Indignación monumental en la sociedad leonesa al conocerse que la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León financia con 230.000 euros la promoción de la Curia de Gormaz de 1187 como la 'Cuna del Parlamentarismo' por delante históricamente de las Cortes de León de 1188.

“Este hecho convirtió a San Esteban de Gormaz en uno de los principales antecedentes de las instituciones parlamentarias modernas y situó a Castilla como territorio pionero en el desarrollo político e institucional de Europa”, exponen en la propia web del Ayuntamiento soriano, asegurado que “en esta reunión participaron nobles, obispos, representantes de más de 50 villas y ciudades, y una embajada del Sacro Imperio Romano Germánico. Ello supuso la primera vez en Europa que los concejos urbanos tuvieron representación política, transformando la Curia en las primeras Cortes de Castilla y del Occidente europeo”, por lo que creará un Centro de Interpretación de la 'Cuna del Parlamentarismo' denominado 'Puerta de las Cortes: Castilla 1187'.

Los primeros en saltar a la palestra han sido la Unión del Pueblo Leonés, que denuncia que “la Junta tergiversa la historia para intentar arrebatar la ‘Cuna del Parlamentarismo’ a León y entregársela a Castilla”. La formación leonesista critica que la Junta financie actividades y proyectos en San Esteban de Gormaz (Soria), “en que se afirma que el parlamentarismo europeo nació en Castilla en 1187, cuando a nivel mundial se reconoce que nació en León en 1188”. A estas críticas se ha sumado también el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial.

“Y todo ello, tras dotar la Junta con cerca de 200.000 euros a un proyecto en que según ha señalado el alcalde de la localidad castellana de San Esteban de Gormaz, se recoge en dicho municipio soriano 'la creación de un Centro de Interpretación Turístico de la Cuna del Parlamentarismo Europeo', afirmando asimismo desde la web del consistorio que 'San Esteban de Gormaz revive el nacimiento del parlamentarismo europeo con la recreación de las Cortes de 1187', a la par que señalan que dichas Cortes situó a Castilla como territorio pionero en el desarrollo político e institucional de Europa”, afirma la UPL que recuerda que esos representantes ciudadanos “no tuvieron derecho a voto”.

Unas afirmaciones que desde Unión del Pueblo Leonés consideran “un despropósito sin base documentada en cuanto al derecho a voto de los representantes ciudadanos, y una contradicción de lo que está reconocido a nivel mundial por historiadores y expertos en la materia”.

De este modo, consideran que el hecho de que desde Castilla se aluda a San Esteban de Gormaz como ‘Cuna del Parlamentarismo’ y que la Junta financie un proyecto en dicha localidad pretendiendo encumbrarla como tal, “es un insulto al Reino de León y a la historia de ciudades como León, Salamanca, Zamora, Astorga, Benavente, Toro o Ciudad Rodrigo, que tuvieron derecho a voto en las Cortes leonesas de 1188, y por ello, forman parte del reconocimiento como Cuna del Parlamentarismo por parte de la Unesco”.

Por ello, desde UPL consideran que la Junta “está financiando y fomentando la manipulación y la tergiversación de la historia para intentar arrebatar la ‘Cuna del Parlamentarismo’ que corresponde y está reconocida al Reino de León, para intentar entregársela a Castilla sin respaldo documental que corrobore la contradicción que supone respecto a lo reconocido mundialmente por la Unesco”.

Muchas más Curias en León anteriores a Gormaz con ciudadanos

Por otro lado, los leonesistas recuerdan que “si se trata de ensalzar Cortes donde los representantes ciudadanos no tenían derecho a voto, las Cortes castellanas de San Esteban de Gormaz de 1187 no fueron las primeras, pues de forma previa podríamos hablar de las Cortes del Reino de León reunidas en Salamanca en 1178, las reunidas en Zamora en 1065, las reunidas en Benavente en 1176, o las reunidas en León en 1017 o 1035, entre otras, habiendo llegado a haber representantes de ciudades y villas en ellas pero sin derecho a voto, algo que no se da hasta las Cortes del Reino de León de 1188”.

Por todo ello, desde Unión del Pueblo Leonés exigen a la Junta que no financie ni promueva actividades que pongan en duda el reconocimiento mundial de las Cortes leonesas de 1188 como Cuna del Parlamentarismo, considerando que “hacerlo supone un insulto al Reino de León y a nuestra historia, buscando arrebatarnos a los leoneses algo que se nos reconoce mundialmente”.

Del mismo modo, los leonesistas reprochan a la Junta de Castilla y León su “nula implicación” para promover un mayor conocimiento de las Cortes del Reino de León de 1188 y su reconocimiento como Cuna del Parlamentarismo mundial, y recuerdan el rechazo a iniciativas planteadas por UPL en las Cortes para su puesta en valor y promoción.

Por último, recuerdan al gobierno autonómico que hace apenas una semana, el 6 de mayo, UPL registraba una batería de preguntas en las Cortes en las que preguntaban a la Junta “por qué sigue sin cumplir con el compromiso de poner en marcha la Ruta ‘Cuna del Parlamentarismo’ en León, Zamora y Salamanca”, a la par que le reclamaban “acciones para poner en valor, en las localidades de León, Zamora y Salamanca que participaron en las Cortes del Reino de León de 1188, el reconocimiento de dichas Cortes como ‘Cuna del Parlamentarismo’ a nivel mundial por la Unesco” y reconocidas por las Cortes Generales Españolas (Congreso y Senado) e incluso las mismas cortes autonómicas con esta figura, lo cual supone una notoria contradicción flagrante entre el legislativo en Valladolid y el Gobierno de la Junta, “repleto de hipocresía”.

El ILC denuncia el “fraude historiográfico” de la Junta

Por su parte, el Instituto Leonés de Cultura (ILC) ha acusado a la Junta de Castilla y León de promover el “borrado histórico” del Reino de León y construir un “fraude historiográfico financiando la usurpación castellana de la Cuna del Parlamentarismo que ostentan las Cortes de León de 1188”.

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio y vicepresidente del ILC, Emilio Martínez, ha manifestado su más profunda indignación ante lo que considera un ataque directo al patrimonio histórico, a la cultura y a la identidad del pueblo leonés por parte del Gobierno autonómico.

La polémica surge a raíz del respaldo económico de la Junta, dotado con cerca de 200.000 euros, al proyecto 'Puerta de las Cortes: Castilla, 1187' en San Esteban de Gormaz (Soria). Según ha señalado el alcalde de esta localidad, el proyecto incluye la creación de un “Centro de Interpretación Turístico de la Cuna del Parlamentarismo Europeo”.

Para Emilio Martínez, “estamos ante un caso flagrante de borrado histórico impulsado y sufragado con el dinero de todos”. Para el responsable cultural es “inaceptable” que una administración pública destine fondos públicos iniciativas con “arbitrariedad administrativa” para sustraer a León “un hito que le pertenece por derecho y evidencia documental, con el único fin de construir un relato pseudohistórico que beneficie a Castilla”.

La institución ha recordado que el valor universal de los Decreta de 1188 reside en la acreditación documental de la participación ciudadana con voz y voto, un hecho diferencial que no se da en la asamblea castellana de 1187, donde la presencia de representantes de las ciudades carece de soporte jurídico que demuestre su capacidad de decisión.

Este hecho es precisamente el que motivó que la UnescoO reconociera en el año 2013 a las Cortes leonesas de 1188 como 'Cuna del Parlamentarismo' a nivel mundial. Como argumentaba la propia organización internacional, “refleja un modelo de gobierno y de administración original en el marco de las instituciones españolas medievales en las que la plebe participa por primera vez, tomando decisiones del más alto nivel, junto con el rey, la iglesia y la nobleza, a través de representantes elegidos de pueblos y ciudades”.

“Alentar este tipo de proyectos es una falta de respeto gravísima hacia la UNESCO y hacia el programa Memoria del Mundo. La Junta está pisoteando el consenso de los historiadores internacionales para imponer un revisionismo político inaceptable”, ha subrayado Martínez.

Asambleas con ciudadanos sin derecho a voto en León desde mucho antes

El organismo autónomo de la Diputación de León ha recordado que en lo que se refiere a asambleas sin derecho a voto, las de San Esteban de Gormaz de 1187 tampoco serían las primeras. Martínez ha señalado que el hito de 1188 no fue un hecho aislado, sino “la culminación de una vanguardia política” iniciada en el Reino de León ya en el año 1017, y que tuvo sus precedentes en asambleas celebradas en sedes como Zamora, Benavente o Salamanca.

Ante la gravedad de los hechos, el Instituto Leonés de Cultura exige a la Junta de Castilla y León la paralización inmediata de cualquier financiación o promoción de actividades que pongan en duda el reconocimiento de las Cortes leonesas de 1188. El ILC considera que la administración autonómica actúa con deslealtad institucional al tratar de arrebatar a los leoneses un reconocimiento mundial.

