La estética urbanística del corazón de la ciudad de León está llamada en un plazo medio de tiempo a vivir una considerable transformación en un punto emblemático con el derribo de un conocido edificio, cuyo mal estado lleva tiempo causando problemas importantes, y que podría reconvertirse en un nuevo y céntrico gran proyecto hostelero.

Se trata de la vieja casa situada en el número 13 de la calle Teatro, en plena esquina hacia la plaza de San Marcelo, justo enfrente del edificio consistorial del Ayuntamiento de León. Es decir, uno de los enclaves más reconocibles del centro de la capital y en una plaza flanqueada por este tipo de edificios de estampa todavía tradicional. El inmueble, en muy mal estado, lleva años totalmente abandonado con la única excepción de su bajo comercial, que hoy alberga la taberna La Genuina.

Lo que de momento está claro es que su futuro pasa por la piqueta. Después de ser adquirido por un conocido grupo hostelero de fulgurante éxito, ahora se han puesto en marcha dos procesos que marcarán su futuro inmediato. Por un lado, su declaración de ruina oficial. Y a continuación, el derribo de toda la casa. Este último proyecto cuenta ya con un informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, y apunta a que más pronto que tarde será demolido, sólo a falta de que culminen todos los trámites administrativos que pilota y confirma a ILEÓN el Ayuntamiento de la capital.

La última resolución de la Comisión de Patrimonio que preside el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, es muy reciente: el pasado 28 de octubre comunicaba al al Ayuntamiento tres decisiones. En primer lugar, la Junta se da por enterada de la decisión municipal de iniciar el expediente para declarar el inmueble en ruina. Es en este proceso en el que aparece la empresa propietaria de todo el inmueble y que lo impulsa. Se trata de KR Activo Estratégico SL, del Grupo Sibuya, un emporio leonés de restaurantes de comida asiática con presencia en tiempo récord en casi toda España y arrancando su expansión internacional.

Un 'sí pero todavía no'

El expediente de ruina deberá ser resuelto ahora por el Consistorio e informar del resultado de nuevo a Patrimonio. El segundo acuerdo reciente de éste abre la puerta a la futura desaparición del edificio, aunque sea para la construcción de otro similar. Y es que la Comisión informó favorablemente el proyecto de derribo presentado que pocos meses atrás había paralizado a falta de alguna documentación, relativa a las medidas que deben adoptarse para resolver las afecciones de las instalaciones que hoy en día discurren por la fachada del edificio.

Sin embargo, ese visto bueno todavía no equivale a una autorización definitiva para ejecutar la demolición. La propia resolución de la Junta establece en un tercer unto expresamente que el derribo, una vez concluido el expediente municipal de declaración de ruina, requerirá la definitiva autorización de Patrimonio. Pero todo se ve ya muy encaminado.

Sin embargo, el Ayuntamiento entiende ahora que puede haber ciertas contradicciones, porque al mismo tiempo Patrimonio informa favorablemente el derribo y también insta a no ejecutarlo hasta culminar el expediente de ruina municipal, y ha pedido alguna aclaración de tipo técnico.

El peligroso derrumbe que lo precipitó todo

Pero en lo que coinciden ambas administraciones es en lo esencial: que el estado del edificio es un auténtico peligro. Ya dio un serio susto cuando en febrero de este año hubo un derrumbe hacia la plaza de San Marcelo, por suerte con casi nadie en ese momento en las terrazas de la zona donde cayeron. El colapso parcial del muro situado en el espacio bajocubierta de la medianera sur obligó a la intervención urgente de los Bomberos, para asegurar la zona, tapiándose después nuevamente la zona pero inutilizando durante semanas y meses el espacio hostelero de la plaza. Un andamio de seguridad delata aquel episodio desde entonces.

Patrimonio ha insistido ahora al Ayuntamiento que autoriza toda medida de seguridad que se debe adoptar en este punto, incluso eliminando aquellos elementos que puedan sufrir un peligro inminente de caída. Por ejemplo, colocación de redes, apeos, reparaciones puntuales y la instalación de andamios, que pueden mantenerse mientras no concluya el expediente de ruina. Una decisión delicada porque, para dificultar más las cosas, la vivienda está dentro de la zona de doble y máxima protección del Camino de Santiago en su discurrir por León, que no sólo es Bien de Interés Cultural (BIC) sino Patrimonio de la Humanidad.

No en vano, antes de que el Consistorio aprobara sus propias normas del Plan Especial del Camino de Santiago, y por fin asumiera las competencias en este sentido, la Junta llegó a sancionar al establecimiento hostelero de pizzas aledaño por un 'mamotreto', una terraza con estructura permanente que según la Junta estaba totalmente prohibida.

En espera de un nuevo proyecto hostelero

Mientras la ruina oficial y el derribo de la céntrica casa se confirman definitivamente, ya con plazos y todas las bendiciones, la propiedad del Grupo Sibuya sopesa poner en marcha posteriormente un emblemático proyecto hostelero que adquiera una gran visibilidad en la ciudad leonesa que vio nacer a esta exitosa empresa, una especie de buque insignia.

En la actualidad su actividad bajo la marca Sibuya, que no es la única del grupo, se mantiene a muy pocos metros en un local situado en el mismo frontal de la acera que da a San Marcelo. ILEÓN ha intentado recabar detalles de sus planes con el inmueble con esta empresa, en espera aún de algún detalle más concreto. Pero tal y como avanzan los trámites administrativos, es sólo cuestión de tiempo la demolición de la vieja casa.

La despoblación y el envejecimiento de las comarcas rurales leonesas se han convertido en una amenaza directa para la supervivencia del leonés, una lengua que encuentra cada vez más dificultades para transmitirse de padres a hijos y cuyo futuro parece ligado al de unos territorios que continúan perdiendo población.

Esta es una de las principales conclusiones del capítulo 'El efecto de la dinámica demográfica sobre la conservación del leonés', publicado en la Gazeta de Antropología por el investigador de la Universidad de León (ULE) José Carlos Redondo Martínez, quien analiza la evolución demográfica de la comarca de Omaña y su impacto sobre la preservación de esta variedad del dominio lingüístico asturleonés.

El trabajo consultado por la Agencia EFE, que forma parte del libro 'Humanidades en diálogo. Fuentes, métodos y resultados', pone cifras al declive poblacional de una de las zonas históricamente más vinculadas al leonés. Omaña ha pasado de 6.632 habitantes en 1950 a 1.341 en 2025, lo que supone conservar apenas una quinta parte de la población que tenía a mediados del siglo pasado. Solo entre 2021 y 2025 perdió otros 98 residentes.

La caída es especialmente acusada en municipios como Murias de Paredes, que ha visto desaparecer el 88 por ciento de sus habitantes desde 1950. También registran fuertes retrocesos Riello, Las Omañas y Valdesamario, ejemplos de una tendencia que se repite en buena parte del medio rural leonés.

“Muchas de esas zonas rurales que eran prolíficas en hablantes de leonés se han visto afectadas por el creciente descenso demográfico que ha supuesto la pérdida de hablantes de lengua leonesa. El conjunto de la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca) concentra la mayoría de los hablantes de leonés en las comarcas más occidentales”, según el artículo.

“Si se examina exclusivamente la provincia de León, el leonés aún pervive principalmente en las comarcas de Laciana, El Bierzo, La Cabrera, Babia, Omaña, La Cepeda y La Maragatería. A través de un análisis antropológico se puede contemplar que estos territorios se caracterizan, desde el punto de vista demográfico, por la pérdida sostenida de población a partir de los años cincuenta del siglo XX. Desde entonces, en un mundo rural en general marginado en los procesos de concentración de la actividad económica, las áreas de montaña son consideradas ejemplos extremos de regresión demográfica, abandono y dependencia”, apunta la investigación. 

30.000 hablantes patrimoniales

Según este experto en antropología lingüística, esta transformación demográfica afecta directamente a la conservación de la lengua. Los hablantes habituales de leonés pertenecen en su mayoría a generaciones de edad avanzada y la reducción de los nacimientos, junto con la emigración de los jóvenes hacia las ciudades, rompe la cadena tradicional de transmisión familiar.

El estudio recuerda que el leonés, protegido por el artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, cuenta actualmente con unos 30.000 hablantes patrimoniales repartidos entre León, Zamora y Salamanca. Sin embargo, su situación presenta distintos grados de vulnerabilidad y, en algunas áreas, puede considerarse próxima a un estado crítico.

“Desde la antropología rural se observa que, a las causas generales de reducción de los efectivos rurales y su trasvase a los núcleos urbanos como proceso general en todo el país, se unen un conjunto de factores que impulsan el éxodo rural en esas zonas montañosas y periféricas de la provincia de León. Estos factores se concretan en unas condiciones ecológicas del medio muy limitantes (elevada altitud media, escasa fertilidad de los suelos, elevadas pendientes y, en ocasiones, clima extremado) y agrarias con excesiva división de la propiedad, escasez de terrazgo aprovechable y ausencia de regadío”, explica las causas el autor.

Las causas se dan por que en “el ámbito rural es donde más se ha sufrido la pérdida de habitantes. En esas zonas rurales, se ha pasado de una sociedad agraria tradicional cuya producción se orientaba básicamente al autoconsumo, a la salida del campo y de los pueblos habiendo núcleos que quedaban despoblados (Prieto 1996) y a la emigración hacia territorios más prósperos como las ciudades y las cuencas mineras”.

