Este martes las Cortes de Castilla y León otorgarán su confianza al Alfonso Fernández Mañueco para ser investido presidente de la Junta por tercera vez, tras 2019 y 2022, en la que será la última ocasión. Una norma aprobada a instancias de Ciudadanos en el último gobierno de Juan Vicente Herrera limita la duración de los mandatos presidenciales autonómicos a ocho años, que cumplirá el que viene Mañueco así que salvo modificación de la norma será su último mandato.

PP y Vox otorgarán sus votos al salmantino para conformar su cuarto gobierno, tras los de coalición con Ciudadanos que rompió abruptamente para adelantar elecciones, el de coalición con Vox que duró dos años y el último del PP en solitario que ha durado otros dos. Llega otra coalición con la extrema derecha tras unas largas negociaciones que han reconfigurado la estructura de poder habitual de la Junta de Castilla y León por las peticiones de poder de Vox.

La incógnita en los círculo de poder leoneses es cuál será el peso de la provincia en el nuevo Ejecutivo de coalición. En general la provincia ya ha perdido peso en las Cortes autonómicas al pasar de un presidente y el secretario primero a una vicepresidenta, que recae en la socialista leonesa Nuria Rubio, y de tener solo el portavoz del Grupo Mixto, la leonesista Alicia Gallego.

El debate de un consejero por provincia, una antigua estrategia del PP, se superó por las coaliciones aunque la incógnita del peso específico siempre está sobre la mesa, y más en León por su singular relación con el gobierno autonómico. Carlos Pollán es el primer nombre leonés que garantiza representatividad, aunque a través del partido que sostenía defender el fin de las comunidades autónomas aunque ahora sean su principal puntar de poder. Pollán será el vicepresidente primero del Gobierno de Mañueco con funciones tras la negativa experiencia con Juan García-Gallardo aunque todavía no han desvelado cuál de las tres carteras de Vox ocupará: si Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Agricultura; Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental o Cultura, Turismo y Deporte, por la que más afinidad tienen Pollán por su vinculación con el Ademar.

La otra incógnita es el nombre leonés en el Ejecutivo de Mañueco por parte del Partido Popular. En el partido dan por hecho que Juan Carlos Suárez-Quiñones se mantendrá en el Gobierno autonómico al que llegó en el año 2015 pero todas las apuestas son que no con sus funciones actuales de Medio Ambiente. Primero porque legalmente no puede mantenerse como consejero del mismo ramo durante más de dos mandatos, otra norma emanada de Ciudadanos, aunque un simple cambio de nombre y alguna agregación o salida de funciones permiten que pueda ser casi igual. Segundo porque el pacto con Vox ha desgajado la Política Ambiental de la pura gestión ambiental, lo que ya convierte la actual consejería en inviable.

El presidente Mañueco no quiso hablar de nombres en la firma del pacto de PP y Vox al ser preguntado específicamente sobre la continuidad de Quiñones en el gobierno y en materia medioambiental, tras ser el miembro más criticado por la gestión de los incendios forestales del pasado verano. Pese a ello Mañueco le mantuvo su plena confianza y no movió un solo nombre de la consejería, de Quiñones para abajo, pese a las críticas. Y electoralmente le salió bien, incluso ganando votos en las zonas quemadas.

Desde Presidencia a la nueva consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que Mañueco se olvidó de mencionar en la firma del pacto, el habitual baile de nombres asociados a consejerías ha comenzado. Suárez-Quiñones sigue siendo presidente interino del PP de León, una situación provisional que se alarga ya un año y que el partido deberá solventar al igual que el congreso autonómico donde puede haber pistas sobre el futuro sin Mañueco.

Suárez-Quiñones tiene, además, a su favor para seguir que ha quedado exonerado de todas las cuestiones que sobrevolaban alrededor de su gestión por posible falta de ética, que ni la Justicia ni la Comisión de Ética autonómica han considerado de relevancia, archivando los asuntos que se le reprochaban.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que el consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presentó este miércoles en León una campaña de incendios “que no se corresponde con la realidad que viven los profesionales del operativo forestal de Castilla y León”. Sus declaraciones, a juicio del sindicato, “constituyen un nuevo ejercicio de propaganda institucional, destinado a ocultar las carencias que arrastra el sistema de prevención y extinción de incendios desde hace años”.

Así, CSIF considera “inadmisible” que la Junta siga intentando trasladar a la opinión pública un mensaje de normalidad, cuando “los problemas denunciados reiteradamente por los representantes de los trabajadores siguen sin resolverse”. En opinión del sindicato independiente, Castilla y León continúa afrontando cada campaña de alto riesgo con importantes déficits de personal y sin el refuerzo estructural que exige la magnitud de su masa forestal.

“Lo cierto es que no se ha hecho prevención en los montes a pesar de incrementar, según dicen, la inversión en 10 millones de euros. Tampoco se ha incrementado en ni una sola persona el dispositivo, y los trabajadores continúan enfrentándose a condiciones precarias y plantillas insuficientes”, señala CSIF.

El sindicato considera que un reflejo de esta situación es la provincia de León, que junto con Zamora son los territorios que más sufrieron la voracidad de los incendios en la Comunidad el pasado verano, “y donde a día de hoy, y a pesar de las altas temperaturas, no hay un solo bulldozer; solo 2 de los 4 helicópteros se encuentran operativos y más del 60% de las cuadrillas de tierra no están disponibles para acudir a incendios”.

En este sentido, CSIF denuncia falta de medios en el operativo porque “los puestos han estado sin cubrir durante el invierno en un alto porcentaje, iniciando el llamamiento para su cobertura hace menos de un mes, faltando a fecha de hoy y estando inoperativos el 30% de los camiones de incendios y el 40% de los puestos de vigilancia”.

CSIF sostiene que los grandes incendios sufridos en 2025 pusieron de manifiesto las debilidades del modelo actual. Sin embargo, “lejos de acometer una reforma profunda del operativo, la Consejería sigue instalándose en la autocomplacencia y en la presentación de cifras que no reflejan lo que se encuentran diariamente los profesionales sobre el terreno”. “La Junta”, abunda, “sigue sin desarrollar las leyes básicas de bomberos forestales y agentes medioambientales. Está repitiendo los mismos errores”.

Y es que el sindicato subraya que, actualmente, unos 3.000 trabajadores del operativo antincendios siguen sin tener reconocida la categoría de bombero forestal hasta incluso negársela a “los propios directores técnicos de extinción, conductores, celadores de Medio Ambiente y a todos y cada uno de los trabajadores de la parte privada del operativo”.

La Junta publicó este miércoles la orden de guardias de 2025, con más de un año de retraso, mientras todavía no lo ha hecho con la correspondiente a 2026, lo que el sindicato asegura que se traducirá en demoras en las retribuciones “además de acarrear problemas al presentar la declaración de la renta”.

“Los ciudadanos de Castilla y León merecen transparencia y no campañas publicitarias”, recalca CSIF, que exige a la Junta de Castilla y León que “abandone el triunfalismo, reconozca las deficiencias existentes y adopte de forma urgente medidas reales para reforzar el operativo forestal”. La organización sindical no entiende que, ante el anuncio de que habrá nuevo Gobierno de Castilla y León en breves fechas, todavía presente la campaña Suárez-Quiñones, “el consejero negligente y culpable de todo lo que pasó el año pasado, y que no ha hecho ni una sola actuación para solucionar estos problemas”.

Convertir todo el operativo de extinción en un operativo cien por cien público era una de las grandes promesas, de las más relevantes lecciones aprendidas, tras el año histórico de incendios graves sufrido en 2025 en Castilla y León, según se ha cuantificado hoy de manera oficial por primera vez con 171.900 hectáreas arrasadas en total.

Pero se trata de un proceso todavía lento, de manera que cuando comience la campaña de incendios el viernes 12 de junio todavía mantendrá casi una quinta parte de trabajadores vinculados a empresas privadas y subcontratadas por la Consejería de Medio Ambiente: uno de cada cinco aún formarán parte de un operativo privado. No será, de hecho, hasta el horizonte máximo de 2028 cuando expirará el último de los contratos en vigor y el último empleado será transferido a la empresa pública Tragsa.

Así lo ha aclarado hoy pública el consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, admitiendo que de los 5.001 profesionales del operativo que habrá este año -con un considerable aumento respecto a los 4.720 del pasado año-, en torno a 900 quedan aún fuera del paraguas público. Y además, una buena parte de ellos, 190, jamás podrán subrogarse públicamente por ser figuras laborales como pilotos de helicóptero o conductores de bulldozer, entre otros. No se refirió al hecho, desvelado por ILEÓN, de que sí se han producido contratos nuevos, por un valor conjunto de casi 7 millones, que se siguen contratando a empresas privadas.

A pesar de todo, Suárez-Quiñones sacó pecho de una situación que para este nuevo año tildó de “mejora en eficacia y capacidad de respuesta” frente a los nuevos “incendios de sexta generación, catastróficos”, resaltando por ejemplo que se invertirá un total de 160 millones de euros en el operativo de lucha contra incendios, 60 millones más que el año pasado, y partiendo de una cifra de 60 millones que se consignaban en el no menos terrible año 2022.

En el recuento de esa escalada de medios, el todavía consejero detalló que habrá una suma total de 35 aéreos (diez de ellos estatales), 220 cuadrillas terrestres (111 de ellas helitransportadas), 365 autobombas y vehículos pick-up, 40 retenes de maquinaria, 15 vehículos PMA y 15 drones a mayores. Y frente a las críticas del pasado año y el actual por el cierre de las tradicionales torres de vigilancia humana, cifró en 322 los puestos disponibles para esta campaña por toda la Comunidad, al sumarse 62 nuevos (se estrenan en Segovia y Palencia, cubriendo así siete provincias), y cifrarse más de la mitad en cámaras de vigilancia y no en personas: 164.

La campaña cubrirá inicialmente 12 de junio al 12 de octubre, cuatro meses, pero Suárez-Quiñones insistió en que el operativo está en marcha todo el año: “Ahora es más anual que nunca”. Y es que, para ejemplificar que hay trabajo todo el año, cifró en 633 los incendios que ya se han producido desde inicio de año hasta principios de junio, más que la media de 516 en el último decenio. De ellos, aseguró que hubo 526 conatos -menos de una hectárea de superficie- (un 83%), lo que interpretó como un un “récord” por rápida intervención que hizo que no fueran a mayores.

