de la zona de obra acotada. Pero lo que no se puede apreciar sobre el terreno es si la acumulación de todo este material tanatorio era algo presente en ese punto de manera previa a la contratación e inicio de los trabajos a la UTE Red de Calor León o si ha sido fruto de las labores de las compañías contratadas por Somacyl.

Los ecos del talado masivo de árboles

Este nuevo escándalo se suma al que ha adquirido gran repercusión la semana pasada al desvelarse el talado masivo de árboles en el entorno del cauce del río Torío. Se trata de la zona elegida por la Junta de Castilla y León para construir una pasarela sobre el río por la que discurrirán los grandes tubos de transporte de calor desde la macroplanta de incineración de biomasa forestal de la Red de Calor hacia el subsuelo de los barios de la ciudad a los que llegará toda la canalización subterránea prevista, de casi 30 kilómetros sólo en la primera fase.

Ese gran desbroce y tala de ejemplares valiosos se extiende prácticamente en 1.000 metros cuadrados, según recoge la documentación oficial del proyecto y en concreto la evaluación de impacto ambiental, un informe finalmente favorable que la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta se otorgó a sí misma hace un año, ya que quien lo ejecuta, Somacyl, también pertenece a la consejería que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Vallado y corte de la senda peatonal

Apenas dos días después de saltar el escándalo, que ha producido ya numerosas voces críticas que se han sumado a las habituales de los vecinos de las asociaciones de los barrios más próximos a la Red de Calor, Puente Castro y La Lastra, la empresa ya ha comenzado a preparar el inminente vallado de la zona. Un amplio vallado (montaje en la foto superior) que impedirá pronto el paso de cualquier persona ajena a la obra por las inmediaciones de este futuro punto de paso de río Torío, donde se construirá la pasarela de 82 metros de largo y 5,90 de ancho, y que obligará a dar un amplio rodeo a los miles de paseantes y ciclistas que utilizan la senda peatonal de La Lastra, entre La Candamia y la plaza de toros de la ciudad.

La Junta de Castilla y León, arropada por el Ayuntamiento de León, insisten en las bondades ambientales que supondrá la polémica construcción en el sur de la capital de la llamada Red de Calor, es decir, macroplantas de incineración de biomasa, hidrógeno verde y un 'mar' de placas solares junto al cementerio leonés. Hace apenas una semana que la empresa pública de la Consejería de Medio Ambiente, Somacyl, licitó en dos contratos por un valor total de 62 millones de euros de la primera fase de construcción, que incluye la planta de combustión vegetal y casi 30 kilómetros de tuberías bajo un gran número de calles de la ciudad para 'enganchar' la energía calorífica que se generará. También es reciente la concesión de la licencia final por parte del Consistorio.

Sin embargo, hay un contrato poco conocido de hace sólo medio año que ha permitido ir adelantando a buen ritmo todos los trabajos preparatorios en la zona, toda la urbanización del emplazamiento elegido. Son labores que suponen el desbroce y movimiento de tierras, así como talas, de un total de 23,8 hectáreas en el gran triángulo que albergará todo el complejo energético, situado entre el cementerio de León y los ríos Bernesga y Torío. Ese contrato Somacyl lo adjudicó en noviembre, por 7,6 millones (7.650.108,83 euros) y recayó en una unión temporal de empresas formada por tres compañías: Obras Hergon, Compsa e Inmeva Infraestructuras. El nombre de la UTE no esconde el proyecto para el que trabajan: Se llama 'Red de Calor León'.

El avance de la urbanización en la zona es tal que ha saltado el primer gran escándalo, visible ya en ambas márgenes del río Torío: la tala masiva de árboles. Se trata del lugar exacto donde se ha diseñado una pasarela para salvar el obstáculo de ese cauce fluvial. El nuevo 'puente', publicado ya hace años por ILEÓN, será una estructura metálica de casi 82 metros de larga con un ancho de 5,90 y se aprovechará dos de esos metros para que también sea de paso peatonal.

La pasarela arrancará exactamente tras las gradas del campo de fútbol del área deportiva de Puente Castro y se dirigirá en el otro lado de la ribera hacia el Paseo del Parque, en La Lastra, por donde ya discurrirán las grandes tuberías subterráneas justo entre el Coto Escolar y el centro de Autismo León.

Hace días que las empresas vienen realizando esa tala, señalando los ejemplares a desaparecer y amontonando los troncos ya cortados. Se aprecia un gran corte de la línea de bosque de ribera en ese tramo final del Torío, y es que la extensión de la tala es enorme. La cifra de la superficie afectada es oficial y aparece en el informe favorable de impacto ambiental que Medio Ambiente se concedió ' a sí mismo' -porque también promueve el proyecto, hace exactamente un año, en junio de 2025.

