Tres hombres han resultado heridos por intoxicación tras inhalar el humo de un incendio ocurrido este pasado miércoles poco antes de las nueve de la noche en una vivienda de la localidad leonesa de Cimanes de la Vega, han informado fuentes del servicio Emergencias 1-1-2 Castilla y León.

El operativo dio aviso a los bomberos comarcales de la Diputación de León, en concreto los ubicados en Valencia de Don Juan, cuyos efectivos acudieron a sofocar las llamas en la vivienda, donde se produjeron grandes destrozos materiales a causa del fuego.

En el lugar del suceso el personal sanitario que había sido enviado atendió a tres hombres: uno de unos 55 años que fue asistido en el lugar y rechazó el traslado hospitalario, y otros dos, de aproximadamente 40 y 70 años. Estos últimos tuvieron que ser evacuados en ambulancia de soporte vital básico enviada por Sanidad Castilla y León (Sacyl) al Hospital de León, donde quedaron ingresados.

Por el momento no han trascendido de manera oficial las causas del incendio ni el alcance de los daños materiales.

Como dice el dicho sobre “el perro del hortelano, ni come ni deja comer”. Una vez confirmado que los ganaderos de Mieres no podrán utilizar este año los ricos pastos del puerto de Pinos, propiedad del concejo asturiano pero situado en suelo leonés de la comarca de Babia, el colectivo lo tiene claro: “Vamos a pelear, si no lo usamos nosotros, que no lo use nadie”.

Esta fue la categórica postura de una delegación de los ganaderos mierenses que se concentraron hoy en la Unidad Veterinaria comarcal de la Junta en Villablino. Allí les esperaba el jefe del servicio territorial de Agricultura y Ganadería, el veterano Fidentino Reyero, para certificarles que como ya ocurrió el año pasado no dispondrán de las guías oficiales obligatorias para poder utilizar los pastos babianos.

El presidente de la Asociación de Ganaderos de Mieres y representantes sindical agrario en el Principado, David Pérez, advirtió que si los ganaderos de los cuatro pueblos del ayuntamiento leonés de San Emiliano que conservan derechos históricos de pasto siguen dejando campar allí sus reses, igualmente sin autorización, actuarán con contundencia. Porque aseguran que “Pinos está lleno de ganado”.

“Hay que ejecutar la sentencia”

Fuentes oficiales de la Delegación han corroborado que un ejercicio más “no se les va a autorizar” sencillamente porque ahora “hay que ejecutar una sentencia”, en referencia a la categórica postura reciente del Tribunal Supremo que, al inadmitir el último recurso del Concejo de Mieres, dueño de las cerca de 900 hectáreas compradas hace un siglo en suelo leonés, zanja que el ayuntamiento del Principado no tiene competencia alguna en otra Comunidad autónoma.

Es más, cuando el año pasado la Guardia Civil localizó a multitud de reses pastando en Pinos sin las guías y el visto bueno de Castilla y León, la Junta abrió “una veintena” de sanciones económicas que han sido recurridas y están “próximas” a resolverse con multas económicas, las cuales podrían repetirse y agravarse nuevamente este verano si la situación se repite.

Los ganaderos de Mieres, unos 110 con cerca de 1.500 cabezas, según Pérez, irán a la ruina ante este bloqueo, afectando a “muchas familias”. Y sólo ven en esta actual situación un “conflicto político” con “intereses” de algunos alcaldes pedáneos e incluso del abogado babiano Carlos González-Antón, que a su juicio ponen fin a “la convivencia” de todo un siglo. Aunque en realidad han sido muchos los años en los que la tensión en el puerto de Pinos ha estallado, obligando incluso a presencia policial.

El Gobierno autonómico se congratula... y tiene un plan

Por boca oficial de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, la Junta de Castilla y León (PP) ha celebrado el fallo final del Tribunal Supremo declarando ilegal toda la actividad mierense en el Puerto de Pinos. Pero lejos de hablar de una posible expropiación de los terrenos, como reclaman los pueblos leoneses y el municipio de San Emiliano, prefirió deslizar que trabajará en un plan de gestión del espacio natural de Babia y Luna en el que Pinos se enmarca, desde el que se aprobarán restricciones y usos de esta zona.

El conflicto en el Puerto de Pinos enfrenta desde 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres y a las entidades locales de San Emiliano y las pedanías leonesas de Babia (Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano) por la titularidad y el aprovechamiento de los pastos situados en territorio leonés. Se remonta a hace justo un siglo, cuando Mieres adquirió en subasta cerca de 900 hectáreas que pertenecían a la Fundación Sierra Pambley. Las pedanías leonesas sostienen que esa compra no tuvo en cuenta sus derechos históricos de aprovechamiento de pastos, mientras los ganaderos de Mieres insistían hoy en que “en Mieres no tenemos pastos” para sus reses, por lo que dependen casi totalmente de Pinos, del que Mieres es dueño legítimo. El pasado año se alquiló suelo en otra zona leonesa, Los Hidalgos, “pero sólo caben unos 300 animales” y muchos acabaron nuevamente en Pinos, lo que motivó las sanciones.

El siguiente paso de los profesionales mierenses serán reunirse con el concejo y “no ocultamos” que buscarán cualquier situación para “que Mieres pueda actuar en su finca”. La idea es cambiarle el uso, admite Pérez, y que se firme una cesión de uso municipal a ellos para que lo puedan explotar. Una alternativa que la Junta en León ya advierte que es un “subterfucio” que no permitirán, porque ven como “una prevaricación pura y dura” que se intente sortear toda una sentencia del Supremo.

Por último, los ganaderos atacan a su propio Gobierno autonómico (PSOE e IU), por considerar que el consejero de Agricultura asturiano no les está defendiendo frente a sus homólogos de la Comunidad vecina.

Un hombre de 75 años ha salvado la vida este miércoles tras ser localizado de manera casual mientras se encontraba inconsciente, tras golpearse la cabeza, a la orilla del embalse de Selgas de Ordás, en el municipio de Carrocera, provincia de León , y tras un complejo rescate y traslado en helicóptero al Hospital de León.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate, que comenzó en torno a las 13.30 horas de este miércoles, tras recibir una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León que alertaba de que se había localizado, de forma fortuita, a un hombre inconsciente en un paraje. Llegar hasta él resultaba imposible o muy dificultoso, ya que el único acceso para vehículos hasta el punto de se encontraba permanecía inundado, ha informado el servicio de emergencias 1-1-2.

Mientras el alertante recibía algunas nociones para actuar con seguridad ante el herido hasta que llegaran los servicios de emergencia, el Centro Coordinador localizó la ubicación exacta de la víctima. Hasta allí se movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Al llegar, los rescatadores accedieron a la zona en grúa doble y, ya en el lugar, estabilizaron al paciente y lo inmovilizaron en una camilla. A continuación, acompañado por la rescatadora enfermera, ha sido trasladado del helicóptero de rescate de la Junta a uno medicalizado de Sacyl, el que tiene la base en Astorga, para proceder a su traslado al Hospital leonés en todo momento atendido. No se detalla finalmente la gravedad en la que ha quedado ingresado en el centro hospitalario de la capital leonesa.

El incendio que hace poco más de un mes calcinó una fábrica de plásticos y neumáticos abandonada en la ciudad leonesa de La Bañeza, y que seguía sin darse por extinguido por la complejidad de los materiales afectados, ha sido reactivado de forma intencionada. Así de categóricamente lo ha denunciado este miércoles el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

La reactivación del incendio se produjo este martes y ha motivado que se haya iniciado una investigación a través de la Policía Local, que posteriormente ha pasado a la Guardia Civil, ante los indicios que apuntan a que fue provocada de manera intencionada por terceros, ha denunciado el alcalde de la localidad, Javier Carrera.

En el incendio que se convirtió en tóxico, originado hace algo más de un mes en una nave industrial de plásticos sin actividad, situada en las inmediaciones del cementerio municipal de La Bañeza, ha estado trabajando desde entonces un equipo de extinción que ha estado conformado por operarios de distintas administraciones.