Colaboración ciudadana y entre administraciones

Por otro lado, en la presentación oficial de hoy en la sede del Centro del Fuego de León, el consejero de Medio Ambiente quiso destacar que “el operativo está preparado pero precisa de colaboración tanto de los ciudadanos como de otras administraciones”, al tiempo que agradeció la lucha “incansable” de los profesionales durante la campaña del año pasado, la peor que todos, él incluido, han vivido.

Suárez-Quiñones ha insistido en que los incendios intencionales suelen ser los más peligrosos, los que más ponen en riesgo a la población y a los medios de extinción, por lo que pide extremar las precauciones especialmente en temporada alta. Y mencionó los planes aprobados por ayuntamientos y contrataciones delegadas por la Junta en las diputaciones para proteger, sobre todo, a los pueblos más vulnerables de las llamas, a pesar de que en provincias como León el ritmo hará que no estén completos los anillos de protección ni disponibles todos los medios en la mayor parte de este verano.

Han tenido que pasar diez meses desde que se desatara el infierno en los montes de la provincia de León, con la oleada histórica de incendios forestales en agosto del año 2025, para que la Junta de Castilla y León por fin desvele su cómputo oficial de superficie que resultó arrasada. Una cifra que por primera vez ha sido dada a conocer por el consejero de Medio Ambiente en funciones, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, precisamente durante la presentación de la campaña de 2026, a escasos días del inicio del verano, y que llama la atención por ser muy inferior a la única que se había desvelado hasta ahora.

Según los cálculos finales de Medio Ambiente, la superficie que resultó quemada en el peor año que se recuerda jamás se elevó finalmente a 112.471,32 hectáreas, incluyendo no sólo los 14 denominados “grandes incendios” concentrados en el verano anterior, los más demoledores, sino en la totalidad de siniestros del año pasado. El número total de incendios fue de 125.

Esta superficie queda incluso todavía más reducida si se tiene en cuenta que la Consejería resalta sobre todo la superficie forestal, reduciéndola a 104.567 hectáreas, porque estima en casi 8.000 más (7904 hectáreas) la superficie que denomina “no forestal”, sobre todo agrícola.

Desgranando los datos enviados al Ministerio

El desglose por tipos de vegetación y con datos finales de las nueve provincias de la Comunidad han sido por fin colgadas en la web oficial de Medio Ambiente, pinchando aquí, y buscando en el apartado de “Datos históricos provisionales”. Allí se especifica además que se trata de la superficie definitiva que la Junta ha trasladado, como es obligatorio, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), aunque advierte que las cifras “aún tienen carácter provisional porque se encuentra en proceso de corrección de errores y validación definitiva” estatal.

Las cuantas totales en Castilla y León en 2025 resaltan una superficie afectada por incendios de muy cerca de 172.000 hectáreas en total, lo que supondría que un 65% de ellas habrían sido en León, o lo que es lo mismo, un tercio de la supeficie total. Le seguiría Zamora con 31.762 hectáreas y en Salamanca 11.845.

La cifra de 112.471,32 hectáreas, definitiva para la Junta en la provincia leonesa, no se había facilitado públicamente nunca hasta ahora, diez meses después, ni siquiera en las comparecencias forzadas por la oposición en las Cortes de Castilla y León, la última de Suárez-Quiñones todavía en enero de este año. Sin embargo, si hay dos cuantías previas con las que compararlas, y en ella se produce un recorte sustancial.

Hay que remontarse a mediados de febrero, cuando la Consejería de Medio Ambiente sacó de tapadillo una permisividad excepcional para autorizar la caza y también los aprovechamientos ganaderos en las zonas que habían resultado arrasadas en los grandes siniestros forestales de 2025. Actividades que la Junta permitiría desde el mes de abril, sólo siete meses después de apagarse las últimas llamas, cuando su propia Ley de Montes obliga a cinco años 'de barbecho', y por lo tanto sin caza ni aprovechamiento por parte del ganado.

Cuantías que no cuadran

En esa criticada decisión, que la Junta justificó en arreglo a unos informes técnicos que argumentarían que las especies animales y vegetales no sufrirían con esta extraordinaria medida, pero que ha mantenido ocultos por todas las vías posibles hasta hoy, se producía en el Boletín Oficial un argumento que desvelaba por primera vez la cifra quemada en León. Y no se parecía en nada a la de ahora: 135.481 hectáreas. Es decir, un 10% más de antes de aplicar ahora un tijeretazo.

Esa casi 135.500 hectáreas de febrero se correspondía además sólo a la suma de los 14 grades incendios (Fasgar, Orallo, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres, Paradiña, Molezuelas de la Carballeda (una parte inicial en Zamora), Barniedo de la Reina, La Uña, Canalejas, Porto-La Baña (también parte en Sanabria), Gestoso, Igüeña y Garaño. En dos de ellos (Molezuelas y Porto), aunque el Boletín no lo especificaba, se había computado superficie quemada en las provincias de Zamora. El problema es que no se sabía cuánta.

Por otro lado, citando fuentes 'oficiosas' pero procedentes de la Consejería de Medio Ambiente, la Agencia ICAL había desvelado antes de final del año pasado una cifra de afección de los incendios forestales aún más baja que ahora, dejándolo sólo en 87.068 hectáreas el terreno leonés calcinado. Esa noticia y ese número, increíblemente bajo, fueron replicados por numerosos medios de comunicación. Un baile que solo ahora parece aclararse, diez meses después, y que ya sólo queda pendiente de que el Ministerio considere definitivamente acertado o que trate de enmendar.

Una nueva polémica, de un calado muy diferente a los habituales, como por ejemplo los de carácter medioambiental, se cierne sobre las obras preparatorias del proyecto de la llamada Red de Calor que ejecuta desde hace meses la Junta de Castilla y León junto al cementerio de León. Se trata de la zona elegida por la empresa pública Somacyl para comenzar a desarrollar la macroplanta de incineración de combustible vegetal, que se completará con otra de nitrógeno y una planta de placas solares en el barrio de Puente Castro, al sur de la capital leonesa.

Desde finales del año pasado, y por un valor de 7,6 millones de euros, en una gran superficie de 23,8 hectáreas llevan trabajando las máquinas de la unión temporal de empresas (UTE) que se alzó con ese contrato inicial y preparatorio, una UTE denominada 'Red de Calor León' que conforman las empresas Obras Hergon, Compsa e Inmeva Infraestructuras.

En espera de los dos millonarios proyectos que acaban de licitar a mayores la empresa pública Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente para construir la obra civil completa que levante todo el complejo energético previsto, que suman otros 62 millones de euros a mayores, estas compañías llevan meses realizando movimientos de tierras, desmontes, varios kilómetros de caminos, zonas de acopio de material, e incluso dotando ya a la zona de servicios de canalización subterránea iniciales.

El Soto de Santa Olaja, que es como se denomina el emplazamiento para el complejo energético de la Red de Calor, forma un gran triángulo delimitado por uno de sus lados por el cementerio municipal de la capital leonesa, con el que lindará en concreto la central de biomasa, así como por los ríos Bernesga y Torío y la Ronda Sur de León LE-30.

ILEÓN ha podido comprobar a través de varias imágenes que en una de las zonas de movimientos de tierras han aparecido varios restos de material funerario. En un montículo con abundante material se aprecia por ejemplo una pesada cruz de piedra que se encuentra completa. Pero no es el único resto que parece proceder del camposanto municipal de la ciudad: En la zona se aprecian restos de lápidas, algunas muy fracturadas pero otras más completas y reconocibles. También asoman piedras labradas de sepulturas e incluso de panteones. Todo ello forma un conjunto elevado en una zona de desnivel pronunciado.

Por el emplazamiento donde se encuentra esta zona, el lugar coincide sin lugar a dudas con una zona de trabajo de las empresas contratadas por la Junta a través Somacyl, está dentro de la zona de obra acotada. Pero lo que no se puede apreciar sobre el terreno es si la acumulación de todo este material tanatorio era algo presente en ese punto de manera previa a la contratación e inicio de los trabajos a la UTE Red de Calor León o si ha sido fruto de las labores de las compañías contratadas por Somacyl.

Los ecos del talado masivo de árboles

Este nuevo escándalo se suma al que ha adquirido gran repercusión la semana pasada al desvelarse el talado masivo de árboles en el entorno del cauce del río Torío. Se trata de la zona elegida por la Junta de Castilla y León para construir una pasarela sobre el río por la que discurrirán los grandes tubos de transporte de calor desde la macroplanta de incineración de biomasa forestal de la Red de Calor hacia el subsuelo de los barios de la ciudad a los que llegará toda la canalización subterránea prevista, de casi 30 kilómetros sólo en la primera fase.

Ese gran desbroce y tala de ejemplares valiosos se extiende prácticamente en 1.000 metros cuadrados, según recoge la documentación oficial del proyecto y en concreto la evaluación de impacto ambiental, un informe finalmente favorable que la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta se otorgó a sí misma hace un año, ya que quien lo ejecuta, Somacyl, también pertenece a la consejería que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Vallado y corte de la senda peatonal

Apenas dos días después de saltar el escándalo, que ha producido ya numerosas voces críticas que se han sumado a las habituales de los vecinos de las asociaciones de los barrios más próximos a la Red de Calor, Puente Castro y La Lastra, la empresa ya ha comenzado a preparar el inminente vallado de la zona. Un amplio vallado (montaje en la foto superior) que impedirá pronto el paso de cualquier persona ajena a la obra por las inmediaciones de este futuro punto de paso de río Torío, donde se construirá la pasarela de 82 metros de largo y 5,90 de ancho, y que obligará a dar un amplio rodeo a los miles de paseantes y ciclistas que utilizan la senda peatonal de La Lastra, entre La Candamia y la plaza de toros de la ciudad.