Interés comunitario: sauces, álamos y olmos

Según el informe, se están talando en total sólo en este punto casi 1.000 metros cuadrados de arbolado (984 concretamente). Entre los ejemplares, la mayoría son además de tres especies muy sensibles, como son los llamados Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 92A0, es decir, catalogados como valiosos bosques de galería. Se trata de ejemplares de Salix alba (sauce blanco), Populus alba (álamo blanco) y en menor medida Ulmus minor (olmo común).

El informe favorable resalta que este punto en el que se corta toda la vegetación para construir la pasarela no está dentro de una Zona de Especial Conservación (ZEC), aunque sí vincula de 'Riberas del río Esla y afluentes'. También se tilda de “permanente” el impacto de las talas pero finalmente la Junta lo cataloga como una especie de mal menor: “Irreversible pero recuperable”. Esa recuperación a la que Medio Ambiente se aferra se refiere a una futura medida de compensación que refleja que en este mismo punto se reforestará con el doble de superficie cuando la obra acabe: 2.000 metros cuadrados de vegetación de ribera.

También remarca que ya se sabía que esta actuación sería la mayor afección, aunque no la única en la amplia zona de trabajo: en total, el proyecto contempla el desbroce de las 23,8 hectáreas de terreno, de las cuales 31.050 metros cuadrados corresponden a arbolado y otros 191.480 afectan a zonas de herbazal-matorral con arbolado disperso.

Voces críticas vecinales

Todo esto son datos y son oficiales. Pero el escándalo es simplemente visual, basta con pasear por la zona y observar el paisaje ya talado. Por eso, ya se han elevado las primeras voces poniendo el grito en el cielo. La Asociación Vecinal Barrio de La Lastra, que junto con la de Puente Castro encabezan las protestas contra el macroproyecto autonómico, cargan también contra el papel de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), a la que acusan de aplicar un “doble rasero” en función de quién promueva las actuaciones en el entorno fluvial.

Denuncian que mientras el organismo “machaca” a pueblos y agricultores por intervenciones o usos del agua, en este caso “mira para otro lado” ante una infraestructura vinculada, sostienen, a intereses “poderosos”, en referencia al “señor Quiñones -consejero de Medio Ambiente y máximo responsable de Somacyl- y su amigo, nuestro alcalde, José Antonio Diez”. Y cuestionan especialmente que se permita la implantación de lo que consideran una “industria contaminante” junto a los ríos Bernesga y Torío, la extracción de “millones de litros de agua”, el vertido de residuos al cauce y la tala de árboles de ribera. Por todo ello, ambos barrios han convocado una nueva manifestación el próximo 10 de junio que volverá a confluir en el centro de la ciudad, ante el Ayuntamiento, para volver a protestar por el avance de esta infraestructura.

ILEÓN ha solicitado a la Confederación información oficial sobre la solicitud de permisos, sus condiciones y los solicitantes para esta amplia actuación fluvial, no sólo de talas sino incluso de taponado del cauce del río para el paso de maquinaria pesada, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

Tras casi medio año, la Junta de Castilla y León ha tenido que admitir que no podrá cumplir su compromiso de que este verano de 2026 la provincia de León, la que más rescates de emergencia en montaña suma de toda la Comunidad, pudiera contar por fin con su propio helicóptero y sus propios rescatadores.

Así se asume hoy tras conocerse que el Gobierno autonómico acaba de aprobar un segundo intento de licitar este proyecto, cifrado en 2,5 millones, después de que el anterior intento en iguales condiciones que se puso en marcha a principios de este año haya resultado desierto, sin empresas interesadas en el contrato.

Los términos apenas cambian. La cuantía sigue siendo la misma, 2.497.278 euros, y la aeronave igualmente operará desde la base leonesa de Sahechores de Rueda, pudiendo intervenir desde allí en cualquier punto de Castilla y León, así como de manera puntual en comunidades autónomas limítrofes cuando sea requerido.

Las bases repiten también las condiciones de que el helicóptero contará con motor biturbina, tren de aterrizaje tipo esquí, capacidad para ocho plazas además del piloto, grúa de rescate, dos camillas y sistemas de comunicación específicos para emergencias. El equipo de rescate, que se incluye en la licitación, estará integrado por piloto, operador de grúa, médico, enfermero-rescatador y segundo rescatador, con presencia física permanente en la base y capacidad de activación todos los días del año.

El contrato será por un año de duración y, de haber tenido éxito el primer intento, debería haber tenido todo el nuevo operativo disponible y a pleno rendimiento desde este mismo mes de mayo de 2026 hasta abril de 2027. Pero por los plazos, ya es evidente que este verano no será todavía posible disponer de este aumento de la protección ante rescates de montaña o emergencias sanitarias extraordinarias.