Abandono de la Junta de Castilla y León

“No obstante, a pesar de esas limitaciones, el manejo secular que el hombre ha llevado a cabo en el territorio se ha plasmado en una organización tradicional del medio rural, y sus paisajes asociados, que destaca por su riqueza y singularidad. Por ello ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés) que ha designado, en 2022, al sistema agrosilvopastoril de las Montañas de León como territorio Sipam (Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial). Es decir, se reconoce el patrimonio mundial por la diversidad de usos de la tierra, con bosques (castaños, hayas, abedules, enebros, robledales), pastos y cultivos que permiten la convivencia de agricultura, ganadería, silvicultura, recolección, caza y pesca, otorgando a la región un alto valor agroecológico, así como los usos y costumbres tradicionales de sus pueblos y pobladores, en el manejo del territorio en su vinculación con ese valor agroecológico y con el sector agroalimentario. Esto sin duda, ha supuesto un revulsivo para el territorio por las posibilidades de crecimiento y desarrollo que ofrece”, indica el estudio.

“Partiendo del análisis del estatus actual del leonés como lengua minoritaria y desde una perspectiva antropológico-social, el objetivo de este trabajo es analizar la tendencia demográfica rural actual, en su vinculación con el uso de la lengua leonesa, utilizando como modelo, a modo de estudio de caso, la comarca leonesa de Omaña que integran los términos municipales de Murias de Paredes, Riello, Valdesamario, y Las Omañas. Por otro lado, se plantean también algunas medidas que desde la Administración responsable se podrían implementar para su conservación y desarrollo y revertir esa situación”, expone. 

“Al leonés, como patrimonio lingüístico que es de España y del mundo, no se le ha prestado atención hasta hace relativamente muy poco tiempo. Desde la aprobación de la Carta Magna española en 1978 y la implantación en la Unión Europea de la Carta Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias en 1992 hasta el año 2018 que se creó la Cátedra de Estudios Leoneses; es decir, más de un cuarto de siglo, la administración autonómica de la Junta de Castilla y León no tomó ninguna medida para salvaguardar y difundir la lengua leonesa. Es de crucial importancia mantener un patrimonio tan valioso como la lengua leonesa. Sin embargo, llama la atención que esta administración autonómica sí haya tomado medidas para la protección del gallego, que es otra de las tres lenguas habladas en la provincia de León junto con el mentado leonés y el castellano. La Junta de Castilla y León sí implantó el gallego en los planes de estudio de algunos municipios de la comarca leonesa de El Bierzo. Desde un análisis antropológico-lingüístico, se contempla que esta comarca, por otra parte, en sus áreas norte y oriental mantiene muy vivo el uso del leonés con la población de mayor edad aun usándola en su día a día. Todas las lenguas tienen el mismo derecho a ser enseñadas y fomentadas puesto que forman parte del patrimonio cultural del territorio en el que se hablan. Además, debido al vaciamiento de las comarcas rurales y el éxodo que se produjo hacia las ciudades, se considera también importante implantar el leonés en la capital leonesa para que se pueda transmitir a los más jóvenes. Si una lengua no se transmite desaparece, y al extinguirse una lengua se muere una parte esencial de la idiosincrasia de una comunidad cultural, de un pueblo. Además, dado que durante el periodo estival es cuando los más jóvenes regresan a sus pueblos de origen a pasar tiempo con los más mayores, se considera de especial importancia el establecimiento de cursos de lengua y cultura leonesas de verano en las comarcas donde aún perdura el leonés. Esto sería un punto de inflexión para detener la perdida de hablantes y, sobre todo, fomentar la comunicación intergeneracional entre los hablantes con más edad y las nuevas generaciones”, remarca el estudio.

Impulsar la enseñanza de la llingua

Frente a este escenario, Redondo Martínez plantea reforzar la enseñanza de la llingua y la cultura leonesas, especialmente en entornos urbanos donde residen descendientes de familias procedentes de las comarcas rurales. El investigador afirma que “el leonés actual es una lengua minoritaria en peligro de desaparición. En muchas comarcas rurales leonesas el leonés se halla en riesgo ya que son solo los abuelos y las personas mayores quienes hablan la lengua. Los miembros de la generación parental, aunque pueden comprenderla, no la hablan entre sí, ni tampoco la usan para comunicarse con sus hijos. Además, en muchas otras zonas de la provincia leonesa, también el leonés está en grave peligro. Se encuentra en una situación crítica puesto que los únicos hablantes son los abuelos y las personas de mayor edad, personas que en su mayoría superan los ochenta años y solo usan el leonés parcialmente y con escasa frecuencia. El leonés en este caso es utilizado en algunas expresiones fijas, en contextos familiares o en conversaciones vecinales en las que hay un mayoritario uso del castellano y de castellanismos”.

“Como se muestra en los gráficos del estudio, el descenso demográfico del medio rural de León ha sido grande y se ha llevado consigo buen número de los efectivos principales que usaban el leonés como lengua habitual. Además, los pocos efectivos que aún pueblan comarcas fundamentalmente rurales como la de Omaña están envejecidos y los nacimientos que hay son escasos que inviertan la pirámide poblacional. El mundo rural de la provincia leonesa está perdiendo población desde hace décadas lo que conlleva no solo la desaparición del modo de vida rural y tradicional, sino también de la lengua que acompañaba toda esa vida rural”, evidencia el artículo.

“Las zonas donde aún pervive la lengua leonesa cuentan con pocos habitantes y estos, a su vez, son de una edad muy avanzada, lo que implica el peligro de desaparición del leonés a medio plazo dado que no existe una transmisión intergeneracional. Cada vez quedan menos hablantes de leonés y los que aún viven no utilizan la lengua de forma habitual. Además, las nuevas generaciones ya nacidas fuera del mundo rural no tienen realmente oportunidad de poder estudiar leonés por la inacción de las instituciones gubernamentales que todavía no han incluido esta lengua dentro del currículo de enseñanza”, denuncia el investigador.

Como conclusión, José Carlos Redondo propone impulsar cursos y actividades estivales en los pueblos para favorecer el contacto entre generaciones y mantener vivo un patrimonio cultural estrechamente ligado a la identidad del antiguo Reino de León. El trabajo concluye que la supervivencia del leonés no depende únicamente de las políticas lingüísticas (en este caso competencia de la Junta de Castilla y León), sino también de la capacidad de los territorios donde nació para frenar la pérdida de población y garantizar el relevo generacional: “Son estrictamente necesarias medidas reales de apoyo institucional para revertir no solo la gran caída demográfica del mundo rural leonés, sino también para disminuir el peligro de desaparición de la lengua leonesa. No se ha de olvidar que el leonés forma parte del legado cultural inmaterial de la Región Leonesa y como tal ha de ser preservado y cuidado. Sin duda, el patrimonio lingüístico, como todos ámbitos patrimoniales deber ser protegido para su salvaguarda por las diferentes instancias, pues protegiendo al patrimonio cultural, se protege al paisaje humano que lo sustenta”.

Referencia: José Carlos Redondo Martínez — 'Transformaciones demográficas rurales y su incidencia en la conservación de la lengua leonesa' ~ Revista Gazeta de Antropología | HANDLE: 10481/113071.

La provincia de León concentrará cuatro de las once balsas de agua, pequeños pantanos, que la Junta de Castilla y León prevé construir con el pretexto de abastecer a la ganadería extensiva pero que situará sólo en los territorios afectados por los históricos incendios forestales del verano de 2025. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, en manos de Vox, ha aprobado el Plan de Obras para ejecutar estas infraestructuras, que supondrán una inversión global de dos millones de euros y que estarán repartidas también entre Zamora, Ávila, Palencia y Salamanca.

La distribución provincial deja a León y Zamora como los territorios más beneficiados, con cuatro balsas cada uno, mientras que las otras tres se ubicarán en Ávila, Palencia y Salamanca, a razón de una por provincia. La previsión de la Administración autonómica es que las obras se ejecuten durante 2027 y que todas las instalaciones estén terminadas antes de que concluya ese año.

En la provincia de León, las cuatro balsas se construirán en Almanza, Castrocontrigo, Villamontán de la Valduerna y Puente de Domingo Flórez. Las otras siete infraestructuras se repartirán entre Ferreruela, San Pedro de Ceque, Ferreras de Arriba y Riofrío de Aliste, en Zamora; Cipérez, en Salamanca; San Bartolomé de Pinares, en Ávila; y Guardo, en Palencia.

La iniciativa tiene un matiz llamativo: aunque las infraestructuras se presentan como parte de la recuperación de las zonas afectadas por los grandes incendios forestales del pasado año, su finalidad principal es garantizar el suministro de agua a las explotaciones de ganadería extensiva. Es decir, la Consejería de Agricultura impulsa unas obras ganaderas que se justifican administrativamente dentro del programa de actuaciones para reparar los daños de los fuegos que asolaron buena parte del territorio autonómico, y eso a pesar de que la extinción de incendios no está entre las competencias de esta Consejería sino en la de Medio Ambiente.

