La Junta blinda de okupas el antiguo Laboratorio Pecuario de León y rediseña las futuras oficinas de empleo

Imagen del antiguo Laboratorio Pecuario Regional, en Alcalde Miguel Castaño, ahora con la puerta tapiada.

Carlos J. Domínguez

Todo se ha retrasado pero la Junta de Castilla y León mantiene su voluntad de devolver la vida, como oficinas de empleo para atención al público, al viejo edificio del Laboratorio Pecuario Regional de León capital que pronto cumplirá 20 años sin uso y acumulando desperfectos.

El proyecto se había diseñado el año pasado, entonces con una inversión aproximada de 1,6 millones, con una rehabilitación parcial del edificio situado en la avenida Alcalde Miguel Castaño que obtuvo el arquitecto José Manuel Burón por un importe de 94.000 euros, elegido entre 13 ofertas presentadas.

La idea no ha variado: devolverle la vida a un inmueble que data de 1968 y que es propiedad de la Junta, trasladando allí a los 25 trabajadores del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), que llevan años en la llamada Oficina de Empleo II de León, situada en el entorno de la calle La Serna y el Polígono de San Pedro de la ciudad, ocupando un local que además supone un alto coste, ya que está alquilada una constructora. También se valoró desde el principio albergar a otros 14 trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), que dispondrían de otro espacio diferenciado y de acceso propio.

Los destrozos en el Laboratorio Pecuario Regional son evidentes pero se ha acotado el acceso en todo el entorno.

Sin embargo, todos esos planes, entonces inminentes, se toparon con varios inconvenientes, esencialmente dos. El primero, de orden material: la vieja sede contaba con okupas. En los últimos años habían precipitado aún más su mal estado, tanto exterior, para acceder por varios puntos como puertas y ventanas, como interior, donde se fue acumulando todo tipo de basura durante años. Incluso se produjeron varios peligrosos incendios.

Solventar esto ha llevado a la Junta más tiempo del previsto, Actualmente ya se han concluido unas labores de limpieza interior imprescindibles y que han supuesto un enorme esfuerzo, ya que entre suciedad, todo tipo de deshechos y escombros se han sacado más de 10 toneladas de material, teniéndose incluso que erradicar plagas de animales como ratas. También se ha procedido a blindar el inmueble, sellando todos los posibles accesos para impedir nuevas okupaciones. Eso ha incluido el cierre con ladrillos de una de las dos puertas principales o el cierre del vallado perimetral recuperando ramos destrozados. En lo que a esto respecta, todo está listo.

El otro inconveniente que también confirman fuentes oficiales de la Delegación Territorial de la Junta en León fue de sobrecostes de materiales y otros conceptos que provocó la crisis de las guerras de Ucrania y Oriente Medio, que permitieron valorar como insuficientes los 1,6 millones previstos inicialmente para toda la reforma del edificio.

Los detalles del proyecto

La parcela ocupa 1.503 metros cuadrados y cuenta con tres construcciones independientes. La principal, levantada en varias alturas, de 2.124 metros cuadrados con planta baja, dos pisos y bajo cubierta. A ella se añaden una antigua vivienda del conserje, de 140 metros cuadrados, y otro pabellón de 159 metros cuadrados con una singular planta en forma de V.

La propuesta de intervención prevé derribar este último edificio y prolongar la construcción principal hacia el extremo norte de la parcela mediante una ampliación en planta baja. En esta primera fase, para las nuevas oficinas de empleo, se acondicionarían la planta baja y la primera del inmueble original, además de la nueva superficie que se gane con la ampliación. Esta última se proyectará de manera que pueda crecer en el futuro hasta alcanzar otras dos alturas. Por el momento, la segunda planta y el espacio bajocubierta del edificio principal quedarán fuera de la rehabilitación. No obstante, el proyecto debía contemplar las previsiones técnicas necesarias para facilitar una posible adecuación posterior, entre ellas la instalación de ascensores y otras infraestructuras comunes.

Ahora, fuentes autonómicas aseguran que se está revisando todo el proyecto y sobre todo su dimensión económica, para retomar la ejecución en cuanto se afronte el nuevo presupuesto que resulte.

Del abandono a un intento de convertirlo en laboratorio social

El inmueble fue construido en 1967 para albergar el entonces denominado Laboratorio Pecuario Regional del Duero franquista, que pasó posteriormente a llamarse Laboratorio Pecuario Regional de Castilla y León cuando la Administración autonómica asumió las competencias en materia agraria. Su actividad terminó en 2007, con el traslado de los servicios a las nuevas instalaciones de Villaquilambre, dejando atrás un complejo que desde entonces ha permanecido sin una utilización estable.

Detalle de los ladrillos en la puerta de acceso al Laboratorio Pecuario Regional, de la Junta de Castilla y León.

Su prolongado abandono convirtió el edificio en objeto de controversia. En 2011, en plena crisis económica del Ayuntamiento de León, siendo alcalde el alto funcionario autonómico Emilio Gutiérrez, el Consistorio reclamó la titularidad del inmueble e incluso llegó a plantear su posible venta. Argumentaba que el terreno había sido cedido para albergar el laboratorio y que, una vez desaparecido el uso que justificó aquella cesión, debía revertir a la propiedad municipal. La Junta, sin embargo, mantuvo que el edificio y la parcela seguían siendo de titularidad autonómica, y no se desprendió de ello, a pesar de dejar que se deteriorara sin uso.

Por eso, cuando estalló el movimiento 15M, un grupo de jóvenes vinculados al movimiento de indignados entró en el antiguo laboratorio y ocupó las instalaciones para denunciar su abandono y proponer su transformación en un espacio abierto de participación, debate y expresión ciudadana bajo el nombre de 'Laboratorio Social'. No duró mucho: La Junta respondió cortando el suministro eléctrico y, unos tres meses después, procedió al cierre completo del recinto, poniendo fin a la aventura.

También se habló del inmueble cuando en 2018 la Junta se vio obligada a retirar de la fachada el escudo franquista que todavía conservaba desde su construcción, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Se trataba de un de los últimos emblemas de estas características que permanecía en un edificio público de la capital leonesa y aunque el Museo de León lo reclamó, se acabó destrozando por completo.

Ahora, casi dos décadas después de su desalojo y tras años de polémicas y controversias, abandono y hasta peligro, el complejo afrontará parece que de manera definitiva un nuevo destino ligado a los servicios públicos de empleo.

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