De este modo,  la Consejería de Medio Ambiente que preside el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones ha intentado, de momento sin éxito, sumar un nuevo helicóptero y equipo a la única aeronave de rescate de que se dispone hasta ahora en toda la Comunidad, con base en Alcazarén (Valladolid), en un contexto en el que las intervenciones se han multiplicado por cinco en los últimos años, siendo las más numerosas (casi el 60%) rescates de montaña, con León a la cabeza junto a Ávila, según argumentaba hace meses la propia Junta.

De las 40 intervenciones registradas en 2018 se pasó a 188 en 2024, y a 145 en 2025. Casi el 60% de los rescates se realizan en montaña y, en la mayoría de los casos, los afectados presentan lesiones traumáticas. Más de la mitad de las intervenciones requieren además atención sanitaria inmediata, lo que llevó a la Junta a reforzar la medicalización de los rescates, incorporando un médico a bordo del nuevo helicóptero.

Los más viejos del lugar -y son muchos- lo recuerdan: Fue hace tres décadas cuando comenzaron a sonar las voces reivindicativas pidiendo que entre Mansilla de las Mulas y Gradefes hubiera algún otro puente de paso de tráfico sobre el río Esla, interconectar las carreteras N-621 y LE-213, para no dejar a decenas de pueblos leoneses abocados diariamente un rodeo insufrible en sus comunicaciones.

Esta semana, de golpe, y sorprendentemente muy en silencio, ha llegado el impulso definitivo a este nuevo y vital puente que, según el trazado elegido al final por la Junta de Castilla y León, conectará de manera directa los pueblos de la Aldea del Puente y San Miguel de Escalada. El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) desvelaba este miércoles que la Junta se otorgaba a sí misma la evaluación de impacto ambiental favorable. Lo que el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco no ha contado es que, además, la obra por fin se ha licitado.

Fue este martes 19 por parte de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y el arranque del futuro contrato de ejecución del paso sobre el río Esla fija por fin lo que puede ser su coste real: prácticamente 7 millones de euros. Se trata de una cifra que es casi la mitad de la primera cuantificación aireada por la Junta, al menos de 4 millones. Claro que el retraso acumulado es abrumador.

El proyecto original ya se mencionaba en un documento de compromiso inversor que resultó tener un abrumador grado de incumplimiento: el llamado Plan Regional de Carreteras de Castilla y León 2008-2020. Fue impulsado por el entonces consejero de Fomento, el leonés Antonio Silván. Bajo su largo mandato nada avanzó sobre el puente, para desesperación de los municipios afectados, Villasabariego, Valdepolo y Gradefes. Tuvo que llegar el relevo en la Consejería de Fomento, con el también leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, para que a bombo y platillo anunciara el desbloqueo de esta infraestructura en 2016 -hace una década-, que costaría en torno a 5 millones de euros, al 50% pagado entre la Junta y la Diputación. Esta fue la nota oficial.

Siguiendo la pista de los retrasos, en 2018 la Consejería realizó un informe previo con la cuantía de inversión de 4,5 millones y en 2019 se aprobó el estudio informativo, planteando tres posibles alternativas de paso. El proyecto definitivo de marzo de 2023 ya sufría el sobrecoste del paso del tiempo, cuantificándose en casi 6 millones de euros (9.501.183 euros exactamente). Y no ha sido hasta octubre de 2025 que se ha realizado el informe previo a la licitación de las obras ahora impulsada. Una licitación que finalmente sale por un precio de 6.946.850,10 euros.

Entre medias, no sólo los sucesivos alcaldes de la comarca leonesa criticaban el ritmo del nuevo puente. El procurador de Unión del Pueblo Leonés (UPL) y hoy alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos, atacaba con dureza a la Junta por sus incumplimientos en 2020. Y volvía contra el Gobierno autonómico las propias cifras de Quiñones cuando lo presentó en 2016, diciendo entonces que ese puente beneficiaría a unos 2.500 vecinos vecinos de 20 pueblos y acortaría en media hora el trayecto a León, con “un ahorro de 40.400 horas de desplazamiento al año”. Santos hizo la cuenta de 20 años de retraso: el 'castigo' a los vecinos había sido de 808.000 horas o, lo que es lo mismo, 93 años.

Los detalles de una obra relevante

Los detalles técnicos de una obra que será relevante vienen detallados en la evaluación de impacto ambiental. La alternativa 2 seleccionada contempla una carretera de nueva construcción de algo más de dos kilómetros (2.151 metros de longitud) y plantea la ejecución de un viaducto de 330 metros sobre el cauce del Esla, entre los puntos kilométricos 0,635 y 0,965.

