Los autobuses interurbanos, entre localidades distintas, de la provincia de León afrontan nueve jornadas de huelga de 24 horas entre finales de octubre y fin de año ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo del sector. Los sindicatos CCOO y UGT han anunciado este viernes la convocatoria de los paros, que afectarán a todo el transporte interurbano de viajeros de la provincia, con un colectivo de unos 450 trabajadores, después de 13 reuniones con la Patronal sin conseguir avances en las condiciones salariales y laborales, que relegan a los empleados leoneses, aseguran, a la cola de los peor pagados de la Comunidad y casi de España.

La primera jornada de huelga será el viernes 30 de octubre, justo antes del puente festivo. Le seguirán otras ocho jornadas los días 2, 11 y 24 de noviembre, y 4, 8, 9, 23 y 30 de diciembre. Los paros serán de 24 horas y afectarán al conjunto de las líneas interurbanas de la provincia, por lo que los sindicatos ya han pedido disculpas a los usuarios por las molestias y retrasos que puedan ocasionar, al tiempo que les recomiendan planificar sus desplazamientos y consultar servicios mínimos que la Junta ponga en marcha.

El principal motivo del conflicto, han explicado hoy en una concentración frente a la estación de autobuses de León, es la negativa de la Patronal a mejorar unas condiciones económicas que sitúan a los conductores leoneses, según los sindicatos, como los peor pagados de Castilla y León y los quintos con salarios más bajos de toda España. Actualmente, el salario bruto anual de referencia ronda los 19.000 euros, una cantidad que contrasta con la de otras provincias donde operan incluso las mismas compañías de transporte, como Alsa.

Luis Villares, coordinador del sector de Transporte y Logística de CCOO en Castilla y León, ha denunciado que los trabajadores de León cobran unos 5.000 euros brutos anuales menos que sus compañeros de Zamora y hasta 8.000 euros menos que los de Asturias. La reivindicación sindical pasa por alcanzar un salario mínimo de 24.000 euros brutos anuales al término de un convenio de tres años, además de regular las jornadas laborales y mejorar las condiciones de seguridad y estabilidad en el empleo.

Jornadas laborales de hasta 15 horas

Más allá de los salarios, los representantes de los trabajadores denuncian unas condiciones laborales que incluyen jornadas de hasta 15 horas diarias, sumando los tiempos de conducción y disponibilidad para las empresas, así como descansos insuficientes y dificultades para conciliar.

Los sindicatos también reclaman medidas de protección frente a agresiones y accidentes, garantías de seguridad y salud laboral, coeficientes reductores y seguros de vida, además de combatir la temporalidad y la precariedad del sector.

Juan Antonio Martínez, responsable de Transportes de UGT en Castilla y León, ha asegurado que la patronal mantiene un “bloqueo total” de la negociación. La última reunión se celebró el pasado jueves en el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), en un intento de evitar la convocatoria de huelga que terminó sin acuerdo. “Les hemos dado la oportunidad de si tenían algo más que decir y nos han dicho lo de las otras reuniones, que no quieren nada de nada”, ha explicado Martínez, quien ha recordado que en otras provincias, como Valladolid, ya se han firmado nuevos convenios colectivos.

El representante de UGT ha cuestionado que las mismas empresas puedan asumir mejores salarios en otras provincias mientras rechazan equiparar las condiciones de León, al menos, a la media autonómica. “No entendemos que, siendo las mismas empresas, en Valladolid puedan pagar un salario y en León digan que no pueden llegar”, ha señalado, añadiendo que “quieren que los trabajadores de León seamos los más pobres de toda la comunidad de Castilla y León”.

Y más subvenciones de la Junta que nunca

CCOO y UGT también han dirigido sus críticas a la Junta de Castilla y León, a la que reclaman que intervenga para desbloquear el conflicto, especialmente por su papel como principal financiadora millonaria de los servicios de transporte regular y escolar. Los representantes sindicales consideran que la financiación pública del transporte debería traducirse también en mejores condiciones para los trabajadores. En este sentido, recordaron que la Junta ha destinado 55 millones de euros hasta finales de año y ha anunciado una nueva aportación de otros 45 millones. “Lo que consideramos es que ese dinero tiene que repercutir también en los trabajadores”, ha reclamado Villares.

Los sindicatos sostienen que las administraciones que financian los servicios deben exigir a las empresas que retomen el diálogo y alcancen acuerdos que eviten la huelga. También han advertido de que estarán pendientes de los servicios mínimos que establezca la Junta para que no resulten abusivos ni limiten el ejercicio del derecho a la huelga.

El poeta, cantante y compositor Joan Manuel Serrat ha invitado a “combatir la censura”, que “es una monstruosidad”, especialmente aquella que se produce “por parte de ciudadanos que están en cargos políticos”, que son quienes “tienen que responder frente a toda la sociedad”.

Serrat ha hecho estas declaraciones en León al ser preguntado por el anuncio de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León (Vox) de limitar a proyectos “sin adoctrinamiento”, sin “propaganda partidista” ni “apoyo expreso a opciones políticas concretas”, la convocatoria de ayudas para largometrajes, documentales o series piloto de animación y televisión de 2026.

El cantante ha recordado que la censura que vivió él durante la dictadura “estaba muy cimentada dentro del régimen e institucionalizada” y ha considerado es un aspecto que está “absolutamente reñido” con la libertad.

Serrat ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en León, ciudad a la que ha acudido para recibir el Premio Leteo 2026 por su extensa obra y trayectoria en un Auditorio Ciudad de León que se ha llenado para la ocasión.

El “maltrato” a los servicios públicos

El compositor ha calificado las próximas elecciones generales como una “prueba de fuego no sólo para los que se postulan a ellas sino también para los electores” y ha subrayado que va ser un momento “buenísimo para poder decir lo que pensamos respecto a la situación en la que nos encontramos”.

Preguntado por la actualidad política, ha lamentado “el maltrato” que están recibiendo los servicios públicos “por parte de aquellos que deberían favorecer su expansión, su difusión y su reparto equitativo entre los ciudadanos”.

También ha mencionado la vivienda como uno de los problemas que más afectan a la sociedad que “ha colmado ya todos los vasos y que ha llevado a la gente a manifestarse constantemente por las calles”.

Para el artista, lo que está ocurriendo en España es el resultado de muchos años de “desgaste de la ilusión y de la propia gente” que ha coincidido además “con un tiempo complicado en lo que respecta a la voz pública”.

Por último, ha alertado de hay que ser muy cuidadosos para “ir desgranando las voces de los ruidos y para separar el polvo de la paja de lo que nos está ocurriendo”.

“Retirado de los escenarios, no de vivir”

Serrat ha recibido este miércoles el Premio Leteo 2026, reconocimiento tras el que ha mostrado su satisfacción y agradecimiento porque la gente le haya permitido “vivir del oficio de escribir canciones y cantarlas”.

Ha destacado el privilegio de compartir este galardón con “todo un manojo de extraordinarios poetas y creadores que han sido premiados a lo largo de estos años”.

El cantautor ha recalcado su agradecimiento al público que le ha permitido “estar dando vueltas por el mundo” haciendo el oficio que decidió hacer y que le ha proporcionado muchas alegrías.

Serrat también ha comparado lo que supuso para la humanidad la escritura y la lectura con el nuevo mundo digital, que ha calificado como una época fundamental en la especie humana al considerar que estos nuevos medios han revolucionado la forma de comunicarse, por lo que ha abogado para que tanto la escritura y la lectura y el mundo digital “estén lo más cercanos posibles”. “Nos hacen falta los dos”, ha agregado.

El cantante ha subrayado que se ha “retirado de los escenarios pero no de vivir, ni de ser consecuente con lo que vivido”, recalcando que tiene “muchas cosas por hacer”.

“Yo no estoy enfadado con lo que hice. Lo que sé es que en un momento determinado de mi vida, por cuestiones de la naturaleza, yo no podría hacer una gira, y aunque he visto a gente hacer giras en peores condiciones a mí no me apetece por responsabilidad”, ha apuntado al respecto.

“Mis canciones han sido mi vehículo de expresarme y de comunicarme y de ganarme la vida, pero no se me ocurre ponerme mis discos”, ha añadido.

Reforzar sectores estratégicos de la provincia y de la Comunidad autónoma, mejorar las posibilidades de los alumnos de la Unviersidad de León para encontrar empleo y favorecer la retención y el retorno del talento, para que esos puestos de trabajo sean la provincia, y generar una mayor conexión entre la Universidad y el tejido productivo acercando a los estudiantes el mundo profesional desde el inicio de sus estudios universitarios y facilitarles herramientas para identificar sus oportunidades laborales es el objetivo principal del el Programa Universidad–Empresa TalentoCYL.