“Desde el primer momento, el Consistorio ha mantenido un contacto permanente tanto con la Diputación como con la Consejería de Medio Ambiente, siguiendo en todo momento sus indicaciones respecto a las actuaciones a llevar a cabo”, ha afirmado el alcalde, en referencia a ciertos momentos de confinamiento de la población.

Está previsto que el próximo lunes se intervenga nuevamente con apoyo de bomberos y maquinaria pesada. Desde el Consistorio lamentan las molestias que esta situación está ocasionando tanto a los vecinos como a los negocios de la zona.

El incendio se originó el pasado 18 de marzo y desde el día siguiente permanecía controlado aunque no se había dado por extinguido por la complejidad de los productos potencialmente tóxicos que estaban implicados y que, en su momento, obligaron a recomendar a la población a permanecer en los domicilios con las puertas y las ventanas cerradas.

La Junta de Castilla y León ha aprobado por fin de forma definitiva el proyecto para la construcción del prometido helipuerto destinado principalmente a la lucha contra los incendios forestales, aunque también para dar servicio de urgencia sanitaria, en el municipio leonés de Posada de Valdeón, situado en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa.

Se trata de una infraestructura que la Consejería de Medio Ambiente, a través de la empresa pública Somacyl, ha diseñado tras muchísimos años de incumplimiento de los mínimos requisitos de seguridad legalmente establecidos en una de las zonas más protegidas ambientalmente de España, como es el primer Parque Nacional del país. Y aunque hoy se ha dado un importante paso adelante, con la aprobación del proyecto y el listado de la expropiación de los terrenos necesario en la localidad de Posada, en realidad se ha acumulado un nuevo retraso.

La aprobación de hoy figura en una orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio publicada bajo la firma del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL). Incluye un listado de siete fincas, una de ellas del propio Consistorio y el resto de particulares.

Pero fue precisamente este proceso de expropiaciones el que alargará los plazos inicialmente previstos, hasta el punto de que este nuevo verano de 2026 persistirá la imposibilidad de operar con medios aéreos en pleno Parque Nacional, ya que no da tiempo a que se disponga de los terrenos y se acometan a tiempo las obras y demás permisos para que las aeronaves puedan aterrizar o despegar en Posada.

El boletín explica, sin detallarlo mucho, uno de los problemas para ese retraso: que cuando este trámite expropiatorio se puso en marcha en febrero de este mismo año se presentaron dos alegaciones de disconformidad. A estas alegaciones se le dio respuesta y se ha “modificando el proyecto en las apreciaciones que se han considerado estimadas”, cita literalmente la orden de hoy.

En la publicación oficial se insiste en que la necesidad de este helipuerto en el pueblo de Posada de Valdeón es porque presenta “una orografía que dificulta la movilidad de los medios terrestres” en situaciones de emergencia, a lo que se suma su lejanía respecto a las bases de helicópteros contra incendios (ELIF) de la Junta ubicadas en Camposagrado y Sahechores, en León, y en Villaeles, en Palencia, todas ellas a más de 50 kilómetros de distancia, lo que supone tiempos de vuelo superiores a los 30 minutos. Y estos tiempos hace tiempo que son irregulares en aplicación de las propias normativas autonómicas.

A esta situación se añade un índice alto de riesgo de incendios forestales en la zona, lo que ha llevado a la Administración autonómica a considerar, sólo ahora, “necesario reforzar las infraestructuras” mediante la instalación de una base auxiliar aérea que permita mejorar la rapidez y eficacia de la intervención en caso de fuego.

El helipuerto tendrá carácter de uso restringido y estará dedicado prioritariamente a labores de prevención, vigilancia y extinción de incendios, aunque también podrá utilizarse para otros servicios públicos, como el transporte sanitario de emergencias, durante todo el año, remarca el proyecto. El Gobierno autonómico explica que su presencia busca reforzar la respuesta aérea en una de las zonas con mayor riesgo y más complicada orografía del noreste de la provincia. Y de hecho recuerda que Picos de Europa fue escenario el verano pasado de un fuego que obligó a desplegar numerosos medios de extinción, causo daños que la propia Junta no ha cuantificado por vía oficial todavía, y puso de relieve las dificultades de acceso terrestre y la necesidad de reducir los tiempos de intervención en un entorno de alto valor ambiental.

El alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), ha llamado a reivindicar la autonomía de la Región Leonesa el próximo 23 de abril, jornada en que celebra el Día de Castilla y León, en una manifestación convocada con ese fin por los colectivos Conceyu País Llionés y Xuntanza Llionesista, mientras otros, a su juicio, celebran “una ficción”.

Se trata de la quinta edición de la marcha llamada Caminu la Llibertá, que recorrerá las principales calles del centro de León este jueves para pedir la autonomía para la Región Leonesa y que este año, como novedad, se escenificará con un simulacro de enterramiento del país leonés.

“Este quinto camino recuerda especialmente la necesidad de que León tenga su propia voz y su propia capacidad de decidir en el futuro. Mientras otros celebran una ficción, nosotros reivindicaremos nuestro pasado y nuestro futuro”, ha señalado el regidor en la presentación de la manifestación en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de San Marcelo.

Diez, quien ha avanzado que estará presente en parte de la marcha, ha insistido en que León lleva décadas reclamando “sus deseos de libertad” ante los “oídos sordos” de “quienes pueden hacer realidad esa autonomía”.

El portavoz de Conceyu País Llionés, uno de los colectivos organizadores de la marcha, Carlos González, ha asegurado por su parte la necesidad de salir a la calle para que los leoneses “no se diluyan en una identidad que no es la suya”. Ha avanzado que durante la manifestación se hará “un simulacro de enterramiento del país leonés” aunque también habrá “una voz de esperanza”.

La manifestación coincide con los actos organizados por la Junta de Castilla y León por el Día de la Comunidad Autónoma, unas actividades que el portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, ha calificado de “fastos”, censurando también su alto coste. Se refiere por ejemplo a los conciertos programados en la noche de este miércoles en León o Ponferrada, de Omar Montes y Mago de Öz, respectivamente, en víspera del día festivo.

Recorrido

“Por mucho que la Junta gaste en fastos o en fiestas, León no se rinde en su reivindicación por una autonomía a la que tiene derecho”, ha insistido Sendino. Para el portavoz municipal de la UPL, el 23 de abril “será un día no lectivo, inhábil, pero no de fiesta”, porque se trata “de una Comunidad impuesta”.

La manifestación partirá a las 120.00 horas de la avenida de Ordoño II sin afectar al tráfico de la Plaza de Guzmán el Bueno para llegar a la de Santo Domingo y cambiar un poco su recorrido por las obras en la calle Ancha: por eso, girará por la Avenida Independencia, Arco de Ánimas y finalizará en la plaza de San Marcelo, frente al Ayuntamiento de la capital.

Con una reivindicación de la “verdadera cultura” como una “puerta de esperanza” en tiempos sombríos y apelando a la condición de la comunidad como “tierra de acogida”. El poeta, narrador y ensayista Tomás Sánchez Santiago, zamorano afincado en León, recibió este martes el Premio Castilla y León de las Letras con esas reflexiones y citando a Fray Luis de León, Beatriz Galindo y Miguel de Unamuno entre las figuras que encontraron un hogar en la actual comunidad autónoma. Sánchez Santiago puso en la entrega de los galardones la nota reivindicativa y el acento leonés, compartido en este último caso con la Fundación Proyecto Hombre, que tiene en su centro berciano uno de los pioneros en la lucha contra la drogadicción en España.

El literato afincado en León, uno de sus destinos profesionales como docente, ha ofrecido ha hablado como portavoz de todos los premiados. En un contexto mundial de dudosa “altura moral”, ha catalogado a Castilla y León como “tierra de acogida” con el telón de fondo de un posible acuerdo de gobierno entre PP y Vox, formaciones que acaban de pactar en Extremadura introduciendo cuestiones como la “prioridad nacional”, informa elDiario.es en Castilla y León.