Para salvar toda la posible zona de inundación, el puente tendrá formado por 10 pilares y 11 vanos, en una carretera de calzada única con dos carriles de 3,5 metros y arcenes de un metro. Su trazado partirá de la carretera N-625 (Mansilla-Cistierna) la altura de La Aldea del Puente, y enlazará con la carretera provincial LE-5625 en un punto intermedio entre los pueblos de Vega de los Árboles y San Miguel de la Escalada. Allí, además, permitirá dar continuidad a la carretera LE-5632, que conecta con Sahelices del Payuelo desde la N-625.

El principal objetivo del proyecto es reducir drásticamente los tiempos y distancias de comunicación entre los pueblos de ambas márgenes del río, como San Miguel de Escalada, Quintana de Rueda o La Aldea del Puente, pasando de recorridos actuales de unos 30 kilómetros a trayectos inferiores a cinco.

Como impactos, destacan que la carretera atravesará el río Esla y varias zonas de cultivo, además de coincidir parcialmente con el Monte de Utilidad Pública número 953, denominado ‘Riberas del Río Esla’, en el municipio de Gradefes. También afectará a varias infraestructuras rurales, con incidencia sobre 36 parcelas, seis caminos y ocho obras de riego.

En cuanto a las afecciones territoriales, el proyecto prevé un cruce con la vía pecuaria conocida como Colada de Villomar y discurre junto a la Colada el Priorato. Y muy importante: le separará algo más de un kilómetro de los valiosos restos del Monasterio de San Miguel de Escalada del siglo X, una construcción mozárabe única, protegida como Bien de Interés Cultural (BIC).

Ajena a protestas vecinales, al margen de denuncias ambientales y a recursos judiciales en marcha, la Junta de Castilla y León ha dado el paso definitivo para la ejecución del complejo de plantas energéticas de incineración y solares en el sur de la ciudad de León, bajo el nombre de Red de Calor.

Lo ha hecho sacando a licitación pública los dos primeros y más cuantiosos contratos, por un valor inicial conjunto de casi 62 millones de euros, y con plazos de ejecución de dos años, 24 meses, cada uno de ellos, a contar desde que se hayan elegido las empresas que se contratarán por parte de la llamada 'Junta B', la sociedad pública Somacyl que depende de la Consejería de Medio Ambiente. La ingente cantidad de dinero de lo que será de largo la mayor inversión de la Junta en la ciudad y la provincia provendrá en gran medida de fondos europeos destinados al plan de Transición Justa, es decir, fondos mineros en principio para la compensación por el cierre de la minería del carbón en la provincia.

El primero de los contratos, el mayor, será el del corazón mismo del proyecto, la macroplanta de incineración de biomasa de origen vegetal, un complejo de dos inmensas calderas que tendrán capacidad para convertir en energía calorífica hasta 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. La Consejería destaca su beneficio con una cifra: que permitirá evitar la emisión de más de 35.000 toneladas de CO₂ al año.

Su coste de salida dado hoy a conocer es de 41.722.860 euros. Se ha elegido la parcela cedida por el Ayuntamiento de León, no sin polémica aún, y en total ocupará un complejo de 24 hectáreas junto al río Bernesga, lindando con el cementerio de León y la Ronda Sur LE-30, en el barrio de Puente Castro. En esta primera fase, explica hoy la Junta en un comunicado, se instalarán dos calderas de biomasa de última generación de 22.000 kW de potencia térmica cada una, es decir, sumando una potencia total de 44 Mw, si bien se ha diseñado una segunda fase posterior que duplicará esto hasta alcanzar los 88 Mw.

“La central utilizará como combustible astilla forestal de origen sostenible, procedente del aprovechamiento de recursos forestales, favoreciendo así la actividad económica y el empleo en el medio rural, al tiempo que contribuye a la prevención de incendios forestales mediante la gestión de la biomasa”, remarcan en una suerte de beneficio circular. Un beneficio que culminan con cifras como que ese corazón de calor suministrará calefacción y agua caliente a más de 28.000 viviendas de la ciudad y 150 edificios públicos y privados de la ciudad, y que si las comunidades previstas se 'enganchan', insiste Medio Ambiente, supondrá el fin de más de 1.200 calderas y chimeneas que hoy son de gas o gasóleo.