Una iniciativa impulsada por la Junta en colaboración con la Universidad de León para reforzar la conexión entre la formación universitaria, las empresas y las entidades que ofrecen oportunidades de empleo.

Un objetivo que la Universidad de León ha plasmado en un programa con una financiación de 201.250 euros y que contempla 195 actuaciones hasta finales de 2027 y cuenta con la participación de alrededor de 60 empresas y entidades.

Su puesta en marcha, según ha señalado la vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente, María José Vieira, ha requerido un trabajo de coordinación con los equipos directivos de los centros universitarios para integrar, bajo una estrategia común, las iniciativas que ya se desarrollaban y reforzar la orientación profesional, la relación con el tejido productivo y la formación en competencias.

Servicio de orientación profesional individualizado

Una de las primeras acciones ha sido la puesta en marcha de un servicio de orientación profesional individualizada, destinado a ayudar a los estudiantes a identificar sus salidas laborales y planificar su futuro profesional. Un servicio novedoso que está disponible en los campus de León y Ponferrada, también en modalidad online, y que se integra en uno de los tres ejes en los que se articula el programa.

Concretamente, según ha explicado la vicerrectora, el primero se centra en la orientación y las salidas profesionales e incluye la elaboración de un mapa de oportunidades laborales vinculadas a las titulaciones de la ULE, jornadas de acercamiento entre facultades, centros y entidades, y formación práctica sobre búsqueda de empleo, elaboración del currículum y uso de herramientas como LinkedIn.

El segundo eje busca estrechar la relación con las empresas y el tejido productivo mediante visitas, encuentros y hackathons, en los que las empresas plantean retos para que los estudiantes propongan soluciones. Por último, el tercero se dirige al desarrollo de competencias transversales, como la negociación, la comunicación, el trabajo en equipo, la flexibilidad y la resiliencia, útiles tanto para la incorporación al empleo como para el emprendimiento. Estas actividades, en su conjunto, se adaptan a los distintos momentos del recorrido universitario, desde los primeros cursos hasta los estudios de máster.

Potenciar sectores estratégicos

El programa busca reforzar los sectores estratégicos de la provincia y de la Comunidad, como el tecnológico, el biofarmacéutico o el agrario, pero también abrir oportunidades en ámbitos con un marcado carácter social, con actividades vinculadas a la educación social, la atención a colectivos vulnerables, las personas mayores y las situaciones de dependencia, además de propuestas relacionadas con el emprendimiento y el empleo en la Administración pública.

Enmarcado en la ‘Estrategia de Talento 2031’ de la Junta de Castilla y León, TalentoCyL busca responder a uno de los principales retos de la Comunidad, conseguir que el talento formado en las universidades encuentre oportunidades para desarrollarse profesionalmente en su entorno. Así lo ha destacado el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, que ha subrayado la importancia de conectar a los estudiantes con las empresas desde los primeros cursos y facilitarles el conocimiento de las salidas profesionales que ofrece el tejido productivo de la provincia. “Queremos que nuestros jóvenes conozcan esas oportunidades que aquí las tienen, que puedan quedarse si así lo desean y, sobre todo, que quienes se marcharon encuentren también razones para volver”.

Facilitar a los egresados el conocimiento del tejido empresarial

De ahí la importancia de actuar antes de que los estudiantes finalicen sus estudios, facilitándoles el conocimiento del tejido empresarial y de las oportunidades profesionales que ofrece su entorno. Así lo señaló el director de la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (FGULEM), José Carlos Alonso, que ha destacado la respuesta que está teniendo esta iniciativa de Talento en Castilla y León desde su puesta en marcha.

Hasta mediados de diciembre están previstas 30 actuaciones y ya se han inscrito 500 estudiantes. “Para nosotros supone todo un éxito porque desconocíamos el impacto que iba a tener dentro de la población estudiantil”, ha señalado Alonso, que también ha aplaudido la participación de alrededor de 35 empresas en las actividades desarrolladas hasta ahora, dentro de una previsión global de unas 60 empresas y entidades colaboradoras.

Toda la información sobre las actividades programadas, las plazas disponibles y las inscripciones puede consultarse en la web de TalentoCyL de la Universidad de León, desde la que los estudiantes también pueden acceder al servicio de orientación profesional individualizada.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (GASBI) medidas urgentes para solucionar los problemas de conservación y funcionamiento de parte de las camas del Hospital El Bierzo tras un accidente sufrido por un celador.

El sindicato ha defendido que presentó una solicitud el pasado mes de junio para evaluar el estado del parque de camas hospitalarias “ante las numerosas quejas de los celadores por problemas en las ruedas, sistemas de dirección o frenado que dificultan las maniobras, obligan a realizar esfuerzos físicos excesivos en los desplazamientos y pueden provocar lesiones”.

De hecho, CSIF denuncia un accidente laboral sufrido por un celador durante el traslado de un paciente con obesidad desde Urgencias hasta Radiología, utilizando una silla de ruedas convencional.

Entre sus demandas figuran un estudio técnico de los esfuerzos realizados durante los traslados, la identificación e inmovilización de las camas que no reúnan condiciones de seguridad y la adquisición al menos de una silla bariátrica o de alta capacidad de carga.

La organización también reclama un protocolo escrito que determine cuándo deben intervenir dos celadores en una movilización, un sistema para comunicar incidencias a Mantenimiento y el acceso de los delegados de prevención a los informes y planes de actuación. 

La respuesta de la Gerencia de El Bierzo

Después de este comunicado, la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo ha asegurado que “ya estaba trabajando en la revisión y reparación de estos equipos” antes de la denuncia del CSIF.

Sobre el estudio relativo al esfuerzo económico que reclama el sindicato, la Gerencia afirma que “este tipo de estudios corresponde al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales” y añade que desde “hace varios días” se ha convocado un Comité de Seguridad y Salud que se celebrará el viernes 23 de octubre. Se trata de una reunión habitual en la que se abordan cuestiones de prevención de riesgos laborales.

Los agentes medioambientales de León posponen su anunciado plante en las guardias de incendios forestales. Lo hace para dar un margen de tiempo al nuevo equipo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para negociar mejoras en las condiciones laborales del colectivo, que aplaza su medida de presión prevista hasta el próximo mes de enero.

Los trabajadores han tomado esta decisión tras mantener conversaciones con responsables de la Consejería de Medio Ambiente, que habrían solicitado un margen de tiempo para poder evaluar las reivindicaciones formuladas por los agentes, que reclaman un reconocimiento profesional acorde a sus funciones y mayor seguridad laboral, entre otras cuestiones.

“El acuerdo es un aplazamiento del plante de guardias de incendios hasta finales de enero, momento en el que valoraremos si hay avances y si son suficientes para desconvocar un plante que obedece al maltrato institucional continuo del gobierno de la Junta de Castilla y León hacia nuestro colectivo”, advierten los agentes medioambientales, que contrapesan su “hartazgo” al “afán de conseguir un marco de confianza mutua” con el departamento que dirige María González Corral.

Los trabajadores aseguran que la Consejería de Medio Ambiente se ha comprometido a convocar para esas negociaciones a los sindicatos, un encuentro que esperan que se produzca “lo antes posible”.

Y avisan: “Si tenemos que retomar el plante, tememos que se dificultará sobremanera la organización del operativo de incendios de la próxima campaña”.

Han tenido que pasar como mínimo seis años, salvarse muchos conflictos y protestas, diseñarse varios planteamientos, volver atrás obras incomprensibles e incluso sancionar intentos chapuceros, para concienciarse por fin de la sensibilidad y extraordinaria exposición al vandalismo de la Cruz de Fierro, en el epicentro de la provincia de León, como símbolo centenario del Camino de Santiago Francés.

Todo eso confluye ahora en la inminente ejecución de nuevas obras ya adjudicadas en algo más de 80.000 euros por el Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, que acometerá una empresa leonesa dedicada al acondicionamiento de espacios exteriores, Froi Jardinería, con sede en Soto de la Vega. Se trata de un proyecto de nuevo cuño para todo el entorno de la mítica Cruz, en la cima del Monte Irago, en el puerto de Foncebadón que delimita las comarcas de Maragatería y El Bierzo.

Llega después de años de polémicas y conflictos, aunque esta vez parece concitar un respaldo más amplio, encabezado sobre todo por el colectivo llamado Camino Francés Federación, que dice haber sumado también el beneplácito de asociaciones jacobeas “con la intención de velar por que la recuperación se lleve a cabo con el máximo respeto al hito peregrino”, cuando muchas de ellas hace años pusieron el grito en el cielo y consiguieron paralizar in extremis unos trabajos municipales que Patrimonio de la Junta terminó por sancionar, aunque previamente lo había bendecido.