La Junta sostiene que estas balsas tendrán también una utilidad preventiva frente a nuevos incendios. Por un lado, el abastecimiento de agua facilitará el mantenimiento de la ganadería extensiva, una actividad que contribuye a controlar la vegetación y reducir la carga de combustible forestal mediante el aprovechamiento de pastos y matorrales. Por otro, las propias instalaciones podrán funcionar como reservas de agua para apoyar las labores de extinción si se producen nuevos siniestros.

La aprobación del plan, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), constituye el paso administrativo previo a la redacción de los proyectos y la posterior ejecución de las obras. Los municipios incluidos fueron seleccionados entre aquellos que sufrieron incendios forestales en 2025, solicitaron disponer de estas infraestructuras y reunían las condiciones técnicas y territoriales necesarias para instalarlas. La medida da cumplimiento al apartado 23 del Acuerdo 34/2025, aprobado por la Junta el 20 de agosto para programar la recuperación de los territorios afectados por los fuegos.

La actuación llega después de un año que dejó en León las peores cifras de incendios forestales de su historia. Los cálculos finales de la Consejería de Medio Ambiente elevaron a 112.471,32 las hectáreas quemadas en la provincia durante 2025, contabilizando el conjunto de los 125 incendios registrados y no sólo los 14 grandes siniestros que concentraron buena parte de la devastación durante el verano.

La superficie definitiva, sin embargo, ha sido objeto de controversia por las diferencias respecto a los datos manejados anteriormente por la propia Administración autonómica. En febrero, la Junta había publicado una cifra de 135.481 hectáreas arrasadas en León, aunque referida únicamente a la suma de los 14 grandes incendios y con parte de la superficie de dos de ellos —Molezuelas de la Carballeda y Porto-La Baña— correspondiente también a la provincia de Zamora. El recuento posterior redujo aquella primera estimación en torno a un 17%, al tiempo que incorporó el conjunto de los incendios del ejercicio.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este jueves un gasto de 235.950 euros destinados al suministro, instalación y puesta en marcha de una sala de radiología digital robotizada para el servicio de Radiología del Hospital El Bierzo, en el marco del Programa Castilla y León Feder 2021-2027.

El suministro, derivado del Acuerdo Marco de Alta Tecnología 2023/136 del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, pretende dotar al Hospital El Bierzo de una nueva sala de altas prestaciones -con suspensión de techo y tres paneles planos- que permita agilizar de forma segura las exploraciones generales tanto programadas como urgentes

Así, según detalla el Gobierno autonómico, la nueva sala podrá ser de utilidad para urgencias, hospitalización, consultas externas y el resto de servicios clínicos con el objetivo de ofrecer una asistencia sanitaria de calidad.

El control del sistema radiográfico, incluido el procesado digital de imagen y manejo del generador, se efectuará desde un puesto de mando central de la estación de adquisición con la que vendrá dotado el aparato.

Los mecanismos de automatización, integrados tanto en el soporte de tubo como en el soporte vertical para detector digital y mesa de exploración, permitirán que el equipo se mueva de forma totalmente automática. Estará, además, dotado con un gran número de posiciones de equipo preprogramadas y sincronizadas con el protocolo de órganos diseñado por el Hospital.

El Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado a toro pasado este jueves el visto bueno a una partida de 80.000 euros para pagar la reconstrucción de un voladizo dañado por un derrumbe en la Ruta del Cares, en el término municipal leonés de Posada de Valdeón, dentro del Parque Nacional de Picos de Europa. Se trata de la actuación de emergencia que permitió recuperar a final del mes pasado el tránsito de senderistas y turistas por uno de los recorridos más conocidos de Picos de Europa, después de que un grave desprendimiento a mediados de octubre obligara a cerrar el paso por motivos de seguridad.

El incidente se produjo el 16 de octubre en las proximidades del Puente de los Rebecos, donde los daños en la infraestructura hicieron necesario interrumpir el recorrido. La Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta encargó entonces a la empresa pública Tragsa la intervención urgente para restablecer las condiciones de seguridad y permitir de nuevo el paso de visitantes.

La solución adoptada consistió en instalar una nueva pasarela metálica de nueve metros de longitud, apoyada directamente sobre la roca para salvar el tramo afectado. La complejidad del terreno y las dificultades de acceso al desfiladero obligaron a trasladar materiales y equipos mediante helicóptero, con la participación de un piloto especializado.

Aunque el plazo inicialmente previsto para ejecutar las obras era de dos meses, los trabajos pudieron completarse mucho antes, explican desde el Gobierno autonómico. La Ruta del Cares reabrió al público durante la tarde del viernes 30 de octubre, apenas dos semanas después del cierre.

La actuación recuperó así la continuidad de una de las principales rutas de uso público de los Picos de Europa, un espacio natural que recibe cerca de dos millones de visitantes al año. Los 80.000 euros aprobados ahora por el Ejecutivo autonómico corresponden al pago a Tragsa por esta intervención de emergencia, que ya estaba ejecutada cuando se ha autorizado el gasto.

La clausurada fábrica azucarera leonesa de La Bañeza, que cerró abruptamente sus puertas hace año y medio dejando tras de sí a 150 trabajadores en la calle, podría tener un posible relevo industrial pero la multinacional británica dueña de la instalación no lo está poniendo nada fácil. Así lo ha desvelado hoy el portavoz del Gobierno de la Junta de Castilla y León, también consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, al ser preguntado por posibles avances respecto a la reapertura, aunque con otra actividad distinta, de las instalaciones fabriles de la ciudad leonesa de la que se habló al principio de la crisis, con mediación del Ejecutivo autonómico, pero que nunca más se ha detallado.

Carriedo explicó que hay “grupos inversores” que han ido interesándose por la opción de reaprovechar la vieja fábrica remolachera de La Bañeza, como le consta a la Junta a través de la Fundación Anclaje que puso a mediar en una posible transacción, e incluso “alguno ha mostrado su interés” específico por desarrollar un proyecto alternativo “en el ámbito agroalimentario o diferente”. Pero también explicó que el problema radica en el alto precio que la multinacional propietaria de las instalaciones, el grupo Associated British Foods (AB Foods), pone para alcanzar un posible acuerdo, cifra que no le resulta del todo rentable a quienes desean instalarse en La Bañeza.

El portavoz relató que es esa “falta de acuerdo” la que viene lastrando una nueva salida industrial. Insistió en que la postura del Gobierno autonómico es “pedir que la Azucarera ofrezca sus instalaciones en condiciones muy favorables”, dado que “el promotor tiene unas cifras que encajarían en esta inversión”, pero su impulso “cuenta con acceder a las instalaciones en muy buenas condiciones” para cuadrar números, y eso es algo que no se produce.

El consejero insistió en que la pelota lleva tiempo en el terreno de la multinacional, propietaria también de la conocida firma textil Primark, pero sin que mueva ficha todavía para que rebaje la petición económica a cambio de sus instalaciones bañezanas en unas condiciones “que sean asequibles y accesibles”.

Recientemente, al cierre del último año fiscal, entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, se pudo conocer que la decisión de cerrar La Bañeza, la última azucarera en funcionamiento de la provincia leonesa, y reordenar la actividad en Miranda de Ebro, tuvo un coste de 37 millones de libras, es decir, al cambio algo más de 43 millones de euros, 38 de ellos básicamente por el coste de los despidos efectuados en su filial azucarera española. Unos despidos que fueron exactamente 150 sólo en la factoría leonesa de La Bañeza.

El Partido Popular (PP) de León ha acusado al alcalde de la capital, el socialista José Antonio Diez, de incumplir sus compromisos con el mantenimiento y limpieza de los colegios municipales, así como de mentir sobre las inversiones comprometidas para estos centros educativos públicos.

Su portavoz en el Ayuntamiento, David Fernández, ha acusado al regidor de aplica una “política bulista”, denunciando en rueda de prensa que las deficiencias se mantienen e incluso han aumentado, con problemas que van desde la presencia de ratas y garrapatas hasta goteras, calderas sin el mantenimiento adecuado, patios deteriorados, desconchones o falta de limpieza. Una situación que, según ha asegurado, afecta a los colegios en los que estudian cerca de 5.000 alumnos.

Fernández ha afirmado que más del 88% de las necesidades comunicadas por los colegios al Ayuntamiento, y recogida hace años por el Grupo Popular, siguen sin resolverse, ya que apenas se ha ejecutado un 12% de las actuaciones demandadas. Y a las deficiencias materiales se suma, según el portavoz popular, la falta de personal de limpieza, que debería ser fruto de un “megacontrato” de un millón de euros anuales que, denuncia, no se ha cumplido. Por eso, Fernández aseguró que «tras casi ocho años de José Antonio Diez como alcalde, los colegios municipales están peor que nunca“.

El portavoz del PP ha repasado los compromisos electorales de Diez en las elecciones municipales de los años 2019 y 2023, con medidas como la creación de un Consejo Municipal Escolar, un plan de mantenimiento continuo de los centros o un banco de necesidades de los colegios. Pero Fernández advierte de que ninguna de estas iniciativas se ha puesto en marcha. También ha recordado la auditoría que el PP realizó en 2024 sobre el estado de los centros y la moción presentada posteriormente en Pleno para reclamar un plan de choque con una inversión de un millón de euros anual durante 2025 y 2026, un plan trienal para atender las necesidades y un canal de comunicación con los colegios.