Los tuberías por los barrios, las calles concretas

Ahí entra el segundo contrato millonario: la primera fase de la red de tuberías subterráneas que han de llevar ese calor por buena parte de la ciudad, casi hasta las puertas del centro mismo pero de momento sin entrar en él. Ese segundo contrato suma otros 20.204.119 euros de licitación, igualmente dos años de obras para prácticamente 28 kilómetros de canalizaciones enterradas de ida y de retorno del calor. La red anunciada en su día sumaba unos 65 kilómetros en total, pero serán fruto de fases posteriores de extensión por la capital. De momento se centrarán sólo en barrios como La Chantría, Las Labiadas, Santa Ana, Polígono 10, El Ejido, La Granja y La Lastra que junto al propio Puente Castro son los que abanderan la protesta social creciente contra este proyecto.

En detalle, tras sortear el río Torío con la construcción de una nueva pasarela que lleve las condiciones, la red provincial de tuberías irá por zonas como el Paseo del Parque, la calle Los Aluches, la plaza de la Unión Europea y la avenida José Aguado, continuando posteriormente por Octavio Álvarez Carballo (El Corte Inglés), Santa Ana, Pendón de Baeza o la Avenida Real.

Desde la central de generación partirá el ramal estructural principal de la red, configurado como una conducción bitubular de transporte de energía térmica de diámetro nominal DN800. Este eje principal comenzará en el barrio de La Lastra y recorrerá distintos puntos de la ciudad a través

A partir de este ramal principal se desplegarán diferentes ramales secundarios y de distribución que permitirán extender el servicio a los barrios de La Lastra, La Chantría, Las Labiadas, Santa Ana y Polígono 10, alcanzando en esta primera fase también los sectores de El Ejido y La Granja. El desarrollo posterior de la red permitirá llegar en futuras ampliaciones al Hospital de León.

Mucho retraso y posición en contra

Todo este impulso llega ya con muchísimo retraso y además con una amplia contestación, que ha crecido en las últimas fechas. Respecto a lo primero, hay que recordar que esta Red de Calor fue anunciada tras el verano de 2022 por el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y el alcalde de León, José Antonio Diez, firme defensor del proyecto, comprometiendo su funcionamiento para 2025. es decir, hace un año ya. En el mejor escenario actual posible sólo podrá comenzar a cumplirse con al menos tres años de retraso.

Respecto a las posiciones en contra, continúan creciendo las convocatorias vecinales de protesta, muy especialmente de los barrios de La Lastra y Puente Castro, que insisten en la posible contaminación atmosférica del sistema, ruidos o tránsitos brutales de camiones, entre otros muchos problemas. Idénticos a los que esgrimieron vecinos de varios intentos en el norte de la ciudad hace años, como Eras de Renueva, Cantamilanos o Navatejera, cuyas protestas por proyectos mucho más pequeños que el actual consiguieron tumbar sendas plantas de incineración.

Además, está la ofensiva de Ecologistas en Acción, con varios frentes judiciales abiertos, desde la autoconcesión de Proyecto Regional de la propia Junta a las dudas de legalidad de la cesión de los terrenos protegidos sobre los que irá el complejo que, recuerda, también incluirá una planta de nitrógeno verde y multitud de hectáreas de una planta de placas solares. También han denunciado ante el Seprona actuales trabajos preparatorios en el Soto de Santa Olaja.

Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Seprona de la Guardia Civil de León la ejecución de obras vinculadas al proyecto de la macroplanta de incineración de biomasa y el resto de la llamada la Red de Calor de León al considerar que se están realizando “sin licitación ni adjudicación” previa.

La organización ecologista ha solicitado además al alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, que dicte un decreto de paralización cautelar de los trabajos que está ejecutando la denominada “UTE Red de Calor” en la zona del barrio Puente Castro, junto al cementerio municipal, emplazamiento anunciado para esta macroinstalación energética.

La denuncia se dirige contra los responsables de la UTE, por unas actuaciones consistentes en movimientos de tierras en terrenos situados entre el cementerio de León y el río Bernesga, en el Soto de Santa Olaja, así como desbroces en el cauce y la zona de policía del río Torío. 'Ecologistas' sostiene que, aunque la Junta de Gobierno Local concedió licencia de obras el pasado 8 de mayo, el proyecto “aún no ha sido licitado ni obviamente adjudicado legalmente a las empresas que forman la denominada UTE Red de Calor”. Algo que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, máximo responsable político de Somacyl, anunció que podría producirse este lunes 18 de mayo. Para la organización, estas declaraciones evidencian que los trabajos actualmente en marcha carecerían todavía de cobertura administrativa suficiente porque, ni habiéndose siquiera licitado el contrato, según los carteles, la UTE ya está formada por las empresas Comsa, Inmeva y Hergonza.

Los trabajos denunciados afectan a terrenos protegidos urbanísticamente por el Plan General de Ordenación Urbana de León, clasificados originalmente como suelo rústico con protección natural y especial. Ecologistas en Acción señala que dichos terrenos pasaron a ser urbanos consolidados tras la aprobación como Proyecto Regional del complejo industrial de la Red de Calor, una decisión publicada en el Bocyl el 18 de julio de 2025 y recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León mediante un recurso contencioso-administrativo aún pendiente de resolución.

