El Congreso de los Diputados acaba de hacer lo que la Diputación de León lleva años aplazando: quitar de su galería los retratos de los presidentes de las Cortes durante la dictadura franquista. La Mesa de la Diputación Permanente ha acordado esta semana, a propuesta de Sumar y con el apoyo del PSOE, retirar los cuadros de Esteban de Bilbao y Eguía, Antonio Iturmendi Bañales y Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda, que ocuparon la Presidencia de las Cortes franquistas entre 1943 y 1975.

La decisión vuelve a poner el foco en una situación que este medio lleva años denunciando en León: la llamada Galería de Presidentes del Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, continúa exponiendo los retratos de los once presidentes provinciales que ocuparon el cargo durante la dictadura. Y no en un almacén ni en un espacio restringido, los cuadros permanecen en la primera planta del edificio, a vista de todos y dentro del recorrido de las visitas turísticas que ofrece la propia institución.

La comparación es inevitable ahora que el Congreso ha decidido retirar sus retratos franquistas invocando la Ley de Memoria Democrática aprobada hace ya cuatro años. La propuesta, que partió de la diputada de Sumar Esther Gil de Reboleño, fue respaldada por el PSOE en la Mesa de la Diputación Permanente. La retirada está prevista antes del 31 de octubre, fecha del homenaje anual a las víctimas del franquismo.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lleva años reclamando esta medida. En Madrid lo hizo a través de un escrito remitido a la Cámara en 2025 en el que cuestionaba que los retratos de quienes presidieron las Cortes durante la dictadura compartieran espacio con figuras democráticas como la de Clara Campoamor. La organización ha defendido siempre que conocer la historia no implica mantener en lugares representativos los retratos de quienes ocuparon cargos en una institución de la dictadura.

En León, siguen colgados los cuadros que recuerdan a Joaquín López Robles, Enrique González Luaces, Ramón del Riego y Jove, Raimundo Rodríguez del Valle, Enrique Iglesias Gómez, Manuel Marqués Pérez, Juan José Fernández Urquiza, Ramón Cañas del Río, José Eguiagaray Pallarés, Antonio del Valle Menéndez y Emiliano Alonso Sánchez-Lombas. Todos ocuparon la Presidencia de la Diputación durante el periodo de la dictadura, entre 1936 y 1979.

La imagen más dolorosa de la galería leonesa es la de Ramiro Armesto, último presidente provincial republicano, asesinado por los golpistas en 1936, junto a su sucesor Joaquín López Robles, colocado por el régimen franquista para sustituirlo. La ARMH ya denunció esta situación, por lo inexplicable de mantener el retrato de una víctima de la represión junto al de quien ocupó su puesto después de su asesinato.

Además, la propia galería tiene un origen ligado al franquismo. Fue creada durante la dictadura por iniciativa de uno de aquellos presidentes, Antonio del Valle, que además de dirigir la Diputación fue gobernador civil de León y llegó a emparentar directamente con el régimen a través del matrimonio de una de sus hermanas con Arias Navarro, el que fuera presidente del Gobierno en la dictadura y el encargado de comunicar la muerte del dictador.

Años de espera en León

En diciembre de 2022, ILEÓN ya contó que la Diputación mantenía expuestos los once retratos de sus presidentes franquistas pese a la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática y a que la galería formaba parte del recorrido de las visitas al Palacio de los Guzmanes. El artículo 35 de la norma establece que las administraciones deben adoptar las medidas necesarias para retirar los elementos de edificios públicos que supongan exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura.

Dos años más tarde, la situación seguía sin cambios y este medio volvió a preguntar por el futuro de los cuadros. La Diputación adujo entonces que sus servicios jurídicos estaban preparando un informe para determinar cómo proceder. La institución utilizó como argumento para justificar la tardanza una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que había ordenado al Estado volver a colocar en la Escuela Diplomática el retrato del ministro franquista Francisco Gómez-Jornada.

Según la institución provincial, gobernada por el PSOE desde el año 2019, la intención siempre ha sido retirar los once retratos y aprovechar el hueco que dejen los cuadros franquistas para colocar los de los presidentes democráticos que faltan. Eduardo Morán, presidente provincial durante el mandato anterior, llegó a comprometer públicamente que los cuadros desaparecerían antes de que dejara el cargo. No fue así. Su sucesor, Gerardo Álvarez Courel, mantiene la deuda pendiente.

El Congreso reabre de nuevo el debate

El acuerdo adoptado por el Congreso, con el apoyo del PSOE, no obliga directamente a la Diputación de León a nada, pero reabre el debate sobre la Galería de los Presidentes leonesa. Mientras la Cámara Baja ha decidido retirar los retratos de quienes presidieron las Cortes durante la dictadura franquista, en León siguen expuestos los de quienes ocuparon la Presidencia de la Diputación durante el mismo periodo.