Fernández ha situado uno de los principales incumplimientos en el anuncio realizado por el alcalde en octubre de 2024, cuando, después de aquella moción, avanzó un gran contrato de mantenimiento de edificios municipales, cifrado en cuatro millones de euros para los colegios, a millón por año. También ha recordado el protocolo de intenciones que firmó Diez en diciembre de 2025 con el presidente de la Junta del PP, Alfonso Fernández Mañueco, también con el compromiso de invertir un millón anual en estos centros, y además en plena precampaña de las elecciones autonómicas.

Sin embargo, según ha señalado, las actuaciones previstas para este año se limitaron a 143.000 euros de trabajos de las brigadas municipales y otros 200.000 euros en pintura, cifras reconocidas en el Pleno a preguntas populares, mientras que el contrato finalmente adjudicado en octubre de 2026 contempla 392.000 euros anuales para el mantenimiento de los colegios. “Mintió a sabiendas”, acusó Fernández a Diez.

El portavoz recordó también que el regidor aseguró en el Pleno de julio y en la defensa de los tardíos presupuestos para este año pactados con UPL, que el millón de euros estaba incluido en ese contrato, pese a que, según el PP, la cantidad finalmente consignada estaba muy por debajo de lo anunciado. “Esta es la manera de hacer política de este alcalde: anuncios grandilocuentes que luego quedan en nada”, ha criticado Fernández.

Frente a esta situación, y tras las críticas la gestión actual, Fernández, que también es ya candidato a las próximas elecciones municipales del año 2027 a la Alcaldía leonesa, ha asegurado que se compromete a garantizar el mantenimiento de los centros y una comunicación fluida con sus responsables si logra gobernar la ciudad. “El buen estado de los centros escolares donde estudian nuestros niños sí es una prioridad para el Partido Popular”, ha afirmado, antes de prometer que, si alcanza la Alcaldía, el Ayuntamiento cumplirá sus compromisos de inversión, con ese millón anual mencionado.

Dos años después de su entrada en vigor, las normas urbanísticas territoriales (NUT) de la provincia de León, se han visto modificadas en varios aspectos por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ha considerado ilegales tres aspectos, de entre varios denunciados por Ecologistas en Acción. Las normas afectan a 85 de los 211 municipios de la provincia que no tienen regulación urbanística propia

El pasado 5 de noviembre el Boletín Oficial de Castilla y León recogía la sentencia y los cambios anulados, que pasan a ser firmes tras su publicación. La justicia anuló tres de las previsiones de las normas sobre clasificación del suelo urbano y actividades industriales en terrenos rústicos.

Las normas en vigor fueron aprobadas y entraron en funcionamiento en junio del 2024, impulsadas por la Diputación de León y la propia Junta de Castilla y León para sustituir una desfasada normativa urbanística que databa del año 1991. La Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León impugnó varias disposiciones al entender que permitían ampliar indebidamente el suelo urbano, facilitaban actividades industriales en espacios protegidos y reducían determinadas garantías ambientales.

Anulada la ampliación a 100 metros para suelo urbano

La primera disposición anulada es la previsión del artículo 168 que permitía ampliar hasta 100 metros la distancia de los servicios urbanísticos para considerar urbanos determinados terrenos vinculados a actividades productivas. El artículo 23 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León fija, sin embargo, una distancia máxima de 50 metros para disponer de acceso y servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad.

Durante el procedimiento, los técnicos de la Junta justificaron la ampliación de esos metros por la existencia de almacenes, equipamientos deportivos y otras construcciones situadas en las inmediaciones de pequeños núcleos rurales. Los magistrados reconocen que esa problemática es real, pero advierten de que las necesidades prácticas no permiten modificar una exigencia reglamentaria. El planeamiento urbanístico no puede ampliar un límite legalmente establecido sin habilitación normativa, por lo que declara nula exclusivamente la referencia a los 100 metros.

No obstante, el tribunal mantiene la validez del sistema que combina la delimitación gráfica del suelo urbano con criterios objetivos sobre disponibilidad de servicios. Considera que ambos mecanismos son compatibles y proporcionan mayor seguridad jurídica que el modelo anterior.

También se conserva la posibilidad de reconocer como suelo urbano consolidado terrenos situados fuera del límite gráfico cuando cumplan los requisitos exigidos, que Ecologistas en Acción pedía anular. Si esos terrenos están clasificados como suelo rústico protegido, será necesario un informe favorable de la Administración competente en la materia correspondiente a su protección

Prohibidos usos industriales, comerciales y de almacenamiento en montes protegidos

La anulación más relevantes de las normas urbanísticas de la provincia leonesa afecta al fichero que regula las condiciones particulares del suelo rústico con protección natural en la categoría de Montes de Utilidad Pública. Las NUT de León contemplaban determinados usos industriales, comerciales y de almacenamiento que resultan incompatibles con el régimen de protección aplicable a estos espacios.

La sentencia destaca que la propia Junta de Castilla y León reconoció, mediante un informe del Servicio de Urbanismo aportado al procedimiento, que existía una contradicción en el cuadro de usos permitidos. La Administración admitió que deberían eliminarse las referencias a estas actividades y mantenerse únicamente los usos dotacionales no prohibidos.

Los magistrados estiman la impugnación y declaran la nulidad parcial del fichero, exclusivamente en cuanto contempla los usos industriales, comerciales y de almacenamiento contrarios a la legislación forestal y urbanística. La nueva regulación tras la sentencia concreta las condiciones edificatorias aplicables a las instalaciones dotacionales que puedan resultar autorizables, entre ellas figura una parcela mínima de 3.000 metros cuadrados, una ocupación máxima del suelo del 20%, una altura máxima ordinaria de siete metros a cornisa y nueve metros a cumbrera, con un máximo de dos plantas. El texto prevé excepciones a las alturas cuando concurran necesidades técnicas debidamente justificadas.

Para determinadas construcciones agrícolas, ganaderas, forestales, piscícolas y cinegéticas, el fichero conserva otras condiciones específicas, como una ocupación máxima general del 25%, que puede alcanzar el 50% en parcelas de superficie igual o inferior a 5.000 metros cuadrados, siempre dentro del régimen de usos que resulte aplicable.

Autorización excepcional para pequeñas industria agroalimentaria

La tercera disposición anulada corresponde al artículo 144.2, que incluía dentro de los usos agropecuarios ordinarios a las pequeñas industrias de primera transformación y venta directa de productos agrícolas, ganaderos, forestales, piscícolas o cinegéticos, siempre que estuvieran vinculadas a una explotación y tuvieran menos de 50 trabajadores.

La Junta defendió esta regulación como una medida destinada a favorecer la actividad económica y combatir la despoblación rural. Sin embargo, el tribunal considera que el tamaño de una empresa no modifica la naturaleza industrial de su actividad. Procesos como la elaboración, pasteurización, envasado o embotellado de productos agrarios constituyen actividades industriales, aunque se desarrollen en instalaciones pequeñas y vinculadas a explotaciones agrícolas o ganaderas.

Los magistrados explican que el artículo 57 del Reglamento de Urbanismo exige autorización excepcional para estos usos en suelo rústico. Por ello, anulan la previsión que los consideraba actividades agropecuarias ordinarias, al entender que eliminaba indebidamente el control administrativo individualizado. La Sala precisa que cualquier flexibilización de este régimen requeriría modificar previamente el Reglamento urbanístico autonómico, sin que pueda introducirse directamente mediante unas normas provinciales.

El tribunal rechaza que exista desprotección de ríos y embalses

Finalmente la sentencia desestima la pretensión ecologista de recuperar las antiguas franjas generales de protección de 100 y 200 metros alrededor de cauces, lagos, lagunas y embalses, establecidas en las normas de 1991.

La Sala considera acreditado que el nuevo planeamiento utiliza cartografía hidrológica más precisa, incorpora las zonas inundables y de flujo preferente y respeta las servidumbres y zonas de policía establecidas por la legislación de aguas. Por tanto, entiende que no se ha demostrado una reducción injustificada de la protección ambiental ni una vulneración del principio de no regresión.

También rechaza que el régimen mínimo del artículo 64.2 del Reglamento de Urbanismo deba aplicarse indiscriminadamente a todos los suelos rústicos con protección natural, al distinguir la normativa entre terrenos sometidos a legislación sectorial específica y aquellos que carecen de ella.

La empresa avícola familiar Rualmar, fundada en 1957 en el pueblo leonés de Olleros de Alba, ha recibido autorización ambiental para ampliar en un 25% la capacidad de su explotación en su granja situada La Robla, donde pasará de 81.544 a 102.044 gallinas ponedoras y superará los 23 millones de huevos anuales de producción.

La autorización, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), permite a Granja Rualmar SL incorporar 20.500 plazas más para gallinas de puesta en sus instalaciones de La Robla, consolidando el crecimiento de una empresa que hunde sus raíces en la montaña central leonesa y que mantiene su carácter familiar casi siete décadas después de su creación.

La historia de la compañía comenzó en 1957, cuando Juan Antonio Iglesias Valles y su esposa Ángeles Josefa Miranda pusieron en marcha una explotación avícola en Olleros de Alba, un pequeño pueblo de la Montaña Central leonesa. Actualmente es la segunda y tercera generación de la familia la que continúa al frente del proyecto. Alfonso Iglesias, junto a su esposa e hijos, ha impulsado la modernización y expansión de una explotación que se ha convertido en una de las principales productoras de huevos de la provincia de León.