La organización también cuestiona la existencia de autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para los desbroces realizados en la ribera del Torio y los trabajos en las zonas de policía de los ríos Torio y Bernesga. Asimismo, asegura no tener constancia de que el organismo de cuenca haya autorizado el vallado instalado en el entorno, que limita el tránsito de peatones y vehículos por un camino frecuentado por vecinos de La Lastra y Puente Castro.

En su denuncia, Ecologistas considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, al afectar a terrenos previamente protegidos y a espacios vinculados al dominio público hidráulico.

¿Hay informe de viabilidad económico-financiera?

Paralelamente, la organización ha registrado un escrito dirigido al alcalde, y remitido cartas a todos los grupos municipales, para reclamar que se haga público el informe de viabilidad económico-financiera que, según sostienen, debía justificar la concesión de la licencia de obras para la central de biomasa y los primeros kilómetros de la red de tuberías.

Ecologistas en Acción afirma que dicho estudio es “vinculante y obligatorio” antes de proceder a la licitación de las obras, en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Entre las cuestiones que consideran sin aclarar figuran las previsiones de demanda, las tarifas y costes de enganche para los usuarios, la financiación del proyecto, los costes de explotación o el origen de las 128.000 toneladas anuales de astillas de madera que podría consumir la planta funcionando a pleno rendimiento.

También aseguran desconocer el presupuesto de ejecución de los primeros 30 kilómetros de tuberías de la red, cuyo proyecto, indican, “no se ha sometido a información pública”. A ello suman la ausencia, según denuncian, de un análisis de riesgos sobre el impacto económico que podría tener la iniciativa en las cuentas municipales.

La organización ecologista concluye calificando el proyecto de “contaminante, innecesario y lesivo para los intereses de la ciudadanía leonesa” y anuncia su apoyo a la concentración convocada por las asociaciones vecinales de La Lastra y Puente Castro contra la red de calor.

Ha subido muchos enteros hoy la temperatura política a costa de quién tiene la culpa del hecho de que se aproxime otro verano y los pueblos de la provincia de León aún estén desprotegidos frente a la amenaza de incendios como los que hicieron historia el año pasado, con cuatro muertos, pueblos quemados y el 10% de la superficie forestal de la provincia arrasada. Y han sido mandatarios del Partido Popular (PP) y del PSOE los que han echado la leña al fuego del enfrentamiento mutuo ante los medios de comunicación.

La chispa se prendió con la visita esta mañana a Ponferrada, por segunda vez esta semana, del consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. A preguntas de los periodistas sobre las críticas del presidente socialista Consejo Comarcal porque no se hayan realizado las labores de desbroce y los prometidos 'anillos de seguridad' perimetrales en las localidades con más peligro, el consejero desvió la responsabilidad a la Diputación de León, a su vez gobernada por un pacto de PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL).

“Si (Olegario Ramón) tiene esa preocupación, que hable con su compañero de la Diputación de León (Gerardo Álvarez Courel), que son los que tienen esa obligación”, espetó. El máximo responsable político del operativo de incendios del Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco abundó en el detalle de que “les hemos dado 200.000 euros para la compra de maquinaria y ponerla a disposición de los ayuntamientos”, y atribuyó por tanto los posibles retrasos a la propia institución provincial. Y es que “la Junta tiene la gestión de los montes, no de la limpieza de los pueblos, las zonas perimetrales y agrícolas”. Aún así, añadió que “nosotros estamos haciendo nuestra parte, tenemos bulldozer contratados y vamos a apoyar a los pueblos, dado que no ha venido esa ayuda de la Diputación”, para después garantizar que las brigadas de la empresa pública estatal Tragsa “estarán en funcionamiento en la época de riesgo alto de incendio”.

No pasó mucho tiempo cuando la chispa de esas culpas estalló con fuerza. Y la respuesta, muy airada, llegó en sendas notas de prensa de la Diputación leonesa y del PSOE provincial, exigiendo este último la dimisión fulminante de Suárez-Quiñones por “desviar responsabilidades” y calificando sus declaraciones de “indecentes, cobardes y políticamente repugnantes”, entre otras gruesas palabras y acusaciones.

La Diputación, más comedida, lanzó algunas “aclaraciones” afeando que el consejero y la Junta “intenten siempre desviar las culpas hacia otras administraciones (y más si no las gobiernan)”. Y le acusó de “derivar a las diputaciones y a los ayuntamientos esta labor de prevención en lugar de organizar, liderar y ejecutar esta actividad necesaria para evitar incendios forestales y proteger los núcleos urbanos y a las personas y sus propiedades”.