De hecho, Federación ha trabajado junto al Consistorio en el diseño final de la intervención que ha comenzado estos días, con dos meses de plazo de ejecución por delante, de los cuales se espera que sólo dos semanas se tenga que impedir todo acceso al icónico punto. El colectivo fue el encargado de hacer lo que llamó “una exposición pública a través de las redes sociales” entre dos propuestas diferentes “para la recuperación del enclave”. En concreto con un vídeo en su perfil de Facebook, decantándose, aseguran, por la intervención que “obtuvo el 80 % de los votos”. Sin embargo, algunos usuarios censuraron esta forma de tomar una decisión tan relevante.

Aparte de una estética de vallado perimetral del montículo donde se clava el largo mástil, que sustituye al original una de las varias veces que fue serrado además se lo llevaran unos desaprensivos -por lo que hoy es de hierro interno forrado de madera-, el más destacado hito de este nuevo proyecto es que se anuncia la recolocación a mano, una a una, de las miles de piedras y exvotos depositados durante décadas y acaso siglos por los peregrinos a Santiago de Compostela. Se compromete la disposición “más próxima a la tradicional” posible, basándose en fotografías antiguas del lugar.

Los detalles más precisos

En cuanto al espacio, la zona se rodeará de un empalizado de postes redondos de madera de pino de 12 centímetros de diámetro y 1,20 metros de altura y un colchón vegetal de especies autóctonas, como brezo, jara, escobas o retama. La idea es ambientar y preparar una zona que sirva de barrera para un acceso que sólo pueda ser peatonal y por goteo.

También se acometerá el desmantelamiento del aparcamiento aledaño al montículo creado por el mal uso, garantizando que sólo se use el del otro lado de la carretera autonómica LE-142. Así, se retirará la capa de grava actual y descontrolada y se sustituirá por tierra vegetal y reforestación con algunos árboles de la zona. Grandes piedras en puntos estratégicos serán las encargadas de impedir la entrada física de coches y bicicletas fuera de las zonas autorizadas. Y hasta se menciona el control al número creciente de influencers de la Ruta Jacobea, que también en algunos casos hacen de las suyas.

Además, los contenedores de basura se ocultarán dentro de estructuras con perfiles metálicos y revestimiento de madera y se instalará señalización inclusiva, paneles que explicarán el lugar con alto contraste de colores, lectura táctil y también códigos QR con audioguía. La memoria valorada, que firma el arquitecto técnico Carlos Irigoyen Martínez, de Estudio 10 Proyectos, resalta además que toda la intervención es reversible: desde los muros revestidos en mampostería tradicional de piedra local, sin rejuntado visto, a los pavimentos de zahorra color tierra y los postes de madera mate, son totalmente desmontables si fuera necesario.

Antecedentes de indignación

Este planteamiento ya estaba en el diseño que el Ayuntamiento de Santa Colomba comenzó a ejecutar en el año 2023, después de haber sido criticado por la oposición pero autorizado formalmente por la Comisión de Patrimonio, que puso por exigencia que no se tocara el mástil. Pero la Junta justifica que entonces el Consistorio ejecutó estructuras y elementos, como “un muro de mampostería” alrededor del montículo de la Cruz de Fierro, que no estaban previstos ni contemplados. La alta tensión creada, con sonoras protestas allí mismo, hizo que Patrimonio exigiera frenar los trabajos, comprometerse al Ayuntamiento maragato a demoler lo construido y no volver a intervenir sin el máximo consenso.

Aparente gran consenso

El nuevo diseño parece llegar ahora en gran medida con ese consenso, si se respeta lo proyectado. Eso asegura Camino Francés Federación y eso confirma Patrimonio de la Delegación Territorial de la Junta, consultado por ILEÓN.

La administración autonómica, competente en patrimonio, afirma que se ha participado en el proceso “asesorando y orientando”, ya que en realidad el Ayuntamiento es ahora “soberano” en materia de protección de la figura de la Ruta Jacobea, BIC y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Lo es desde que en marzo de 2025 se aprobara su propio Plan Especial del Ámbito de Protección del Camino de Santiago.

Aquí el vídeo que recrea el futuro aspecto del entorno de la Cruz de Fierro.

Los procuradores de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en las Cortes de Castilla y León han reclamado este martes mejoras en las inversiones en infraestructuras sanitarias y en profesionales educativos en distintos puntos de las provincias de León, Zamora y Salamanca, mientras que los consejeros de la Junta han defendido su gestión en estas materias.

El primero en preguntar al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha sido el procurador Luis Mariano Santos, quien se ha interesado por la influencia que ha tenido el pacto de gobierno suscrito por el PP y Vox respecto a las infraestructuras sanitarias en la Región Leonesa.

En concreto, Santos ha lamentado la repetición de inversiones no ejecutadas pese a estar comprometidas en años anteriores y que no hayan incluido en el proyecto de ley de Presupuestos para 2027 compromisos electorales del PP, como el centro de salud de Sahagún, con 30 años de retraso, o Cistierna, pueblo leonés del que además el procurador leonesista es alcalde.

En su primera respuesta, el consejero se ha limitado a ironizar con las distintas acepciones que tiene en el diccionario la palabra 'afectar' y ha defendido su gestión. “Me quedo mucho más tranquilo”, ha respondido Santos, crítico con los compromisos sin cumplir durante años por parte de la Junta en distintos puntos de las provincias de León, Zamora y Salamanca, con una “vuelta de tuerca más” en el caso de Cistierna, donde en plena campaña electoral de las últimas autonómicas el PP prometió un nuevo centro de salud, del que ahora no incluye “ni una sola partida”: “Vayan a explicarlo a la Montaña Oriental”, ha retado.

El consejero ha considerado que los pactos “confunden” a Santos, a quien ha reprochado un “victimismo recalcitrante” y ante quien ha defendido que la sanidad de Castilla y León “avanza”.

Vázquez ha defendido que el pacto de gobierno de PP y Vox va a destinar más recursos para las infraestructuras y para la mejora de tecnología de los centros sanitarios, aunque no se ha referido a los casos denunciados por la UPL.

Educación especial: Peñalba

En la misma sesión plenaria, la procuradora de la UPL Rosa María Quintanilla, ha preguntado si la Consejería de Educación destina suficientes recursos para atender a los alumnos con necesidades especiales, a lo que la titular de este departamento, María Pardo, ha contestado que “sí”, con un “esfuerzo bastante extraordinario” para dotar a los centros educativos de recursos humanos y materiales.

La procuradora de la UPL ha expuesto el caso concreto del colegio de la localidad berciana de Peñalba, donde la existencia de varios alumnos con autismo complica la labor de los docentes por necesitar de un apoyo del que carecen: “La inclusión real no consiste en amontonar niños, sino dotar de forma extraordinaria los centros con recursos especializados”.

En su dúplica, la consejera ha lamentado no poder contestar a este caso concreto y ha pedido a la procuradora que plantee la cuestión específica de la que quiera hablar, porque en este caso no estaba en condiciones de responder por no contar con información al respecto. No obstante, ha adelantado que si la Consejería se ha “equivocado” será rectificado.

La Junta de Castilla y León y la Cámara de Comercio, en colaboración con el Ayuntamiento de Ponferrada, organizan la quinta edición de la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento, una cita que tendrá lugar el martes 27 de octubre en el Museo del Ferrocarril de la capital berciana.

El delegado territorial, Eduardo Diego; junto al secretario general de la Cámara, Javier Sanz, y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, han presentado la actividad, que busca poner en contacto directo a personas demandantes de empleo y empresas con necesidades de incorporar talento a sus plantillas, una cita con vocación de resultar una jornada dinámica y accesible que favorecerá la creación de oportunidades laborales concretas.

Durante la presentación, Diego ha destacado la apuesta continuada de la Junta por este proyecto desde su primera edición. La actividad se celebra de manera alterna entre León y Ponferrada. “Las ediciones anteriores han demostrado que esta iniciativa es un éxito al fomentar el encuentro entre empresas, profesionales y personas que buscan nuevas oportunidades laborales”, ha señalado.

La feria contará para esta edición con 46 expositores. Con más de 50 puestos de trabajo ya ofertados a estas alturas, la organización confía en que esta cifra alcance el centenar antes del comienzo de la actividad propiamente dicha. También están previstos diferentes talleres, mesas redondas, ponencias y otras actividades orientadas a potenciar el talento, las habilidades y la motivación de los participantes.