La Junta de Castilla y León, arropada por el Ayuntamiento de León, insisten en las bondades ambientales que supondrá la polémica construcción en el sur de la capital de la llamada Red de Calor, es decir, macroplantas de incineración de biomasa, hidrógeno verde y un 'mar' de placas solares junto al cementerio leonés. Hace apenas una semana que la empresa pública de la Consejería de Medio Ambiente, Somacyl, licitó en dos contratos por un valor total de 62 millones de euros de la primera fase de construcción, que incluye la planta de combustión vegetal y casi 30 kilómetros de tuberías bajo un gran número de calles de la ciudad para 'enganchar' la energía calorífica que se generará. También es reciente la concesión de la licencia final por parte del Consistorio.

Sin embargo, hay un contrato poco conocido de hace sólo medio año que ha permitido ir adelantando a buen ritmo todos los trabajos preparatorios en la zona, toda la urbanización del emplazamiento elegido. Son labores que suponen el desbroce y movimiento de tierras, así como talas, de un total de 23,8 hectáreas en el gran triángulo que albergará todo el complejo energético, situado entre el cementerio de León y los ríos Bernesga y Torío. Ese contrato Somacyl lo adjudicó en noviembre, por 7,6 millones (7.650.108,83 euros) y recayó en una unión temporal de empresas formada por tres compañías: Obras Hergon, Compsa e Inmeva Infraestructuras. El nombre de la UTE no esconde el proyecto para el que trabajan: Se llama 'Red de Calor León'.

El avance de la urbanización en la zona es tal que ha saltado el primer gran escándalo, visible ya en ambas márgenes del río Torío: la tala masiva de árboles. Se trata del lugar exacto donde se ha diseñado una pasarela para salvar el obstáculo de ese cauce fluvial. El nuevo 'puente', publicado ya hace años por ILEÓN, será una estructura metálica de casi 82 metros de larga con un ancho de 5,90 y se aprovechará dos de esos metros para que también sea de paso peatonal.

La pasarela arrancará exactamente tras las gradas del campo de fútbol del área deportiva de Puente Castro y se dirigirá en el otro lado de la ribera hacia el Paseo del Parque, en La Lastra, por donde ya discurrirán las grandes tuberías subterráneas justo entre el Coto Escolar y el centro de Autismo León.

Hace días que las empresas vienen realizando esa tala, señalando los ejemplares a desaparecer y amontonando los troncos ya cortados. Se aprecia un gran corte de la línea de bosque de ribera en ese tramo final del Torío, y es que la extensión de la tala es enorme. La cifra de la superficie afectada es oficial y aparece en el informe favorable de impacto ambiental que Medio Ambiente se concedió ' a sí mismo' -porque también promueve el proyecto, hace exactamente un año, en junio de 2025.

Interés comunitario: sauces, álamos y olmos

Según el informe, se están talando en total sólo en este punto casi 1.000 metros cuadrados de arbolado (984 concretamente). Entre los ejemplares, la mayoría son además de tres especies muy sensibles, como son los llamados Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 92A0, es decir, catalogados como valiosos bosques de galería. Se trata de ejemplares de Salix alba (sauce blanco), Populus alba (álamo blanco) y en menor medida Ulmus minor (olmo común).

El informe favorable resalta que este punto en el que se corta toda la vegetación para construir la pasarela no está dentro de una Zona de Especial Conservación (ZEC), aunque sí vincula de 'Riberas del río Esla y afluentes'. También se tilda de “permanente” el impacto de las talas pero finalmente la Junta lo cataloga como una especie de mal menor: “Irreversible pero recuperable”. Esa recuperación a la que Medio Ambiente se aferra se refiere a una futura medida de compensación que refleja que en este mismo punto se reforestará con el doble de superficie cuando la obra acabe: 2.000 metros cuadrados de vegetación de ribera.

También remarca que ya se sabía que esta actuación sería la mayor afección, aunque no la única en la amplia zona de trabajo: en total, el proyecto contempla el desbroce de las 23,8 hectáreas de terreno, de las cuales 31.050 metros cuadrados corresponden a arbolado y otros 191.480 afectan a zonas de herbazal-matorral con arbolado disperso.

Voces críticas vecinales

Todo esto son datos y son oficiales. Pero el escándalo es simplemente visual, basta con pasear por la zona y observar el paisaje ya talado. Por eso, ya se han elevado las primeras voces poniendo el grito en el cielo. La Asociación Vecinal Barrio de La Lastra, que junto con la de Puente Castro encabezan las protestas contra el macroproyecto autonómico, cargan también contra el papel de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), a la que acusan de aplicar un “doble rasero” en función de quién promueva las actuaciones en el entorno fluvial.

Denuncian que mientras el organismo “machaca” a pueblos y agricultores por intervenciones o usos del agua, en este caso “mira para otro lado” ante una infraestructura vinculada, sostienen, a intereses “poderosos”, en referencia al “señor Quiñones -consejero de Medio Ambiente y máximo responsable de Somacyl- y su amigo, nuestro alcalde, José Antonio Diez”. Y cuestionan especialmente que se permita la implantación de lo que consideran una “industria contaminante” junto a los ríos Bernesga y Torío, la extracción de “millones de litros de agua”, el vertido de residuos al cauce y la tala de árboles de ribera. Por todo ello, ambos barrios han convocado una nueva manifestación el próximo 10 de junio que volverá a confluir en el centro de la ciudad, ante el Ayuntamiento, para volver a protestar por el avance de esta infraestructura.

ILEÓN ha solicitado a la Confederación información oficial sobre la solicitud de permisos, sus condiciones y los solicitantes para esta amplia actuación fluvial, no sólo de talas sino incluso de taponado del cauce del río para el paso de maquinaria pesada, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

Tras casi medio año, la Junta de Castilla y León ha tenido que admitir que no podrá cumplir su compromiso de que este verano de 2026 la provincia de León, la que más rescates de emergencia en montaña suma de toda la Comunidad, pudiera contar por fin con su propio helicóptero y sus propios rescatadores.

Así se asume hoy tras conocerse que el Gobierno autonómico acaba de aprobar un segundo intento de licitar este proyecto, cifrado en 2,5 millones, después de que el anterior intento en iguales condiciones que se puso en marcha a principios de este año haya resultado desierto, sin empresas interesadas en el contrato.

Los términos apenas cambian. La cuantía sigue siendo la misma, 2.497.278 euros, y la aeronave igualmente operará desde la base leonesa de Sahechores de Rueda, pudiendo intervenir desde allí en cualquier punto de Castilla y León, así como de manera puntual en comunidades autónomas limítrofes cuando sea requerido.

Las bases repiten también las condiciones de que el helicóptero contará con motor biturbina, tren de aterrizaje tipo esquí, capacidad para ocho plazas además del piloto, grúa de rescate, dos camillas y sistemas de comunicación específicos para emergencias. El equipo de rescate, que se incluye en la licitación, estará integrado por piloto, operador de grúa, médico, enfermero-rescatador y segundo rescatador, con presencia física permanente en la base y capacidad de activación todos los días del año.

El contrato será por un año de duración y, de haber tenido éxito el primer intento, debería haber tenido todo el nuevo operativo disponible y a pleno rendimiento desde este mismo mes de mayo de 2026 hasta abril de 2027. Pero por los plazos, ya es evidente que este verano no será todavía posible disponer de este aumento de la protección ante rescates de montaña o emergencias sanitarias extraordinarias.

De este modo,  la Consejería de Medio Ambiente que preside el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones ha intentado, de momento sin éxito, sumar un nuevo helicóptero y equipo a la única aeronave de rescate de que se dispone hasta ahora en toda la Comunidad, con base en Alcazarén (Valladolid), en un contexto en el que las intervenciones se han multiplicado por cinco en los últimos años, siendo las más numerosas (casi el 60%) rescates de montaña, con León a la cabeza junto a Ávila, según argumentaba hace meses la propia Junta.

De las 40 intervenciones registradas en 2018 se pasó a 188 en 2024, y a 145 en 2025. Casi el 60% de los rescates se realizan en montaña y, en la mayoría de los casos, los afectados presentan lesiones traumáticas. Más de la mitad de las intervenciones requieren además atención sanitaria inmediata, lo que llevó a la Junta a reforzar la medicalización de los rescates, incorporando un médico a bordo del nuevo helicóptero.

Los más viejos del lugar -y son muchos- lo recuerdan: Fue hace tres décadas cuando comenzaron a sonar las voces reivindicativas pidiendo que entre Mansilla de las Mulas y Gradefes hubiera algún otro puente de paso de tráfico sobre el río Esla, interconectar las carreteras N-621 y LE-213, para no dejar a decenas de pueblos leoneses abocados diariamente un rodeo insufrible en sus comunicaciones.

Esta semana, de golpe, y sorprendentemente muy en silencio, ha llegado el impulso definitivo a este nuevo y vital puente que, según el trazado elegido al final por la Junta de Castilla y León, conectará de manera directa los pueblos de la Aldea del Puente y San Miguel de Escalada. El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) desvelaba este miércoles que la Junta se otorgaba a sí misma la evaluación de impacto ambiental favorable. Lo que el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco no ha contado es que, además, la obra por fin se ha licitado.

Fue este martes 19 por parte de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y el arranque del futuro contrato de ejecución del paso sobre el río Esla fija por fin lo que puede ser su coste real: prácticamente 7 millones de euros. Se trata de una cifra que es casi la mitad de la primera cuantificación aireada por la Junta, al menos de 4 millones. Claro que el retraso acumulado es abrumador.

El proyecto original ya se mencionaba en un documento de compromiso inversor que resultó tener un abrumador grado de incumplimiento: el llamado Plan Regional de Carreteras de Castilla y León 2008-2020. Fue impulsado por el entonces consejero de Fomento, el leonés Antonio Silván. Bajo su largo mandato nada avanzó sobre el puente, para desesperación de los municipios afectados, Villasabariego, Valdepolo y Gradefes. Tuvo que llegar el relevo en la Consejería de Fomento, con el también leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, para que a bombo y platillo anunciara el desbloqueo de esta infraestructura en 2016 -hace una década-, que costaría en torno a 5 millones de euros, al 50% pagado entre la Junta y la Diputación. Esta fue la nota oficial.