Sánchez Santiago citó a Fray Luis de León, Beatriz Galindo y Miguel de Unamuno para remachar: “La capacidad crítica, y hasta heterodoxa, de todos ellos viene a recordarnos que nuestra identidad va más allá de un origen, de una clase social, de un apellido”, dijo antes de homenajear también a María Caamaño, fallecida hace unos días a los 13 años debido al sarcoma de Ewing que padecía y que el año pasado recibió el Premio Castilla y León a los Valores Humanos.

Además, lamentó que hayan retornado “amenazas” como “las exclusiones, el miedo al otro por ser distinto, la exaltación ciega de los propio por encima de los demás, el menosprecio al pensamiento y la imposición de la ignorancia interesada”. Y la cultura, zanjó, “no puede esconder el rostro ante ese panorama”.

Por su parte, el presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha ensalzado el talento, la tradición y el compromiso social de los galardonados en los Premios Castilla y León 2025, a quienes ha definido como “el mejor espejo de todos los valores” de la Comunidad.

En su discurso durante la gala, Mañueco ha destacado, en el ámbito cultural y musical, al grupo Nuevo Mester de Juglaría, Premio de las Artes, por haber sabido “expresar nuestra alma con nuestra música”, además de agradecer sus “57 años preservando y difundiendo nuestra memoria colectiva”.

También ha puesto en valor la tradición del Toro Enmaromado de Benavente, Premio de Tauromaquia, al que ha reconocido “un compromiso de más de tres siglos preservando ese símbolo” y su papel como una de las “mayores riquezas culturales y turísticas” de Castilla y León.

En el campo académico, el presidente ha subrayado la labor del investigador Germán Vega García-Luengos, Premio de Ciencias Sociales y Humanidades, por su dedicación al teatro clásico y por haber logrado, mediante nuevas tecnologías, “localizar y atribuir obras desconocidas” del Siglo de Oro, además de impulsar el Festival Olmedo Clásico.

El compromiso social ha centrado el reconocimiento a Proyecto Hombre Castilla y León, Premio de Valores Humanos y Sociales, cuya labor ha calificado como “impagable”, al ofrecer “compañía, acogida y apoyo” a personas con adicciones y a sus familias.

En el ámbito deportivo, Mañueco ha elogiado a la nadadora Laura López Valle, Premio del Deporte, por su “enorme dedicación personal” y por ser “todo un orgullo deportivo” tras lograr una medalla olímpica y tres europeas, además de transmitir valores a las nuevas generaciones.

Por su parte, el Premio de Investigación Científica y Técnica e Innovación, Verónica Pascual Boé, ha sido destacada por su liderazgo empresarial, al convertir una empresa familiar en “un líder europeo en fabricación de robots móviles”, y por demostrar que “el talento no entiende de sexos, edad o filiación”.

Por último, del Premio de las Letras, Tomás Sánchez Santiago, ha elogiado su discurso sobre la cultura y el acogimiento y lo ha destacado como “devoto de la poesía”.

Las expropiaciones del mayor entramado eléctrico proyectado en la provincia de León para dar un sustento imprescindible a casi una veintena de macroparques eólicos y solares de la comarca de El Bierzo dan un paso decisivo. El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica este martes la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar el denominado ‘Nudo Montearenas Sur’, de 400 kilovoltios (kV).

El anuncio activa formalmente el procedimiento de expropiación forzosa sobre una cifra final de 186 fincas en total repartidas en tres municipios, pero con una abrumadora concentración en el de Torre del Bierzo, donde se localizan 180 parcelas afectadas. Las siete restantes se reparten entre Castropodame (tres) y Brazuelo (otras tres), según el listado oficial que acompaña a la resolución.

Los propietarios y titulares de derechos han sido citados para comparecer en los primeros días de junio en dependencias municipales. En concreto, el Ayuntamiento de Torre del Bierzo acogerá las comparecencias los días 1 y 2 de junio, mientras que en Brazuelo y Castropodame -este último en las Escuelas Viejas de Matachana- tendrán lugar el 3 de junio. En estas reuniones se procederá al levantamiento de actas previas, paso imprescindible antes de la ocupación efectiva de los terrenos.

El anexo del anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, firmado por Fernando Bandera, detalla de forma pormenorizada cada finca, incluyendo superficie afectada, servidumbres previstas, ubicación de apoyos eléctricos y el horario concreto de citación, lo que evidencia el grado de avance administrativo del proyecto, el cual ya había sido hace meses 'blindado' por la Junta al declararlo como “de utilidad pública”. Una figura que garantiza que la compañía promotora pueda expropiar los terrenos.

El ‘Nudo Montearenas Sur’ constituye una de las mayores 'autopistas eléctricas' diseñadas en la provincia para dar salida a la producción de energías renovables. Promovido por la sociedad Comunes Montearenas SL, vinculada al grupo empresarial del empresario leonés Lamelas Viloria, el proyecto articula una red de evacuación de alta tensión, principalmente a 400 kV, con ramales también a 220 kV, de la que dependen cerca de una veintena de futuras instalaciones energéticas en diferente grado actual de desarrollo.

Entre ellas figuran parques eólicos proyectados en enclaves como Torre del Bierzo, Santa Colomba de Somoza o Villagatón, así como grandes plantas solares distribuidas por comarcas como La Valduerna, la Cepeda o el entorno de Benavides de Órbigo. En conjunto, se trata de millones de paneles solares y decenas de aerogeneradores cuya viabilidad depende de esta red de evacuación para verter la energía generada a las infraestructuras de Red Eléctrica de España (REE).

Una larga tramitación

El expediente administrativo arrastra una larga tramitación iniciada en 2020, con procedimientos inicialmente separados para las líneas de 400 y 220 kV que terminaron unificándose tras las declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas en 2023. La autorización administrativa previa y de construcción llegó en junio de 2024, paso previo a la solicitud de utilidad pública cursada meses después.

En ese proceso apenas se registraron alegaciones, de hecho, solo una, de la plataforma Bierzo Aire Limpio, que fue desestimada por la Administración autonómica al considerar que no se centraban en este trámite concreto sino en fases ya superadas, como la evaluación ambiental o la autorización del proyecto.

La Junta ha defendido reiteradamente la iniciativa en el marco de la transición energética, subrayando su papel para garantizar el suministro eléctrico, reducir la dependencia de combustibles fósiles y facilitar la integración de nuevas fuentes renovables. Además, el expediente recoge que el promotor ya habría alcanzado acuerdos con más del 50% de los propietarios afectados, lo que ha allanado parcialmente el camino hacia esta fase de expropiaciones.

En cuanto al protagonismo empresarial, la sociedad Comunes Montearenas SL que pilota ahora el Nudo Montearenas no deja de ser otro bandazo empresarial dentro del mismo Grupo Lamelas, ya que el megaproyecto nació de la mano de la empresa Erbienergía Inversiones SL pero ahora ha pasado a ser protagonizado por otras compañías del mismo conglomerado leonés, también Montearenas Este SL, la cual se denominaba previamente Parque Eólico Cabra SL.

Poco después del mediodía de este martes se ha producido una colisión múltiple, que en principio ha afectado a un total de tres vehículos, en la autopista León-Astorga AP-71, en concreto en la cabina de peaje de la salida de Villadangos. Este siniestro se ha saldado, según las primeras informaciones, con seis personas heridas y trasladadas al Hospital de León en ambulancias de soporte vital básico.

Fuentes del servicio de Emergencias del 1-1-2 de la Junta de Castilla y León notificaron que en la Sala de Operaciones se han recibido varias llamadas telefónicas, la primera de ellas situando los hechos a las 12.17 horas, informando de un siniestro producido a la altura del punto kilométrico 10 de la carretera AP-71. Se corresponde con el término municipal de Villadangos del Páramo.