Además, reunirá en un único espacio recursos y herramientas para mejorar la empleabilidad, desde asesoramiento personalizado para redactar un buen currículum hasta actividades prácticas que ayuden a preparar el perfil profesional de los asistentes para afrontar con mayores garantías el mercado de trabajo.

Uno de los polémicos proyectos del grupo Repsol para ampliar su presencia eólica en la Sierra de Gistredo, en la comarca de El Bierzo, recibe un nuevo y definitivo revés administrativo, nuevamente por sus graves afecciones ambientales.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el sábado 17 de octubre la resolución que rechaza la autorización administrativa previa para el parque eólico llamado 'Ampliación El Páramo', promovido por Cefiro Holdco 8 SL, filial vinculada al grupo petrolífero, y ordena el archivo del expediente de manera definitiva.

La instalación proyectada, tan polémica como todas en esta zona altamente sensible en el norte de El Bierzo, contemplaba una potencia de 50,88 megavatios (MW), junto con las infraestructuras necesarias para evacuar la electricidad que buscaba a generar. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) fundamenta su decisión tanto en la declaración de impacto ambiental desfavorable como en la caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, al no haberse cumplido los plazos establecidos por la normativa.

La resolución culmina así la tramitación de una iniciativa que se suma a otros proyectos eólicos rechazados en este entorno de alto valor natural de la provincia de León, el último a principios de este mismo año.En conjunto, ambos proyectos contemplaban 25 aerogeneradores repartidos por los municipios de Noceda del Bierzo, Igüeña y Páramo del Sil. La evaluación ambiental concluyó que las instalaciones podían provocar impactos negativos significativos para los que las medidas propuestas no ofrecían garantías suficientes de prevención, corrección o compensación.

Urogallo, oso... y mucho más

Entre los principales motivos de rechazo figuraban los riesgos para el oso pardo y el urogallo cantábrico, dos especies catalogadas en peligro de extinción, con el urogallo en una situación especialmente crítica. Aunque los parques no se encontraban estrictamente dentro del ámbito del plan de recuperación del oso pardo, la evaluación constató la presencia habitual y estable de ejemplares en el área de implantación. Las obras y la explotación de las instalaciones podían alterar su hábitat y generar un efecto barrera para sus desplazamientos.

La afección no se limitaba a estas dos especies. Los proyectos se situaban íntegramente dentro del área de importancia para las aves IBA-15, denominada Sierras de Gistredo y Coto, y de la Zona Importante para los Mamíferos Alto Sil-Sierra de Gistredo. También podían comprometer la conectividad del denominado Corredor del Cantábrico, una propuesta de red estratégica de corredores ecológicos entre espacios protegidos.

La evaluación advertía de que las instalaciones podían perjudicar la conexión ecológica entre los espacios de la Red Natura 2000 Alto Sil, Sierra de los Ancares y Omaña, pese a que los aerogeneradores no se ubicaban físicamente dentro de esos espacios protegidos. A ello se sumaba el impacto paisajístico sobre enclaves de alto valor natural, como el macizo del Catoute y la Sierra de Gistredo, el macizo de Ancares y la Hoya del Bierzo Oriental.

Una larga lista de proyectos rechazados en Gistredo

El archivo de 'Ampliación El Páramo' refuerza la sucesión de negativas a grandes instalaciones eólicas planteadas en este sector montañoso berciano. Antes habían sido rechazados los proyectos Acario y Tureno, promovidos por Capital Energy, y el parque Alto Bierzo-Sil, también vinculado a Repsol, que recibió una declaración ambiental desfavorable por el impacto previsto sobre el territorio.

Los antecedentes se remontan incluso más atrás. En 2014, los tribunales anularon definitivamente el parque eólico Quintana, impulsado por el Grupo Lamelas y Unión Fenosa, después de un recurso de asociaciones ecologistas que puso de manifiesto graves irregularidades en la autorización concedida por la Junta de Castilla y León.

La acumulación de resoluciones desfavorables refleja las dificultades para sacar adelante grandes proyectos eólicos en la Sierra de Gistredo, un territorio de elevado valor ecológico y paisajístico que, sin embargo, la Junta de Castilla y León se resiste a proteger con alguna figura como las que sí afectan a zonas aledañas y de similar alto valor.

La Asociación Apícola del Bierzo ha advertido este lunes del difícil momento que vive el sector en la comarca por la baja producción de miel, la escasez de reservas en las colmenas y el aumento de los ataques de la avispa asiática.

El presidente de la organización Javier Morán ha asegurado en una rueda de prensa que algunos productores han perdido “casi el 90% de la cabaña apícola” en apenas dos semanas por la presión de este avispón (vespa velutina).

La situación agrava las dificultades económicas que arrastra el sector desde hace cuatro años: la falta de alimento obliga a los apicultores a aportar alimentación adicional a las colmenas, mientras los gastos y la escasez de ingresos obligan a algunos productores a abandonar la actividad. “Hay gente que está abandonando porque no es rentable desde hace cuatro años”, ha reconocido Morán.

Ante este escenario, la asociación ha reclamado a la Junta de Castilla y León un programa de investigación y desarrollo que permita encontrar soluciones para “erradicar” las especies invasoras.

Asimismo, ha denunciado los retrasos en las indemnizaciones por los daños en los colmenares provocados por los oso, que, según la asociación, han vuelto a alargarse hasta los dos años.

Morán ha atribuido esta demora a la falta de personal para tramitar los expedientes en la Delegación Territorial de León.

El último censo contabilizó 1.506 apicultores y 44.200 colmenas en la provincia de León en 2026. Morán prevé que la próxima actualización refleje la pérdida de entre 300 y 400 profesionales.

El Bierzo concentra habitualmente alrededor del 45% de las colmenas de la provincia, lo que evidencia el peso de esta actividad en la comarca.

El Gobierno de Partido Popular y Vox en Castilla y León admite que suman unos 1.200 los expedientes de compensación por daños a ganaderos a causa de ataques de lobos cuyo pago se ha bloqueado en los últimos meses.

El consejero de la nueva cartera que une Agricultura, Ganadería y Medio Rural ahora con Política Ambiental, el líder sindicalista agrario de Asaja elegido por Vox, Joaquín Antonio Pino, aseguró hoy durante su visita a las instalaciones centrales de la cooperativa agroganadera Cobadu en Moraleja del Vino (Zamora) que se marca el objetivo de poner al día todos los pagos a partir del 1 de enero del año que viene.

También puso el acento en comenzar a controlar la población de lobos de la Comunidad a través de la caza de manera inmediata, antes de que finalice el actual año 2026. De momento, esta alternativa lleva años paralizada en Castilla y León desde la inclusión de la especie como protegida en el Lespre, pero otras Comunidades como Asturias sí lo han recuperado, entre una inmensa polémica, incluso judicial.

Pino ha asegurado que están trabajando para que antes del 1 de enero se pueda llevar a cabo ese control poblacional del lobo, ya que es algo que preocupa a la Consejería y, si otras Comunidades Autónomas, del norte de España de “diferentes signos políticos” han podido hacerlo “¿por qué nosotros no vamos a intentarlo?”, se ha preguntado, tal y como ha recogido Efe.

Al respecto, se ha respondido a sí mismo al afirmar que van a intentarlo y se ha mostrado confiado en que lo consigan, al igual que han podido autorizarse las quemas de rastrojos sin que haya pasado nada ni esté “ardiendo” Castilla y León, otra polémica medida de su departamento aún con el riesgo alto de incendios forestales en la Comunidad.

Del mismo modo, el control poblacional y estar “al lado de los ganaderos” en esa reivinciación “no significa que se vaya a extinguir la especie”, ha declarado el consejero.

Más dinero y en sólo un mes

Sobre el pago de las indemnizaciones, ha explicado que en su departamento trabajan para que a partir del 1 de enero del año que viene los expedientes por daños del lobo puedan tramitarse y pagarse de forma ágil, en menos de treinta días de tramitación y “a precio de mercado” y abonando también “el lucro cesante en todos los casos”.

Ha admitido que desde mediados del año pasado se acumulan cerca de 1.200 expedientes de daño del lobo sin tramitar, pese a ser “un dinero de los ganaderos, que tienen que tener cuanto antes en sus cuentas”, unos pagos que debe tramitar la Conejería de Medio Ambiente y de los que “queremos que se desbloqueen los fondos”, ha declarado Pino.

El consejero se ha referido además a las cuentas del próximo año de su departamento y ha opinado que son unos buenos presupuestos, con más dinero para apoyar las cuestiones y los sectores proritarios, como los agroseguros, el regadío, el apoyo a las asociaciones de ganaderos o a la calidad agroalimentaria. Lo que hace falta ahora es trabajar para que ese presupuesto se ejecute y no quede “ni un solo céntimo” sin invertirse.