Según la orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta, la ampliación autorizada no requerirá nuevas construcciones y se realizará sobre las instalaciones ya existentes, por lo que ha sido considerada una modificación ambiental no sustancial.

Con esta ampliación, la explotación alcanzará una capacidad total de 102.044 gallinas en sistemas intensivos y camperos, además de mantener su centro de clasificación, etiquetado, envasado y venta de huevos. La producción máxima autorizada se situará en 23.601.870 huevos al año.

Las instalaciones ocupan una parcela de más de 97.000 metros cuadrados en el paraje de La Forca, en el término municipal de La Robla, y cuentan con siete naves destinadas a la producción avícola, además de centro de selección y envasado, estercolero cubierto, laboratorios, cámaras de refrigeración e infraestructura energética propia.

Apuesta por el autoconsumo energético

La explotación dispone también de una planta fotovoltaica de 104 kilovatios pico, que contribuye a cubrir buena parte de sus necesidades eléctricas. De acuerdo con la documentación ambiental, el 57,6% de la energía consumida procede de generación propia.

La resolución refleja asimismo la dimensión de la actividad industrial asociada a la granja, con un consumo anual de más de 5.100 toneladas de pienso y capacidad para clasificar y envasar hasta 3.000 docenas de huevos al día.

El Musac de León, el principal centro de arte contemporáneo de la Junta de Castilla y León, acoge desde este fin de semana y hasta el 23 de mayo de 2027 la mayor retrospectiva de las dos últimas décadas en España de uno de los artistas italianos vivos más importantes, Michelangelo Pistoletto, el principal representante del llamado 'Arte Povera' (arte pobre).

Bajo el título, elegido por el artista, de 'Spazio Libero', la muestra recoge obras desde 1957 hasta el 2025, en un amplio recorrido por la creación de Pistoletto, que a sus 93 años cree que la exposición tiene que darle protagonismo a los visitantes, y se lo dará gracias la uso de las nuevas tecnologías como este domingo con una 'performance' con participación telemática. En una intervención por videoconferencia desde Italia, Pistoletto ha agradecido la oportunidad de la exposición y la ha encuadrado en los convulsos tiempos contemporáneos que se viven, con el arte como espejo de la sociedad, “que confronta y que resuelve diversamente el fenómeno de la convivencia de los pueblos actuales, una convivencia de guerras, conflictos y obsesiones y el arte asume una responsabilidad que viene de la libertad”.

Discurso contra la guerra y a favor de la paz

En esta época “de guerras feroces y de horribles catástrofes humanas, el arte puede mostrar que existe una luz y algo profundo para demostrar que somos capaces gobernar juntos el futuro”, señalaba el artista que defendió que “desde el espejo de la sociedad actual se tiene que rotar a una sociedad de paz que resuelva la actual realidad de guerra”. Pistoletto, siempre muy comprometido con la realidad social, ha recalcado que las personas “nos tenemos que encontrar poco a poco a través del arte porque queremos el protagonismo de los espectadores en las obras”.

Con un discurso antibelicista, el artista ha advertido que “la guerra es una situación instintiva que debemos transformar, mediante la inteligencia, en una dimensión de no guerra, es decir, de paz. La paz debe ser creada. La paz no nace instintivamente. La paz nace de la inteligencia que la organiza”. “Debemos organizar la paz”, ha insistido.

Su receta contra la guerra, como impulsan desde su propia fundación, es hacer que “el arte lleve el poder hacia una situación en la que resulte imposible entrar en guerra”. En su análisis del mundo el artista italiano señala que “las guerras actuales se sitúan fuera de las reglas que tenían las guerras de otros tiempos. Ahora las guerras son preventivas: yo te ataco para matarte porque quiero tener el poder sobre el mundo”. “La paz debe ser creada. La paz se construye mediante un gobierno formado por todos juntos. Y ese será el gobierno de la paz”, concluye.

Censura ideológica en Castilla y León

Pistoletto llega a León en plena controversia autonómica por la censura por motivos ideológicos al sector del cine realizada por el gobierno de PP y Vox, adelantada por elDiario.es, y el consejero de Cultura del partido de ultraderecha, Alberto Díaz Pico, no ha respondido en la presentación de la muestra si ese hecho se extenderá otros ámbitos como las exposiciones. Pico ha rechazado hablar de “censura” y defiende que su propuesta es “no utilizar financiación pública para proyectos ideológicos”. Cuestionado sobre si la relación que hizo Pistoletto de arte contra la guerra podría suponer una línea ideológica censurable, esa pregunta quedó sin respuesta.

Pistoletto entró en el tema, explicando que no conocía el fondo del asunto, para compartir que “siempre debemos pensar en una política que permita la participación de los distintos ámbitos y de las distintas estructuras que existen en la sociedad”, y mostrándose favorable a “unas leyes que no deriven de una ideología que cae desde arriba, sino de un sistema de encuentro que permita que los diferentes ámbitos y sectores de la sociedad se reúnan y tomen decisiones conjuntamente”.

La muestra leonesa acoge grandes obras como la 'Venus de los trapos' de 1967, obra fundamental para entender el 'arte povera', sus 'Objetos de menos' de 1965-66 o la instalación participativa 'Laberinto' de 1968, fundamentales para entender sus inicios y su gran éxito inicial en el mundo del arte contemporáneo.

El 'arte povera' ha sido redefinido por Pistoletto como “esencial” y “radical”, destacando su diferencia del 'pop art' en su representación de lo humano más allá del mero objeto capitalista como en el arte anglosajón.

La exposicición acoge además una amplia representación de la experimentación del artista con los espejos, su lienzo favorito. Con los 'Quadri specchianti', Pistoletto cuestiona la naturaleza de la representación e incorpora a la obra el espacio, el tiempo y la presencia del espectador. También se puede ver 'Arquitectura del espejo (Architettura dello Specchio)', una de sus obras más famosas realizada en 1990.

El Musac descubre también en esta gran retrospectiva aspectos menos conocidos de su trayectoria, destaca el museo, como su vinculación con el grupo de teatro experimental Lo Zoo, su actividad performativa, su participación en Documenta IX (Kassel, Alemania) o su condición de escritor capaz de generar un contexto conceptual al reflexionar sobre su obra.

Sus últimos proyectos artísticos del 2025, vinculados la uso de la inteligencia artificial, también forman parte del recorrido expositivo que ocupa más de la mitad del espacio del Musac, que este año cumple 26 años y que ha recuperado el favor del público con sus últimas muestras de artistas como Ai Weiwei o Yoko Ono.

Durante este fin de semana inaugural las visitas al Musac de León son gratuitas y el sábado 7, a las 19 horas, habrá una conversación de Pistoletto con el director del museo y comisario de la muestra, Álvaro Rodríguez Fominaya, junto a una performance del artista titulada 'Metrocubo d“infinito', donde los asistentes podrán guardar en su memoria una obra realizada en directo y cuyo fin es que permanezca ”en la mente de las personas“.

Culminó este miércoles la jornada de huelga educativa convocada por los sindicatos UGT y CCOO con una nutrida manifestación por el centro de la capital leonesa, así como también en la ciudad Ponferrada, con el habitual baile de cifras respecto al número de profesores que han secundado hoy el paro convocado por estas dos organizaciones.

Fuentes sindicales de ambas organizaciones aseguraron haber computado en el conjunto de la provincia leonesa un 67% de seguimiento de todo el cuerpo profesional educativo de la pública, una cifra que contrasta con el prácticamente 10% que ha contabilizado la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, y eso que se supone que es el mayor porcentaje provincial de toda la Comunidad.

Pero al margen de la batalla de cifras, la fría jornada no hizo sino calentar los ánimos de los cientos de personas que protagonizaron sendas manifestaciones en la provincia, que hicieron a ambos sindicatos hablar de “éxito” de la jornada de protesta en contra de la postura de Educación y el bloqueo que denuncian de sus mejoras salariales y laborales comprometidas, reclamando una negociación “real”, entre otros motivos de la protesta que ya habían protagonizado por la mañana la concentración sindical en la sede provincial de Educación en León.

Han pasado casi dos meses desde el inicio del presente curso escolar y más de 5.500 docentes de la provincia de León han sido llamados a la huelga durante este miércoles 4 de noviembre por los sindicatos CCOO y UGT. Las reclamaciones de los profesores y maestros incluyen una mejora en las infraestructuras de los centros educativos. Los defectos se presentan en casi todos los colegios e institutos leoneses, pero en algunos, como es el caso de Cembranos han pasado seis años dando clase en una caseta de obra. A pesar de las promesas de la Junta, la situación sigue bloqueada. 

Aunque no es el único centro que presenta deficiencias estructurales, el del colegio de Cembranos es uno de los casos más preocupantes de la provincia de León. Allí un grupo de niños de Primaria y sus maestros se ven obligados a dar clase en una caseta de obra, instalada hace seis años con el objetivo de que fuese una solución provisional, mientras se terminaban las obras de remodelación del centro. 