La colisión ha afectado, según esa información, a tres vehículos diferentes y ha sido por alcance, es decir, uno detrás de otro. Inmediatamente se ha puesto en marcha un operativo en el que se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León, para coordinar el aviso de afección a la carretera y realizar los atestados necesarios, así como a Sanidad de Castilla y León para el envío de las ambulancias o personal médico que se consideraran necesarios para atender a las cuatro personas heridas.

En concreto, Sacyl ha informado del envío de una UVI móvil y cuatro ambulancias de soporte vital básico.

Por su parte, en la Dirección General de Tráfico (DGT) consta la información sólo de que existe la presencia de un vehículo en la calzada pero de momento sin corte corte en la autopista León-Astorga en ninguno de los dos sentidos de la marcha.

Los incendios del pasado verano de 2025 arrasaron 130.000 hectáreas de monte, hábitats de especies protegidas como el oso pardo y el urogallo cantábrico, pueblos, explotaciones agrícolas y ganaderas, un Patrimonio de la Humanidad como Las Médulas, y se cobraron cuatro vidas en la provincia de León, pero también afectaron de manera notable al norte de Zamora. Su impacto ambiental y económico fue visible desde el primer momento. La parte menos evidente, la que no se ve en las imágenes aéreas ni en las hectáreas arrasadas, es la que ahora quiere estudiar un equipo de investigadores de la Universidad de León y del Hospital El Bierzo de Ponferrada: la huella que el fuego dejó en la salud mental de la población.

Ese es el objetivo de un proyecto de investigación que surgió de un especialista en Psiquiatría del hospital berciano y profesor asociado de la ULE, José María Pelayo, y ya está en marcha para analizar si los grandes incendios del pasado verano han derivado en síntomas de ansiedad, depresión, trastornos del sueño o estrés postraumático entre vecinos y profesionales que los vivieron de cerca. El estudio está impulsado por el Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital El Bierzo y el Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de León, y cuenta además con la colaboración de dos grupos CIBER del Instituto de Salud Carlos III, uno de Salud Mental y otro de Epidemiología y Salud Pública.

La investigación no se limita a quienes perdieron su casa o tuvieron que evacuar a prisa su pueblo. Quiere medir en qué grado afectó aquella experiencia a toda la población expuesta, de forma directa o indirecta, y también a quienes participaron en la extinción. El estudio plantea comparar síntomas según el grado de exposición a los incendios y tratar de identificar qué factores hacen a unas personas más vulnerables y a otras más resistentes, con la vista puesta en futuras estrategias de prevención y atención.

Vicente Martín Sánchez, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la ULE, explica que la idea nace de una evidencia cada vez más clara en la literatura científica internacional: grandes catástrofes como los incendios forestales pueden dejar secuelas psicológicas duraderas. Ya se ha estudiado en países como Canadá, Estados Unidos, Australia o Sudáfrica. Ahora quieren saber qué ha ocurrido aquí, tras unos fuegos “de nueva generación” que en León llegaron a entrar en pueblos, arrasar viviendas y obligar a evacuar a miles de personas.

Los investigadores quieren medir algo muy concreto, la posible incidencia de estrés postraumático crónico, uno de los trastornos más asociados a situaciones extremas como las vividas en los meses de agosto y septiembre a consecuencia de los incendios forestales. También buscan saber si han aumentado otros problemas de salud mental y cómo influyen factores como la cercanía al fuego, las pérdidas sufridas, la situación social o el sentimiento de abandono que, según relatan los médicos de familia que trabajan sobre el terreno, aparece con frecuencia entre quienes vivieron aquellos días en primera persona.

Ese es uno de los puntos más delicados de la investigación. Porque el incendio no termina cuando se apagan las llamas. Quedan el miedo, la sensación de vulnerabilidad, la alerta constante ante una tormenta, un rayo o un nuevo verano seco después de un invierno lluvioso. Queda también la impresión de que algo cambió para siempre. Y eso, subraya Martín Sánchez, no afecta igual a todo el mundo: “Golpea con más fuerza a las personas más vulnerables, a quienes ya partían de una situación más precaria o a quienes tenían menos recursos para recomponerse”.

El estudio quiere precisamente medir esa parte invisible del desastre. Según la documentación que se entrega a quienes aceptan participar en la encuesta, los incendios de 2025 no solo supusieron un riesgo inmediato para la vida, el patrimonio o los medios de subsistencia, sino que pudieron desencadenar síntomas persistentes de miedo, inseguridad, ansiedad, depresión, insomnio o trastorno de estrés postraumático, con un impacto directo en la calidad de vida.

La investigación se llevará a cabo durante un año. Incluye una primera evaluación amplia y otras dos posteriores, más breves, para observar la evolución de los síntomas a medio plazo. Los cuestionarios que se utilizan no diagnostican por sí solos, pero permiten hacer un cribado para detectar personas con mayor riesgo y conocer la incidencia real de estos problemas en la población.

Los formularios recogen información sociodemográfica, nivel de exposición a los incendios y cuestionarios estandarizados sobre estrés postraumático, ansiedad, depresión, calidad del sueño, discapacidad o autoeficacia. El objetivo es obtener una fotografía lo más completa posible de lo ocurrido y de sus efectos meses después.

A diferencia de otros estudios cerrados a un perfil muy concreto, aquí la puerta está abierta a un abanico amplio de personas. Pueden participar residentes de la provincia de León y del norte de Zamora que se vieron afectados directa o indirectamente, así como profesionales implicados en la extinción, como bomberos forestales o efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En la hoja informativa del estudio se deja claro además que también es relevante participar aunque no se resida en uno de los municipios más golpeados por el fuego, precisamente para poder comparar niveles distintos de exposición.

Ese punto es importante para entender el alcance del proyecto. En un primer momento se planteó que la investigación se centrase en El Bierzo, Laciana y Cabrera, las comarcas más afectadas por las llamas en la provinciade León, pero el equipo decidió ampliarla a toda la provincia y al norte zamorano con la idea de no dejar fuera otras zonas que también sufrieron de forma muy directa los incendios forestales este pasado verano, y poder construir una imagen más fiel del impacto global.

El propio equipo reconoce que no es fácil medir el impacto. Por un lado, porque la salud mental sigue siendo un tema rodeado de silencios, estigmas y muchas zonas grises. Por otro, porque existe el riesgo de confundir reacciones humanas normales tras una catástrofe con cuadros que requieren atención específica. De ahí la importancia de estudiar con método, con cuestionarios validados y con seguimiento en el tiempo.

Martín Sánchez insiste en que no se busca “medicalizar” cualquier tristeza o cualquier miedo. Lo que se quiere saber es cuándo una vivencia traumática deja de ser una reacción comprensible y pasa a convertirse en un problema que necesita atención. Y, sobre todo, cuántas personas están en esa situación y qué recursos harían falta para atenderlas. En términos de salud pública, resume, “ahora solo se ve la punta del iceberg”.

La investigación tiene además una clara vocación práctica. No persigue solo publicar resultados científicos, sino ayudar a comprender qué necesidades existen ya en las comarcas afectadas y qué medidas deberían activarse en futuras emergencias. La hoja informativa que se facilita a los participantes subraya que conocer qué factores aumentan o reducen el riesgo puede servir para diseñar mejores estrategias de abordaje y prevención.

También busca dar una respuesta desde la universidad a un problema real del territorio. En eso insiste el catedrático leonés: “La Universidad de León tiene un compromiso con la sociedad a la que pertenece y no puede mirar hacia otro lado cuando lo ocurrido afecta de forma tan intensa a la población de la provincia y del entorno”.

Para que el estudio tenga solidez, los investigadores esperan reunir al menos varios cientos de cuestionarios. La cifra orientativa que manejan ronda las 500 o 600 encuestas. Cuanta más gente participe, más completa será la imagen de lo ocurrido y más útiles podrán ser las conclusiones, previstas para final de año.

La participación es voluntaria, la encuesta es anónima y los datos serán tratados con absoluta confidencialidad, con anonimización de la información personal y sin difusión de datos identificativos en posibles publicaciones científicas.