Siguiendo la pista de los retrasos, en 2018 la Consejería realizó un informe previo con la cuantía de inversión de 4,5 millones y en 2019 se aprobó el estudio informativo, planteando tres posibles alternativas de paso. El proyecto definitivo de marzo de 2023 ya sufría el sobrecoste del paso del tiempo, cuantificándose en casi 6 millones de euros (9.501.183 euros exactamente). Y no ha sido hasta octubre de 2025 que se ha realizado el informe previo a la licitación de las obras ahora impulsada. Una licitación que finalmente sale por un precio de 6.946.850,10 euros.

Entre medias, no sólo los sucesivos alcaldes de la comarca leonesa criticaban el ritmo del nuevo puente. El procurador de Unión del Pueblo Leonés (UPL) y hoy alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos, atacaba con dureza a la Junta por sus incumplimientos en 2020. Y volvía contra el Gobierno autonómico las propias cifras de Quiñones cuando lo presentó en 2016, diciendo entonces que ese puente beneficiaría a unos 2.500 vecinos vecinos de 20 pueblos y acortaría en media hora el trayecto a León, con “un ahorro de 40.400 horas de desplazamiento al año”. Santos hizo la cuenta de 20 años de retraso: el 'castigo' a los vecinos había sido de 808.000 horas o, lo que es lo mismo, 93 años.

Los detalles de una obra relevante

Los detalles técnicos de una obra que será relevante vienen detallados en la evaluación de impacto ambiental. La alternativa 2 seleccionada contempla una carretera de nueva construcción de algo más de dos kilómetros (2.151 metros de longitud) y plantea la ejecución de un viaducto de 330 metros sobre el cauce del Esla, entre los puntos kilométricos 0,635 y 0,965.

Para salvar toda la posible zona de inundación, el puente tendrá formado por 10 pilares y 11 vanos, en una carretera de calzada única con dos carriles de 3,5 metros y arcenes de un metro. Su trazado partirá de la carretera N-625 (Mansilla-Cistierna) la altura de La Aldea del Puente, y enlazará con la carretera provincial LE-5625 en un punto intermedio entre los pueblos de Vega de los Árboles y San Miguel de la Escalada. Allí, además, permitirá dar continuidad a la carretera LE-5632, que conecta con Sahelices del Payuelo desde la N-625.

El principal objetivo del proyecto es reducir drásticamente los tiempos y distancias de comunicación entre los pueblos de ambas márgenes del río, como San Miguel de Escalada, Quintana de Rueda o La Aldea del Puente, pasando de recorridos actuales de unos 30 kilómetros a trayectos inferiores a cinco.

Como impactos, destacan que la carretera atravesará el río Esla y varias zonas de cultivo, además de coincidir parcialmente con el Monte de Utilidad Pública número 953, denominado ‘Riberas del Río Esla’, en el municipio de Gradefes. También afectará a varias infraestructuras rurales, con incidencia sobre 36 parcelas, seis caminos y ocho obras de riego.

En cuanto a las afecciones territoriales, el proyecto prevé un cruce con la vía pecuaria conocida como Colada de Villomar y discurre junto a la Colada el Priorato. Y muy importante: le separará algo más de un kilómetro de los valiosos restos del Monasterio de San Miguel de Escalada del siglo X, una construcción mozárabe única, protegida como Bien de Interés Cultural (BIC).

Ajena a protestas vecinales, al margen de denuncias ambientales y a recursos judiciales en marcha, la Junta de Castilla y León ha dado el paso definitivo para la ejecución del complejo de plantas energéticas de incineración y solares en el sur de la ciudad de León, bajo el nombre de Red de Calor.

Lo ha hecho sacando a licitación pública los dos primeros y más cuantiosos contratos, por un valor inicial conjunto de casi 62 millones de euros, y con plazos de ejecución de dos años, 24 meses, cada uno de ellos, a contar desde que se hayan elegido las empresas que se contratarán por parte de la llamada 'Junta B', la sociedad pública Somacyl que depende de la Consejería de Medio Ambiente. La ingente cantidad de dinero de lo que será de largo la mayor inversión de la Junta en la ciudad y la provincia provendrá en gran medida de fondos europeos destinados al plan de Transición Justa, es decir, fondos mineros en principio para la compensación por el cierre de la minería del carbón en la provincia.

El primero de los contratos, el mayor, será el del corazón mismo del proyecto, la macroplanta de incineración de biomasa de origen vegetal, un complejo de dos inmensas calderas que tendrán capacidad para convertir en energía calorífica hasta 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. La Consejería destaca su beneficio con una cifra: que permitirá evitar la emisión de más de 35.000 toneladas de CO₂ al año.

Su coste de salida dado hoy a conocer es de 41.722.860 euros. Se ha elegido la parcela cedida por el Ayuntamiento de León, no sin polémica aún, y en total ocupará un complejo de 24 hectáreas junto al río Bernesga, lindando con el cementerio de León y la Ronda Sur LE-30, en el barrio de Puente Castro. En esta primera fase, explica hoy la Junta en un comunicado, se instalarán dos calderas de biomasa de última generación de 22.000 kW de potencia térmica cada una, es decir, sumando una potencia total de 44 Mw, si bien se ha diseñado una segunda fase posterior que duplicará esto hasta alcanzar los 88 Mw.

“La central utilizará como combustible astilla forestal de origen sostenible, procedente del aprovechamiento de recursos forestales, favoreciendo así la actividad económica y el empleo en el medio rural, al tiempo que contribuye a la prevención de incendios forestales mediante la gestión de la biomasa”, remarcan en una suerte de beneficio circular. Un beneficio que culminan con cifras como que ese corazón de calor suministrará calefacción y agua caliente a más de 28.000 viviendas de la ciudad y 150 edificios públicos y privados de la ciudad, y que si las comunidades previstas se 'enganchan', insiste Medio Ambiente, supondrá el fin de más de 1.200 calderas y chimeneas que hoy son de gas o gasóleo.

Los tuberías por los barrios, las calles concretas

Ahí entra el segundo contrato millonario: la primera fase de la red de tuberías subterráneas que han de llevar ese calor por buena parte de la ciudad, casi hasta las puertas del centro mismo pero de momento sin entrar en él. Ese segundo contrato suma otros 20.204.119 euros de licitación, igualmente dos años de obras para prácticamente 28 kilómetros de canalizaciones enterradas de ida y de retorno del calor. La red anunciada en su día sumaba unos 65 kilómetros en total, pero serán fruto de fases posteriores de extensión por la capital. De momento se centrarán sólo en barrios como La Chantría, Las Labiadas, Santa Ana, Polígono 10, El Ejido, La Granja y La Lastra que junto al propio Puente Castro son los que abanderan la protesta social creciente contra este proyecto.

En detalle, tras sortear el río Torío con la construcción de una nueva pasarela que lleve las condiciones, la red provincial de tuberías irá por zonas como el Paseo del Parque, la calle Los Aluches, la plaza de la Unión Europea y la avenida José Aguado, continuando posteriormente por Octavio Álvarez Carballo (El Corte Inglés), Santa Ana, Pendón de Baeza o la Avenida Real.

Desde la central de generación partirá el ramal estructural principal de la red, configurado como una conducción bitubular de transporte de energía térmica de diámetro nominal DN800. Este eje principal comenzará en el barrio de La Lastra y recorrerá distintos puntos de la ciudad a través

A partir de este ramal principal se desplegarán diferentes ramales secundarios y de distribución que permitirán extender el servicio a los barrios de La Lastra, La Chantría, Las Labiadas, Santa Ana y Polígono 10, alcanzando en esta primera fase también los sectores de El Ejido y La Granja. El desarrollo posterior de la red permitirá llegar en futuras ampliaciones al Hospital de León.

Mucho retraso y posición en contra

Todo este impulso llega ya con muchísimo retraso y además con una amplia contestación, que ha crecido en las últimas fechas. Respecto a lo primero, hay que recordar que esta Red de Calor fue anunciada tras el verano de 2022 por el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y el alcalde de León, José Antonio Diez, firme defensor del proyecto, comprometiendo su funcionamiento para 2025. es decir, hace un año ya. En el mejor escenario actual posible sólo podrá comenzar a cumplirse con al menos tres años de retraso.

Respecto a las posiciones en contra, continúan creciendo las convocatorias vecinales de protesta, muy especialmente de los barrios de La Lastra y Puente Castro, que insisten en la posible contaminación atmosférica del sistema, ruidos o tránsitos brutales de camiones, entre otros muchos problemas. Idénticos a los que esgrimieron vecinos de varios intentos en el norte de la ciudad hace años, como Eras de Renueva, Cantamilanos o Navatejera, cuyas protestas por proyectos mucho más pequeños que el actual consiguieron tumbar sendas plantas de incineración.

Además, está la ofensiva de Ecologistas en Acción, con varios frentes judiciales abiertos, desde la autoconcesión de Proyecto Regional de la propia Junta a las dudas de legalidad de la cesión de los terrenos protegidos sobre los que irá el complejo que, recuerda, también incluirá una planta de nitrógeno verde y multitud de hectáreas de una planta de placas solares. También han denunciado ante el Seprona actuales trabajos preparatorios en el Soto de Santa Olaja.

Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Seprona de la Guardia Civil de León la ejecución de obras vinculadas al proyecto de la macroplanta de incineración de biomasa y el resto de la llamada la Red de Calor de León al considerar que se están realizando “sin licitación ni adjudicación” previa.

La organización ecologista ha solicitado además al alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, que dicte un decreto de paralización cautelar de los trabajos que está ejecutando la denominada “UTE Red de Calor” en la zona del barrio Puente Castro, junto al cementerio municipal, emplazamiento anunciado para esta macroinstalación energética.

La denuncia se dirige contra los responsables de la UTE, por unas actuaciones consistentes en movimientos de tierras en terrenos situados entre el cementerio de León y el río Bernesga, en el Soto de Santa Olaja, así como desbroces en el cauce y la zona de policía del río Torío. 'Ecologistas' sostiene que, aunque la Junta de Gobierno Local concedió licencia de obras el pasado 8 de mayo, el proyecto “aún no ha sido licitado ni obviamente adjudicado legalmente a las empresas que forman la denominada UTE Red de Calor”. Algo que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, máximo responsable político de Somacyl, anunció que podría producirse este lunes 18 de mayo. Para la organización, estas declaraciones evidencian que los trabajos actualmente en marcha carecerían todavía de cobertura administrativa suficiente porque, ni habiéndose siquiera licitado el contrato, según los carteles, la UTE ya está formada por las empresas Comsa, Inmeva y Hergonza.