Emilio Martínez ha lamentado la “nula implicación” del gobierno autonómico para promover el verdadero hito democrático de 1188, “mientras dilapidan recursos en falsificar la historia en Soria, la Junta sigue dando la espalda a la puesta en valor de los Decreta de León”. El dirigente leonesista ha concluido exigiendo el “abandono inmediato de la confrontación y el negacionismo histórico a la par que ha reivindicado al Ejecutivo autonómico un trabajo ”con rigor para proteger y difundir el verdadero patrimonio de la Región Leonesa y de todos los españoles“.

San Esteban de Gormaz sumará casi 232.000 euros en ayudas para impulsar su legado histórico vinculado a las primeras Cortes de Castilla como “la Cuna del Parlamentarismo” al considerar la Curia Regia de Gormaz de 1187 anterior a las de León de 1188. Y pagado generosamente por la Junta de Castilla y León que ha concedido no solo una subvención sino dos ayudas distintas que refuerzan la apuesta del municipio soriano por convertir este episodio del pasado en un activo cultural y turístico de primer al considerarse “escenario de una Curia Regia que marcó un antes y un después en la organización política medieval. Por primera vez participaron no sólo nobles y miembros del clero, sino también representantes de ciudades y villas en la toma de decisiones de la Corona y del reino”.

“Este hecho convirtió a San Esteban de Gormaz en uno de los principales antecedentes de las instituciones parlamentarias modernas y situó a Castilla como territorio pionero en el desarrollo político e institucional de Europa”, exponen en la propia web del Ayuntamiento soriano.

Esto colisiona con el reconocimiento por parte de la Unesco de los Decreta de León “como el registro documental más antiguo del parlamentarismo Europeo” y con el de las Cortes Generales Españolas, y las propias autonómicas como Cuna del Parlamentarismo. Si bien en Gormaz los documentos indican que asistieron casi cincuenta “representantes de las ciudades”, no participaron más que como notarios de lo que allí ocurría ni se creó el sistema estamental de voto que sí surgió en el Reino de León (en ese momento los dos reinos estaban separados y eran enemigos) y que no se implantó en las Curias Regias de Castilla hasta 1252.

Recreación el 16 de mayo y Centro de Interpretación

Por un lado, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte financia dos proyectos culturales en el medio rural para que Gormaz compita en la primacía con León con una ayuda de 32.000 euros para 'San Esteban de Gormaz: 1187', una propuesta valorada con 85 puntos sobre 100 y cuyo presupuesto total asciende a 50.923,40 euros para recrear este 16 de mayo lo que este municipio denomina “las primeras Cortes de Castilla”. Por otro lado, el proyecto 'Puerta de las Cortes: Castilla, 1187' ya había obtenido una subvención de 199.766,16 euros dentro de la línea de ayudas para iniciativas turísticas, tras alcanzar la máxima puntuación en su convocatoria y según su alcalde esta cantidad de dinero servirá “para la creación de un Centro de Interpretación Turístico de la Cuna del Parlamentarismo Europeo”. Las dos ayudas públicas ya se conocían en noviembre de 2025.

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz justifica este último proyecto obviando también que las propias Cortes de Castilla y León reconocen por unanimidad que la autonomía está compuesta por dos regiones: “El proyecto contará con un espacio de atención al visitante centrado en este acontecimiento histórico para ofrecer no sólo una experiencia turística exclusiva y singular sino también cohesionada con toda la región castellano leonesa (sic), obviando los límites administrativos actuales para fomentar la creación de un relato histórico que permita la atracción de visitantes y la reivindicación de nuestro patrimonio e historia”.

Y, además, lo justifica en su web municipal: “En esta reunión participaron nobles, obispos, representantes de más de 50 villas y ciudades, y una embajada del Sacro Imperio Romano Germánico. Ello supuso la primera vez en Europa que los concejos urbanos tuvieron representación política, transformando la Curia en las primeras Cortes de Castilla y del Occidente europeo. El principal asunto tratado fue el matrimonio de Berenguela de Castilla, heredera al trono, con Conrado de Hohenstaufen, hijo del emperador Federico I, pacto que después se confirmaría en el Tratado de Seligenstadt (1188). Aunque el matrimonio no se consumó, la convocatoria marcó un hito en la historia del parlamentarismo europeo”.

Dos proyectos culturales que 'quitarían' la primacía a León

Ambas actuaciones, la fiesta recreacionista de este sábado 16 de mayo y la creación de este centro de interpretación se complementan y forman parte de una misma estrategia de desarrollo local en torno a las primeras Cortes de Castilla, celebradas en San Esteban de Gormaz en 1187 bajo el reinado de Alfonso VIII. Para el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, “esta reunión es considerada un antecedente clave del parlamentarismo europeo y se ha convertido en el eje de una ambiciosa apuesta institucional para recuperar, divulgar y proyectar ese legado histórico”. La recreación histórica también ha sido financiada por la Diputación de Soria y tanto el municipio como la administración provincial están regidas por el PP. De hecho, su alcalde, Daniel García Martínez, es el presidente provincial soriano.

El proyecto cultural ahora subvencionado incluye una recreación teatralizada de las Cortes, conferencias, jornadas divulgativas y la edición de materiales informativos en distintos formatos. Su objetivo es acercar este episodio histórico al público y dinamizar la actividad cultural en el medio rural, al tiempo que contribuye a reforzar la identidad del municipio.

La otra iniciativa, 'Puerta de las Cortes: Castilla, 1187', se centra en la creación de un espacio de atención al visitante y un enclave de referencia que actúe como entrada simbólica y real al patrimonio vinculado a las primeras asambleas parlamentarias europeas. En conjunto, ambas subvenciones supondrán una inversión pública cercana a los 232.000 euros para situar a San Esteban de Gormaz como referente en la divulgación de este capítulo fundamental de la historia castellana.

El error de base: León sí tuvo antes representación ciudadana

El problema con la interpretación de San Esteban de Gormaz de que son las primeras Cortes europeas con representación del pueblo llano choca, según el historiador Ricardo Chao, con la evidencia histórica: “En primer lugar, estuvieron presentes los ciudadanos como también lo estuvieron en 1135 en León en una Curia Regia que convocó Alfonso VII para su coronación según indica la Crónica del Emperador”. Y en segundo, “en ningún caso” los ciudadanos pudieron decidir en Gormaz ni antes de 1188 en ningún lugar “sino que estuvieron para certificar lo que allí se decidía por nobles, eclesiásticos y el rey, y así difundirlo en sus localidades de origen”. La reunión castellana, además, no legisló ningun corpus de leyes como los Decreta de Alfonso IX de León (el documento que es Memoria del Mundo de la Unesco), en los que se mejoraban los derechos ciudadanos del Fuero de León de 1017 para toda la Corona Legionense tras haberse separado la castellana desde 1157.

Además, la propia Curia Regia que creó el Fuero de León en 1017 –legislando la creación de un concejo ciudadano para regir la ciudad, cobrar impuestos, gestionar el mercado y mantener las murallas– también contó con la presencia de representantes de los ciudadanos leoneses, con voz pero sin voto, 170 años antes que Gormaz.

Este periódico ha intentado obtener la opinión de la Cátedra de Parlamentarismo de la Universidad de León sobre la disputa castellana de la primacía de las primeras Cortes “en el occidente europeo”, como asegura el Ayuntamiento soriano, sin conseguirlo.

A la Junta de Castilla y León no le consta ninguna denuncia, demanda o información sobre la presunta muerte por negligencia de una paciente en el Hospital El Bierzo, ubicado en la ciudad de Ponferrada, a la que se le habría suministrado un antibiótico al que era alérgica, a pesar de haberlo comunicado previamente, presuntamente motivo por el cual a los pocos segundos habría entrado en parada cardiorespiratoria.

La Asociación Defensor del Paciente dio a conocer hace cerca de dos semanas este caso, considerando que podría constituir una negligencia médica con implicaciones penales. Por ese motivo, asegura que trasladó toda la información a la Fiscalía y reclamó una investigación en el ámbito penal para depurar las responsabilidades por esa muerte de la mujer.

A pesar de que el mismo 6 de marzo, que trascendió la información, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de El Bierzo aseguró haber conocido ya a través de los medios de comunicación este caso y esta denuncia, el portavoz del Gobierno autonómico ha asegurado que aún no se ha profundizado en este caso. El motivo esgrimido por el portavoz Carlos Fernández Carriedo es que “no ha habido ninguna denuncia por parte de ninguna entidad, no se ha puesto a disposición de la Junta ninguna demanda a este respecto”. El portavoz aprovechó, como siempre hace, para “lamentar cualquier fallecimiento y ponernos del lado de la víctima y de sus familiares”.