El cuestionario puede completarse online y también existe la posibilidad de hacerlo en papel, solicitándolo en los centros de Atención Primaria a los médicos de familia. Según explican los responsables del estudio, responder lleva alrededor de media hora, porque incluye una recogida amplia de información.

En la práctica, el mensaje del equipo investigador es sencillo: no hace falta sentirse mal para participar. De hecho, interesa tanto la respuesta de quienes creen haber quedado marcados por aquellos incendios como la de quienes piensan que no. Solo así podrán compararse situaciones y entender mejor qué huella dejó el fuego y en quién la dejó con más intensidad.

Porque eso es precisamente lo que está en juego en esta investigación: poner cifras, contexto y conocimiento a una herida que muchas veces no se ve, pero sigue ahí. La de un verano en el que el fuego llegó demasiado lejos y cuyo impacto, meses después, puede seguir vivo en la cabeza de mucha gente.

Cómo participar en el estudio

Pueden participar personas residentes en la provincia de León o en el norte de Zamora que se vieran afectadas directa o indirectamente por el fuego, así como profesionales implicados en las labores de extinción. La encuesta puede completarse online en el formulario habilitado por el equipo investigador y también existe la opción de solicitarla en papel a través de los profesionales médicos de los centros de salud. Se puede contactar a través del correo bierzoonfire@saludcastillayleon.onmicrosoft.com o en los teléfonos 987 44 20 56 y 987 44 15 11, marcando la extensión 44111.

Este medio solicitó información sobre el proyecto al servicio de Comunicación del Hospital El Bierzo, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que declinó ofrecer detalles antes de las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo. Más de un mes después de los comicios, no ha facilitado tampoco información sobre una investigación llamada a medir una de las huellas más invisibles, y menos atendidas, de los incendios de 2025.

Una mujer de en torno a 60 años ha resultado herida esta mañana de lunes tras colisionar un vehículo contra otros tres coches en la ciudad leonesa de La Bañeza. El suceso, similar a tantos otros cada día en la provincia, no tendrá mucha más relevancia si no fuera porque el accidente no tuvo lugar en la vía pública sino que el escenario del golpe múltiple fue el interior del aparcamiento cubierto del supermercado de Mercadona en la localidad, donde se vivieron situaciones de nervios y caos entre los usuarios que en ese momento circulaban en el parking, el cual llegó por momentos a quedar casi bloqueado.

Los detalles del accidente fueron conocidos por el servicio de emergencias 1-1-2 de la Junta de Castilla y León. En su Sala de Operaciones fue donde se recibieron varias llamadas telefónicas informando del siniestro, apenas un minuto después de las doce del mediodía.

Los informantes ya detallaban, como se pudo comprobar después, que por razones que desconocían una conductora, al volante de un turismo de la marca Mercedes, había perdido el control de su coche. Tras acelerar de manera brusca, acabó estampándose directa o indirectamente con otros tres vehículos que en ese momento permanecían estacionados, causándoles importantes daños materiales. Parece que por fortuna no hubo ningún impacto contra ningún cliente a pie dentro del parking, lo cual hubiera incrementado la gravedad del suceso.

El lugar de los hechos fue la zona de estacionamiento cubierta del Mercadona que se sitúa en la calle General Benavides de La Bañeza, a donde se dirigieron los medios de apoyo que fueron coordinados por el 1-1-2 tras el aviso.

Fueron agentes y vehículos de la Policía Local del Ayuntamiento de La Bañeza y la Guardia Civil de Tráfico, que se encargaron de confeccionar el atestado y evaluar los daños causados, así como de regular el tránsito de vehículos que quedó bloqueado tras el golpe. Por su parte, según fuentes de Emergencias, también acudió una ambulancia medicalizada, que atendió a la única víctima, una mujer de cerca de 60 años de edad. Se desconoce si fue necesario su traslado en el vehículo de Sanidad Castilla y León (Sacyl), bien al centro de salud local o al Hospital de León.

La Plataforma en Defensa de Feve León ha presentado una nueva propuesta técnica que, según sus cálculos, permitiría recuperar el servicio ferroviario en el tramo urbano de la ciudad de León, prometido hace 15 años y aún sin cumplirse. Y además consideran que la propuesta podría ser plenamente viable en un plazo de cuatro años, ejecutando una inversión que estiman entre 57 y 61 millones de euros, es decir, más económica que otras que se podían barajar hasta ahora.

Con esos parámetros, se trata de una solución que reduce a la mitad los tiempos de otras alternativas y a aproximadamente un tercio el coste de varias opciones que hasta ahora planteaban las administraciones públicas.

La propuesta se recoge en un nuevo informe que ha sido remitido a distintas instituciones, como el Ministerio de Transportes o la Junta de Castilla y León. Ha sido elaborado por el grupo de asesoramiento técnico-jurídico de la Plataforma, con el respaldo del Grupo de Investigación en Ingeniería Ferroviaria (GIIF) de la Universidad del País Vasco (UPV).

En detalle

El documento profundiza en una alternativa basada en la utilización de trenes híbridos diésel-baterías como vía para desbloquear la integración de Feve en León. Según el informe, el estancamiento del proyecto responde básicamente a dos problemas: la obsolescencia del actual material móvil y la falta de puesta en servicio del tramo tranviario, desde la estación de La Asunción hasta la céntrica estación de Matallana en la avenida Padre Isla. Ambos, sostiene la Plataforma, pueden resolverse de forma conjunta mediante la adquisición de nuevos trenes diseñados para prestar servicio tanto en líneas ferroviarias convencionales como en entornos urbanos de tipo tranvía.

La solución propuesta se basa en trenes con tracción híbrida diésel-baterías, una tecnología que combina tramos de funcionamiento con gasóleo, para tracción y recarga, con otros de consumo exclusivamente eléctrico a partir de baterías embarcadas. Este sistema permitiría circular sin emisiones en zonas urbanas como la de León capital y requeriría únicamente la adaptación y recrecido de los actuales andenes ejecutados y que nunca han tenido uso. De este modo no habría necesidad de electrificar la línea.

Desde el punto de vista técnico, la Plataforma defiende que se trata de una opción “perfectamente viable”, ya probada y más económica que otras alternativas basadas en nuevas tecnologías.

También subraya que es mucho más inmediata que la valorada opción del hidrógeno como método de propulsión de los vagones, cuya implantación a corto plazo considera incierta a la vista de la evolución del proyecto FCH2Rail en el que participaron Renfe y Adif y del que no se han conocido avances recientes.

Como base para una implementación rápida, la propuesta se apoya en un contrato actualmente en desarrollo por Renfe para la fabricación y suministro de nuevas unidades de ancho métrico, formalizado a finales del año 2020.

Ese contrato prevé la construcción de 31 vehículos autopropulsados, de los cuales cinco cuentan con tracción híbrida diésel-eléctrica, junto con el suministro de repuestos y el mantenimiento durante quince años. Aunque ninguno de esos trenes tal y como se plantean es apto para el servicio tranviario urbano de León, la Plataforma considera que su diseño puede servir como punto de partida.

Unidades híbridas con baterías recargables

Bastaría, según explica el informe, con fabricar unidades idénticas a las híbridas ya contratadas, sustituyendo el sistema de tracción eléctrica por baterías y añadiendo los sistemas de frenado y señalización necesarios para la explotación en régimen tranviario.

Esta adaptación permitiría eliminar la fase de diseño y homologación de un prototipo completamente nuevo, uno de los principales factores que encarecen y alargan los proyectos. Es por eso que estimen que esta nueva solución podría ponerse en servicio en un plazo aproximado de cuatro años y con un coste total estimado entre 57 y 61 millones de euros.

La Plataforma en Defensa de Feve León insiste en que corresponde al Ministerio de Transportes y a Renfe la toma de decisiones sobre el material móvil, pero vuelve a ofrecer la colaboración de su grupo técnico-jurídico y del GIIF de la UPV para avanzar en una solución definitiva.