Los trabajos denunciados afectan a terrenos protegidos urbanísticamente por el Plan General de Ordenación Urbana de León, clasificados originalmente como suelo rústico con protección natural y especial. Ecologistas en Acción señala que dichos terrenos pasaron a ser urbanos consolidados tras la aprobación como Proyecto Regional del complejo industrial de la Red de Calor, una decisión publicada en el Bocyl el 18 de julio de 2025 y recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León mediante un recurso contencioso-administrativo aún pendiente de resolución.

La organización también cuestiona la existencia de autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para los desbroces realizados en la ribera del Torio y los trabajos en las zonas de policía de los ríos Torio y Bernesga. Asimismo, asegura no tener constancia de que el organismo de cuenca haya autorizado el vallado instalado en el entorno, que limita el tránsito de peatones y vehículos por un camino frecuentado por vecinos de La Lastra y Puente Castro.

En su denuncia, Ecologistas considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, al afectar a terrenos previamente protegidos y a espacios vinculados al dominio público hidráulico.

¿Hay informe de viabilidad económico-financiera?

Paralelamente, la organización ha registrado un escrito dirigido al alcalde, y remitido cartas a todos los grupos municipales, para reclamar que se haga público el informe de viabilidad económico-financiera que, según sostienen, debía justificar la concesión de la licencia de obras para la central de biomasa y los primeros kilómetros de la red de tuberías.

Ecologistas en Acción afirma que dicho estudio es “vinculante y obligatorio” antes de proceder a la licitación de las obras, en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Entre las cuestiones que consideran sin aclarar figuran las previsiones de demanda, las tarifas y costes de enganche para los usuarios, la financiación del proyecto, los costes de explotación o el origen de las 128.000 toneladas anuales de astillas de madera que podría consumir la planta funcionando a pleno rendimiento.

También aseguran desconocer el presupuesto de ejecución de los primeros 30 kilómetros de tuberías de la red, cuyo proyecto, indican, “no se ha sometido a información pública”. A ello suman la ausencia, según denuncian, de un análisis de riesgos sobre el impacto económico que podría tener la iniciativa en las cuentas municipales.

La organización ecologista concluye calificando el proyecto de “contaminante, innecesario y lesivo para los intereses de la ciudadanía leonesa” y anuncia su apoyo a la concentración convocada por las asociaciones vecinales de La Lastra y Puente Castro contra la red de calor.

Ha subido muchos enteros hoy la temperatura política a costa de quién tiene la culpa del hecho de que se aproxime otro verano y los pueblos de la provincia de León aún estén desprotegidos frente a la amenaza de incendios como los que hicieron historia el año pasado, con cuatro muertos, pueblos quemados y el 10% de la superficie forestal de la provincia arrasada. Y han sido mandatarios del Partido Popular (PP) y del PSOE los que han echado la leña al fuego del enfrentamiento mutuo ante los medios de comunicación.

La chispa se prendió con la visita esta mañana a Ponferrada, por segunda vez esta semana, del consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. A preguntas de los periodistas sobre las críticas del presidente socialista Consejo Comarcal porque no se hayan realizado las labores de desbroce y los prometidos 'anillos de seguridad' perimetrales en las localidades con más peligro, el consejero desvió la responsabilidad a la Diputación de León, a su vez gobernada por un pacto de PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL).

“Si (Olegario Ramón) tiene esa preocupación, que hable con su compañero de la Diputación de León (Gerardo Álvarez Courel), que son los que tienen esa obligación”, espetó. El máximo responsable político del operativo de incendios del Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco abundó en el detalle de que “les hemos dado 200.000 euros para la compra de maquinaria y ponerla a disposición de los ayuntamientos”, y atribuyó por tanto los posibles retrasos a la propia institución provincial. Y es que “la Junta tiene la gestión de los montes, no de la limpieza de los pueblos, las zonas perimetrales y agrícolas”. Aún así, añadió que “nosotros estamos haciendo nuestra parte, tenemos bulldozer contratados y vamos a apoyar a los pueblos, dado que no ha venido esa ayuda de la Diputación”, para después garantizar que las brigadas de la empresa pública estatal Tragsa “estarán en funcionamiento en la época de riesgo alto de incendio”.

No pasó mucho tiempo cuando la chispa de esas culpas estalló con fuerza. Y la respuesta, muy airada, llegó en sendas notas de prensa de la Diputación leonesa y del PSOE provincial, exigiendo este último la dimisión fulminante de Suárez-Quiñones por “desviar responsabilidades” y calificando sus declaraciones de “indecentes, cobardes y políticamente repugnantes”, entre otras gruesas palabras y acusaciones.

La Diputación, más comedida, lanzó algunas “aclaraciones” afeando que el consejero y la Junta “intenten siempre desviar las culpas hacia otras administraciones (y más si no las gobiernan)”. Y le acusó de “derivar a las diputaciones y a los ayuntamientos esta labor de prevención en lugar de organizar, liderar y ejecutar esta actividad necesaria para evitar incendios forestales y proteger los núcleos urbanos y a las personas y sus propiedades”.

Y es que ciertamente la Junta endosó desde el primer momento a las diputaciones, con la anuencia pública de éstas -la de León es la única que gobierna el PSOE-, la gestión de fondos autonómicos, la responsabilidad de los 'anillos' de protección, la gestión de maquinaria como bulldozers y a los ayuntamientos las ordenanzas para prepararse contra los que ahora denominan “días rojos”. Es decir, técnicamente, Quiñones tenía razón en su señalamiento. De hecho, la Diputación acumula un considerable retraso en la ejecución de los planes., así como en la maquinaria. Pero el equipo de Gobierno socialista y leonesista le reclama que “deje el sectarismo político para cuando actúe como presidente de la gestora del PP de León”.

Por boca de su líder provincial, Javier Alfonso Cendón, fue mucho más allá en sus ataques a Quiñones, tildándole de “machaca de Mañueco, el encargado de venir a León a hacer el trabajo sucio, a mentir, a embarrar y a intentar que la responsabilidad de la Junta desaparezca entre ataques a otras instituciones”. “Pero León sabe perfectamente quién tenía la competencia, quién tenía la obligación y quién falló” en el desastre del pasado verano, dijo.

Sin mencionar que en la preparación de los pueblos contra las llamas de cara a este verano la competencia realmente es provincial y municipal, Cendón insistió en que “hay que tener muy poca vergüenza política para venir a Ponferrada a repartir culpas después de lo que ha pasado”, cuando lo que defiende que tendría que hacer Quiñones es “bajar la cabeza, pedir perdón y marcharse: Todo lo demás es una ofensa a León”.

“Días rojos”. No hace falta pensar mucho para saber a lo que la Junta de Castilla y León se refiere con este nuevo y llamativo término acuñado tras el desastre de los incendios forestales el pasado año 2025. Un auténtico infierno que en la provincia de León arrasó 135.500 hectáreas -según un dato ocultado oficialmente de la propia Junta-, casi un 10% de toda la superficie forestal de la provincia, y que destruyó barrios enteros de numerosos pueblos de comarcas como Valdería, Jamuz o El Bierzo, entre otros. “Días rojos” es como se han pasado ahora a denominar de manera formal pero muy gráfica las jornadas que serán declaradas por la autoridad autonómica como de “riesgo extremo” de incendio a partir de ahora.

Es así como se puede apreciar en los boletines oficiales que se nombran ahora esos días en los que queda prohibido casi todo, ante el peligro inminente de nuevos 'días negros' de llamas incontroladas, como las que se vivieron desde el pasado 8 de agosto. Es una expresión que aparece en un lento goteo con el que se están aprobado en un listado de municipios en riesgo real desde hace meses las nuevas y obligatorias “ordenanzas reguladoras de limpieza de parcelas y vallados de solares para la prevención de incendios” en lo que se denomina administrativamente “la interfaz urbano-forestal” de los pueblos más expuestos al desastre del fuego.

Tras la nefasta experiencia del pasado año, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y las nueve diputaciones provinciales, se apresuraron en septiembre a prometer que se impulsarían en los pueblos en riesgo esos necesarios “anillos de seguridad”. Obviaron recordar que se trataba en realidad de una necesidad que había sido considerada urgente doce años atrás a nivel estatal, pero que prácticamente nadie cumplía. Porque fue en 2013 cuando un Real Decreto aprobó una 'Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales' que contemplaba la necesidad de tener adecentadas estas zonas externas de protección de los pueblos rodeados de vegetación combustible.

Trabajar en la “zona defendible”

A partir de ese momento, la Junta dejó la patata caliente en manos de las diputaciones y a continuación de los propios ayuntamientos, los que todavía ahora aprueban la necesaria ordenanza. Un texto destinado a prevenir incendios en los aledaños de las localidades rurales, que obliga a propietarios y usuarios de parcelas urbanas y rústicas próximas a núcleos habitados a mantenerlas limpias y desbrozadas antes del 1 de junio de cada año.

En esa ordenanza llama la atención la literatura de la Junta para seguir ocultando la dimensión numérica real de las oleadas de incendios de 2025, cuando se limitan sólo a decir que fue “excepcional en número e intensidad de incendios forestales, con afectación directa a varios núcleos urbanos en el entorno de la provincia de León”. Sin un ápice de autocrítica respecto a la lenta reacción autonómica, a las muertes humanas o la falta de medios y descoordinación inicial, el boletín oficial atribuye esta situación sólo a “unas condiciones climatológicas un tanto inusuales, con muchas precipitaciones en primavera y un calor excesivo en verano”. “Unido al despoblamiento rural y cambio de necesidades en los aprovechamientos forestales por parte de los habitantes de los pueblos, han favorecido la proliferación de incendios más voraces e incontrolables”, concluye.

La norma fija franjas de seguridad alrededor de viviendas -en lo que en un lenguaje casi bélico se denomina “zona defendible-, prohíbe hogueras y quemas ordinarias de restos vegetales, limita el uso de maquinaria que pueda provocar chispas en días de riesgo extremo y contempla inspecciones municipales, ejecución subsidiaria de los trabajos y multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan de manera grave.