Sin embargo, las obras nunca se terminaron, después de que la empresa abandonase el proyecto en el año 2021, dejando la reforma inacabada y provocando que la caseta de obra provisional se haya convertido, a la fuerza, en un aula más del colegio. Se debería haber licitado un nuevo contrato para que una nueva empresa retomase los trabajos, pero la Junta se ha escudado curso tras curso en todos los eternos pasos administrativos que se deben llevar a cabo para que, por fin, la obra salga a nueva licitación. 

Después de seis años de bloqueo burocrático, el delegado territorial de la Junta en la provincia de León, Eduardo Diego, aseguró ante la prensa leonesa durante el primer día del presente curso que en las próximas semanas se realizaría un nuevo contrato, lamentando a su vez la ristra de problemas que han condenado a alumnos y sus profesores a una situación dantesca. 

A pesar de ello, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León ha reconocido recientemente a este periódico que, aunque se han reformulado las mediciones del proyecto y hay dos empresas interesadas, la licitación no se ha llevado a cabo todavía, dos meses después del inicio del nuevo curso y de las declaraciones de Diego. Aun así, la Delegación Territorial afirma que “se licitará en breve”. 

“Una de las reivindicaciones clave de esta huelga es que los centros educativos estén adecuados a la educación del siglo XXI y que no sean un riesgo ni para el profesorado ni los alumnos”, explica Víctor Bejega, secretario general de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en León. “El caso de Cembranos es muy visual, porque se encuentran en un cubículo de obra, pero tenemos centros con goteras encima de servidores informáticos, salas sin usar repletas de humedades… Es una situación generalizada”. 

Bejega cita otros casos como el colegio Trepalio de San Andrés del Rabanedo, cuyo tejado se hundió en diciembre del año pasado; las humedades que CCOO denuncia en el CEIP San Miguel Arcángel (Ciñera) y el IESO La Pola de Gordón; o el gimnasio del IES Juan del Enzina, en el que si bien se ha intervenido en el suelo del pabellón, no se han solucionado las humedades del techo. 

“La inmensa mayoría de los centros educativos de la provincia de León son antiguos y necesitan labores de mantenimientos muy pormenorizadas y unas inversiones que no se están haciendo. El problema es que cada vez se acumulan los problemas, las calderas tienen cada vez más años, las humedades empeoran y el problema pasa a ser peor”, lamenta Bejega. Todo ello mientras durante el verano la Junta anunció 3.880.247 euros para trabajos de reparación en colegios e institutos de la provincia, entre los cuales no se encuentran los citados aquí. 

“Los docentes están cansados de tener que lidiar con condiciones de precariedad y de tener que poner voluntad ante la falta de recursos”. Sin embargo, los docentes son una de las dos caras de la moneda que paga la dejadez de las administraciones; la otra son los alumnos y sus familias. 

En el caso de Cembranos, las familias ya salieron a protestar frente al colegio en el año 2024, a cuya manifestación siguió una reunión con el actual delegado territorial de la Junta y el director provincial de Educación, Alberto Natal. En aquella reunión los dirigentes explicaron a padres y madres que la situación se había estancado en un proceso burocrático que, sin embargo, ya se ha resuelto. “Vinieron a hacerse la foto”, lamenta una de las madres del colegio. “Es verdad que el procedimiento pendiente es como nos explicaron, pero los plazos van muy extendidos. Las familias estamos muy indignadas porque sentimos que nos están tomando el pelo”, critica. 

Los niños de un curso siguen dando clase en la caseta y ahora que el frío ya ha llegado a la provincia de León comienza la etapa más complicada, y no solo a nivel curricular, sino que es en esta época cuando más reto supone afrontar semejantes condiciones de estudio y trabajo. Los pequeños recurren a llevar alfombras a la caseta que les sirve de aula, para limitar los efectos del suelo frío en contacto con sus pies. 

No solo eso, sino que cada año las deficiencias de espacio del colegio son cada vez mayores. Ahora que ha aumentado el número de alumnos los espacios para el comedor se han quedado pequeños. Sin olvidar que los alumnos de 0 a 3 años siguen teniendo que desplazarse hasta la Casa del Pueblo, cruzando un tramo de carretera nacional, con todo el riesgo que esto supone para las técnicos y los pequeños. 

Respecto a la nueva consejera de Educación de la Junta, recién llegada al puesto, CCOO se abre al diálogo: “Las exigencias son muchas porque las vejaciones han sido muchas. Pedimos a la consejera que se siente a negociar de forma honesta y real, que aborde todos los problemas que tiene la Educación Pública de Castilla y León”, sugiere Bejega. 

Las reclamaciones de los docentes en esta huelga pasan por la actualización del complemento autonómico, la compatibilidad de la carrera profesional con los sexenios, reducción de jornada para mayores de 55 años, reconocimiento de la función de tutor con una mayor retribución económica, mayor número de personal de administración y servicios, reducción de burocracia y mejoras en los centros educativos.

“Si lo que quieren es hacerse las víctimas y tirar de ese victimismo y buscar tratos preferentes, con este Gobierno no cuenten”. Este fue el enroque político con el que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, vino a resumir su contestación a las críticas lanzadas hoy en las Cortes autonómicas por Unión del Pueblo Leonés (UPL) y el PSOE al contenido de los presupuestos para 2026 en la provincia de León.

El presidente del Ejecutivo que conforman Partido Popular (PP) y Vox fue interpelado por la líder de la formación leonesa, Alicia Gallego, quien tildó “de ”bofetada al futuro de la Región Leonesa“ las cuentas autonómicas de 2027, reclamando a Mañueco ”escucha para un cambio real“. La también portavoz parlamentaria defendió que su modelo ”empuja activamente“ al éxodo rural y a la despoblación, condenando a la provincia de León pero también a Zamora y Salamanca a ”un invierno demográfico crónico“, sobre todo porque las nuevas cuentas públicas e inversiones que propone ”son una burda copia y pega de promesas incumplidas“ que acumulan hasta dos décadas de retraso.

Así, por ejemplo, consideró “un insulto” la gestión sanitaria de su Gobierno, en la que hablan de “excelencia mientras ejecutan la supresión y el cierre encubierto de más de 572 consultorios rurales, sí, esos de los que usted dijo ”ninguno“”, le espetó recordándole una frase tan categórica como falsa de la sesión anterior, cuando Mañueco negó tajantemente que hubiera un solo consultorio cerrado en la Comunidad. La realidad, dijo Gallego, es “el colapso estructural” sanitario que se refleja específicamente en comarcas como la de El Bierzo.

El “gran cero” de carreteras

La leonesista remarcó también los recortes educativos, que justifican la huelga de este miércoles 4 de noviembre, o “el gran cero” en inversión en carreteras, por los cero kilómetros inaugurados desde que gobierna con la parálisis de la León-Bragança y los más de 100 kilómetros de nuevas autovías prometidos en el Plan de Carreteras 2008-2020 caducado y que aún no tiene ni relevo.

Y tras mencionar partidas irrisorias y años de retraso, Gallego terminó afeando que además el grueso del dinero se encuentra “en su administración paralela” al desinflar la inversión real, por ejemplo, en la provincia de León un 15% respecto al último proyecto de presupuestos, fruto de derivar los fondos a la ‘Junta B’ de la empresa Somacyl.

Los argumentos del presidente

Mañueco menospreció, por “victimista”, la visión de UPL, asegurando que quizá se debiera a que “su problema (el de la portavoz) es que viaja o se mueve poco” porque “hay inversiones en todas las provincias”, defendió. Y puso por ejemplos el Grado de Medicina para León, criticando que el grupo leonesista “no creía en ello”, algo que posteriormente Luis Mariano Santos criticó con dureza como “un bulo”; los helicópteros sanitarios para todas las provincias, que será doble sólo en León por diseñarse una base propia en El Bierzo; el éxito del autobús gratuito de Buscyl; como “lo será”, añadió a futuro, “la Unidad de Radioterapia para El Bierzo, la de Reanimación para el Hospital de León, o ampliaciones de polígonos industriales como el Tecnológico de León o El Bayo en Cubillos.

En su turno, el socialista Mario Rivas, que además de procurador es alcalde del PSOE de Villablino, tuvo ocasión de ampliar las críticas presupuestarias al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que insistió en argumentos a favor de las cuentas ahora en tramitación respecto a áreas como polígonos o helicópteros sanitarios, como hiciera antes Mañueco.

Las razones de Carriedo contra las del PSOE

Carriedo se ciño a tres puntos que a su juicio benefician a los leoneses del nuevo presupuesto autonómico para 2027, como la bajada de 36 tributos que sumarán un beneficio que cifró en “147,7 millones de euros para 114.609 leoneses”; la mencionada extensión de helicópteros de emergencias sanitarias que se duplicarán en la provincia leonesa; o unas cifras de inversión provincial cifradas en 240,5 millones, con 16 de su propio departamento a polígonos.

Rivas le replicó, como UPL, con el argumento de que muchos de los compromisos presupuestarios son “proyectos de décadas” retrasados en la provincia de León. Y se refirió a datos como los 215 días de listas de espera en El Bierzo, que genera “pacientes de segunda”, el incumplimiento con el sobreesfuerzo que se le deben a las comarcas mineras, con ejemplos como la falta de compromiso con proyectos del tipo del Ponfeblino, que a pesar de ser autonómico cuenta con 4 millones del Gobierno, recordó. Amén de dejar abandonado al territorio en conflictos como el del puerto de Pinos en San Emiliano, Babia. “Llevamos demasiados años poniéndole paciencia a León pero la paciencia no crea empleo ni abre consultorios ni fija población”, resumió Rivas.