El sindicato USO Sanidad Castilla y León ha denunciado públicamente la situación del Hospital de León donde asegura que se está produciendo un “grave deterioro” tanto en la calidad asistencial como en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Entre las principales críticas, la organización señala en un comunicado la eliminación, desde el pasado 31 de marzo, de los refuerzos de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en los turnos de mañana y tarde del Hospital Monte San Isidro. Según detalla, las plantas segunda y tercera atienden a pacientes de edad muy avanzada y con un alto grado de dependencia, en torno al 80%, lo que exige cuidados continuos.

En este contexto, USO considera “irresponsable” la retirada de estos refuerzos, ya que, con la actual dotación -tres TCAE por ala en turno de mañana y dos en el de tarde para 27 pacientes por ala-, se estaría generando un aumento de la carga de trabajo, más estrés laboral y un empeoramiento directo de la atención.

Situación “crítica” en Oncología

El sindicato también advierte de la situación “crítica” del Servicio de Oncología, que, según indica, se encuentra bajo mínimos por la ausencia de especialistas debido a bajas y desplazamientos al Hospital El Bierzo de Ponferrada. Esta circunstancia estaría provocando retrasos, sobrecarga asistencial y un impacto directo en la atención a los pacientes.

Otra de las cuestiones denunciadas es la externalización del servicio de mantenimiento en el Hospital Monte San Isidro. USO sostiene que la sustitución de personal estatutario por una empresa subcontratada supone, en la práctica, una “privatización encubierta” de servicios públicos, y alerta del riesgo de que este tipo de medidas se generalicen.

En el plano organizativo, el sindicato carga contra la gestión del complejo asistencial, que califica de “inadecuada” y marcada por la “parálisis”. Critica, además, la falta de conexión de la gerencia con la realidad asistencial y apunta a la existencia de denuncias internas por presunto acoso laboral.

USO recuerda que la legislación sanitaria vigente obliga a garantizar una atención de calidad, así como la protección de la salud de los trabajadores, y considera que estas condiciones no se están cumpliendo en el Hospital leonés.

Ante esta situación, el sindicato reclama la reposición inmediata de los refuerzos de TCAE, una revisión del funcionamiento del Servicio de Oncología, la reversión de las externalizaciones y una gestión “transparente y centrada en pacientes y profesionales”. Asimismo, solicita el cese de la gerencia de Atención Especializada de León y de la Gerencia de Área.

El sistema de transporte autonómico Buscyl ha superado los 10 millones de viajes gratuitos en Castilla y León, alcanzando ya los 10.072.879 en concreto, según ha informado este domingo la Consejería de Movilidad de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, se aprecia en el reparto provincializado de los viajes del nuevo sistema una distribución muy desigual por provincias. Tal es así que sitúa a Valladolid y Salamanca muy por delante del resto, especialmente de León, que ocupa el tercer lugar, casi con la mitad de viajes. Y el resto de provincias todavía van mucho más a la cola.

Según los datos facilitados hoy con motivo de un año del inicio de la puesta en funcionamiento, Valladolid encabeza el uso del servicio con 3.435.559 desplazamientos, seguida muy de cerca por Salamanca, con 3.291.797. Ambas provincias concentran por sí solas más de dos tercios del total de viajes registrados en la Comunidad.

A notable distancia aparece León, con 1.790.556 viajes, una cifra que supone prácticamente la mitad de los registrados en cada una de las dos provincias líderes. La diferencia evidencia un uso del sistema mucho más intensivo en Valladolid y Salamanca en comparación con el territorio leonés. Hay que recordar que el ritmo de implantación paulatina relegó en varias veces a la provincia leonesa.

Y ya muy por detrás de León se sitúan el resto de provincias con cifras considerablemente menores: Segovia alcanza los 641.538 viajes; Palencia, 314.127; Burgos, 283.228; Zamora, 126.436; Ávila, 122.576; y Soria cierra la lista con apenas 67.062 desplazamientos.

En conjunto, los datos reflejan una fuerte concentración del uso del transporte gratuito en determinados núcleos provinciales, mientras que en otras zonas su implantación presenta un alcance mucho más limitado.

El sistema cuenta ya con más de 719.000 tarjetas activas, “un dato que muestra su rápida implantación y permite dimensionar el alcance real del servicio, con una base amplia de usuarios que respalda el crecimiento sostenido del número de viajes”, han precisado dichas fuentes en un comunicado.

El dato asusta. De las once comarcas con despoblación extrema (caídas de más del 30% de su población) entre las trescientas que hay en toda España, diez de ellas están en la Región Leonesa. Y la que falta, en Ávila, pegada a ella.

La aplicación Geocomarcas creada por el sociólogo Alberto Zamorano muestra de nuevo –con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2011 a 2025–, que la evolución del País Leonés es absolutamente nefasta con una caída poblacional extrema sin que nadie esté haciendo nada por evitarlo. De hecho es notorio ver en la App cómo la mayoría de las comarcas que caen a plomo están en La Raya de Portugal (la frontera con el país luso) o en la Montaña Cantábrica lindando con el Principado de Asturias.

Eso significa que la comarca con una crisis poblacional más fuerte de toda España está en la Región Leonesa, concretamente en la provincia de León. Y es la que todo el mundo piensa porque ya venía siendo uno de los peores lugares de España en este tipo de liderazgos negativos. La Cabrera ha perdido más del 40% de población en el primer cuarto de siglo y tiene poco más de tres mil habitantes para 1.277 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la cuarta con menos habitantes por kilómetro cuadrado con una media de 2,4 (aunque está empatada con otra, Molina de Aragón en Teruel, y 'superada' por los 2 habitantes por kilómetro cuadrado de la Serranía Alta en Cuenca y la media de 1,4 de la comarca de Páramos en Burgos). Por poner un ejemplo gráfico para entender qué significan esos números, Laponia en el círculo polar ártico de Noruega tiene una densidad de unos dos habitantes por kilómetro cuadrado.

¿Qué es GeoComarcas?

Geocomarcas sirve para visualizar y comparar esa realidad con detalle comarcal, con datos de más de trescientas de estas demarcaciones en España. Basado en datos del INE, Zamorano ha estado meses organizando sus tablas y afinándolas para categorizar los datos y, con ayuda de una inteligencia artificial, programar la App. “Yo más allá de programar en R no tenía mucha idea, pero tras varios meses trabajando con la IA para que hiciera el código, ya pude subirlo a un servidor y lleva unas diez mil visitas en mes y medio”. Para el también politólogo, el futuro de esta aplicación pasa por actualizaciones periódicas y por convertirse en una herramienta útil para la investigación, el periodismo y las políticas públicas.

Geocomarcas es una aplicación web que ordena las comarcas españolas según su situación demográfica y socioeconómica, usando un sistema de puntuación por deciles. Alberto Zamorano explica que “no se limita a una sola variable, sino que combina indicadores como densidad de población, evolución demográfica, edad media, índice de envejecimiento, renta neta por hogar y otras variables económicas”.

El propio autor subraya que la herramienta nació a partir de un trabajo previo de sociología y que ahora está abierta al público con un nivel de detalle mucho mayor, de modo que cualquier persona puede consultar los valores comarca por comarca.

Datos de la Región Leonesa

Zamorano destaca que las diez comarcas con un desplome de población más agudo de España están en la Región Leonesa, repartidas entre León (cuatro con La Cabrera, Tierras de Sahagún, Montaña de Riaño y Montaña de Luna), Zamora (dos con Aliste y Sayago) y Salamanca (cuatro con las de Vitigudino, Ledesma, Fuente de San Esteban y Peñaranda de Bracamonte). De todas ellas las peores son La Cabrera (además de que ocupa el primer puesto de caída de población en toda España con más de un 40% de pérdida de habitantes en 25 años), seguida por Sayago y Aliste; mientras que Vitigudino aparece también entre las más afectadas.

También es notable el envejecimiento y la diferencia entre las dos regiones que componen esta comunidad autónoma en PIB per cápita, con notorias desigualdades de más del 35% entre provincias leonesas y castellanas (como entre Zamora y Burgos). En la captura de pantalla se observa cuáles están en rojo (menos) y cuáles en verde (más).