Lenta Diputación

Sin embargo, a muy diferente ritmo han ido avanzando en mejoras concretas. En el caso de León, la Diputación acumuló medio año de retraso para cuando puso en marcha su compromiso estrella: un total de 400.000 euros, que eran la novedad del presupuesto de este año. Un dinero a repartir entre 114 municipios obligados a afrontar el riesgo máximo lo mejor preparados posibles, teniendo en cuenta el Plan Infocal de la Junta. El impulso inicial a ese reparto tuvo que esperar hasta marzo de este año.

Igualmente, no fue hasta mediados de abril cuando la institución provincial activó por fin el proceso de compra de la maquinaria necesaria para para la prevención de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León, cinco meses después de que la Junta de Castilla y León aprobara ayudas por casi dos millones de euros para este fin sólo en León, y así en el resto de provincias en peligro. Con estos plazos, habrá numerosos casos en los que llegará este próximo el verano sin que todo esté preparado para la defensa efectiva de los pueblos, si nuevamente fuera necesario.

Del hecho de que la ordenanza para que no haya combustible forestal peligroso a las puertas de los pueblos era necesaria da buena cuenta que sólo en el pasado verano el Procurador del Común -defensor del pueblo autonómico- tuvo que emitir una veintena de resoluciones, casi todas desde la oleada de incendios sin precedentes en los registros oficiales leoneses, para señalar las obligaciones en la prevención de incendios forestales, primero en mano del dueño de los terrenos y, si este no actúa, subsidiariamente de los municipios.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta en funciones, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido este martes el “interés general” de la Red de Calor de León pese a la oposición de los vecinos al proyecto, por suponer “un gran ahorro” y tratarse de una energía sostenible como es la biomasa, la quema industrial de pellets.

El consejero ha respondido así pocas horas después de conocerse la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo nº3 de León de admitir a trámite la demanda presentada por la Asociación de Vecinos de la Lastra y la Asociación Carrusel de Puente Castro en contra de ese proyecto, entre duras críticas. Una decisión judicial en concreto planteada contra la falta de información del Ayuntamiento leonés por la concesión de la licencia de obra a la empresa pública autonómica Somacyl. Los vecinos ponen en duda la legalidad de los permisos municipales concedidos para construir la macroplanta de incineración de biomasa, la primera de las fábricas energéticas, así como la primera fase del sistema de tuberías subterráneas de la Red de Calor bajo unas 30 calles de la capital leonesa.

Suárez-Quiñones, en declaraciones recogidas por Efe, ha apuntado que cuando se acometen grandes proyectos innovadores “siempre hay contradicciones desde el desconocimiento”, según atribuye. Sin embargo, añadió que por el contrario hay que destacar del proyecto “la modernidad y el ahorro a los vecinos” de la capital, añadiendo que se trata de un sistema que “tiene solo ventajas y ningún inconveniente”.

Ha insistido en que el combustible que se obtiene es mucho más barato que el tradicional y ha detallado que su puesta en marcha supondrá la eliminación de entre 400 a 500 chimeneas en la ciudad, con una tecnología que se utiliza en el norte de Europa desde hace más de cien años.

Suárez-Quiñones ha trasladado la determinación del Gobierno autonómico de seguir trabajando para sacar adelante el proyecto, tal y como se hizo en Ponferrada, donde el consejero ha asegurado que también se han presentado varios contenciosos-administrativos, que se han ganado. Sin embargo, la realidad es que han sido varias las veces que los juzgados ordenan la paralización del funcionamiento de la Red de Calor ponferradina, cuestionando incluso su legalidad misma., y en caso muy parecido a León hasta cuestionando las licencias municipales otorgadas.

Por su parte, desde las asociaciones vecinales que han presentado el contencioso-administrativo contra el proyecto se ha destacado que este plan sigue el mismo camino que “el desastre de la Red de Calor de Ponferrada”, que ha estado paralizada durante años por recursos judiciales.

Desde las asociaciones también se ha considerado que el proyecto es “obsoleto” e infringe la normativa ambiental y urbanística y llaman a toda la ciudadanía leonesa a seguir rechazando el mismo.

Cinco años después de que la Junta de Castilla y León 'rescatara' el fallido Instituto de Biotecnología de León (Inbiotec) de la mano de la fundación forestal autonómica  Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor), hoy el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado las instalaciones defendiendo que se han consolidado como uno de los principales referentes de investigación aplicada en biotecnología forestal y recursos naturales de España.

Según los datos hoy facilitados, el centro cuenta con más de 1.500 metros cuadrados de instalaciones distribuidas en tres plantas, tres laboratorios especializados y un equipo multidisciplinar formado por un personal de 17 personas “de muy alta cualificación en distintas especialidades científicas y técnicas”, explican en una nota de prensa.

Sus líneas de trabajo abarcan ámbitos estratégicos para Castilla y León como la biotecnología forestal, la sanidad vegetal, la conservación de la biodiversidad y la bioeconomía rural.

La cifra de inversión aireada en este período por la Junta, en concreto desde 2023, se eleva a 690.040 euros para el desarrollo de iniciativas de I+D+i ejecutadas desde este centro. Actuaciones que han permitido avanzar en proyectos relacionados con la biotecnología aplicada a las producciones forestales, la promoción de la castañicultura, la conservación del medio natural y la modernización de equipamientos científicos de última generación.

Algunas líneas de trabajo

Entre los resultados más destacados se encuentran el desarrollo de herramientas de detección molecular de patógenos forestales, protocolos de vigilancia fitosanitaria ya transferidos a la Administración autonómica y sistemas genéticos no invasivos para la identificación de especies emblemáticas como el lobo ibérico y el oso pardo cantábrico.

Asimismo, el centro desempeña un papel clave en el impulso del sector castañero de la Comunidad, ejerciendo la secretaría técnica de la Mesa del Castaño del Bierzo y de la Red Estatal del Castaño, además de promover parcelas demostrativas, acciones de transferencia tecnológica y encuentros internacionales especializados. El centro ha logrado producir el torymus sinensis, un pequeña avispa parasitoide de origen asiático utilizada como control biológico principal contra la avispilla del castaño, una lucha biológica contra esta enfermedad que comenzó teniendo que importar el parásito de Italia y que ahora se produce en este Centro.

La captación de más de un millón de euros de fondos europeos

La capacidad investigadora de Cesefor se ha visto reforzada recientemente con la captación de más de un millón de euros procedentes de financiación europea para el desarrollo de los proyectos LIFE Chestnutrap y Multicas. Ambas iniciativas tendrán un impacto directo en territorios como El Bierzo y la Sierra de la Culebra, impulsando modelos de gestión forestal sostenible, mitigación del cambio climático y valorización de los ecosistemas del castaño.

Durante la visita, el consejero ha destacado la importancia estratégica de este centro para consolidar a Castilla y León como referente en innovación forestal y bioeconomía, subrayando además la capacidad de Cesefor para transferir conocimiento científico al territorio, a los productores y a la propia Administración autonómica.

El centro participa además en otros proyectos de alcance autonómico, nacional e internacional relacionados con la detección de especies invasoras, la conservación de ecosistemas fluviales y la catalogación genética del castaño centenario, reforzando así el posicionamiento de Castilla y León en redes europeas de investigación aplicada al medio natural.

'La Junta B', la sociedad pública Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente, ya cuenta con licencia urbanística de construcción por parte del Ayuntamiento de León para poder comenzar las polémicas obras de las plantas energéticas, de incineración y de placas solares, en el sur de la ciudad.

El equipo de Gobierno municipal ha aprobado en su reunión de Junta de Gobierno de hoy esa licencia, incluso a pesar de que en base a su posición favorable los colectivos vecinales que se oponen tajantemente a este proyecto que la Junta llama Red de Calor de León en el barrio de Puente Castro, junto al cementerio de la ciudad, ya anunciaron la presentación de una denuncia por ese permiso.

Con esta autorización definitiva, el Consistorio da forma a su visto bueno definitivo que por otra parte ya ha ido manifestando desde el origen mismo del proyecto, en septiembre de 2022, cuando una inversión de cerca de 85 millones de euros ya fue anunciada mano a mano por el alcalde de la ciudad, el socialista José Antonio Diez, y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En concreto, la licencia afectará a una primera fase inicial del mucho más amplio proyecto. De momento consta para la “construcción de planta de generación de energía térmica con biomasa”, mucho mayor de las que años atrás consiguieron tumbar los vecinos de barrios como Eras de Renueva, Cantamilanos o Navatejera, así como para los primeros casi 30 kilómetros de canalización subterránea del calor generado en la planta, 30 kilómetros de tuberías bajo decenas de calles de la ciudad de León, para trasladar esa energía a diversos edificios, públicos y privados.

El trámite que queda ahora por parte de Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León) de la Junta es licitar este primer y millonario contrato para la planta de incineración de pellets y el arranque de la red subterránea, que incluye un poco conocida pasarela sobre el río Bernesga a la altura La Candamia y el barrio de La Lastra, barrio que también tiene su propia plataforma vecinal en contra de la instalación.

Esta misma semana, el consejero Quiñones avanzó que esta licitación en busca de la empresa que ejecute los trabajos será una realidad “en las próximas semanas”, insistiendo en defender la bondad del proyecto para reducir las emisiones contaminantes de todos los edificios que se conectarán en el futuro al calor de esta megaplanta. El completo en las siguientes fases acometerá otra de hidrógeno verde y numerosas hectáreas de placas solares.

Además de cuajado de protestas vecinales, sobre este proyecto pesan también todavía diversas causas judiciales abiertas, varias de ellas por Ecologistas en Acción, primero por presuntas irregularidades en la concesión demanial y otros trámites de los terrenos elegidos, junto a la Ronda Sur y el río Bernesga, o en contra de la concesión por parte de la Junta de la figura de Proyecto de Interés Regional, además de la reciente denuncia anunciada contra esta concesión final de licencia.