Según relato del marido de la fallecida, trasladado por la Asociación Defensor del Paciente, la mujer ingresó en el hospital berciano el pasado 28 de abril para ser intervenida de una infección en un glúteo que, en principio, no revestía gravedad. Según el cónyuge, sus familiares advirtieron a los sanitarios de que su esposa, que además tenía problemas cardíacos importantes, era alérgica a la amoxicilina desde hacía dos décadas. Pese a ello, y según el esposo, a la paciente se le administró ese antibiótico por vía intravenosa y, a los pocos segundos, entró en parada cardiorrespiratoria, lo que condujo a su fallecimiento.

La familia también cuestionó la actuación posterior por parte del centro hospitalario, ya que la mujer permaneció conectada a soporte vital en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hasta el día siguiente, lo que interpreta como un intento de minimizar o encubrir la gravedad del episodio.

Carriedo valoraba hoy, tras el Consejo de Gobierno, que desde la Consejería de Sanidad de la Junta “siempre analizamos cualquier tipo de circunstancia o noticia que se pueda conocer, aunque no se derive de ello una denuncia”. Y remarcó que “si cabe alguna actuación o información, la comunicaremos”. “Pero a día de hoy no hay ni denuncia ni demanda de información, y tampoco ningún elemento adicional del que nosotros podamos informar”, concluyó.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia el retraso del inicio de las obras de la futura oficina de empleo en Astorga, que se ubicará en el antiguo colegio Leopoldo Panero, y el “exilio forzoso” de usuarios y funcionarios a la oficina existente en La Bañeza.

El sindicato, en un comunicado, lamenta que la solución a las “graves deficiencias estructurales y de insalubridad” de las actuales dependencias de la calle Juego de Cañas, que llevan cerradas al público casi un mes, no se acompasen con la habilitación de la nueva sede prometida por la Junta de Castilla y León para albergar tanto la oficina de empleo autonómica del Ecyl como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El sindicato independiente exige que se ejecuten las obras la nueva oficina y que, mientras, se dé una solución provisional digna al servicio que evite el desplazamiento de la población y de los empleados públicos.

Hay que recordar que la Junta de Castilla y León anunció en enero de este año la ejecución de obras para la nueva sede de la Oficina de Empleo de Astorga con una inversión de 1.173.022 euros. El plazo de ejecución anunciado era de 10 meses, lo cual supondría, si se cumplen los plazos, que debería finalizar al término de este mismo año, pero la oficina antigua se ha cerrado hace ya un mes, certifica CSIF.

Esa nueva sede se ubicará en la antigua Residencia Juvenil Leopoldo Panero, situada en la plaza Arquitecto Gaudí, nº 3, en un inmueble afecto a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Según la informació facilitada entonces, la nueva estancia triplicaría el espacio actual, resolveríalos problemas de accesibilidad y ofrecerá unas instalaciones dignas tanto para los trabajadores como para los más de 3.400 usuarios que atiende cada año. Sin embargo, en todos los meses que faltan todos ellos deberán por ahora trasladarse a la ciudad de La Bañeza.

CSIF se toma esta siruación como un “abandono institucional que sufre Astorga en este asunto”, tras meses de promesas y una licitación millonaria que “no se ejecuta”. Recuerdan que el pasado 18 de noviembre de 2025 mantuvo una reunión con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, para exponer las insostenibles deficiencias de la actual oficina del SEPE y e Ecyl: falta de espacio, nula privacidad, problemas de accesibilidad (solo escaleras), humedades, baños inutilizados y un persistente olor a gasoil que, a día de hoy, ha obligado a su cierre.

Casi una década después de las primeras promesas por parte del Partido Popular (PP), la Junta de Castilla y León anuncia la contratación de las obras de la construcción de un nuevo instituto público en el municipio de Villaquilambre. La inversión final que se anuncia por fin se elevará a 16,3 millones (16.356.142 euros) y el plazo de ejecución se cifra en 24 meses, dos años.

De este modo, el propio Gobierno autonómico, ahora en funciones y pendiente de un nuevo pacto con Vox, establece que será el curso 2029-2030 en el que abrirá sus aulas el instituto de enseñanza secundaria (IES) de Villaquilambre, terminada la obra civil y todos los equipamientos y servicios. Un plazo que superará en una década la firma del propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que en 2019 comprometió con luz y taquígrafos la ejecución del centro escolar a cambio de facilitar un tripartido que mantuviera al PP en la Alcaldía del municipio leonés.

Entre los detalles de esta novedad ofrecidos hoy por el portavoz del Gobierno de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, la Consejería de Educación resalta que el instituto centro contará con un total de 22 unidades educativas, lo que supondrá 690 puestos escolares, repartidas entre 16 para Secundaria y otras 6 de Bachillerato, es decir, con capacidad concreta para 480 alumnos de ESO y 210 de Bachillerato.

Con estos datos, queda claro que el instituto no contendrá ningún estudio de Formación Profesional (FP). Es decir, finalmente Educación deja en el tintero una de las principales reclamaciones sociales de Villaquilambre, capitaneadas desde hace muchos años por la Plataforma Por un Instituto para Villaquilambre, con decenas de variadas protestas por mantener al municipio como el único de toda Castilla y León con su volumen de población -rozando los 20.000 habitantes- sin estas instalaciones educativas públicas. Carriedo, preguntado por esa ausencia educativa de FP, aseguró que el edificio es “flexible” y “se puede analizar” implementar esos estudios en el futuro, pero sin detalle alguno.

Respecto a los constantes incumplimientos de plazos para abrir por fin el instituto, el portavoz los justificó en un soterramiento eléctrico que el Ayuntamiento debía acometer en la parcela ofrecida, y que desde 2019 detalló que no se terminó de concretar definitivamente hasta el pasado junio de 2025. Por eso, lejos de asumir retrasos, Carriedo aseguró que la tramitación administrativa del instituto ha sido “ciertamente rápida”.

Detalles del diseño

El proyecto de construcción contempla ejecutar un edificio con una superficie total de 7.285,51 metros cuadrados construidos, dispuesto en dos volúmenes principales paralelos y uno perpendicular, que generarán un ágora interior a modo de patio común.

El diseño establece que en el bloque sur, el edificio de mayor altura, se sitúan los espacios para Bachillerato, “más cercano al acceso por la mayor dependencia horaria de los estudiantes”. Todas las aulas destinadas a esta parte del alumnado se sitúan entre la planta primera y segunda. Por otro lado, las zonas destinadas a Educación Secundaria Obligatoria se situarán en bloque norte, parte más alejada del acceso, pero más cercana a los departamentos de profesorado para un mayor control. Las aulas de Secundaria se reparten entre la planta baja y la planta primera.

El nuevo centro también incluirá espacios exteriores con zona de juegos, pista polideportiva con dimensiones de 22 x 44 metros, un aparcamiento exterior y también zona ajardinada. En la planta baja, se sitúan los espacios de la zona de administración, así como la cafetería, sala de usos múltiples, biblioteca y un gimnasio cuyas dimensiones no se especifican.

La zona docente contará para Secundaria con 16 aulas polivalentes, cuatro aulas diversificación y apoyo, dos aulas taller tecnología, dos aulas de música y audiovisual, dos aulas de plástica y visual y dos más de informática e idiomas. Mientras, para Bachillerato, seis aulas polivalentes, aula de informática, cuatro aulas de desdoble, tres laboratorios de ciencia y tecnología, aula de dibujo, aula taller tecnología y dos aulas específicas de artes.

Respecto a los espacios comunes, se diseñan 15 departamentos, sala de usos múltiples, biblioteca y gimnasio. Asimismo, la zona de administración albergará los despachos dirección, jefe de estudios, secretaría, despacho de secretaría, orientación, conserjería, salas de visitas, sala de profesores y despacho del AMPA. Por último, se establecen una serie de servicios comunes como la cafetería, aseos, vestuarios, cuartos de instalaciones, limpieza y basura.

El proyecto para construir en el polígono industrial de Villadangos del Páramo (León) la futura fábrica de drones militares de Indra en alianza con una compañía de Emiratos Árabes, ha dado un nuevo paso administrativo al salir a información pública la solicitud de licencia ambiental para la instalación, un trámite previo a su autorización definitiva.

El Ayuntamiento de Villadangos, donde radica el mayor polígono industrial de la provincia, ha sometido a exposición pública durante un plazo de diez días la petición de la compañía tecnológica para desarrollar en el polígono industrial de Villadangos una planta dedicada a la fabricación, montaje e integración de sistemas de vehículos aéreos no tripulados (UAV), según publica este jueves el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Se detalla que su emplazamiento de la Calle 1, en las parcelas 15 y 16.