En su análisis, insiste en que la despoblación en España forma “una especie de herradura” alrededor de Madrid, con un núcleo especialmente duro en la Región Leonesa, sobre todo debido a que la realidad de la Raya Luso-Leonesa está muy lastrada “porque las comarcas cercanas a Portugal reciben menos atención y menos apoyo efectivo del que necesitarían, porque que Valladolid cobre más fondos transfronterizos que Zamora lo ejemplifica: una provincia que no está en la Raya con Portugal se lleva gran parte del dinero que corresponde al desarrollo de estas comarcas rayanas”.

Sistema de puntuación de variables

El criterio de Geocomarcas no se basa en una sola cifra, sino en un sistema acumulativo de puntuación por variables. Zamorano explica que, para cada indicador, las comarcas se distribuyen en deciles: las peores reciben más puntos y las mejores menos, y después se suma el resultado para obtener una clasificación global.

Eso permite comparar territorios con una mirada más completa, porque no solo mide la despoblación en sentido estricto, sino también factores que condicionan el futuro de cada comarca. Entre ellos cita la evolución de población, la edad media, el envejecimiento y la renta por hogar.

Alberto Zamorano ve GeoComarcas como “una herramienta de concienciación y de difusión”. Cree que “ayuda a hacer visible un problema que suele quedar oculto cuando se mira solo a escala provincial o municipal, porque la situación real del medio rural se expresa mejor en clave comarcal”. También la considera útil para periodistas, investigadores y académicos, y potencialmente para la administración pública, aunque advierte de que su utilidad política dependerá de que las instituciones decidan usarla de verdad.

Futuro del proyecto

El futuro de Geocomarcas pasa, según su creador, por seguir actualizando la base de datos conforme aparezcan nuevos datos oficiales. “La idea es ir incorporando los registros más recientes, incluso con una revisión anual o bianual si la evolución lo justifica”.

Zamorano también apunta a un horizonte más ambicioso: que este tipo de diagnóstico sirva para impulsar políticas de fiscalidad diferenciada y planes específicos contra la despoblación a escala comarcal, porque considera que la solución exige atender a las diferencias internas y no solo a grandes mapas provinciales.

El sociólogo y politólogo está orgulloso de lo que ha conseguido vinculando el trabajo con una IA “para programar la visualización” de un trabajo previo de fin de grado sobre despoblación comarcal. Su diagnóstico es claro: “la herramienta ya tiene uso real, ha recibido visitas y ha servido a estudiantes, periodistas e investigadores, lo que refuerza su papel como mapa de referencia sobre el problema de la despoblación en España”.

Y desea que tanto el Estado como la Junta de Castilla y León “se pongan a trabajar de una vez para intentar paliar la debacle demográfica que está sufriendo el País Leonés”, aunque recuerda que “la fórmula más rápida y más efectiva para luchar contra problemas tan graves ya existe en nuestro país: es una autonomía. La Autonomía de la Región Leonesa es vital para evitar la desaparición del pueblo leonés que se está dando a marchas forzadas”, expuso.

Hay chapuzas que salen tan caras que casi cuesta tanto la solución como el proyecto original mal diseñado. Eso es algo que podría decirse de la muy retrasada implantación del quinto contenedor en la capital leonesa, el contenedor marrón destinado a biorresiduos, a pesar de que es por Ley obligatorio desde hace dos años y medio.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León celebrada hoy anunció el impulso a un contrato para buscar a una empresa que suministre e instale cerraduras inteligentes destinadas a los contenedores de biorresiduos, la quinta fracción. Ese contrato tendrá un presupuesto base de licitación de 911.809,66 euros, no muy lejos del millón de euros, para un plazo de ejecución de cuatro años.

Llama mucho la atención que la cuantía no se aleja en exceso de la inversión que el mismo Ayuntamiento ya realizó en 2024 para la compra de los contenedores marrones en sí mismos, un total de 750, y cuyo coste exacto fue de 1.062.985 euros. Sin embargo, ese 'ejército' de contenedores no sirve para nada tal y como se adquirieron, precisamente porque carecen del sistema tecnológico que es obligatorio en estos nuevos depósitos de basura que se pueda pudrir y convertir en abono y compost. Por ese motivo, llevan muchos meses almacenados sin uso en instalaciones del Servicio Municipal de Limpieza en la carretera de Vilecha.

Para desbloquear esta situación es para lo que ahora, por segunda vez, el Consistorio tendrá que hacer frente no sólo a nuevos retrasos -que conllevan una multa económica por la no implantación del nuevo contenedor- sino a una nueva inversión casi millonaria. En una nota de prensa donde no se detalla esta situación, el equipo de Gobierno explica que el nuevo contrato correrá al 90% a cargo de fondos europeos Next Generation y el Consistorio afrontará de fondos propios el dinero restante.

Cuando una empresa privada se alce con el concurso alimentado con dinero público, tendrá que suministrar e instalar las nuevas cerraduras que han de permitir abrir el contenedor de forma sencilla mediante tarjetas de proximidad o bien a través de una aplicación móvil. Con este sistema se permitirá al usuario que así lo desee y también al Ayuntamiento tener un registro del uso que hace de este Servicio en un contenedor donde sólo podrán depositarse elementos como fruta, verdura, carne, pescado, cáscaras y restos de huevo, sobrantes de podas, posos de café o de infusiones y servilletas de papel usadas.

El equipo de Gobierno explica que el contrato también incluye la obligación a la empresa adjudicataria de suministrar las tarjetas para los vecinos, grabadores y “un software avanzado que permitirá al Ayuntamiento de León monitorizar el uso del contenedor marrón y optimizar las rutas de recogida”. Hay que recordar que hasta ahora la totalidad del servicio municipal de limpieza es totalmente público y de gestión municipal, al contrario que otros muchos como obras, jardines o autobuses urbanos, que están externalizados.

Y otros 1,6 millones más a mayores a 'la Junta B'

Además, no es el único coste que tendrá la implantación obligatoria del contenedor marrón. A finales del año pasado el Ayuntamiento aprobar otros 1.634.449,51 euros para la construcción de una nueva instalación destinada al pretratamiento de la fracción de materia orgánica, encangándole este proyecto a la empresa Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), la conocida y criticada como 'la Junta B', dependiente de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Nuevamente el coste se sufragará con Fondos Europeos Next Generation-EU, casi un millón de euros, pero los restantes 612.429 euros saldrán de las arcas públicas municpales, dinero proveniente sobrantes del presupuesto no ejecutado del año pasado.

Reposición de contenedores en el Crucero

Por otro lado, también hoy se dio a conocer en el comunicado, de manera más destacada que este jugoso contrato, el inicio de la instalación de los nuevos contenedores de fracción resto, envases y papel en el barrio del Crucero, sustituyendo a los que se encuentran actualmente en un mayor estado de deterioro. Parte de los que se colocarán son una parte de los recientemente adquiridos por el Consistorio con una inversión cercana al millón de euros, un contrato a mayores.

En esta primera remesa de sustitución de contenedores son 190 los que se instalarán para fracción resto, otros 70 para papel y otros tanto para envases. En total son 330 contenedores que se repartirán en las zonas del Paseo de Salamanca, plaza del Huevo, entorno de la iglesia de La Vega, Carlos Pinilla y calles adyacentes o San Ignacio de Loyola y bocacalles, entre otras.

El último incendio forestal declarado en la comarca de El Bierzo, entre Berlanga y Vega de Espinareda, ha reavivado las críticas sobre la gestión de los fuegos en Castilla y León. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado la “incapacidad” de la Consejería de Medio Ambiente y del operativo de Medio Natural para hacer frente a los primeros incendios del año, señalando directamente la falta de previsión, coordinación y medios en el dispositivo.