Y es que ciertamente la Junta endosó desde el primer momento a las diputaciones, con la anuencia pública de éstas -la de León es la única que gobierna el PSOE-, la gestión de fondos autonómicos, la responsabilidad de los 'anillos' de protección, la gestión de maquinaria como bulldozers y a los ayuntamientos las ordenanzas para prepararse contra los que ahora denominan “días rojos”. Es decir, técnicamente, Quiñones tenía razón en su señalamiento. De hecho, la Diputación acumula un considerable retraso en la ejecución de los planes., así como en la maquinaria. Pero el equipo de Gobierno socialista y leonesista le reclama que “deje el sectarismo político para cuando actúe como presidente de la gestora del PP de León”.

Por boca de su líder provincial, Javier Alfonso Cendón, fue mucho más allá en sus ataques a Quiñones, tildándole de “machaca de Mañueco, el encargado de venir a León a hacer el trabajo sucio, a mentir, a embarrar y a intentar que la responsabilidad de la Junta desaparezca entre ataques a otras instituciones”. “Pero León sabe perfectamente quién tenía la competencia, quién tenía la obligación y quién falló” en el desastre del pasado verano, dijo.

Sin mencionar que en la preparación de los pueblos contra las llamas de cara a este verano la competencia realmente es provincial y municipal, Cendón insistió en que “hay que tener muy poca vergüenza política para venir a Ponferrada a repartir culpas después de lo que ha pasado”, cuando lo que defiende que tendría que hacer Quiñones es “bajar la cabeza, pedir perdón y marcharse: Todo lo demás es una ofensa a León”.

“Días rojos”. No hace falta pensar mucho para saber a lo que la Junta de Castilla y León se refiere con este nuevo y llamativo término acuñado tras el desastre de los incendios forestales el pasado año 2025. Un auténtico infierno que en la provincia de León arrasó 135.500 hectáreas -según un dato ocultado oficialmente de la propia Junta-, casi un 10% de toda la superficie forestal de la provincia, y que destruyó barrios enteros de numerosos pueblos de comarcas como Valdería, Jamuz o El Bierzo, entre otros. “Días rojos” es como se han pasado ahora a denominar de manera formal pero muy gráfica las jornadas que serán declaradas por la autoridad autonómica como de “riesgo extremo” de incendio a partir de ahora.

Es así como se puede apreciar en los boletines oficiales que se nombran ahora esos días en los que queda prohibido casi todo, ante el peligro inminente de nuevos 'días negros' de llamas incontroladas, como las que se vivieron desde el pasado 8 de agosto. Es una expresión que aparece en un lento goteo con el que se están aprobado en un listado de municipios en riesgo real desde hace meses las nuevas y obligatorias “ordenanzas reguladoras de limpieza de parcelas y vallados de solares para la prevención de incendios” en lo que se denomina administrativamente “la interfaz urbano-forestal” de los pueblos más expuestos al desastre del fuego.

Tras la nefasta experiencia del pasado año, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y las nueve diputaciones provinciales, se apresuraron en septiembre a prometer que se impulsarían en los pueblos en riesgo esos necesarios “anillos de seguridad”. Obviaron recordar que se trataba en realidad de una necesidad que había sido considerada urgente doce años atrás a nivel estatal, pero que prácticamente nadie cumplía. Porque fue en 2013 cuando un Real Decreto aprobó una 'Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales' que contemplaba la necesidad de tener adecentadas estas zonas externas de protección de los pueblos rodeados de vegetación combustible.

Trabajar en la “zona defendible”

A partir de ese momento, la Junta dejó la patata caliente en manos de las diputaciones y a continuación de los propios ayuntamientos, los que todavía ahora aprueban la necesaria ordenanza. Un texto destinado a prevenir incendios en los aledaños de las localidades rurales, que obliga a propietarios y usuarios de parcelas urbanas y rústicas próximas a núcleos habitados a mantenerlas limpias y desbrozadas antes del 1 de junio de cada año.

En esa ordenanza llama la atención la literatura de la Junta para seguir ocultando la dimensión numérica real de las oleadas de incendios de 2025, cuando se limitan sólo a decir que fue “excepcional en número e intensidad de incendios forestales, con afectación directa a varios núcleos urbanos en el entorno de la provincia de León”. Sin un ápice de autocrítica respecto a la lenta reacción autonómica, a las muertes humanas o la falta de medios y descoordinación inicial, el boletín oficial atribuye esta situación sólo a “unas condiciones climatológicas un tanto inusuales, con muchas precipitaciones en primavera y un calor excesivo en verano”. “Unido al despoblamiento rural y cambio de necesidades en los aprovechamientos forestales por parte de los habitantes de los pueblos, han favorecido la proliferación de incendios más voraces e incontrolables”, concluye.