La mala situación de las depuradoras de aguas sucias en la Montaña Oriental leonesa vuelve a poner en evidencia una de las mayores contradicciones ambientales de Castilla y León: la persistencia durante décadas de vertidos de aguas residuales en pleno Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre (antes Parque Regional de Picos de Europa). Una cloaca que, ara muchos colectivos, dura décadas en un territorio que goza de la máxima figura de protección ambiental de la Junta de Castilla y León, la administración que es al mismo tiempo competente en la materia, gestora del espacio y responsable de esta lamentable situación.

La asociación Grupo de Estudio y Defensa de la Montaña Oriental Leonesa (Gedemol) denuncia que “la mayor parte de las depuradoras del Parque Regional siguen sin funcionar”. Y advierte de que los vertidos al río Yuso “son cada vez más preocupantes”, especialmente ante la llegada del verano, cuando el caudal disminuye y aumenta la presión turística. Creciente año a año. Incluso recuerdan que la situación adquiere todavía dimensión más grave, bordeando lo sanitario, por el hecho de que parte del abastecimiento de agua potable de la localidad de Riaño procede del propio embalse, al que terminan llegando esas aguas putrefactas sin tratar.

Por su parte, la Junta niega la mayor y asegura que toda la red de depuradoras funciona 'como un reloj'. Y prueba de ello, añaden, es que no hay impuesta una sanción por vertidos por parte de la autoridad fluvial, la estatal Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Así lo ha replicado hoy el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, a raíz de las nuevas denuncias conservacionistas.

La gravedad de la denuncia de éstas no reside únicamente en el estado actual de las instalaciones. También en que el problema se arrastra desde hace casi dos décadas pese a que muchas de las infraestructuras ya estaban construidas o prácticamente finalizadas a mediados de los años 2000. El Parque en sí data del año 1994. La Ley de 18 de julio de ese año irónicamente destacaba que allí el agua es “un componente esencial del ecosistema y de la caracterización del paisaje de dicho espacio, por lo que preservar su calidad en los cauces, constituye un requerimiento ineludible en el objetivo general de proteger el espacio”.

Todo tipo de quejas

Aunque se fueron ejecutando con cuentagotas, tuvo que esperarse al año 2007 -13 años después- para que se firmara un convenio entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, el Consorcio Provincial de Residuos Gersul y varios ayuntamientos, entre ellos el de Boca de Huérgano. Los municipios ya estaban hartos entonces de soportar “deficiencias” constantes y un elevadísimo coste eléctrico para el funcionamiento de esas estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). Y entre otras muchas quejas al Procurador del Común de Castilla y León, las obras para intentar ponerlas en marcha fueron adjudicadas en julio de 2008.

Sin embargo, aquel mismo organismo del 'defensor del pueblo' autonómico ya reflejaba que en 2008 y 2009 las depuradoras seguían sin estar plenamente operativas y continuaban pendientes actuaciones imprescindibles para su funcionamiento efectivo. Casi veinte años después, el escenario apenas ha cambiado, denuncia Gedemol, como lo hacía antaño.

De entre lo poco que se ha avanzado destaca un acuerdo autonómico desde principios de la década pasada para pagar una parte del altísimo coste de mantenimiento y consumo eléctrico de las estaciones, por los que los ayuntamientos las dejaban inoperantes. El último se aprobó en 2020.

Boca de Huérgano, entre lo peor

La asociación pone especial acento en el más preocupante caso de Boca de Huérgano, donde “ninguna de las depuradoras se encuentra en funcionamiento”, por lo que “todas las aguas residuales -de la totalidad de sus pueblos- se vierten al río Yuso sin depuración de ningún tipo”. La asociación describe escenas especialmente alarmantes durante el pasado verano. “Decenas de metros por debajo de los puntos de vertido de Barniedo, Los Espejos de la Reina o Boca de Huérgano se podía apreciar el volumen del vertido y su impacto, con un río blanquecino y maloliente”, denuncia.

El colectivo recuerda además que la situación se produce en un entorno especialmente sensible desde el punto de vista ecológico y turístico. A ello se sumó el impacto añadido de “las cenizas de los incendios del pasado verano, los prolongados estíos y el aumento de turistas”, factores que provocan episodios críticos cuando el río presenta caudales mínimos y recibe vertidos fecales directos.

¿Qué hacen las autoridades?

La asociación sostiene que la situación incumple tanto la Ley de Aguas como la normativa del Dominio Público Hidráulico y alerta de sus consecuencias sobre “la salud pública, la sostenibilidad de los ecosistemas y los daños económicos ligados al turismo o la pesca”. “Somos una comarca que cada vez vive más del turismo y no podemos permitir que las zonas de baño, visitadas en verano por cientos de familias, sean verdaderas cloacas”, lamenta el colectivo.

Gedemol carga contra todos: empezando por el Consistorio de Boca de Huérgano, sobre todo señala a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), competente en la calidad y gestión de las aguas públicas, y la propia Junta de Castilla y León, a las que acusa de permitir durante años una situación que se ha vuelto crónica.

La asociación ha solicitado información ambiental al Ayuntamiento y asegura que únicamente ha recibido documentación relativa a dos nuevos convenios firmados en octubre de 2025 entre la empresa pública de la Consejería, Somacyl, y el Consistorio para construir depuradoras en Llánaves de la Reina y Portilla de la Reina. Que ni existían.

Con este panorama, reclama conocer “en qué se está gastando la tasa anual de depuración de aguas residuales de más de 50 euros por vecino”, un importe que asegura que se ha incrementado notablemente en los últimos años.

Carriedo, sin embargo, dibuja un escenario perfecto y cristalino en el funcionamiento de las EDAR en la Montaña Oriental. Ante preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno de este jueves, afirmó tajante que “todas las depuradoras están en funcionamiento” e incluso “tienen un histórico completo desde 2014” hasta la actualidad. En ese historial de estadísticas, añadió, “se acredita consistentemente el cumplimiento de todos los parámetros exigibles por la normativa”. Prueba de ello, concluyó, es que en todo este tiempo “no se ha establecido ningún procedimiento sancionador” por parte de la Confederación. De modo que la visión oficial de la Junta es de absoluta normalidad, ahora y siempre, en la depuración de las aguas del espacio protegido.

Apuntando a los tribunales, y mucho más

Sin embargo, Gedemol anuncia nuevas actuaciones para demostrar que la razón está de su parte: Prepara inspecciones individualizadas de las depuradoras, con posible presencia notarial. También impulsará una campaña de toma de muestras aguas abajo de los vertidos y en zonas de baño. Y no descarta reabrir la denuncia ante la Unión Europea o acudir directamente a los tribunales.

El colectivo considera que parte del problema procede del diseño original del sistema de saneamiento realizado en los años noventa, que califica de “desastre”, con instalaciones “sobredimensionadas y de elevado coste de mantenimiento”. No obstante, insiste en que esa circunstancia “no es excusa para que no se depure” una de las joyas de la corona ambientales de la provincia. Finalmente, como alternativa, plantea la implantación progresiva de sistemas de “filtros verdes”, depuradoras ecológicas basadas en gravas, juncos y vegetación natural, ya utilizadas en otros espacios protegidos europeos y con menores costes de mantenimiento.

El consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado la promoción de 32 viviendas de protección oficial (VPO) finalizadas en el pueblo de Posada del Bierzo, en el municipio de Carracedelo, comarca de El Bierzo, donde ha entregado las llaves a dos de los nuevos propietarios.

Las viviendas, situadas en la Avenida de los Jardines, han sido promovidas por la Junta a través de la empresa pública Somacyl, con una inversión total de 4,15 millones de euros.

La promoción se enmarca en la estrategia autonómica para impulsar vivienda asequible en el medio rural, con precios de 119.000 euros para el público general y 95.000 euros para menores de 36 años, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y nuevos compradores. Las viviendas entregadas son unifamiliares pareadas de dos alturas, con una superficie útil de 88,40 metros cuadrados, a la que se suman 17 metros cuadrados de garaje y un jardín privativo de entre 70 y 80 metros cuadrados.

El consejero también se ha referido a la promoción de 20 viviendas en Ponferrada para alquiler a jóvenes, asegurando que los plazos se cumplirán y que no se perderán ayudas europeas, pese a las advertencias que había realizado el PSOE por la tardanza en las obras. El consejero sí ha reconocido retrasos iniciales en las obras, pero ha insistido en que el proyecto contempla prórrogas y que “las obras públicas son complejas”, confiando en su finalización este año.

El consejero de Medio Ambiente en funciones, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido este miércoles que la Junta de Castilla y León ha hecho “todas las actuaciones que le correspondían”, tanto en la prevención como en la respuesta al incendio que afectó al entorno de Las Médulas (León), declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

En declaraciones a los periodistas con motivo de la entrega de llaves de las viviendas protegidas en Carracedo, en la comarca de El Bierzo, el consejero ha reconocido que las administraciones públicas aún están “aprendiendo” en materia de prevención de incendios. También ha destacado el refuerzo de medios materiales, como la incorporación de 40 'bulldocers' y maquinaria cedida a la Diputación de León para la creación de anillos de seguridad en el territorio.

Hay que recordar que, a pesar de negativas oficiales del propio Quiñones tras la primera noche del grave incendio en Las Médulas, el siniestro no sólo causó daños materiales muy cuantiosos a vecinos a infraestructuras turísticas de la zona sino que el espacio natural quedó afectado en un 70% del total de su superficie del Patrimonio de la Humanidad, según cifró oficialmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cerca de 20.000 hectáreas que se suponían con la máxima figura de protección. Una figura que no sirvió tampoco para acelerar su prevención y defensa, ya que el Espacio Cultural y Natural de Las Médulas, reconocido por la Unesco en 1997 como Patrimonio de la Humanidad, carecía de un plan de prevención de incendios forestales en vigor cuando fue arrasado por el fuego.

Ajeno a esto, Suárez-Quiñones, en declaraciones recogidas por Efe, apeló hoy a la responsabilidad ciudadana y ha advertido de que aún existen conductas que contribuyen a la propagación del fuego. El origen del siniestro de Las Médulas fue natural.

El consejero también ha mostrado su respeto a la movilización del próximo domingo, 17 de mayo, convocada por asociaciones de vecinos para protestar por la “inacción” que achacan al Ejecutivo autonómico en la gestión de estos fuegos, de la que Quiñones era el máximo responsable político al frente de la Consejería.