El macrocomplejo Compostilla Green de Cubillos del Sil se prepara para dar un nuevo paso adelante. Y es que el Gobierno autonómico somete a información pública la solicitud de autorización ambiental para el proyecto de una planta de producción de hidrógeno verde, planta de combustible sintético sostenible de aviación y su infraestructura asociada. Así lo anuncia este martes a través del Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León).

El promotor, Perseus Power SL, solicita autorización ambiental para planta de producción de hidrógeno verde que será transportado a una planta de producción de combustible sintético sostenible para aviación mediante la tecnología de Fischer-Tropsch, a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono.

El miércoles se abre un plazo de 30 días para examinar el expediente, que podrá ser consultado de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas en la Dirección General de Política Ambiental de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental sita en Valladolid y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León. Asimismo, la documentación se pone a disposición de los interesados en la página web de la Junta de Castilla y León y en esta dirección.

Los interesados podrán formular alegaciones, preferiblemente utilizando el modelo 'Alegaciones' ligado al procedimiento de 'Autorización ambiental', al que pueden acceder a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León usando este enlace.

Se trata de un nuevo paso en el recorrido burocrático de Compostilla Green después de que a finales del pasado mes de septiembre la Junta iniciase el procedimiento para su declaración como Proyecto Regional, una consideración que permite agilizar la tramitación de la iniciativa, que prevé una inversión de 632 millones en el polígono de El Bayo de Cubillos.

El complejo contará con una planta de producción de hidrógeno renovable mediante electrólisis alcalina con 250 megavatios de potencia. El proyecto también incorpora instalaciones para el tratamiento de agua, refrigeración, compresión, almacenamiento y suministro eléctrico, así como una planta destinada a transformar el hidrógeno y CO2 de origen biogénico en combustible sintético sostenible para la aviación (eSAF).

Además, su construcción implicará habilitar diferentes infraestructuras de conexión y abastecimiento, entre ellas líneas eléctricas soterradas, un hidroducto para transportar hidrógeno, conducciones de CO2 y tuberías para la captación y el vertido de agua.

El pleno de la próxima semana en las Cortes de Castilla y León servirá para que la Unión del Pueblo Leonés pregunte al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre el anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 y su voluntad para negociar las cuentas con el objetivo de mejorarlos para León, Zamora y Salamanca.

La formación leonesista ha informado, a través de un comunicado, de que no será ésta la única cuestión que traslade al Ejecutivo autonómico, ya que dispondrá en el reparto de iniciativas de dos preguntas orales de control al gobierno y una interpelación en materia de Carreteras e Infraestructura.

En lo que se refiere a la pregunta dirigida a Mañueco, la portavoz de la formación leonesista, Alicia Gallego, incidirá en que las cuentas presentadas para las inversiones que llegarán a León, Zamora y Salamanca son para proyectos que vuelven a prometerse tras no ejecutarse y, por lo tanto, requiere de un impulso importante para que esta vez sí afronten los retos que necesitan las tres provincias.

Del mismo modo, la procuradora de UPL Rosa Quintanilla se dirigirá a la Junta para conocer cuándo tiene previsto acometer las prometidas obras del nuevo camping Pedro Ponce de Sahagún, un servicio importante que desde 2020 se encuentra cerrado sin que a la comarca puedan llegar la importante cantidad de personas que lo utilizaban hasta entonces.

Por su parte, el procurador Luis Mariano Santos interpelará a la titular del área de Movilidad, Cristina Sanchidrián, sobre que el Presupuesto de 2027 no incluye ninguna partida para la comprometida reparación de la carretera SA-212.

Este vial entre Guijuelo y Tamames en la provincia de Salamanca sufre un “lamentable estado del firme” que se encontró con la única respuesta del Ejecutivo autonómico de colocar señales de advertencia sin abordar los baches y desconchones que ponen en riesgo a los conductores, ha explicado Santos.

Sanchidrián también será la protagonista del turno de interpelaciones de UPL, ya que la formación ahondará en los retos en materia de carreteras e infraestructuras que tienen las tres provincias de la Región Leonesa y que siguen sin afrontar desde la Junta y que UPL ha trasladado a una moción para su votación en las Cortes.

El Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil de la Junta ha socorrido este sábado a dos montañeros enriscados en el pico Arenizas, en el término municipal de Posada de Valdeón.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido a las 13.47 horas una llamada procedente del 1-1-2 Asturias que informaba de que dos montañeros, hombre y mujer, estaban ilesos pero enriscados en la cumbre de una montaña en Picos de Europa, justo en el límite entre ambas comunidades autónomas.

El centro coordinador de emergencias ha activado al Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, que ha salido hacia Posada de Valdeón con su equipo de rescate.

Tras acceder al lugar en el que se hallaban ambos montañeros, que no se veían capacitados para descender del pico, se ha realizado una maniobra de grúa con el helicóptero para situar a los rescatadores en la cumbre.

Rápidamente se ha asegurado a ambos montañeros y los rescatadores les han colocado triángulos de evacuación para ser extraídos del pico con sendas maniobras de grúa corta.

Desde allí han volado hasta Fuente Dé (Cantabria), donde tenían aparcado su vehículo particular.

La Ruta del Cares, en el Parque Nacional de los Picos de Europa, vuelve a estar abierta al público este viernes, una vez finalizados los trabajos de reparación de la pasarela dañada por un derrumbe en las proximidades del Puente de Los Rebecos, en el término municipal de Posada de Valdeón.

La Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León ha detallado en un comunicado que esta intervención de emergencia ha servido para reparar este tramo y garantizar que los visitantes puedan volver a recorrer la senda en condiciones adecuadas de seguridad.

El Gobierno autonómico ha destacado que desde que tuvo conocimiento de los daños, el pasado 14 de octubre, ha movilizado los medios necesarios para resolver la incidencia y recuperar el tránsito peatonal lo antes posible.

Los trabajos han consistido en la instalación de una nueva pasarela metálica de nueve metros de longitud, que permite salvar el tramo afectado y garantizar un apoyo seguro sobre la roca.

Debido a las características del terreno y a la dificultad de acceso a este punto del desfiladero, ha sido necesario trasladar los materiales y equipos de trabajo con helicóptero y por parte de un piloto experto.

Con esta intervención, la Junta de Castilla y León recupera el acceso a una de las rutas más conocidas y visitadas de España que constituye el principal itinerario de uso público del Parque Nacional de los Picos de Europa, que alcanza casi dos millones de visitantes anuales.

El Hospital El Bierzo ahonda en su condición de centro sanitario de Castilla y León en el que los pacientes esperan más tiempo para ser operados. La estadística de demora media se sitúa en el tercer trimestre de 2026 en 215 días, 14 más que los registrados en el trimestre anterior y 103 más que hace un año, según datos publicados este viernes por la Consejería de Sanidad, que atribuye en este apartado al Hospital de León una espera de 120 días (eran 93 a finales de julio). La media autonómica se sitúa en 119 días, lo que supone un aumento en 18.

El número de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica también se ha incrementado en los hospitales de la provincia en un período condicionado por la huelga de médicos. El Bierzo pasó de 2.951 del segundo trimestre a 3.313 en el tercero. Y León los subió de 4.708 a 5.392.

La comparativa interanual deja datos todavía más negativos: en el tercer trimestre de 2025 el Hospital El Bierzo tenía 2.088 pacientes en una lista de espera con una demora media de 112 días (más de 100 menos que en la actualidad); y el Hospital de León, 4.852 pacientes y 103 días.

Por especialidades, las que más pacientes acumulan en el Hospital El Bierzo son Cirugía General y del Aparato Digestivo (794), Oftalmología (759) y Traumatología (726), si bien la que más demora media tiene es Otorrinolaringología (321 días). En el Hospital de León, Traumatología es, con gran diferencia, la que registra más pacientes (2.160) y días (187). La siguiente en usuarios pendientes de una intervención es Oftalmología (1.012), que, sin embargo, tiene una demora media contenida (48 días, una cantidad únicamente mejorada por los 47 de Cirugía Cardíaca).

Castilla y León

Castilla y León cerró el tercer trimestre del 2026 con una demora media para ser operado de 119 días, que suponen 18 más que en el trimestre anterior (101) y 32 más que hace un año (87), con 36.353 pacientes pendientes de ser intervenidos a finales de setiembre, que suponen 3.319 más que hasta junio y 9.174 más que hace un año.

Son datos de las listas de espera de la sanidad de Castilla y León, lastrados por la suspensión de operaciones y consultas debidas a la sucesivas semanas de huelga médica registradas en lo que va de año, dentro de las medidas de protesta para negociar un nuevo Estatuto Marco nacional.

Por especialidades, las que más pacientes suman en el tercer trimestre del año para una intervención son traumatología, con 11.866, cirugía general y digestivo, con 6.386, y oftalmología, con 6.130. Las que menos son cirugía cardiaca, con 115, y cirugía torácica, con 114 pacientes.

Y por diagnósticos, los cuatro procesos con mayor número de pacientes en espera de intervención a 30 de septiembre de 2026 han sido los siguientes: cataratas (4.791 pacientes), hernia inguinal (1.809), artrosis de rodilla (1.762), y deformaciones adquiridas en dedos de manos y pies (1.417).