La norma fija franjas de seguridad alrededor de viviendas -en lo que en un lenguaje casi bélico se denomina “zona defendible-, prohíbe hogueras y quemas ordinarias de restos vegetales, limita el uso de maquinaria que pueda provocar chispas en días de riesgo extremo y contempla inspecciones municipales, ejecución subsidiaria de los trabajos y multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan de manera grave.

Lenta Diputación

Sin embargo, a muy diferente ritmo han ido avanzando en mejoras concretas. En el caso de León, la Diputación acumuló medio año de retraso para cuando puso en marcha su compromiso estrella: un total de 400.000 euros, que eran la novedad del presupuesto de este año. Un dinero a repartir entre 114 municipios obligados a afrontar el riesgo máximo lo mejor preparados posibles, teniendo en cuenta el Plan Infocal de la Junta. El impulso inicial a ese reparto tuvo que esperar hasta marzo de este año.

Igualmente, no fue hasta mediados de abril cuando la institución provincial activó por fin el proceso de compra de la maquinaria necesaria para para la prevención de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León, cinco meses después de que la Junta de Castilla y León aprobara ayudas por casi dos millones de euros para este fin sólo en León, y así en el resto de provincias en peligro. Con estos plazos, habrá numerosos casos en los que llegará este próximo el verano sin que todo esté preparado para la defensa efectiva de los pueblos, si nuevamente fuera necesario.

Del hecho de que la ordenanza para que no haya combustible forestal peligroso a las puertas de los pueblos era necesaria da buena cuenta que sólo en el pasado verano el Procurador del Común -defensor del pueblo autonómico- tuvo que emitir una veintena de resoluciones, casi todas desde la oleada de incendios sin precedentes en los registros oficiales leoneses, para señalar las obligaciones en la prevención de incendios forestales, primero en mano del dueño de los terrenos y, si este no actúa, subsidiariamente de los municipios.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta en funciones, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido este martes el “interés general” de la Red de Calor de León pese a la oposición de los vecinos al proyecto, por suponer “un gran ahorro” y tratarse de una energía sostenible como es la biomasa, la quema industrial de pellets.

El consejero ha respondido así pocas horas después de conocerse la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo nº3 de León de admitir a trámite la demanda presentada por la Asociación de Vecinos de la Lastra y la Asociación Carrusel de Puente Castro en contra de ese proyecto, entre duras críticas. Una decisión judicial en concreto planteada contra la falta de información del Ayuntamiento leonés por la concesión de la licencia de obra a la empresa pública autonómica Somacyl. Los vecinos ponen en duda la legalidad de los permisos municipales concedidos para construir la macroplanta de incineración de biomasa, la primera de las fábricas energéticas, así como la primera fase del sistema de tuberías subterráneas de la Red de Calor bajo unas 30 calles de la capital leonesa.

Suárez-Quiñones, en declaraciones recogidas por Efe, ha apuntado que cuando se acometen grandes proyectos innovadores “siempre hay contradicciones desde el desconocimiento”, según atribuye. Sin embargo, añadió que por el contrario hay que destacar del proyecto “la modernidad y el ahorro a los vecinos” de la capital, añadiendo que se trata de un sistema que “tiene solo ventajas y ningún inconveniente”.

Ha insistido en que el combustible que se obtiene es mucho más barato que el tradicional y ha detallado que su puesta en marcha supondrá la eliminación de entre 400 a 500 chimeneas en la ciudad, con una tecnología que se utiliza en el norte de Europa desde hace más de cien años.

Suárez-Quiñones ha trasladado la determinación del Gobierno autonómico de seguir trabajando para sacar adelante el proyecto, tal y como se hizo en Ponferrada, donde el consejero ha asegurado que también se han presentado varios contenciosos-administrativos, que se han ganado. Sin embargo, la realidad es que han sido varias las veces que los juzgados ordenan la paralización del funcionamiento de la Red de Calor ponferradina, cuestionando incluso su legalidad misma., y en caso muy parecido a León hasta cuestionando las licencias municipales otorgadas.

Por su parte, desde las asociaciones vecinales que han presentado el contencioso-administrativo contra el proyecto se ha destacado que este plan sigue el mismo camino que “el desastre de la Red de Calor de Ponferrada”, que ha estado paralizada durante años por recursos judiciales.

Desde las asociaciones también se ha considerado que el proyecto es “obsoleto” e infringe la normativa ambiental y urbanística y llaman a toda la ciudadanía leonesa a seguir rechazando el mismo.