Durante este periodo, los posibles afectados podrán examinar el expediente y presentar alegaciones, en el marco del procedimiento regulado por la normativa de prevención ambiental de Castilla y León.

La iniciativa forma parte del proyecto estratégico anunciado a principios de año por Indra para levantar en León la que será la principal y más avanzada fábrica de drones multipropósito de España, vinculada a los Programas Especiales de Modernización de las Fuerzas Armadas. Un proyecto que ha sido abanderado también tanto por el Ministerio de Defensa del Gobierno de España como por la Junta de Castilla y León, promotora además del polígono paramés.

La multinacional prevé concentrar en estas instalaciones sus capacidades de producción de sistemas no tripulados, incluyendo el sistema táctico Tarsis, el sistema de armas con vehículo aéreo multipropósito Valero y soluciones de munición merodeadora, dentro de su estrategia para reforzar la industria de defensa y su posicionamiento en mercados internacionales.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 12 millones de euros y la creación de unos 200 empleos asociados a la planta, a los que se suman otros 150 puestos de ingenieros vinculados al refuerzo del centro tecnológico que la empresa ya tiene en León, en el barrio del Polígono X.

Además, la fábrica -cuyas naves ya están construidas- estará orientada a la fabricación e integración de drones tanto para uso militar como civil, con previsión de iniciar la producción seriada a partir del año 2027.

El desarrollo de esta infraestructura se enmarca en el crecimiento del sector de los sistemas aéreos no tripulados, considerado estratégico en el ámbito de la defensa, la seguridad y diversas aplicaciones civiles, como la logística o la gestión del territorio.

La fase actual del procedimiento no implica aún la autorización definitiva de la actividad, ya que una vez finalizado el periodo de información pública el Ayuntamiento deberá analizar las posibles alegaciones antes de resolver sobre la concesión de la licencia ambiental. La evolución del expediente determinará los siguientes pasos de un proyecto que aspira a situar a León como un punto de referencia en la industria de los drones y en el desarrollo de tecnologías vinculadas a Defensa.

La Junta de Castilla y León ha autorizado una modificación ambiental importante para la planta de LM Wind Power en Ponferrada, dedicada a la fabricación de palas para aerogeneradores, con una ampliación que permitirá incrementar en más de un 50% su capacidad actual de producción anual. La resolución, publicada este miércoles 13 de mayo en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), fija una capacidad total autorizada de 18.473.897 kilos de palas al año para las instalaciones ubicadas en el polígono industrial de La Llanada, en Santo Tomás de las Ollas.

La factoría berciana, uno de los principales referentes industriales vinculados al sector eólico en la comarca, continuará funcionando en régimen ininterrumpido durante las 24 horas del día. La nueva autorización ambiental ampliada revisa y adapta las condiciones de explotación de la planta, incluyendo aspectos relacionados con emisiones, consumo energético, residuos y control acústico.

Entre las novedades destacadas por la resolución figura la eliminación del uso de acetona como producto de limpieza de maquinaria, sustituida por otros agentes “sin pictogramas de peligro”, según recoge el expediente administrativo. La empresa asegura además disponer de una normativa interna que prohíbe el uso de sustancias cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción dentro de sus procesos productivos.

La actividad industrial mantiene, no obstante, un elevado consumo de recursos. La documentación aprobada refleja una demanda anual superior a los 10 millones de kilovatios hora de electricidad, más de 7 millones de kilovatios hora de gasóleo y un consumo de 11.429 metros cúbicos de agua al año. El expediente aclara que el agua no se emplea directamente en la fabricación de las palas, sino principalmente para usos sanitarios y tareas de limpieza.

“Irrelevantes” emisiones acústicas

En materia ambiental, la Junta considera “irrelevantes” las emisiones acústicas al exterior debido al aislamiento de los edificios y a la ubicación de la planta dentro de una zona industrial clasificada como “área ruidosa”. Aun así, la autorización obliga a cumplir límites máximos de 65 decibelios durante el día y 55 por la noche.

La resolución también recoge la importante generación de residuos derivados del proceso de fabricación, especialmente restos de fibra de vidrio y materiales plásticos procedentes de las operaciones de moldeo y desmoldeo. La estimación anual ronda las 4.000 toneladas.

El procedimiento de información pública de esta modificación sustancial se abrió en agosto de 2024 y, según consta en el expediente, no recibió alegaciones por parte de particulares ni colectivos. La autorización ambiental concede ahora un plazo máximo de cinco años para la puesta en marcha definitiva de la actividad conforme a las nuevas condiciones aprobadas.

El sindicato UGT alerta de que las provincias de Castilla y León no están, como la Junta prometió, mejor preparadas de cara al verano, en el que podrían reproducirse condiciones trágicas como las sufridas el pasado año en provincias como León.

Este miércoles, el secretario general UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez Ureña, ha augurado un verano “catastrófico” en materia de incendios, ante una Junta de Castilla y León que, tras la situación vivida el año pasado en materia forestal, “no hace nada”. En rueda de prensa, ha explicado la situación actual del dispositivo autonómico de extinción de incendios forestales, junto a Enrique Sánchez, bombero, delegado de UGT SP Ávila; Francisco Javier García, responsable Federal de los Bomberos Forestales UGT SP Castilla y León; y Beatriz Llorente, secretaria general UGT SP Ávila.

Todos ellos han coincidido en señalar que el dispositivo actual se mantiene en los mismos parámetros del verano pasado, al tiempo que han denunciado el hecho de que el Gobierno autonómico sea el único que está incumpliendo la normativa estatal para reconocer la categoría profesional de los bomberos forestales, a pesar de sus reiteradas promesas cuando aún ardían los peores siniestros.

“Todas las comunidades están haciendo los deberes, de mejor o peor manera”, ha señalado García, antes de lamentar que Castilla y León sea, en este sentido, “el paradigma del no cumplimiento” de la Ley Básica de Bomberos Forestales.

En este contexto, ha pedido que el nuevo Gobierno autonómico “se ponga las pilas”, teniendo en cuenta que este verano puede ser “terrible” en materia de incendios forestales, ya que a su juicio, la comunidad está “igual o peor que en 2025”.

Ayer mismo, en Zamora, el propio Arenas denunciaba que el 30% de los puestos de trabajo del operativo de extinción de incendios forestales de Castilla y León está sin cubrir a día de hoy y hay menos personal que hace un año, el peor de la historia de todas las provincias de la Comunidad. Por no haber, denuncian que ni siquiera se han ampliado las plantillas en virtud del acuerdo alcanzado en 2022 a través de la Mesa del Diálogo Social para apostar por un operativo público.

“Estamos dependiendo de que la naturaleza no provoque un incendio, porque irán -a sofocarlo- los mismos -medios- que hace cuatro años”, ha sostenido Tomás Pérez, después de recordar que durante el pasado invierno se han contabilizado en el conjunto de la Comunidad medio millar de incendios.

El Gobierno central da un nuevo paso de autorizaciones que podría ser el espaldarazo definitivo al desarrollo de la primera macroplanta de biogás, en concreto de biometano, a partir del tratamiento de residuos agroganaderos, de los muchos que hay diseñados en el sur de la provincia de León, en concreto en San Millán de los Caballeros.

En concreto, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, publica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), con el informe favorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el visto bueno que blinda la conexión al gran gasoducto que va desde Burgos a Asturias para facilitar así la futura macroplanta de biogás de San Millán de los Caballeros. El enganche, valorado en un presupuesto de 717.698,76 euros, correrá a cargo de Enagás SA y la macroplanta diseñada de la mano de la empresa  Biorig Energy San Millán-León SL, en virtud de un acuerdo entre ambas partes.

Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos previstos en el sur de León y que ya cuenta con declaración de impacto ambiental favorable de la Junta de Castilla y León desde 2025, una vez que fueron rechazadas todas las alegaciones en contra de colectivos ecologistas. La futura planta de Biorig, según publica la propia compañía, costaría unos 35 millones de euros, generaría según sus cálculos unos 100 empleos durante la fase de construcción y 35 puestos entre directos e indirectos cuando ya funcione.

Se prevé allí el tratamiento inicial de 163.500 toneladas al año de residuos, principalmente purín de porcino -75.000 toneladas-, estiércol vacuno -45.000- y paja de maíz -29.500-. La empresa, sin embargo, eleva posteriormente la capacidad máxima prevista hasta las 198.000 toneladas anuales de residuos agroganaderos. Se han diseñado en San Millán nueve digestores de 35 metros de diámetro y ocho de altura, con un volumen unitario de 6.400 metros cúbicos. La producción prevista asciende a 119 GWh anuales de biometano, equivalente al consumo de casi 21.000 hogares, estiman ellos mismos.