Por otra parte, ha defendido la ampliación de la red de calor de Ponferrada, tumbada por los Tribunales, porque, no sólo mejora la eficiencia energética, sino que contribuye a la reducción del riesgo de incendios, y ha criticado la actuación de algunos colectivos ecologistas y vecinales a los que ha acusado de poner “palos en las ruedas”.

El sur de la ciudad de León aprovecha un nuevo avance del polémico proyecto de la macroplanta energética de incineración y solar, en concreto la inminente concesión de la licencia de obras para que pueda comenzar pronto a construirse, para plantar una nueva batalla judicial con toda la fuerza que les es posible.

Las asociaciones vecinales de La Lastra y Carrusel de Puente Castro han anunciado hoy la presentación de una demanda contencioso-administrativa contra el Consistorio por la tramitación de esa necesaria autorización de obras de la llamada Red de Calor que promueve la Junta de Castilla a través de su empresa pública Somacyl. Un proyecto energético valorado inicialmente en más unos 85 millones de euros en total que contempla la construcción de instalaciones como una planta de quema de biomasa, otra de hidrógeno verde y una planta fotovoltaica, todo ello lindando con el cementerio de León, así como una extensa red de tuberías para canalizar bajo las calles el calor hacia buena parte de la capital leonesa.

El recurso judicial se ha interpuesto este miércoles ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de León, después de que el Consistorio anunciara la aprobación de la licencia de obras para iniciar los trabajos de una infraestructura que acumula desde hace años contestación vecinal y ecologista.

Las asociaciones denuncian en un comunicado que el proyecto supondrá “llenar León de obras y de tuberías innecesarias” y sostienen que la iniciativa “solo pretende usar fondos públicos”, en parte europeos, y resulta “totalmente ilegal” por supuestos motivos urbanísticos y ambientales. De hecho, son varios los frentes judiciales abiertos, desde la cesión del suelo a la falta de trámites obligatorios en diferentes puntos de su tramitación municipal, además de litigar contra la protección concedida por la Junta al nombrar esta infraestructura como de Interés Regional.

Llamamiento político... con pocos visos de éxito

En el escrito a los medios, las entidades vecinales aseguran además que la licencia todavía no estaría definitivamente aprobada y hacen un llamamiento a los concejales de todos los grupos políticos para que voten “en conciencia” y no den “vía libre a un proyecto que es negativo para la ciudadanía”. Un llamamiento con pocos visos de prosperar, ya que el equipo de Gobierno en solitario del PSOE cuenta con el previsible apoyo del PP como mayoritaria oposición, aunque UPL (s´lo cuatro concejales) o Vox (dos, y escindidos hace tiempo) se puedan oponer, como los primeros ya anunciaron.

Los colectivos cargan directamente contra el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, al que acusan de haber ocultado la tramitación administrativa a los afectados: “Hemos solicitado comparecer en el expediente de licencia el 24 de septiembre, 15 de octubre, 7 de noviembre de 2025 y 26 de marzo de 2026, sin obtener respuesta alguna, ocultando el contenido del expediente. Nos preguntamos qué tienen que esconder a nivel municipal”.

Las asociaciones consideran además que el proyecto perjudica a los barrios afectados dicen no entender “que el alcalde siga impulsando proyectos que perjudican a sus propios vecinos y que suponen el desvío de millones de euros que debían ir destinados a la reindustrialización en las cuencas mineras de El Bierzo, Laciana y la Montaña Central Leonesa”. Hay que recordar que, frente al socialista Diez, el líder provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, ha estado llamativamente al frente de la protesta, en calidad de vecino afectado.

Una macroinfraestructura en el sur y bajo decenas de calles

La denominada Red de Calor Sostenible fue presentada oficialmente en septiembre de 2022 por Diez y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como uno de los mayores proyectos energéticos previstos en la ciudad de León. La iniciativa contempla una inversión de 85 millones de euros durante tres años y se divide en dos grandes actuaciones.

La primera consiste en la construcción de un gran complejo energético de unas 22 hectáreas en terrenos del barrio de Puente Castro, junto al cementerio municipal y próximos a la Ronda Sur LE-30, el Mercado de Ganados, la estación depuradora y la localidad de Alija de la Ribera, amén de los ríos Torío y Bernesga.

La segunda gran actuación es la creación de una red de canalizaciones subterráneas para distribuir calefacción y agua caliente a edificios públicos, empresas y viviendas. El proyecto inicial hablaba de hasta 65 kilómetros de conducciones, aunque las asociaciones vecinales sitúan ahora la actuación prevista entre 30 y 40 kilómetros de ramales principales y secundarios, mientras denuncian la necesaria apertura de zanjas y obras en decenas de calles de la ciudad. La concesión inicial a Somacyl incluía además la cesión del subsuelo de 127 calles de León para la instalación de las tuberías.

El objetivo defendido por las administraciones es sustituir sistemas individuales de combustibles fósiles y eliminar hasta 1.100 chimeneas y calderas particulares, garantizando además un suministro energético estable y prometiendo ahorros económicos de entre un 30% y un 50% en las facturas energéticas para quienes se conecten a la red, dijeron en su día.

Protestas vecinales y críticas ecologistas

Desde su presentación, el proyecto ha ido sumando alegaciones y movilizaciones ciudadanas, especialmente en los barrios de Puente Castro y La Lastra, las zonas más próximas a la futura planta energética. Colectivos vecinales y organizaciones ecologistas han advertido durante los últimos años de los posibles impactos ambientales y de salud derivados de la actividad industrial prevista tan cerca de zonas habitadas.

Entre las principales críticas figura el funcionamiento permanente de las instalaciones, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, así como el incremento del tráfico pesado asociado al transporte de biomasa y residuos orgánicos.

Según las alegaciones presentadas en su día por Ecologistas en Acción, la planta de biogás prevé tratar más de 50.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, mientras que la central de biomasa consumiría unas 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. Los colectivos alertan de posibles molestias por ruidos, malos olores y emisiones contaminantes, además del elevado consumo de agua previsto para las instalaciones.

Las protestas también han ido creciendo en la calle, con varias concentraciones y manifestaciones con cientos de personas en el centro de la ciudad. Las asociaciones vecinales insisten ahora en que seguirán recurriendo el proyecto por la vía judicial y llaman a la ciudadanía leonesa a rechazar una actuación que, a su juicio, provocará “graves molestias” y “obras innecesarias” en el subsuelo urbano de la ciudad.

No siempre hace falta que empiece a arder el monte para que salten las alarmas, y menos apenas unos pocos meses después del peor año de incendios forestales en la historia de provincias como León. A veces las llamas se producen por una decisión administrativa y otras veces por una cuestión judicial. Un poco de ambas hay en la última polémica cuya mecha se acaba de prender: la denuncia pública por parte del colectivo de celadores de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de que más de un centenar estarían siendo apartados de los operativos de extinción de incendios forestales, en plena revisión del dispositivo.

La alerta ha saltado de la mano de la Asociación de Celadores y Celadoras de Medio Ambiente de Castilla y León. A pesar de ser una figura clave sobre el terreno, con funciones de vigilancia, coordinación y conocimiento directo del medio natural, el colectivo denuncia abiertamente un “desmantelamiento encubierto” de sus principales competencias. Y lo hacen en un contexto en el que, lejos de reforzar medios tras los últimos desastres, la Administración autonómica parece optar por eliminar piezas del engranaje a pesar de que en años como el pasado todos los medios posibles acabaron resultando totalmente insuficientes.

Conviene no perder de vista el contexto. 2025 dejó cifras que todavía queman. Por primera vez de manera oficial la Junta dio a conocer, a través de la polémica medida de permitir la caza y el pastoreo en tiempo récord en terrenos quemados, que sólo los 14 grandes incendios sufridos en la provincia de León en agosto ascendieron a 135.481 hectáreas quemadas. Un dato publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que chocaba frontalmente con las 87.068 hectáreas que la propia Consejería de Medio Ambiente había aireado meses antes de manera informal. Porque ni el máximo responsable político del operativo, el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ni el administrativo, el director general José Ángel Arranz, ofrecieron nunca cifra alguna provincializada en sus comparecencias en las Cortes que la oposición tuvo que forzar.

Una sentencia y críticas a su aplicación

El origen de esta exclusión parte de una sentencia judicial, promovida por el sindicato USCAL, que los celadores recuerdan que son “una minoría”. En el auto, se dictamina que el personal laboral fijo -que es el estatus actual de los celadores autonómicos- no puede ejercer como jefe de extinción, función reservada a funcionarios. Sin embargo, desde la asociación señalan que la Junta de Castilla y León ha permitido que la sentencia sea firme, al no recurrirla en tiempo y forma, y critican que se haya optado por la vía más drástica: eliminar al colectivo del operativo en lugar de reasignarles funciones compatibles, como jefes de sector o de coordinación.

Recuerdan además que “la sentencia anula solamente la orden de 2024 respecto a la jefatura de extinción, pero en ningún momento dicta que se nos deba expulsar del operativo”. Por eso, el colectivo censura la decisión política de la Junta como una clara “discriminación flagrante, especialmente cuando otros técnicos que también son personal laboral sí mantienen sus atribuciones”.

Ahora, con ese precedente, la decisión de prescindir de más de cien celadores en los operativos añade más leña al fuego político y social. Los afectados sostienen en un comunicado que se les está relegando de funciones que venían desempeñando “con eficacia y experiencia contrastada”, lo que podría traducirse, advierten, en una pérdida de capacidad de respuesta sobre el terreno justo cuando más falta hace.

No es solo una cuestión laboral. Es, sobre todo, una cuestión operativa. Porque en incendios forestales cada minuto cuenta y cada figura tiene su papel. Y eliminar o reducir efectivos con conocimiento del territorio no parece, a priori, la estrategia más tranquilizadora para una ciudadanía que ha visto cómo el fuego arrasaba miles de hectáreas en tiempo récord.

La Junta, de momento, no ha ofrecido una explicación pública detallada que disipe las dudas. Los celadores lo resumen de forma más directa: se está tomando una decisión “incomprensible” en el peor momento posible. De hecho, los primeros meses de este año ya presentan una malas estadísticas comparativas, habiéndose producido varios incendios forestales de considerables dimensiones.