La futura fábrica de drones de Indra Sistemas SA en el polígono industrial de Villadangos del Páramo, en el centro de la provincia de León, ha logrado el aval ambiental de la Junta de Castilla y León. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental que ahora lleva las evaluaciones de impacto ha concluido que el proyecto para la anunciada mayor fábrica de aeronaves no tripuladas con uso militar de España, de la mano de otra empresa de Emiratos Árabes, no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente.

La resolución ha sido publicada este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y determina que el proyecto de adecuación de dos naves industriales ya existentes no requiere una evaluación ambiental ordinaria, al considerar que sus impactos serán compatibles con el entorno y asumibles mediante las medidas correctoras previstas. Tal y como desveló ILEÓN, esas dos naves ya estaban construidas porque las había ejecutado la Junta en compensación al pueblo de Villadangos por los permisos para la reciente ampliación del polígono industrial, si bien la urgencia de Indra ha cambiado un poco los planes.

La decisión supone un nuevo avance administrativo para una iniciativa anunciada por Indra a comienzos de este año y que prevé la creación en León de la que la propia compañía definió como la principal y más avanzada fábrica de drones multipropósito del país, con una inversión estimada de 20 millones de euros y alrededor de 200 empleos directos cuando alcance su plena capacidad. Sin embargo, informe ambiental no supone todavía la autorización definitiva de la planta, si bien elimina uno de los principales trámites previos para su desarrollo. A partir de ahora, la compañía deberá completar el resto de permisos y licencias sectoriales necesarios para iniciar la actividad.

La planta se ubicará en las mencionadas naves, que ocupan las parcelas 15 y 16 del polígono industrial de Villadangos del Páramo, adaptándolas porque ahora carecen de actividad específica, para dedicarlas a la fabricación de sistemas aéreos no tripulados (UAV) multipropósito, recoge la agencia Efe. Las instalaciones contarán con más de 4.180 metros cuadrados de superficie útil destinados a distintas fases del proceso industrial, desde la fabricación de componentes de fibra de carbono hasta el ensamblaje electrónico, la integración de sistemas, la logística y las pruebas operativas.

El proyecto incluirá procesos de alta especialización tecnológica como el corte de fibra de carbono, preparación de moldes de precisión, curado en autoclave, mecanizado mediante equipos CNC, prototipado con impresoras 3D y pintado especializado de componentes aeronáuticos.

La factoría de Villadangos prevé concentrar capacidades de producción de distintos sistemas no tripulados de Indra y a participar en programas estratégicos de defensa nacionales y europeos, entre ellos el desarrollo de una nueva generación de drones tácticos cuyos primeros modelos comenzarán a entregarse a partir de 2028.

La ampliación del Colegio Rural Agrupado (CRA) de Cubillos del Sil, en El Bierzo, continúa sin financiación prevista por la Junta de Castilla y León. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro ha denunciado la ausencia de una partida económica específica, tanto anual como plurianual, en el borrador de los Presupuestos autonómicos para 2027, pese a tratarse de una actuación que consideran urgente para resolver la falta de espacios adecuados en el colegio.

Las familias recuerdan que la ampliación del centro fue un compromiso adquirido por la anterior consejera de Educación en sede parlamentaria, por lo que consideran especialmente preocupante que no se haya contemplado financiación para ejecutar el proyecto. “Las palabras y los compromisos institucionales deben traducirse en hechos concretos y en una dotación económica”, reclaman desde el AMPA, que insiste en que las actuales instalaciones no permiten atender en condiciones adecuadas todas las necesidades de la comunidad educativa.

Ante esta situación, la asociación exige a la Junta que modifique el borrador presupuestario e incorpore una partida directa y suficiente para acometer la ampliación del colegio, acompañada de una planificación y unos plazos concretos. Las familias advierten de que, si la inversión vuelve a quedar fuera de las cuentas autonómicas, existe un riesgo real de que las obras no lleguen a ejecutarse ni en 2027 ni en 2028, prolongando una situación que califican de “insostenible”.

“El alumnado, las familias y toda la comunidad educativa merecen una solución real, no nuevos compromisos sin respaldo económico”, subraya el AMPA de Cubillos del Sil. La asociación reclama voluntad política y financiación para evitar que el centro vuelva a quedar relegado en las prioridades de la Administración autonómica. “No podemos permitir que nuestro colegio caiga en el olvido”, concluyen las familias, que insisten en la necesidad de cumplir lo prometido y poner en marcha la ampliación sin más demoras.

La Junta de Castilla y León no prevé, de momento, cambiar la normativa para que el Consejo Comarcal del Bierzo pueda utilizar la empresa pública autonómica Somacyl como medio propio para contratar brigadas forestales.

Así lo ha trasladado el presidente del Consejo Comarcal, el socialista Olegario Ramón, en declaraciones a los periodistas después de reunirse este viernes en Valladolid con el consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, del Partido Popular.

La reunión pretendía explorar esta alternativa para dar continuidad a la gestión de los trabajos silvícolas de prevención de incendios forestales desde la institución berciana. Sin embargo, la respuesta de la Administración autonómica deja esta vía en suspenso y obliga a seguir buscando otras fórmulas, ha explicado Ramón, quien ha insistido en que la prioridad es evitar que el ente berciano pierda la gestión de estas actuaciones preventivas.

La cuestión se enmarca en las dificultades que afronta la institución para articular la contratación de las brigadas y garantizar que pueda seguir ejerciendo las funciones que tiene atribuidas en materia de prevención forestal.

La conversación con González Gago ha incluido otros asuntos pendientes entre ambas administraciones, como la situación de la sede del Consejo Comarcal y la mejora de la financiación del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM).

La búsqueda de una solución para las brigadas forestales continúa siendo uno de los principales asuntos pendientes, puesto que el Consejo debería hacerse con una acción del Somacyl para poder contratar brigadas a otra empresa pública estatal, Tragsa y, según Ramón, no se está facilitando dar ese paso por lo que considera que “por la vía de los hechos” la Junta podría querer hacerse con una competencia que es del ente comarcal.

La Guardia Civil de León ha reunido pruebas concluyentes para atribuir a dos personas, un trabajador y el propietario de la empresa para la que trabajaba, un grave delito penal por originar el peor incendio forestal de este año en la provincia de León. Un proceso que ha durado casi tres meses.

El incendio fue el que afecto a montes de la localidad de Murias de Ponjos, en el municipio de Valdesamario, y cuando concluyó después de muchos días descontrolado se cuantificaron los datos en 2.012 hectáreas, 1.407 de ellas arboladas. Una auténtica tragedia forestal que se originó, según datos oficiales de la Junta de Castilla y León, a las 19.45 horas del 22 de julio. Tras un despliegue amplísimo de medios, el siniestro no quedó extinguido hasta el 8 de agosto.

El incendio alcanzó el Índice de Gravedad Potencial 2 y en aquellos días obligó a evacuar preventivamente seis pueblos de los municipios de Riello y de Valdesamario. En concreto, fueron desalojados los vecinos de Rosales, Folloso, Andarrado y Trascastro de Luna, en el término municipal de Riello, así como los de Ponjos y Murias de Ponjos, en Valdesamario.

Las llamas afectaron a una superficie aproximada de 2.012 hectáreas de terreno forestal, con zonas de arbolado, matorral y pastos. La investigación que ahora desvela la Guardia Civil de León ha permitido determinar que el origen del fuego, provocado, aunque no necesariamente intencionado, estaría relacionado con el uso inadecuado de un generador eléctrico mientras se realizaban trabajos en el monte. La gravedad de los hechos es que estas labores se produjeron en un momento en el que estaba activa una alerta oficial por alto riesgo meteorológico de incendio, que prohíben este tipo de labores.

Un trabajador y el responsable de la empresa, investigados

Las diligencias, que hoy se detallan en una nota de prensa oficial, han sido desarrolladas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en colaboración con el Equipo de Investigación de Incendios de la XII Zona de Castilla y León, agentes medioambientales y personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta.

Como resultado de las pesquisas, pruebas y testimonios, los agentes señalan a la responsabilidad de tipo penal de dos personas, a las que se le imputa un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave. Al trabajador se le atribuye la presunta autoría material, por utilizar la maquinaria de la que habría derivado el fuego. Por su parte, al dueño de la empresa en la que trabajaba se le investiga por una supuesta falta de control sobre los trabajos que se estaban realizando, que estaban prohibidos.

Los dos investigados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León en funciones de guardia.