El definitivo paso adelante publicado consiste en la información favorable a la petición de Enagás de construir de un nuevo punto de conexión para inyección de biometano en el gasoducto Zamora-Benavente-León, integrado en la gran infraestructura gasista que enlaza Castilla y León con Asturias, una auténtica autopista’ de gas que lleva hasta Oviedo.

El terreno allanado

El informe de la CNMC, fechado el 22 de enero de 2026, y ahora el Ministerio, respalda la autorización administrativa, supone la aprobación del proyecto de ejecución de este enganche y la declaración de utilidad pública de las instalaciones proyectadas por Enagás en el término municipal de San Millán de los Caballeros, permitiendo así las expropiaciones necesarias, entre otras ventajas. En este caso, tan sólo afectaría a una pequeña finca de 625 metros cuadrados, actualmente de uso agrícola y de regadío.

La aprobación bendice así que la futura planta pueda inyectarse directamente en la red troncal de transporte de gas natural, en virtud del contrato firmado entre Biorig Energy San Millán-León y Enagás el 3 de diciembre de 2024. El organismo regulador considera que este tipo de conexiones permiten “descarbonizar el suministro de gas natural mediante su sustitución por gases renovables o hipocarbónicos”.

La nueva infraestructura proyectada incluye una nueva posición de conexión en la parcela 98 del polígono 619 de San Millán de los Caballeros, una estación de medida G-65 y distintos sistemas de control, odorización y análisis de calidad del gas. Y la planta a la que suministraría se ubicaría a entre cuatro y cinco kilómetros de localidades como el propio San Millán, Pobladura de Pelayo García, Laguna de Negrillos, Villamañán o Villademor de la Vega.

Una de las mayores plantas previstas en León

La conexión avalada ahora por el Gobierno está directamente vinculada a la macroplanta promovida por Biorig Energy San Millán, una instalación que prevé convertir residuos agroganaderos en biometano y que por las dimensiones dadas a conocer no sólo podría ser la primera de muchas en funcionar en la provincia leonesa sino también de las que más capacidad tendría para transformar residuos sobre todo ganaderos en biogás.

Biorig defiende que la instalación devolverá a la actividad agrícola de la comarca unas 211.000 toneladas anuales de fertilizante orgánico homologado por la normativa europea y asegura que contará con sistemas de impermeabilización, reutilización de agua y control de olores. Con tales cifras, hoy mismo el sindicato Asaja de León ha aplaudido públicamente no solo este proyecto concreto sino todas las plantas del mismo tipo que se prevén en la provincia.

“Días rojos”. No hace falta pensar mucho para saber a lo que la Junta de Castilla y León se refiere con este nuevo y llamativo término acuñado tras el desastre de los incendios forestales el pasado año 2025. Un auténtico infierno que en la provincia de León arrasó 135.500 hectáreas -según un dato ocultado oficialmente de la propia Junta-, casi un 10% de toda la superficie forestal de la provincia, y que destruyó barrios enteros de numerosos pueblos de comarcas como Valdería, Jamuz o El Bierzo, entre otros. “Días rojos” es como se han pasado ahora a denominar de manera formal pero muy gráfica las jornadas que serán declaradas por la autoridad autonómica como de “riesgo extremo” de incendio a partir de ahora.

Es así como se puede apreciar en los boletines oficiales que se nombran ahora esos días en los que queda prohibido casi todo, ante el peligro inminente de nuevos 'días negros' de llamas incontroladas, como las que se vivieron desde el pasado 8 de agosto. Es una expresión que aparece en un lento goteo con el que se están aprobado en un listado de municipios en riesgo real desde hace meses las nuevas y obligatorias “ordenanzas reguladoras de limpieza de parcelas y vallados de solares para la prevención de incendios” en lo que se denomina administrativamente “la interfaz urbano-forestal” de los pueblos más expuestos al desastre del fuego.

Tras la nefasta experiencia del pasado año, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y las nueve diputaciones provinciales, se apresuraron en septiembre a prometer que se impulsarían en los pueblos en riesgo esos necesarios “anillos de seguridad”. Obviaron recordar que se trataba en realidad de una necesidad que había sido considerada urgente doce años atrás a nivel estatal, pero que prácticamente nadie cumplía. Porque fue en 2013 cuando un Real Decreto aprobó una 'Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales' que contemplaba la necesidad de tener adecentadas estas zonas externas de protección de los pueblos rodeados de vegetación combustible.

Trabajar en la “zona defendible”

A partir de ese momento, la Junta dejó la patata caliente en manos de las diputaciones y a continuación de los propios ayuntamientos, los que todavía ahora aprueban la necesaria ordenanza. Un texto destinado a prevenir incendios en los aledaños de las localidades rurales, que obliga a propietarios y usuarios de parcelas urbanas y rústicas próximas a núcleos habitados a mantenerlas limpias y desbrozadas antes del 1 de junio de cada año.

En esa ordenanza llama la atención la literatura de la Junta para seguir ocultando la dimensión numérica real de las oleadas de incendios de 2025, cuando se limitan sólo a decir que fue “excepcional en número e intensidad de incendios forestales, con afectación directa a varios núcleos urbanos en el entorno de la provincia de León”. Sin un ápice de autocrítica respecto a la lenta reacción autonómica, a las muertes humanas o la falta de medios y descoordinación inicial, el boletín oficial atribuye esta situación sólo a “unas condiciones climatológicas un tanto inusuales, con muchas precipitaciones en primavera y un calor excesivo en verano”. “Unido al despoblamiento rural y cambio de necesidades en los aprovechamientos forestales por parte de los habitantes de los pueblos, han favorecido la proliferación de incendios más voraces e incontrolables”, concluye.

La norma fija franjas de seguridad alrededor de viviendas -en lo que en un lenguaje casi bélico se denomina “zona defendible-, prohíbe hogueras y quemas ordinarias de restos vegetales, limita el uso de maquinaria que pueda provocar chispas en días de riesgo extremo y contempla inspecciones municipales, ejecución subsidiaria de los trabajos y multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan de manera grave.

Lenta Diputación

Sin embargo, a muy diferente ritmo han ido avanzando en mejoras concretas. En el caso de León, la Diputación acumuló medio año de retraso para cuando puso en marcha su compromiso estrella: un total de 400.000 euros, que eran la novedad del presupuesto de este año. Un dinero a repartir entre 114 municipios obligados a afrontar el riesgo máximo lo mejor preparados posibles, teniendo en cuenta el Plan Infocal de la Junta. El impulso inicial a ese reparto tuvo que esperar hasta marzo de este año.

Igualmente, no fue hasta mediados de abril cuando la institución provincial activó por fin el proceso de compra de la maquinaria necesaria para para la prevención de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León, cinco meses después de que la Junta de Castilla y León aprobara ayudas por casi dos millones de euros para este fin sólo en León, y así en el resto de provincias en peligro. Con estos plazos, habrá numerosos casos en los que llegará este próximo el verano sin que todo esté preparado para la defensa efectiva de los pueblos, si nuevamente fuera necesario.

Del hecho de que la ordenanza para que no haya combustible forestal peligroso a las puertas de los pueblos era necesaria da buena cuenta que sólo en el pasado verano el Procurador del Común -defensor del pueblo autonómico- tuvo que emitir una veintena de resoluciones, casi todas desde la oleada de incendios sin precedentes en los registros oficiales leoneses, para señalar las obligaciones en la prevención de incendios forestales, primero en mano del dueño de los terrenos y, si este no actúa, subsidiariamente de los municipios.

Primero se quedó sin médico titular, ahora sufre las consecuencias de una baja y la semana que viene las de una huelga. El municipio de Cabrillanes, en la comarca leonesa de Babia, sumará previsiblemente dos semanas sin la atención sanitaria de un facultativo (sí las habrá de enfermería). Y su alcalde, Emilio Martínez (Unión del Pueblo Leonés), ha alzado la voz a través de las redes sociales para denunciar la situación.

Martínez se remonta a dos años atrás, cuando se jubiló el médico titular del consultorio de Cabrillanes. En previsión de dificultades, el regidor asegura incluso que el ayuntamiento se dirigió a la Gerencia de Atención Primaria de León para sugerir la fórmula adecuada para cubrir esa plaza que quedaba vacante.

Cabrillanes planteó entonces una “interinidad con contrato de equipo” y “con condiciones especiales” habida cuenta de que se trataba de una zona de difícil cobertura para tratar de “asegurar una atención sanitaria continuada y estable”. “No nos han hecho caso, de ahí vienen ahora estos problemas”, dice Martínez para determinar el origen del problema actual.

A Cabrillanes acudía el médico de Sena de Luna hasta que hace mes y medio quedó de baja, misma situación en la que ahora se encuentra el único médico titular del centro de salud de San Emiliano, también en la comarca de Babia, según expone Emilio Martínez al relatar esta sucesión de acontecimientos que no ha hecho más que agravar los problemas.