La propia Diputación asegura ahora, a preguntas de este medio, que quiere estudiar el nuevo escenario antes de tomar una decisión. Según ha trasladado a ILEÓN, la institución provincial solicitará a la Mesa del Congreso un informe oficial sobre el acuerdo adoptado y, una vez que lo reciba, lo trasladará a sus servicios jurídicos para que elaboren un informe propio que determine “la forma de actuar”.

Pedro Sánchez abre la precampaña a las elecciones generales del 29N en la provincia de León en un acto multitudinario en La Térmica Cultural de Ponferrada. El presidente del Gobierno se dio un baño de masas en el bastión socialista del noroeste, con la Sala de las Calderas abarrotada, hasta el punto de que fue necesario habilitar otro espacio con pantallas para las cerca de mil personas que se quedaron sin hueco.

No eran ni las diez de la mañana cuando los asistentes se agolpaban ya a las puertas del museo berciano. Dentro, el grupo Los Flekiss se encargó de amenizar la espera tocando versiones de Estopa, Melendi o Ska-P. El acto, previsto inicialmente para las once de la mañana, comenzó finalmente a las doce. El público, de pie, recibió a los ministros Óscar Puente y Ana Redondo y a la eurodiputada Iratxe García, agitando banderas del PSOE, del Bierzo, de Asturias, de España y arcoíris, en apoyo al colectivo LGTBI.

Tras un breve vídeo apelando a la movilización del voto progresista, Sánchez irrumpió en la sala al ritmo de Resistance, de Muse, arropado por el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, la vicesecretaria autonómica, Nuria Rubio, y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez. Sánchez, cercano, estrechó manos, abrazó y se hizo fotografías con los asistentes a lo largo de todo el pasillo antes de sentarse en la grada, rodeado de jóvenes, entre aplausos y gritos de “¡Pedro, presidente!”.

“Se nota, se siente la fuerza de la gente”, arrancó Sánchez ante un público entregado que había coreado ya durante la espera consignas a favor del PSOE. El presidente situó precisamente en esa “fuerza de la gente” el eje de su discurso de precampaña y lanzó un mensaje de victoria: “Por eso les vamos a ganar el próximo 29N”, aseguró, en referencia a la cita electoral del 29 de noviembre.

Y desde Ponferrada lanzó también una petición al Tribunal Supremo por otra de las batallas electorales abiertas de cara al 29N: el derecho al voto de los españoles nacionalizados al amparo de la llamada ley de nietos. Sánchez acusó a PP y Vox de haber presentado una denuncia para que 400.000 españoles no puedan votar en las próximas elecciones y reclamó al alto tribunal que frene lo que calificó de “intento de atropello” de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

“Nunca les gustó la Ley de Memoria Democrática”, afirmó el presidente, que defendió que se trata de españoles que ya ejercieron su derecho al voto en 2023 y 2025 y que deberían poder volver a hacerlo en 2026. “¿Es constitucional? ¿Se puede decir a 400.000 españoles que ya han ejercido su derecho al voto que no lo pueden volver a hacer en el año 2026 porque no lo quiere Feijóo y no le gusta a Abascal?”, planteó.

Sánchez llevó entonces el debate al origen de estos nuevos ciudadanos españoles. “¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar?”, preguntó. Y terminó dirigiéndose directamente al Supremo: “Yo le pido desde aquí al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal porque en una democracia el derecho al voto no se restringe, se garantiza”.

La vivienda volvió a ocupar un lugar central en su intervención, en línea con el discurso con el que el PSOE abrió el sábado la precampaña nacional. Sánchez recuperó el caso de Mari Carmen, la mujer desahuciada de su vivienda cuya muerte ha irrumpido de lleno en el debate político, y recordó sus palabras: “Que lo que yo he sufrido no lo sufra nadie más”. “Vamos a honrar esa causa”, afirmó el presidente, antes de presentar la vivienda como “la causa” de esta generación: “Cada generación tiene su causa. La nuestra será la de la vivienda y la vamos a ganar como se ganan siempre las luchas, con la fuerza de la gente y con una mayoría progresista”.