El sindicato ha señalado que en un incendio de 80 hectáreas para el que solo estaba disponible una motobomba de las 8 que existen en las zonas cercanas, sin técnico en el incendio en el momento que se originó. En las actuaciones de este viernes los efectivos del Estado superan a los del operativo autonómico.

Según el sindicato, lo ocurrido no es un episodio aislado, sino el reflejo de un problema estructural que se repite cada temporada. En este sentido, advierten de que el operativo contra incendios sigue sin estar plenamente desplegado en una época en la que las condiciones meteorológicas ya son propicias para la propagación del fuego.

Con situaciones parecidas se dan en otras provincias, como la de Zamora, que también está sufriendo un incendio importante estos días de 130 hectáreas, y sigue sin activarse todo el operativo. Y, en algunas comarcas de máximo riesgo tienen operativa una motobomba de las cuatro existentes, solo tres agentes de guardia en la provincia y un solo técnico diario, ha denunciado.

CCOO critica especialmente que, pese a los antecedentes de años anteriores, la Junta no haya reforzado los recursos humanos y materiales con antelación suficiente. A su juicio, el incendio evidencia que la campaña de alto riesgo llega “tarde” y con un dispositivo que califican de “claramente insuficiente”.

El sindicato también pone el foco en la situación de las brigadas forestales, denunciando precariedad laboral y falta de estabilidad en las contrataciones, lo que, aseguran, repercute directamente en la eficacia de la respuesta ante emergencias como la registrada en El Bierzo.

Además, subrayan que la gestión de los incendios no puede limitarse a la extinción, sino que debe centrarse en la prevención durante todo el año, con políticas activas en el medio rural que reduzcan la carga combustible y mantengan el territorio en condiciones adecuadas.

Por ello insisten en volver a poner sobre la mesa la necesidad de un cambio de modelo en la gestión forestal en Castilla y León, con más inversión, planificación continua y un enfoque integral que combine prevención, vigilancia y respuesta rápida. Denuncia “La incapacidad del Consejero y del Director General de Medio Natural, ya que son el principal peligro para nuestros montes”, y también para la salud e incluso la vida de los compañeros y compañeras que “se deben enfrentar a las consecuencias de la incapacidad de estos irresponsables”.

La denuncia de una “privatización encubierta” en el Hospital de León centra la crítica del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de León, que señala a la parálisis de las bolsas de empleo de mantenimiento como el origen de un progresivo deterioro del servicio. Según el sindicato, la falta de actualización de estas listas, que llevan años sin renovarse, está dejando sin efectivos a categorías básicas y abriendo la puerta a la entrada de empresas privadas.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS) de CCOO de León advierte de que en áreas como albañilería o fontanería ya no queda personal disponible para cubrir bajas o vacaciones, una situación que se extiende también a otros perfiles como electromecánica, conductores, costura o informática. Esta carencia, sostienen, compromete el funcionamiento del Hospital de referencia leonés, especialmente ante la llegada del verano, cuando aumentan las necesidades de sustitución.

Para el sindicato, no se trata de un problema puntual, sino de una estrategia deliberada de la Junta de Castilla y León. CCOO acusa a Sanidad Castilla y León (Sacyl) de propiciar esta falta de personal para justificar la externalización de trabajos a empresas externas, algo que, recuerdan, ya ha ocurrido en el caso de la albañilería. “Se excusan en una supuesta falta de profesionales que ellos mismos provocan”, denuncian.

Además, la organización critica el “muro de silencio” de la dirección de Gestión del Hospital ante las peticiones de reunión para abordar la situación. Su coordinadora en León, Dulcinea Álvarez, considera que esta actitud supone un desprecio tanto al empleo público como a la interlocución sindical.

CCOO califica el escenario de “insostenible” y exige la actualización inmediata de las bolsas de empleo para frenar lo que considera una privatización de facto del mantenimiento en el Hospital de León. De no producirse avances, el sindicato no descarta intensificar la presión en las próximas semanas, advierte en el comunicado.

El peor incendio activo de esta semana en Castilla y León, que llegó a preocupar al operativo que dirige la Junta de Castilla y León, se ha dado este sábado por finalmente extinguido tras tres dos días ardiendo. Se trataba del siniestro forestal en las proximidades de la localidad de Berlanga del Bierzo, en el municipio de Vega de Espinareda.

En la información actualizada ofrecida por la Consejería de Medio Ambiente se cifra por primera vez la superficie que ha resultado calcinada, un total de 35 hectáreas, la totalidad de ellas de superficie forestal, ya que el incendio tuvo lugar en un bosque situado a medio camino entre Berlanga y la cabecera del municipio, Vega de Espinareda.

Durante los dos primeros días, y hasta el control de las llamas en la tarde del viernes, fue grande la preocupación vivida, que se cuantificó en la incorporación de hasta seis medios aéreos diferentes, y de cada vez mayor capacidad, una mayoría de ellos del Gobierno. La Junta incorporó el llamado 'Hotel' de coordinación autonómico y otro helicóptero bombardero.

El resto de los medios correspondieron a diferentes áreas del Gobierno de España: hidroaviones anfibios de gran capacidad, con depósitos de hasta 5.500 litros, así como aviones anfibios medios de 3.100 litros dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). A estos se suman aviones de carga en tierra con capacidad de 3.100 litros y un avión de coordinación del propio ministerio. También el Ministerio de Defensa anuncia la incorporación de la aeronave del Grupo 43 del Ejército del Aire en las labores de extinción del incendio forestal de Berlanga.

En total llegaron a intervenir sobre las llamas de Berlanga hasta 27 medios, según la cifra de fuentes oficiales, las cuales sin embargo todavía no han conseguido determinar cuál puso ser el origen probable de las llamas.

Los sindicatos UGT y CCOO han denunciado, aunque por separado en León, el bloqueo de la Consejería de Educación en el desarrollo del acuerdo firmado el 22 de septiembre de 2025 para la mejora de las condiciones laborales del profesorado. Ambas organizaciones coinciden en señalar la falta de avances reales y la ausencia de voluntad negociadora por parte de la Administración autonómica.

UGT Enseñanza León ha convocado una concentración de docentes en la sede provincial de Educación para visibilizar el malestar del sector tras un trimestre en el que apenas se ha celebrado una reunión de seguimiento del acuerdo y sin resultados concretos. El sindicato critica que los encuentros mantenidos han sido “meramente formales”, sin propuestas ni calendario de negociación, lo que ha generado una creciente sensación de “engaño y hartazgo” entre el profesorado .

En la misma línea, CCOO Enseñanza León ha iniciado un calendario de concentraciones en la provincia, con protestas en el instituto público Legio VII de León y en el Beatriz Ossorio de Fabero, dentro de una movilización extendida a toda Castilla y León. El sindicato exige el desbloqueo inmediato de las negociaciones y denuncia que la Consejería mantiene paralizadas medidas clave que deberían aplicarse el próximo curso .

Entre las principales reivindicaciones compartidas por ambos sindicatos destacan la reducción de la jornada lectiva para mayores de 55 años, el reconocimiento de la función tutorial y una mejora efectiva de la atención a la diversidad, así como la reducción de la carga burocrática y el refuerzo de personal en los centros educativos. En el caso de CCOO, subrayan además que muchas de estas medidas ya se aplican en otras comunidades autónomas, lo que evidencia el retraso de Castilla y León en su implantación .

Las organizaciones sindicales coinciden también en criticar la falta de respuesta de la Administración a las propuestas presentadas hace meses. Según CCOO, la Consejería ha optado por dilatar los plazos sin abordar contenidos reales en las reuniones, mientras que UGT denuncia la inexistencia de planificación y compromisos concretos que permitan avanzar en el acuerdo.

Ante esta situación, ambos sindicatos advierten de que mantendrán e intensificarán las movilizaciones si no se producen avances inmediatos. Mientras UGT llama a la participación del profesorado para defender unas condiciones laborales dignas, CCOO insiste en la necesidad de una respuesta firme y no descarta continuar con protestas, tanto de forma conjunta como en solitario, para forzar el desbloqueo de las negociaciones.