“El jueves previsiblemente tampoco tendremos médico”, señala el regidor para añadir que la semana que viene es la fijada en el calendario de la huelga de ámbito nacional convocada por los facultativos.

“Cabrillanes no puede estar dos semanas sin médico. Hemos sido suficientemente flexibles y hemos aguantado mucho. Pedimos a la Junta de Castilla y León que dote la plaza titular de Cabrillanes con nuestra propuesta a la mayor brevedad posible”, concluye su alcalde.

Cinco años después de que la Junta de Castilla y León 'rescatara' el fallido Instituto de Biotecnología de León (Inbiotec) de la mano de la fundación forestal autonómica  Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor), hoy el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado las instalaciones defendiendo que se han consolidado como uno de los principales referentes de investigación aplicada en biotecnología forestal y recursos naturales de España.

Según los datos hoy facilitados, el centro cuenta con más de 1.500 metros cuadrados de instalaciones distribuidas en tres plantas, tres laboratorios especializados y un equipo multidisciplinar formado por un personal de 17 personas “de muy alta cualificación en distintas especialidades científicas y técnicas”, explican en una nota de prensa.

Sus líneas de trabajo abarcan ámbitos estratégicos para Castilla y León como la biotecnología forestal, la sanidad vegetal, la conservación de la biodiversidad y la bioeconomía rural.

La cifra de inversión aireada en este período por la Junta, en concreto desde 2023, se eleva a 690.040 euros para el desarrollo de iniciativas de I+D+i ejecutadas desde este centro. Actuaciones que han permitido avanzar en proyectos relacionados con la biotecnología aplicada a las producciones forestales, la promoción de la castañicultura, la conservación del medio natural y la modernización de equipamientos científicos de última generación.

Algunas líneas de trabajo

Entre los resultados más destacados se encuentran el desarrollo de herramientas de detección molecular de patógenos forestales, protocolos de vigilancia fitosanitaria ya transferidos a la Administración autonómica y sistemas genéticos no invasivos para la identificación de especies emblemáticas como el lobo ibérico y el oso pardo cantábrico.

Asimismo, el centro desempeña un papel clave en el impulso del sector castañero de la Comunidad, ejerciendo la secretaría técnica de la Mesa del Castaño del Bierzo y de la Red Estatal del Castaño, además de promover parcelas demostrativas, acciones de transferencia tecnológica y encuentros internacionales especializados. El centro ha logrado producir el torymus sinensis, un pequeña avispa parasitoide de origen asiático utilizada como control biológico principal contra la avispilla del castaño, una lucha biológica contra esta enfermedad que comenzó teniendo que importar el parásito de Italia y que ahora se produce en este Centro.

La captación de más de un millón de euros de fondos europeos

La capacidad investigadora de Cesefor se ha visto reforzada recientemente con la captación de más de un millón de euros procedentes de financiación europea para el desarrollo de los proyectos LIFE Chestnutrap y Multicas. Ambas iniciativas tendrán un impacto directo en territorios como El Bierzo y la Sierra de la Culebra, impulsando modelos de gestión forestal sostenible, mitigación del cambio climático y valorización de los ecosistemas del castaño.

Durante la visita, el consejero ha destacado la importancia estratégica de este centro para consolidar a Castilla y León como referente en innovación forestal y bioeconomía, subrayando además la capacidad de Cesefor para transferir conocimiento científico al territorio, a los productores y a la propia Administración autonómica.

El centro participa además en otros proyectos de alcance autonómico, nacional e internacional relacionados con la detección de especies invasoras, la conservación de ecosistemas fluviales y la catalogación genética del castaño centenario, reforzando así el posicionamiento de Castilla y León en redes europeas de investigación aplicada al medio natural.

Un adolescente herido en un accidente de tráfico y una joven conductora con una crisis de ansiedad en la Ronda Sur de la capital leonesa, así como el atropello de un niño de diez años, han sido dos siniestros en los que han tenido que intervenir sendos operativos a primera hora de la mañana de este martes 12 de mayo.

El primero de ellos ocurrió a las 7.40 horas, según los avisos telefónicos recibidos. Ocurrió a la altura del kilómetro 4 de la Ronda Sur LE-30, mientras varios vehículos circulaban sentido Astorga. El siniestro se produjo entre dos turismos y una grúa, según han informado fuentes oficiales del servicio de Emergencias del 1-1-2 de la Junta de Castilla y León.

Desde el primer momento se informó de dos personas heridas, por un lado una mujer joven, conductora, de unos 20 años, que sufría una crisis de ansiedad a causa del golpe, y un adolescente que se queja de dolor en el cuello. Se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias de Sanidad Castilla y León (Sacyl), que envió al lugar una ambulancia para atender a las personas heridas. De momento no se sabe si se tuvo que producir algún traslado al Hospital de León o si por el contrario se pudo resolver sanitariamente en el lugar de los hechos, donde el tráfico quedó afectado un tiempo.

Poco después, a las 08.17 horas, se recibió otro aviso en el que se vio involucrado un niño de unos 10 años de edad. Se trataba de un atropello ocurrido en la Avenida de la Magdalena, a la altura del número 27. El aviso al 1-1-2 lo realizó directamente en este caso la Policía Local de Tráfico, que solicitaba asistencia para el escolar, que según esta información había resultado herido tras sufrir un atropello mientras cruzaba por un paso de cebra.

En principio, el menor permanecía consciente y con algunas heridas en las rodillas que en apariencia eran superficiales. Pero se puso en marcha el dispositivo con aviso a Emergencias del Sacyl, que enviaron una ambulancia para atender al pequeño.

El País Leonés acaba de recibir un diagnóstico incómodo: es la región más infeliz del Estado. No se trata de una consigna política ni de una percepción aislada, sino de la conclusión del estudio: Informe Socioeconómico de la Felicidad en España, un estudio de la Red Internacional Universitaria de la Felicidad y el Colegio de Economistas de Madrid.

El estudio, en base a un diversas encuestas del CIS, se pregunta por la percepción subjetiva de la felicidad de los ciudadanos del 0 al 10, en la tabulación que clasifica los resultados por provincias el País Leonés vuelve a llamar la atención: somos la región más infeliz del Estado: la provincia más infeliz de todas es Zamora con un índice de 6,6 (sobre 10), la tercera más infeliz es León con un índice de 7,26 y un poco más arriba Salamanca da un índice de 7,74, la media de las tres da 7,2. La siguiente región más infeliz es Murcia con 7,36, siendo la media de felicidad del estado 7,76.

El dato, por sí solo, debería invitar a una reflexión profunda. Pero lo verdaderamente inquietante es que apenas provoca reacción.

Porque la infelicidad colectiva no surge de la nada. Es el reflejo de una realidad acumulada durante años: despoblación, envejecimiento, pérdida de oportunidades y una sensación persistente de abandono. Un territorio que ve cómo su presente se debilita y su futuro se estrecha difícilmente puede generar expectativas positivas entre quienes lo habitan.

Sin embargo, esta realidad contrasta con el comportamiento electoral. Tras episodios recientes especialmente duros –como los incendios que arrasaron amplias zonas hace apenas un año– y pese a décadas de desequilibrios territoriales, los partidos mayoritarios, PP y PSOE, no solo mantienen su posición, sino que incluso refuerzan su apoyo.

Este contraste plantea una pregunta incómoda: ¿por qué una sociedad que se percibe a sí misma como cada vez más desfavorecida no traduce ese malestar en cambios políticos significativos?

Parte de la respuesta puede estar en la resignación. Cuando la percepción de falta de alternativas se instala, el voto deja de ser una herramienta de cambio para convertirse en un acto de continuidad. No necesariamente por convicción, sino por inercia.

Mientras tanto, el modelo territorial se mantiene. La concentración de recursos, inversiones y servicios continúa en determinados núcleos: Madrid y Valladolid, mientras otros espacios quedan relegados a funciones secundarias. En este contexto, territorios como el leonés asumen con frecuencia el papel de receptores de actividades que generan escaso valor añadido local y un alto impacto social o ambiental: solares, eólicas, biogás, macro-granjas, depósito de lodos y residuos, etc.

El propio estudio apunta a que la felicidad está vinculada a factores como el empleo, la renta, los servicios públicos o el entorno social. Pero también advierte de que el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza el bienestar si no se traduce en mejoras reales en la vida cotidiana de las personas.

En este sentido, los resultados del País Leonés no deberían interpretarse únicamente como una fotografía del presente, sino como un indicador del efecto acumulado de las políticas públicas de la autonomía. Un indicador que, además, permite evaluar su eficacia: un desastre.