El líder socialista enlazó esa reivindicación con una defensa de las políticas de su Gobierno y dirigió su discurso a trabajadores, jóvenes y mujeres, además de reivindicar las políticas de empleo y el feminismo. También volvió a situar Gaza en su intervención para defender la posición del Ejecutivo ante el conflicto y reivindicar que España reconociera el Estado palestino. Sánchez contrapuso esa actuación a la de sus adversarios y aseguró que el Gobierno progresista fue “valiente” al decir no al 5% de gasto militar que, según su intervención, se le reclamaba y sí al reconocimiento de Palestina.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, había preparado el terreno reivindicando la movilización de la militancia. “Ponferrada nunca falla, El Bierzo nunca falla, León nunca falla”, proclamó, antes de pedir disculpas por el desbordamiento del aforo y comprometerse a duplicarlo en una próxima ocasión para que nadie se quede fuera. Martínez definió el encuentro como el primer gran acto del PSOE después de las elecciones autonómicas y agradeció el respaldo obtenido por los socialistas en la provincia. “En León el cambio es posible”, sostuvo.

En su intervención también hubo espacio para el feminismo y para recordar el caso de Nevenka Fernández, que Martínez situó como referente para avanzar hacia una sociedad “de iguales” y feminista. El dirigente socialista incorporó además al discurso el fallecimiento de Mari Carmen y habló de una mujer que, a su juicio, “ha prendido una llama que nos interpela a todos”.

Por su parte, Javier Alfonso Cendón, secretario provincial del PSOE de León, agradeció a Sánchez haber elegido Ponferrada para abrir la precampaña y reivindicó el apoyo histórico de la provincia a los gobiernos socialistas. “Esta es una tierra de luchadores, gente trabajadora”, afirmó antes de lanzar su pronóstico electoral: “El PSOE va a ganar las elecciones en El Bierzo, en León y en España”. También tuvo un recuerdo para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que envió “un abrazo desde su tierra”, antes de cerrar su intervención con un contundente “¡A ganar!”.

Nuria Rubio, vicesecretaria autonómica del PSOE, reivindicó por su parte sus orígenes vinculados a la cuenca minera de Laciana y utilizó esa procedencia para reforzar el discurso identitario de la jornada: “Quiero reivindicar quiénes somos y de dónde venimos. Yo, que soy de cuenca minera. ¡Somos obreros!”, proclamó ante los asistentes.

En el tramo final de su intervención, Sánchez volvió a apelar a “la fuerza de la gente que necesitamos para seguir avanzando” y planteó el próximo ciclo electoral como una disyuntiva entre el proyecto socialista y el de la derecha. “¿Queréis a Feijóo y Abascal o al PSOE?”, preguntó a los asistentes, que respondieron con aplausos y gritos a favor del presidente. El líder socialista defendió que su Gobierno ha logrado avances, aunque admitió que “queda mucho por hacer”.

Sánchez proyectó entonces su visión de España para 2030, con más vivienda protegida, un mayor desarrollo de las energías renovables y avances en la lucha contra el cambio climático. También situó entre sus objetivos la reducción del abandono escolar para ampliar las oportunidades de los jóvenes y cargó contra lo que definió como el “terraplanismo de la ultraderecha”.

“Yo pido una mayoría amplia y progresista para llegar más lejos y antes en la conquista de avances sociales”, reclamó antes de cerrar el acto con un “ánimo y a por ello”. Un final en alto ante un público entregado que no se movió de la silla hasta la una del mediodía.

El artista polifacético Joseb Gotzon abre este viernes, 9 de octubre, en la sala de exposiciones Ateneo Cultural de la Universidad de León (ULE) la gira programada para dar a conocer la historia de la selección de fútbol de Euzkadi, a punto de cumplirse 90 años de la creación de un combinado que compitió entre 1937 y 1939, en plena Guerra Civil. Lo hará con una cita en torno al documental Un equipo de hermanos, del periodista deportivo mexicano Enrique Ballesteros, y un concierto y coloquio posterior en una cita programada para las 18.30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

Gotzon aprovecha la coincidencia del partido entre la Cultural y Deportiva Leonesa y el Arenas Club de Getxo para para arrancar una gira que incluye exposiciones, conferencias y conciertos. Será la forma de conmemorar la creación del equipo Euzkaki, una iniciativa del lehendakari José Antonio Agirre a instancia del periodista deportivo bilbaíno Melchor Alegría.

Y es que esta selección vasca está intrínsicamente ligada al Arenas Club de Getxo, ya que siete de sus expedicionarios pertenecieron a este club histórico en la década de los veinte y los treinta hasta que fueron fichados por equipos como el Ferrol, Athletic Club de Bilbao o Real Madrid. El club arenero es un histórico desconocido, campeón de Copa en 1919 y finalista en 1917, 1925 y 1927. Fue fundador de la liga en 1929 hasta permanecer en Primera División siete temporadas, entre 1928 y 1935. Ocupa el puesto 45 en la clasificación histórica de la Primera División con 107 puntos. Aprovechando este vínculo y el partido Cultural-Arenas, Joseba Gotzon dará a conocer esta historia mediante diverso material expositivo y una conferencia completada con canciones monográficas.