La espera media para ser operado difiere en función del hospital en el que tenga el paciente programada la intervención, y va desde los 215 días del Bierzo (León) -201 en el trimestre anterior y 112 en el tercer trimestre del 2025)- y los 37 del Clínico de Valladolid (44 a final de junio y 41 hace un año).

En el hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro la demora media está en al final del tercer trimestre en 168 días (147 en el segundo trimestre y 91 en el tercero del 2025), con 151 en el hospital de Burgos (137 en el anterior y 117 hace un año), y 131 días en el de Salamanca (94 hasta junio y 91 hace un año).

También superan los cien días de espera para ser operados el hospital de León, con 120 (93 en el segundo del 2026 y 103 en el tercero de 2025), y el Santos Reyes de Aranda de Duero, con 109 (105 y 95).

Además del Clínico de Valladolid, en el hospital de Palencia la demora está en 50 días (39 en el trimestre anterior y 32 hace un año), con 61 en el de Segovia (52 y 52) y 65 en el de Medina del Campo (54 y 62 hace un año).

El hospital de Soria ha cerrado el tercer trimestre con una espera de 82 días para ser operado (75 en el segundo y 71 en el mismo del 2025); Zamora con 90 días (76 y 62); 92 el de Ávila (78 y 62), y el Río Hortega de Valladolid con 96 días (90 a final de junio y 84 a final de setiembre del 2025).

En cuanto al total de pacientes pendientes de una operación a final de setiembre, destacan los 6.908 del hospital de Salamanca, con 5.392 en el de León, 4.675 en el de Burgos, 3.679 en el Río Hortega, 3.313 en el del Bierzo, con 1.794 en el Clínico de Valladolid.

Por tiempo de espera, hay en los 14 hospitales públicos de la comunidad 7.260 pacientes en la lista de entre medio año y un año y 1.384 en la de más de 365 días.

La Consejería de Sanidad ha detallado en un comunicado que por criterio de prioridad para ser intervenido –uno de los parámetros más importante a la hora de analizar las listas de espera–, en el nivel 1, es decir, con indicación clínica de ser operados antes de 30 días dada su patología, hay registrados 1.015 pacientes (938 el trimestre anterior), con una demora media de nueve días, uno menos que a final de junio.

En prioridad 2 –máximo idóneo de 90 días para pasar por quirófano– había en el plazo analizado un total de 5.768 pacientes, con una demora media de 108 días. En prioridad 3 –plazo hasta 180 días– se han registrado en septiembre un total de 29.570 pacientes, con una demora media de 125 días.

Por lo que se refiere a los datos de demoras para una consulta externa hospitalaria, los datos a fecha de septiembre de 2026 indican que la espera media estructural se ha situado en 120 días, frente a los 104 del segundo trimestre, 16 días más.

El registro de listas de espera en los hospitales de Sacyl refleja un total de 205.632 consultas externas en espera estructural a finales de septiembre, frente a los 205.627 que había a final del segundo, cinco menos.

El número total de pruebas pendientes en técnicas diagnósticas en los hospitales de Sacyl a final del tercer trimestre fue de en el TAC 3.021 pruebas pendientes (3.582); la resonancia magnética 8.072 pruebas (7.801); las ecografías 9.847 (10.408); y las mamografías pendientes suman 696 (601).

La espera media estructural de los pacientes pendientes de pruebas diagnósticas a 30 de septiembre queda de la siguiente manera: el TAC 58 días de demora media (44 a 30 de junio); la resonancia magnética, 117 (98); la ecografía, 115 días (109); y las mamografías, 62 (52).

“Las circunstancias meteorológicas que vivimos”. Ese es el motivo que argumenta el Goberno del Partido Popular (PP) y Vox en la Junta de Castilla y León para tener que invertir ahora algo más de 400.000 euros en climatizar el centro de salud de Bembibre, en la comarca de El Bierzo, a pesar de ser un edificio construido hace menos de cuatro años. Una situación denunciada por ELBIERZO.ELDIARIO a principios de este mes.

El Ejecutivo autonómico aprobó este jueves en Consejo de Gobierno la autorización para poner en marcha el proyecto de nueva climatización del edificio, poryecto que depende de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de l Bierzo y que conllevará una inversión de 401.387 euros, explicó al término de la reunión el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

Tal y como detalló, el proyecto contempla la instalación de “dos nuevos equipos de aerotermia para dar servicio a la nueva red hidráulica de fancoils” y destinados a cubrir las necesidades tanto de calefacción como de refrigeración del centro sanitario de la Junta. Una vez adjudicados los trabajos, el plazo previsto de ejecución que anuncian será de cuatro meses, aunque computarán desde que se produzca la adjudicación a una empresa, paso que todavía queda lejos. El plazo de presentación de ofertas ha terminado hace apenas tres días.

Los periodistas recordaron al portavoz que este centro sanitario es nuevo y, aunque con varios años de retraso sobre lo prometido, se había concuido y abierto en enero del año 2023. La inversión que fue necesaria para comenzar su servicio se elevó a 4.563.000 euros. En base a esta cifra, el nuevo proyecto de climatización supondrá a mayores un 8,8% de aquel presupuesto total.

Preguntado por ello, y sobre si es que el edificio se ejecutó sin climatización alguna o ha fallado el sistema diseñado a priori, Carriedo se limitó a defender la bondad de la nueva inversión, asegurando que se acometía por “las circunstancias meteorológicas que vivimos”, así como también por “las nuevas tecnologías que nos permiten mejorar en nuestras instalaciones”. Un proyecto, abundó, que se acometerá porque la Junta está “siempre pendiente de cuál es la necesidad y las mejoras que piden los profesionales y los ciudadanos, y abordarla”.

Aunque hoy no se detalló en el acuerdo adoptado, los fondos económicos para la nueva climatización del edificio casi recién estrenado será con cargo a los fondos del Programa de Salud Bucodental 2026-2027. En concreto, aprovechará los fondos para adecuar la Unidad de Salud Bucodental y, de paso, todo el edificio por los problemas de refrigeración que presenta.

Cinco años después de que hubiera tenido que expirar la concesión de la autopista León-Asturias AP-66, y cinco también desde el duro pronunciamiento europeo sobre la irregularidad de ampliarla hasta el año 2050 por parte del último Gobierno de José María Aznar, ahora la Junta de Castilla y León da el primer paso para abrir vía judicial en aras a “la eliminación del peaje”.

Así lo ha acordado hoy el Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León, conformado ahora por el pacto PP -Vox, después de que el Principado de Asturias pusiera en marcha esta ofensiva judicial contra el cobro en la AP-66 hace ya nueve meses.

El acuerdo ha sido explicado por el portavoz del Ejecutivo de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, y consiste en dar permiso a la Consejería del ramo, la de Movilidad, para que arranque las “acciones administrativas y judiciales” contra el Real Decreto 392/2000 que “modificó la concesión de la autopista León-Campomanes y prolongó el peaje hasta 2050”. Aquel fue un polémico acuerdo adoptado in extremis por Aznar -que antes había sido presidente de la Junta- en las últimas semanas de su primer Gobierno y por la vía directa, siendo ministro de Fomento Rafael Arias Salgado, al que semanas después relevó el asturiano Francisco Álvarez Cascos. La decisión provocó un estiramiento de 29 años más de concesión a la compañía Autopista Concesionaria Astur-Leonesa SA (Aucalsa).

Pero no es hasta ahora que la Junta, relató Carriedo, “considera que esta modificación introdujo cambios sustanciales en el equilibrio económico-financiero y en la duración del contrato”. Una situación que dio lugar “en la práctica a una nueva concesión sin licitación pública, contraria a los principios de transparencia, concurrencia e igualdad establecidos en el derecho comunitario”. Es decir, los mismos argumentos por los que Europa abrió expediente contra España ya en el año 2021, por este caso y por la autopista gallega AP-9.

Que se ponga en marcha hoy esa vía judicial tampoco será sinónimo de una actuación rápida ni de inminente repercusión. El propio acuerdo resalta que en primer lugar se instará “la revisión de oficio del citado Real Decreto, como paso previo a la vía judicial”. Después, abundó el portavoz del Gobierno autonómico, se produciría un eventual requerimiento al Gobierno para que reconsidere o justifique la medida de la prórroga. Asturias, gobernada por una coalición progresista que encabeza el PSOE, ya hace meses que dio ese paso, comprobando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega a poner fin a la concesión y el cobro del peaje de la también llamada Autopista del Huerna. Y finalmente, se elevaría un recurso ya ante el Tribunal Supremo, otro paso que Carriedo admitió que también lleva delantera en el Principado.

En su argumento formal, Castilla y León reconoce ahora que es necesario acabar con “el peaje, cuya vigencia hasta 2050 supone una barrera para la movilidad, la competitividad empresarial y la cohesión territorial de la Comunidad”. Pero ante las preguntas de por qué tardar cinco años en abrir el cauce judicial, cuando además las Cortes de Castilla y León aprobaron esta vía hace dos, a instancias de Unión del Pueblo Leonés (UPL), el portavoz del Ejecutivo que preside Alfonso Fernánde z Mañueco se limitó a responder que “estamos en plazo”.