La Guardia Civil recuerda que casos como este resaltan la importancia de extremar las precauciones al utilizar maquinaria y realizar trabajos en el medio natural, especialmente durante episodios meteorológicos que incrementan el riesgo de incendio. Asimismo, insiste en la necesidad de cumplir las medidas preventivas para evitar situaciones que puedan poner en peligro el patrimonio natural, la seguridad de las personas y las poblaciones próximas a las zonas forestales.

La caza y también la pesca se han convertido en una nueva y millonaria prioridad de la Junta de Castilla y León, especialmente desde que se sellaron su nuevo pacto de Gobierno autonómico el Partido Popular (PP) y Vox. Y a provincia de León es con diferencia su nuevo coto. El proyecto de presupuestos generales de la Junta para el año 2027, al mismo tiempo que contempla polémicos recortes como cuatro millones menos para proyectos internacionales de cooperación al desarrollo por parte de ONGs, recoge sólo en la provincia de León unas partidas nunca vistas para las actividades cinegéticas y piscícolas. La cuantía se eleva por encima de los 2,5 millones, sumando en total 2.586.509 euros.

Esa cantidad supone multiplicar de un plumazo por seis el presupuesto destinado para estas actividades en el último presupuesto que ha estado vigente, el de 2024, prorrogado hasta hoy por la minoría parlamentaria del PP tras la anterior ruptura con Vox en el Ejecutivo autonómico. En aquellas cuentas, la suma de partidas para caza y pesca apenas alcanzaron los 416.228 euros, divididas en una partida de 291.228 euros para promoción de turismo y otra línea de ayudas de 125.000 euros a pequeñas y medianas empresas, Pymes, para “fomento turismo relacionado con pesca, caza o micología”. Ambas provenían de la única consejería con un leonés al frente, la de Medio Ambiente, liderada por Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Todavía esa cifra fue objeto de una drástica reducción en el último proyecto de presupuestos presentado por la Junta el pasado año, para las cuentas del presente 2026. A pesar de que reflejaba una inversión real jamás vista para la provincia, de 285 millones de euros, que se quedaron en el tintero por la soledad parlamentaria del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y el voto en contra unánime de toda la oposición, los capítulos de caza y pesca eran minúsculos. En concreto, sumaban sólo 160.000 euros, ya sin ayuda alguna para Pymes.

Por eso, la cuantía actual de más de 2,5 millones del nuevo presupuesto tras el reeditado pacto PP-Vox supone en este caso multiplicar por 16 la cifra del pasado borrador de cuentas públicas de la Junta. Ahora, las partidas provienen de múltiples órganos autonómicos e incluso se nutren de los fondos del antaño llamado Plan del Carbón para la reconversión de las cuencas mineras leonesas, los Fondos de Transición Justa.

Mucho menos en las restantes ocho provincias y cero en algunas

La distancia económica respecto a las otras ocho provincias de Castilla y León es inmensa y en concreto en materia de caza, prácticamente exclusiva para León, porque el grueso de las partidas presupuestarias se destinan a pesca en el conjunto de la Comunidad, un claro predominio de los recursos dirigidos al ámbito fluvial, pesquero y acuícola frente a la actividad cinegética.

Frente a los 2,5 millones de euros en León, la provincia de Palencia encabeza la inversión global con más de 580.000 euros, distribuidos en la promoción del turismo de caza y pesca (426.108 euros), infraestructuras del sector (100.000 euros) y el Centro del Cangrejo (61.969,95 euros). Le sigue Valladolid, donde se recogen fondos de 350.000 euros expresamente asignados para el seguimiento de especies cinegéticas a escala autonómica.

A estos importes se añaden partidas orientadas a la divulgación ambiental y el fomento de la pesca a través de las Aulas del Río en Burgos (50.752,80 euros en Pineda de la Sierra), Soria (30.080,40 euros en Ucero) y Valladolid (26.250 euros), además de investigaciones sobre acuicultura y producción truchera en Segovia por más de 48.000 euros. En las otras dos provincias de la Región Leonesa, Salamanca y Zamora, así como en Ávila, no se registran asignaciones con denominación específica ni para pesca ni para caza en los capítulos de inversión real.

Así se reparte la inversión en León

En el caso leonés, la primera partida aparece en la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que está en manos de Vox bajo la presidencia del exlider sindicalista agrario de Asaja, Joaquín Antonio Pino. Se denomina “Promoción turismo caza y pesca accesos León” y conlleva 779.509 euros. Sin embargo, se trata de una partida que además duplica la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), que con idéntico destino, también para accesos de caza y de pesca, contempla otros 57.000,00 euros a mayores. En total, 836.509 euros de presupuesto para la misma finalidad que no se detalla en qué consistirá.

El también a veces llamado 'la Junta B' o criticado como “chiringuito”, que es Somacyl, registra una nueva partida en el borrador presupuestario que al final viene a ser la más elevada: un millón de euros para literalmente “Infraestructuras Caza y Pesca León”. Es aquí cuando desvela que ese dinero estará íntegramente financiado por Fondo de Transición Justa minero, no directamente para la reconversión de las comarcas gravemente afectadas por el cierre de minas y centrales térmicas.

Y por si fuera poco dinero, todavía otro 'chiringuito' dependiente de Medio Ambiente, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, suplementa una nueva cifra de 750.000 euros. En este caso, para lo que denominan “actuaciones del fomento del turismo de naturaleza, caza y pesca”, también sin detalle alguno.

Un cúmulo de polémicas medidas para matar más

Todas estas medidas de tipo presupuestario se suman a otras adoptadas en los últimos años, tales como la exención del pago de tasas cinegéticas del anterior Gobierno de PP y Vox, que disparó los permisos un 43,7% en dos años frente a las críticas de los ecologistas. Y recientemente, la nueva Consejería de Vox para el campo con parte de las antiguas competencias de Medio Ambiente ha autorizado el transporte, la tenencia y el empleo de visores con convertidores o amplificadores de imagen electrónica, incluidos los visores térmicos, para modalidades de caza mayor, igualmente denostada por los conservacionistas.

Esosignificaa que a partir de ahora los cazadores podrán abatir ejemplares con la ayuda de visores diurnos en la caza mayor y nocturnos para el jabalí. La excusa administrativa de la Junta es la de reducir daños agrícolas y ganaderos y mejorar la gestión cinegética. También se estudia el modo de permitir el uso de silenciadores que pillen más desprevenidos aún a los animales.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) considera que el proyecto de Presupuestos autonómicos para 2027 presentado por el Gobierno de PP y Vox en la Junta es “una repetición” del de hace año e “insisten en proyectos que vuelven a prometerse tras no haberlos ejecutado”.

La formación leonesista ha señalado en una nota de prensa que las cuentas para 2027 “apenas aportan novedades”, y en materia sanitaria vuelven a incluirse partidas para centros de salud como Villaquilambre y Villalpando que fueron prometidos hace 20 años, para el centro de salud del Zurguén prometido en 2010, para el Ponferrada I y el Virgen de la Concha prometidos también hace varios años, así como para la Unidad de Radioterapia de El Bierzo, que “pasan los años y sigue sin ser una realidad”.

En esta línea, también han destacado como vuelve a prometerse la reforma del José Aguado de León, la Fisioterapia en el centro de salud de San Andrés del Rabanedo o las Unidades de Reproducción Asistida para los Hospitales de Salamanca y León, tras no haberse ejecutado ni un euro de lo prometido el año pasado para estos proyectos.

Una situación que se repite en el área de carreteras con un listado de proyectos que también acumulan años de retrasos e incumplimientos por parte de la Junta, mientras que en otras partidas destinadas a reparación o mejora de la seguridad vial en la provincia, las escasas dotaciones presupuestarias demuestran que “la Junta realmente no tiene voluntad de ejecutar dichas mejoras viales, que requieren de inversiones mucho más fuertes”.

Del mismo modo, en materia educativa los leonesistas han denunciado como se recogen nuevamente proyectos comprometidos y que siguen sin ejecutarse como el Instituto de Villaquilambre, el Centro Rural de Innovación Educativa de Ciudad Rodrigo, las ampliaciones de los colegios de Sariegos y Cembranos, el Centro de Educación Especial de León, el gimnasio del CEIP La Viña de Zamora o el polideportivo de Eras de Renueva, entre otros.

En cuanto a Agricultura, desde UPL se ha apuntado que vuelve a recogerse el Parque Agroalimentario del Bierzo con una partida “de la misma cuantía para 2027 que la que se prometió pero no se ha ejecutado en 2026”, y apuntan que ocurre lo mismo con las partidas planteadas para infraestructuras rurales en las concentraciones parcelarias de Tejeda (Salamanca), Almanza (León) y Fermoselle (Zamora).