Aun así, conviene evitar una visión completamente determinista. En el territorio existen iniciativas sociales, culturales y económicas que buscan revertir esta tendencia. Asociaciones que defienden el medio rural contra las agresiones, colectivos que trabajan por la recuperación del patrimonio, la lengua y movimientos que luchan desde el leonesismo social o político por la aspiración a una autonomía leonesa, nuestra herramienta fundamental.

La cuestión de fondo es si estas dinámicas serán suficientes para alterar una inercia consolidada durante décadas.

Porque la infelicidad, entendida como percepción colectiva, no es solo un estado de ánimo. Es también un síntoma. Y, como tal, debería ser atendido.

Ignorarlo no lo hará desaparecer.

Lluis Nel Esteban Gutiérrez es economista y vicepresidente de Conceyu País Llionés

La Asociación Protectora de Animales Sacrificio Cero León ha denunciado ante el Seprona y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la retirada reiterada de nidos de aves protegidas en la Casa de Cultura de Mozóndiga, localidad perteneciente al municipio de Chozas de Abajo.

La entidad asegura haber contabilizado alrededor de quince nidos destruidos de especies como aviones comunes, golondrinas y vencejos, aves urbanas protegidas cuya retirada está prohibida salvo autorización excepcional de Medio Ambiente y fuera del periodo de nidificación.

Según denuncia la asociación, los nidos habrían sido eliminados de manera sistemática en un edificio público municipal, algo que consideran especialmente grave porque, recuerdan, las administraciones tienen obligación de proteger este tipo de fauna urbana.

Las fotografías aportadas junto a la denuncia muestran restos de nidos retirados, zonas bajo los aleros donde antes anidaban las aves y redes colocadas para impedir que vuelvan a asentarse. En una de las imágenes incluso puede verse a un avión intentando reconstruir el nido en el mismo lugar.

Sacrificio Cero León recuerda que estas especies están protegidas por la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que prohíbe destruir o deteriorar nidos, huevos o crías, incluso aunque estén vacíos. Además, advierte de que la retirada de nidos de aves protegidas puede constituir un delito contra la fauna recogido en el Código Penal y vulnerar también la Directiva Europea de Aves.

La asociación critica especialmente que estas actuaciones se hayan producido “desde un edificio público, que debería dar ejemplo de civismo y preservar el patrimonio natural”. Por ello, reclama al Ayuntamiento de Chozas de Abajo el cese inmediato de estas prácticas y pide a la Junta y al Seprona que investiguen lo ocurrido y abran un posible expediente sancionador.

La entidad recuerda además la importancia ecológica de especies como golondrinas, vencejos y aviones comunes, fundamentales para el control natural de insectos y cada vez menos habituales en muchos entornos urbanos y rurales.

Sacrificio Cero León sostiene que, si existieran problemas de mantenimiento o seguridad, deberían haberse buscado alternativas compatibles con la conservación de las aves, como la instalación de nidos artificiales y actuaciones supervisadas por técnicos ambientales.

Más de 5.000 personas han desafiado este domingo el aguacero en la plaza de los Bandos de Salamanca para pedir más y mejores conexiones ferroviarias para la capital, universitaria y turística (entre ellas la recuperación del tren de la Ruta de la Plata), que siente que no alcanza todo su potencial por falta de comunicaciones, sobre todo con Madrid.

La convocatoria, respaldada por instituciones, partidos políticos y sociedad civil, ha contado con el apoyo del presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y presencia de representantes del PSOE pese a las críticas directas al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a Renfe.

Los manifestantes han agitado pancartas con lemas como 'Renfe, Salamanca no espera', 'Sin Ruta de la Plata, media España cojea' y 'Renfe nos deja en vía muerta'; además, algunos participantes han pedido la dimisión de Puente por lo que consideran un trato injusto a la provincia en materia de comunicaciones.

“Todo el progreso no se puede ver frenado o perjudicado por unas comunicaciones que no estén a la altura de una provincia como la de Salamanca”, recogía el manifiesto de la convocatoria, leído ante los manifestantes por el actor y director teatral salmantino José Antonio Sayagués.

Y agrega: “No solo estamos hablando de poder viajar a otros puntos del país con rapidez y comodidad. Estamos hablando de la hija que no puede venir en un tren directo desde Barcelona a ver a sus padres. Del salmantino emigrado a Madrid al que le gustaría teletrabajar desde su tierra, pero que no tiene frecuencias suficientes”.

Estudiantes internacionales y congresos

El manifiesto ha recordado también el número de estudiantes de español o de expertos internacionales que asisten a congresos y llegan al aeropuerto de Madrid, pero luego deben desplazarse a Salamanca, así como a los empresarios de Béjar o Guijuelo que con mejores conexiones ferroviarias podrían plantearse crecer y, por ende, generar más empleo.

La concentración ha tenido que comenzar media hora más tarde porque justo antes del mediodía, momento de la convocatoria, ha caído una gran tromba de agua sobre Salamanca que ha llegado a hacer temer por la movilización.

En esta ocasión la protesta se ha realizado en la plaza de los Bandos, y no en la plaza Mayor, ya que ahí está instalada estos días la Feria Municipal del Libro, y donde hace dos años más de 15.000 personas protestaron también por la misma causa.

La nueva movilización de Salamanca, que aúna a las principales instituciones y entidades de la capital y la provincia, incluidas las universidades o los sindicatos, se ha convocado después de la supresión el pasado 7 de abril de la conexión directa entre la capital del Tormes y Barcelona.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo (PP), atribuye a la multitudinaria protesta de enero de 2024 que, seis meses después, se recuperara la cuarta frecuencia a Madrid, perdida durante la pandemia, por lo que considera que esta es la vía para que Salamanca tenga el trato ferroviario que necesita.

Unas reclamaciones que crecen

Carbayo ha defendido en el acto institucional que esta es una jornada de reivindicación para toda la ciudad y ha lamentado que las demandas son “cada vez más” en cuanto a las conexiones ferroviarias, por lo que ha vuelto a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que atienda las reclamaciones de la provincia.

Mañueco no ha tomado la palabra, pero sí ha apoyado la manifestación con su presencia, arropada también por el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro García-Polo, quien ha denunciado la situación de Salamanca en un marco más amplio: “al abandono ferroviario del oeste peninsular”.

Las principales reivindicaciones son la recuperación del tren directo a Barcelona, el incremento de frecuencias del Alvia a Madrid, la mejora de las conexiones con Valladolid, las actuaciones técnicas en la línea hasta Medina, la recuperación del Ruta de la Plata, la conclusión de la electrificación hasta la frontera y que un ramal del tren rápido desde Portugal pase por Salamanca.

La Junta de Castilla y León abre el 12 de mayo el periodo para la inscripción a las pruebas de acceso para el próximo curso escolar de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático, Música, Diseño y Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

Además, las personas interesadas podrán solicitar su participación tanto en la prueba de nivel de las enseñanzas de Música como en la prueba de acceso al Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical, ha informado la Consejería de Educación en nota de prensa.

Los plazos de finalización para la presentación de solicitudes varían según la enseñanza y se sitúan entre el 8 y el 22 de junio. A partir del 16 de junio se desarrollarán las pruebas de acceso y, si tras esta primera convocatoria quedaran plazas vacantes, la Consejería organizará nuevas pruebas en septiembre.

Para presentarse a las pruebas se requiere título de Bachiller, de un certificado de superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años o de un título de enseñanzas artísticas superiores, universitario o de Técnico Superior, o uno declarado equivalente u homologado a dichos títulos.

Mientras, podrán acceder directamente a las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Diseño y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, sin necesidad de realizar ninguna prueba de acceso, quienes estén en posesión del título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

En cuanto al Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical, se podrá acceder con el Título Superior de Música, graduado en Música o título equivalente, que acredite formación en un instrumento, y previa superación de la prueba de acceso en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.

Los centros publicarán en sus tablones de anuncios y en sus páginas web, antes del comienzo del plazo de solicitud, el número de plazas que ofrecerán para cada especialidad o itinerario, así como las especificaciones sobre cada una de las pruebas.

La Montaña de Riaño y la comarca cántabra de Liébana compartirán este mes de mayo algo más que la Cordillera Cantábrica o la sombra de la silueta de los imponentes Picos de Europa. Ambos territorios protagonizarán un programa de cooperación turística, un 'hermanamiento', impulsado por la Diputación de León. Cobrará la forma de dos jornadas intensas de cooperación y descubrimiento mutuo, con el objetivo de reforzar vínculos institucionales, culturales y económicos entre dos destinos que llevan años intentando consolidar un modelo turístico ligado a la naturaleza, la gastronomía y el patrimonio rural.