Además, consideran “ridícula” la inversión prevista para iniciar la fase II de la modernización del Canal Bajo del Bierzo, que se fija en 10.000 euros para 2027, o para la modernización del Canal del Esla (Zamora y León) en su fase I, cuyo proyecto superaría los 6 millones de euros pero solo se recogen 50.000 euros como inversión prevista para 2027.

En vivienda, UPL ve llamativo que la partida para adquisición de viviendas por parte de la Junta sea de apenas 18.000 euros por provincia, o que la destinada a actuaciones de rehabilitación (al margen del programa Rehabitare) apenas sea de 37.500 euros por provincia (con la excepción de Valladolid, donde asciende a 355.118 euros).

Por último, en cuanto a las Fundaciones autonómicas UPL ha lamentado que la Junta haya presupuestado 2'4 millones de euros para 2027 para la Fundación para la Promoción de los Valores e Identidad de Castilla y León, 1,1 millones más que en 2026, lo que “supone prácticamente duplicar la asignación a esta Fundación cuyo propósito es promocionar una identidad conjunta para la comunidad de Castilla y León”.

Del mismo modo, apuntan que la veintena de inversiones provincializadas planteadas por la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León para mejorar la calidad del Sistema Educativo en el ámbito de las Enseñanzas Artísticas se concentran exclusivamente en Valladolid y Burgos, mientras que todas las inversiones previstas para optimizar la estructura operativa de esta Fundación se concentran exclusivamente en Valladolid.

La Junta de Castilla y León, Gobierno conformado por el pacto de Partido Popular (PP) y Vox, asumirá al cien por cien el concepto de VPN (Vivienda de Prioridad Nacional) acuñado por los concejales del partido de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Ponferrada. Es decir, que cuando se construyan los proyectados 80 pisos sociales para venta a jóvenes, cuyo solar acaba de ceder el Consistorio, se impondrá obligatoriamente un criterio de exclusión por empadronamiento. O lo que es lo mismo, el Gobierno autonómico dejará fuera a todos los solicitantes que no certifiquen haber estado como mínimo 10 años empadronados en España.

De este modo, la Junta asume la condición que impusieron los dos concejales del Vox en el ayuntamiento de la capital de la comarca de El Bierzo cuando en el último Pleno se aprobó la cesión de la parcela en La Rosaleda, el barrio de Ponferrada suyo símbolo sigue siendo el fantasmal rascacielos construido en la primera década del siflo XXI, el edificio más alto de toda Castilla y León, que sigue vacío como una gigantesca alegoría de la burbuja inmobiliaria.

En aquella sesión plenaria, el Grupo Socialista en la oposición se opuso de manera frontal a la enmienda excluyente de Vox, que sí votaron a favor los dos partidos del equipo de Gobierno, PP y Coalición por el Bierzo. Su portavoz, Olegario Ramón, equiparó el concepto de “prioridad nacional” con el de “comunidad del pueblo” del régimen nazi de Hitler, que defendía una sociedad alemana unida exclusivamente por lazos raciales, étnicos y de sangre. Recordó, además, que el plenario estaba imponiendo a otra administración, en este caso a la Junta de Castilla y León, un criterio de empadronamiento mínimo dilatado desde una Corporación municipal.

Pero la Junta ha certificado hoy que asume ese criterio. Y lo hace, confirmó Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco, porque coincide plenamente con el polémico apartado de su pacto con Vox en Castilla y León en el que este último impuso su “prioridad nacional”, que el PP prefiere denominar más eufemísticamente “arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

En una rueda de prensa, Carriedo aseguró que en la Junta “somos muy respetuosos” con las decisiones del Consistorio “en el ámbito de su autonomía” para a continuación insistir en que se cumplirá a pies juntillas la literalidad de su pacto de Gobierno. El apartado se denomina de “Acceso a la vivienda protegida y el alquiler social” y determina literalmente la “exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Castilla y León y España”. Y acota aún más, en plena coincidencia con lo acordado por la derecha y la extrema derecha en Ponferrada: un mínimo de 10 años para compra y cinco años para alquiler. “En este criterio se va a mover la Junta de Castilla y León en este ámbito”, zanjó el portavoz, refiriéndose por tanto no sólo al caso de los nuevos pisos a acometerse en Ponferrada sino a cualquier otra construcción social de la Comunidad autónoma.

La compañía i-DE, la distribuidora de Iberdrola, da por concluida la reforma integral de su centro de transformación de la calle Ancha, en pleno centro del Casco Histórico de la capital leonesa. Una obra que supuso modernizar una infraestructura histórica, impulsada a mediados del pasado siglo XX, con el objetivo de reforzar la capacidad de distribución eléctrica en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.

El centro de transformación se encuentra enclavado en un espacio de especial valor patrimonial y urbano, al integrarse en tres ámbitos de especial relevancia y la máxima protección: el Camino de Santiago, que es Patrimonio de la Humanidad, el entorno de la Catedral de León y el Casco Antiguo. En este contexto, la intervención ha contemplado la renovación completa de la instalación, situada en concreto en la confluencia de la calle Ancha con las calles Cervantes y Conde Luna.

La empresa explica que la actuación permite mejorar la capacidad de distribución de energía eléctrica en toda la zona, alcanzando una ahora potencia instalada de 630 kVAs, lo que contribuirá a ofrecer “un suministro más robusto, actualizado y preparado para atender las necesidades presentes y futuras de este entorno urbano” leonés.

Esta obra se ha ejecutado justo ahora para solaparse con la obra de reurbanización con nuevo pavimento de toda la calle Ancha y las céntricas plazas aledañas de Botines y Plaza de Regla, de la Catedral de León. Un proyecto para mejorar la peatonalización de todo el entorno que ejecuta la Junta de Castilla y León a través de la empresa Somacyl, por valor de 2,7 millones de euros, en compensación por el proyecto de la llamada y polémica Red de Calor en el barrio de Puente Castro en el sur de la ciudad.

i-DE asegura que el resultado final de sus trabajos ha sido concebido para “integrarse de forma respetuosa en este enclave monumental”, de manera que la solución técnica sea también “acorde, desde el punto de vista estético y patrimonial, con el valor histórico y urbano del entorno”.

El Gobierno de la Junta de Castilla y León proyecta invertir en la provincia de León para el año que viene, 2027, una cifra de 240,5 millones de euros. Eso quiere decir que el reeditado cogobierno de Partido Popular (PP) y Vox en la Comunidad 'desinfla' en sus primeras cuentas de manera drástica la cuantía de inversiones que recogía el intento de presupuesto sólo del PP presentado el año pasado, y que la oposición finalmente tumbó. En aquella ocasión se consignaban 285,5 millones para León, con lo que el descenso real se cifra ahora en 45 millones menos, más de un 15% de rebaja.

Incluso aunque se compare con el último presupuesto que resultó aprobado, estuvo en vigor y ha llegado prorrogado hasta ahora, el del año 2024, la cuantía de las inversiones para el próximo ejercicio en la provincia no compensan el paso de tres años completos: entonces la cifra era de 228 millones de euros y ahora de 240,5. El incremento se cifra en un 4,5% más, pero aún así queda por debajo del incremento total de las cuentas para toda la Comunidad, que roza el 5%.

El gran recorte de las nuevas cuentas, presentadas ayer por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente leonés, Carlos Pollán, se produce sobre todo en la llamada 'Junta B', la empresa pública Somacyl, que era costumbre que supusiera incluso más de la mitad de las inversiones que la suma de las consejerías. En el nuevo borrador, la compañía que hasta el año pasado estaba en manos del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones se ciñe ahora a 68 millones de inversión el próximo año, cuando hace un año ascendía a la friolera de casi 105 millones y en 2024 era todavía de casi 73 millones de euros.

Regiones y comarca de El Bierzo

En el reparto territorial de estos fondos territorializados, la provincia de León sigue siendo la que más concentra inversión real, por ejemplo frente a los casi 140 millones de euros en Valladolid, la segunda provincia que más. La suma de las tres provincias de la Región Leonesa consigna un montante total de 463,8 millones de euros (Salamanca 125,1 y Zamora 98,2 millones), mientras que las seis provincias de la región castellana suman 662 millones.

Y mirando dentro de la propia provincia leonesa, este proyecto de presupuesto de la Junta especifica para la comarca de El Bierzo un total de 29,2 millones de euros, que frente a los 240,5 provinciales suponen un poco más del 12% del total.

A mayores de la bajada de la cifra de inversión de Somacyl, el resto casi se explica por una reducción millonaria en algunos proyectos de la Consejería que ahora es de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, tales como la modernización del Canal de Arriola-Ribera Alta del Porma, que casi tenía 10 millones y se queda en cero ahora, la del Canal Bajo del Bierzo, que pasa de 5,32 millones a una cifra simbólica, así como de varias partidas de Medio Ambiente y Transición Justa, que se llevan otro tijeretazo de casi 18 millones en total respecto a los planes fallidos del pasado año.

Por consejerías, la de Pollán ni aparece

En el recuento por consejerías, se estrena la de nueva creación de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, y vicepresidencia primera, del leonés Pollán (Vox), sin consignarse un sólo euro en el listado oficial facilitado por la propia Junta.

La vicepresidencia segunda, que dirige la mano derecha de Mañueco, Isabel Blanco, se limita presupuestariamente a recoger 2,9 millones de euros de inversión y se centran en exclusiva en inversiones de vivienda, construcción y sobre todo rehabilitación. Por comparar, para la provincia de Valladolid, las inversiones en idéntica materia suben a 4,1 millones.

Ya sólo la empresa Somacyl multiplica por cinco la inversión en vivienda de la Consejería, ya que suma 15 millones entre promociones de pisos para alquiler en León, Astorga, La Bañeza y Ponferrada (12,9) y venta (2,1).

Y respecto a asuntos sociales, le gana por la mano la Sanidad y Bienestar Social, que juntas alcanzan en este nuevo proyecto la cifra de 30 millones de euros. Pero pese al claro incremento -que se come 12,5 millones sólo de una genérica partida de “equipamiento diverso de hospitales”, sin más detalle, mirando una a una hay llamativas ausencias o rebajas sobre la inversión esperada. Por ejemplo, sigue sin aparecer la ampliación de la UCI del Hospital de León, prometida desde 2020 y ejecutada en todos los demás hospitales de la Comunidad. Para El Bierzo, la unidad satélite de radioterapia cien por cien pública en el hospital ponferradino, prometida por Mañueco hace ocho años, consigna la cifra más alta hasta ahora, 1.419.980 euros. Pero lejos aún de los 5,2 millones que acaba de cifrar para el total de las obras, lo cual parece indicar otro año más de espera para los pacientes oncológicos de la comarca.

Por su parte, el prometido nuevo centro de salud para Villaquilambre apenas consigna unos simbólicos 41.503 euros, no menos anecdóticos 59.290 euros del nuevo Ponferrada o 1,5 millones para el de Sahagún, con más de veinte décadas de espera.

Más en Educación, con viejos proyectos

Sólo otra consejería aumenta respecto al último borrador presupuestario, la de Educación, que asciende ahora a casi 27 millones de euros. Otro viejo compromiso retrasado, y que parece que por fin avanzará, es el instituto público para Villaquilambre, que concentra casi 8,5 millones para el año que viene. En obras sin detallar de reparación y mejora de colegios y de institutos, las partidas suman en conjunto 10,3 millones más. Se rematará el también retrasadísimo nuevo Conservatorio de Música de León con medio millón final y aparece por fin otro compromiso de hace años, la construcción de un polideportivo aledaño al instituto de Eras de Renueva, con casi 3,5 millones.

El resto de consejerías sufren un recorte respecto al último borrador de presupuestos. Así ocurre con Cultura, Turismo y Deporte, que sigue en manos de Vox, y que consigna ahora 10,8 millones de euros en total, y que en los proyectos de mayor cuatía se nutre de fondos mineros de Transición Justa, como en Sabero 2,7 millones para La Sucesiva y 2,23 para excavaciones en la Ferrería de San Bla, o un millón para digitalización del patrimonio de cuencas mineras de toda la provincia, El Bierzo incluido.

La Catedral de León dispondrá de 250.000 euros destinados a la mejora del pórtico occidental, muy escaso para el compromiso de 11 millones en ocho años del propio presidente Mañueco en un protocolo firmado que debería incluir, y no incluye, la restauración de vidrieras.

Turismo en otra 'Junta B' y con fondos mineros

También es cierto que en turismo, a la Consejería le suplementa mucho otra 'Junta B' que es la Fundación Patrimonio Natural, que también con abundantes fondos mineros contempla varios proyectos de peso, que suman solo por su cuenta 12,6 millones de euros, 8,7 de ellos de nuevas infraestructuras turísticas como el polémico puente colgante sobre el pantano de Riaño y la senda circular de Anciles (1.750.000 euros); la senda tipo Camino de la Reina en Boca de Huérgano (700.000 euros) o las Hoces de Vegacervera (750.000 euros); la pasarela peatonal sobre el embalse de Bárcena en Cubillos del Sil (1.100.000 euros); o la nueva carretera de acceso al Puerto de Pinos en Babia (1.500.000 euros), otra promesa de décadas que además alimenta un conflicto territorial con Mieres, Asturias.

También se echa a su presupuesto la Fundación la construcción del nuevo Centro de Recuperación de Animales Silvestres en la finca de Valsemana, en León, prometido por Quiñones hace una década, que consigna 1.528.000 euros más.

Las vitales inversiones en carreteras de la provincia, de manos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, apenas alcanzará 12,7 millones de euros, sin grandes proyectos a pesar del grave incumplimiento del último Plan de Carreteras en vigor. Con nombre y apellidos destacan los casi 2,5 millones de euros del arreglo integral de la carretera de Puente Villarente a Casasola de Rueda, la LE-213.

La nueva cartera de Quiñones

La nueva cartera del leonés Suárez-Quiñones, la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, se estrena con una cifra discreta de inversión territorializada, menos de 1,2 millones, cuando hace apenas un año la vieja consejería rondaba los dos millones para la provincia de León, para mejoras en oficinas e instalaciones. El borrador aclara que aparte habrá algo más de un millón a mayores para la esperada reforma de la oficina de empleo del Ecyl en Astorga.

Y la consejería que dejó Quiñones, Medio Ambiente y Energía, consigna otro gran tijeretazo respecto a los planes del año pasado, quedándose en 26,5 millones frente a los 43 anteriores. Por cuantías, aparecen 6,5 millones de equipo de extinción de incendios forestales de las cuadrillas helitransportadas Elif u 11,6 millones en total para genéricos trabajos de tratamientos selvícolas preventivos de incendios sumando los de toda la provincia y El Bierzo a mayores.

Somacyl: mucho menos dinero pero todavía muchos proyectos vitales

Pero como siempre ocurrió, Somacyl sobrepasa a las consejerías en inversiones, gran parte de ellas de infraestructuras y de medio ambiente. Llaman la atención para el próximo partidas cuantiosas, como 1,4 millones para la polémica pasarela sobre el río Torío para tender en la capital leonesa la Red de Calor, cuando se presupone que debe ejecutarse antes del fin de este año, o 1,25 millones para todo el pavimento de la calle Ancha, Botines y Catedral -en compensación por la Red de Calor también-, una obra que en realidad está prácticamente ejecutada en este año.

Para la ampliación del tendido bajo tierra por el sur de la capital de la mencionada Red de Calor se consignan 15 millones -eran 25 en el borrador del año pasado-; 2,19 millones para la ampliación del polígono industrial de Villadangos, que también está ejecutado supuestamente en su totalidad; 3,5 millones para continuar la ampliación del Parque Tecnológico de León de los 12,4 millones totales. En este caso, proveniente del presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda, aparecen otros 3,8 millones de euros para el edificio Incubatech en este Parque de la capital.

Por último, la siempre muy inversora Consejería de Agricultura, Ganadería y ahora ampliada con Desarrollo Rural, y también en manos de Vox, consigna para León 43,6 millones de euros, siete menos que el último borrador y muy por debajo de los casi 50 del último presupuesto vigente, de hace tres años. Eso sí, como siempre, el grueso de los fondos, para modernización y regadíos, son en gran medida dinero europeo cedido por el Gobierno central.

Destacan para el próximo ejercicio partidas como 7,7 millones para la Margen Izquierda del Porma, fases II y III; 5,5 millones para el Canal Alto de Villares y la Presa de la Tierra, en el Órbigo y Páramo; las fases I y II de la modernización del canal de Villadangos, con 6,5 y 6,4 millones respectivamente; o 8,3 para la transformación del regadío de Valderas.

Para El Bierzo reaparece una vieja promesa incumplida de un Parque Agroalimentario, que reserva dos millones de euros, de los 11 millones comprometidos por la Junta al más alto nivel en el sector y en la comarca hará diez años el año próximo.

Consulta aquí las partidas detalladas en el proyecto de presupuestos de la Junta para 2027 en la provincia de León.