La iniciativa tiene fecha ya fijada, a pesar de que le falta mucho por organizar aún, básicamente porque no se ha contratado aún la gestión de todo el evento y la licitación sale a la carrera. Se celebrará los días 22 y 23 de mayo y reunirá a representantes de ayuntamientos, juntas vecinales, asociaciones y empresas agroalimentarias de los dos lados de la Cordillera. Todo ello se sitúa bajo el paraguas del Plan de Sostenibilidad Turística de la Montaña de Riaño, un proyecto financiado por distintas administraciones para relanzar el turismo de la Montaña Oriental leonesa, nacido en 2019 y que ya acumula un importante retraso hasta el punto de que se ha tenido que prorrogar.

No será el primer acercamiento reciente entre ambos territorios. Ya en marzo de 2025 los Grupos de Acción Local (GAL) Montaña de Riaño y Liébana organizaron dos jornadas de hermandad desarrolladas en la comarca riañesa y su entorno, una experiencia que entonces fue presentada como una iniciativa novedosa para estrechar relaciones y favorecer proyectos comunes entre ambas zonas de montaña.

Pero entonces la cosa fue más informal. Ahora el encuentro adquiere una dimensión claramente institucional y turística de la mano de la Diputación de León. El escenario principal será Liébana, una comarca que desde hace años ha conseguido convertir nombres como Fuente Dé, Potes o Santo Toribio en potentes reclamos turísticos del norte peninsular. La idea de fondo pasa por compartir experiencias y explorar fórmulas de colaboración entre territorios con muchos elementos en común: montaña, parques naturales, productos agroalimentarios de calidad y una identidad marcada por el aislamiento histórico y el paisaje.

Programa definido, a falta de contrato

La agenda diseñada mezcla promoción turística, encuentros técnicos y también diversas actividades culturales. El viernes arrancará en el Centro de Visitantes de Tama con una mesa de trabajo para detectar posibles sinergias en materia turística, cultural y agroalimentaria. Después, los participantes subirán al teleférico de Fuente Dé para realizar una visita interpretativa en alta montaña, una de las imágenes más reconocibles de la comarca cántabra.

La jornada continuará con degustaciones de productos lebaniegos y encuentros con productores locales de miel y destilados, además de visitas al Monasterio de Santo Toribio y a la Torre del Infantado de Potes, dos de los principales referentes patrimoniales de la zona.

Ya el sábado se celebrará un encuentro intercultural Liébana-Riaño con muestras y degustaciones de productos de ambos territorios, talleres sobre denominaciones de origen y sellos europeos de calidad y una exposición de posibles líneas de colaboración futura entre ambas comarcas de montaña.

La previsión es que participen entre 20 y 30 personas. El contrato contempla además toda la logística del viaje, incluyendo alojamiento, transporte interno y material audiovisual y promocional para difundir posteriormente la actividad en medios y redes sociales.

2,4 millones en total, pero con cuentagotas

El coste total del programa asciende a 15.374,79 euros, financiados dentro del propio plan turístico de Riaño, el diseño presentado hace ya seis años como una de las grandes apuestas institucionales para dinamizar el turismo en la Montaña Oriental leonesa y cuantificado en 2,4 millones de euros de inversión. El montante se sufraga por la Secretaría de Estado de Turismo y la Junta de Castilla y León, ambas con un 40% de los fondos, y la Diputación de León, que aporta el 20% restante y pilota los contratos.

Sin embargo, el desarrollo de esa estrategia ha avanzado con mucha más lentitud de la prevista inicialmente. La ejecución del plan acumula cerca de tres años de retraso y ha necesitado una prórroga para poder completar actuaciones pendientes, debido principalmente a problemas administrativos y a la demora en la tramitación de distintos proyectos incluidos en el programa.

Por eso, la fórmula ahora es por un lado acordar cesiones económicas directas a los 25 ayuntamientos que conforman el área del Plan y también pequeños eventos muy específicos y cerrados, como este 'hermanamiento' u otro recién impulsado para analizar el cielo que se disfruta de manera privilegiada en este espacio y utilizarlo como un recurso valioso más para la zona, más en el año del gran eclipse.

La Universidad de León (ULE) ha puesto en marcha durante este mes de mayo un ciclo de conferencias y actividades para reflexionar sobre la crisis ecosocial y analizar posibles alternativas al actual sistema.

Bajo el título 'Crisis ecosocial, decrecimiento y cooperación: ¿continuismo o disrupción en el modelo de desarrollo?', esta tercera edición del ciclo busca “impulsar la reflexión crítica y el debate en torno a los grandes retos socioambientales actuales”.

Pero, además, persigue explorar propuestas vinculadas a la sostenibilidad y la acción colectiva, según ha indicado la institución académica en nota de prensa.

El programa, que se desarrolla a lo largo de todo el mes en el Teatro El Albéitar -con posibilidad de seguimiento en línea-, aborda cuestiones como los límites planetarios, el papel de la cooperación internacional o las alternativas económicas relacionadas con el decrecimiento, la agroecología o el comercio justo.

Tras una primera sesión celebrada esta semana sobre turismo alternativo en el medio rural, a cargo del profesor de la Universidad Pablo de Olavide Esteban Ruiz Ballesteros, el ciclo continúa el próximo 12 de mayo con la conferencia 'Crisis de la agricultura petrolera: los nuevos comunes como alternativa', impartida por el sociólogo Ángel Calle Collado, investigador especializado en economías sociales y sostenibilidad.

El calendario de actividades se completa el 14 de mayo con la proyección del documental Frutos amargos (The Pickers), seguido de un coloquio, y el 19 de mayo con la intervención de Susana Barrera-Vilarmau, que analizará el “auge del biometano y el colonialismo energético” desde la perspectiva de las transiciones energéticas.

Además, el ciclo incluye una mesa redonda el 27 de mayo centrada en la cooperación internacional, el codesarrollo, la descolonización y el comercio justo, en la que participarán responsables institucionales como la concejala del Ayuntamiento de León Camino Orejas López y la jefa del Servicio de Cooperación de la Junta de Castilla y León, Eva María Domínguez Sánchez, junto a representantes del ámbito asociativo.

El programa se cerrará el 28 de mayo con la proyección del documental Alternativas que suman, también acompañada de debate posterior, en línea con el carácter participativo de todas las sesiones.

Las actividades se desarrollan en formato presencial en el Teatro El Albéitar, aunque también pueden seguirse por streaming, y contarán con un espacio habilitado en el campus de Ponferrada para el seguimiento colectivo.

La inscripción permanece abierta y quienes completen el ciclo de forma presencial podrán optar al reconocimiento de un crédito ECTS.

La iniciativa está organizada por el Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global en el marco del Programa de Cooperación Universitaria al Desarrollo, con el apoyo del Área de Sostenibilidad y Calidad Ambiental de la ULE.

La carretera autonómica CL-631 permanecerá afectada por cortes de tráfico a partir del próximo lunes, 11 de mayo, a su paso por la localidad de Cuevas del Sil (Palacios del Sil), debido a trabajos de tala y retirada de arbolado peligroso que se prolongarán durante unas tres semanas.

Las labores se desarrollarán en el punto kilométrico 50,100, en la travesía de Cuevas del Sil, y tienen como objetivo garantizar la seguridad vial y prevenir posibles caídas de árboles sobre la calzada, según ha informado este sábado la Delegación Territorial de la Junta en León.

Debido a las características de los trabajos, que implican el uso de maquinaria de grandes dimensiones, la intervención obligará a aplicar restricciones de tráfico durante los días laborables, con especial incidencia en la circulación de vehículos pesados.

En concreto, se procederá al corte total de la circulación para el transporte de mercancías con un peso máximo autorizado superior a 6 toneladas y una carga que exceda de 3,5 toneladas.

La limitación se aplicará en dos franjas horarias diarias: de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

El resto de vehículos, principalmente turismos, no quedarán completamente interrumpidos, ya que podrán circular a través de un desvío provisional habilitado en la travesía de Cuevas del Sil.

Este itinerario alternativo estará debidamente señalizado para permitir el paso evitando el tramo en el que se desarrollan las labores forestales.

La actuación responde a la necesidad de eliminar ejemplares de arbolado que presentan riesgo de caída sobre la carretera, una situación que podría comprometer la seguridad de los usuarios de la vía, especialmente en episodios de viento o condiciones meteorológicas adversas.

Desde la Junta se ha hecho un llamamiento a la precaución de los conductores que transiten por la zona durante el periodo de ejecución de los trabajos.

En este sentido, se insiste en la importancia de respetar la señalización provisional, así como de seguir en todo momento las indicaciones del personal de obra que regulará el tráfico en el entorno afectado.

La previsión es que, si se cumplen los plazos estimados y las condiciones meteorológicas son favorables, las actuaciones concluyan a comienzos del mes de junio, momento en el que se restablecerá la circulación sin restricciones en este punto de la CL-631.