El equipo Euzkadi comenzó su gira internacional el 26 de abril de 1937, en el Parque de los Príncipes de Paris, justamente el mismo día del bombardeo de Gernika. Su misión principal fue humanitaria. Con las recaudaciones que lograron en los campos de fútbol pudo mantener el hospital La Rosariae de Biarritz donde trasladaban a los mutilados de guerra. Por otra parte, Manu de la Sota asumió la misión propagandística para dar a conocer la situación que se vivía en el País Vasco. Muchos de los jugadores de aquella selección fueron internacionales con España en el Mundial de Italia de 1934 que estaba plagada de jugadores vascos. A pesar de ser favoritos se toparon con la Italia de Mussolini. La fama de la que precedían facilitó mucho la gira por Europa, siendo un reclamo para llenar los campos de fútbol y un reto deportivo para el gobierno soviético. Marcaron un antes y un después en el fútbol de la antigua URSS y fueron los verdaderos artífices de la profesionalización del fútbol mexicano. Jugaron en Francia, República Checa, Polonia, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Noruega y Dinamarca.

En Europa y en México fueron recibidos como estrellas mundiales, con las estaciones de tren abarrotadas de aficionados. La prensa escribía numerosas páginas antes de la llegada de los jugadores. Su presencia era un gran revulsivo. En toda la península se vivía una dramática situación tras el alzamiento militar. Eran momentos difíciles. Sin embargo, la expedición, lejos de sus familias decidieron mantenerse unida y cumplir con el compromiso encomendado por el Gobierno Vasco.

En México comienzan las primeras dificultades por la situación política que se vivía en el país. Todos los bandos políticos querían “controlar” al Euzkadi, pero los delegados optaron por situarse al margen de las disputas internas entre mexicanos, españoles y la delegación vasca. En México y Cuba ya no tenía sentido la propaganda y los expedicionarios se mantenían con las recaudaciones que generaban sus partidos. Buena parte de sus encuentros eran para causas benéficas por lo que la sociedad mexicana les tenía en consideración.

En febrero de 1938 se trasladaron a Argentina donde tenían firmados cinco contratos con los mejores clubes. Es allí donde la FIFA comienza a perseguirles amenazando a los clubes argentinos con sanciones. Varados durante tres meses y sin apenas dinero, aceptan entrar en el campeonato de la Liga Mayor D. F. de México bajo el nombre de Club Deportivo Euzkadi. Así esquivarían las prohibiciones de los estamentos internacionales. De ruta hacia Cuba, y gracias al presidente del Santiago Wanderers pudieron enfrentarse al club de Valparaíso. En La Habana permanecieron dos meses recuperándose tanto anímica como físicamente. En Buenos Aires habían abandonado el equipo el entrenador y dos jugadores.

En el campeonato de la Liga Mayor D. F. quedaron subcampeones con varias bajas por enfermedad y lesiones, debiendo reforzar el equipo con otros jugadores. Una vez disuelta la selección en agosto de 1939, la gran mayoría de los jugadores se exiliaron en México, salvo dos en Argentina y otro en Uruguay. 

Viernes 9 de octubre. 20.30 horas

Ateneo El Albéitar. Esquina entre calle Covadonga y calle Luis de Sosa

Entradas: libre hasta completar aforo

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) pide autorización a la Junta de Castilla y León para buscar víctimas de la represión franquista en el cementerio de Trabadelo, en El Bierzo. El expediente sale a información pública en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La solicitud, tramitada por la Dirección de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Junta, sitúa las actuaciones en el cementerio de la localidad berciana. El anuncio detalla las coordenadas concretas del lugar en el que se plantea intervenir.

La Junta abre ahora un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio, para que puedan formularse alegaciones. Durante este periodo, el expediente puede consultarse y las alegaciones presentarse ante la Dirección de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, en la calle Santiago Alba de Valladolid, en horario de 9.00 a 11.00 horas. La Junta facilita además el teléfono 983 411 100, extensión 800283, y el correo memoriahistorica@jcyl.es para este trámite.

El escritor leonés Julio Llamazares se ha alzado con el Premio Nacional de Narrativa 2026 que concede el Ministerio de Cultura, dotado con 30.000 euros, por su obra ‘El viaje de mi padre’, de la editorial Alfaguara.

Llamazares relata en esta nueva obra el viaje realizado por su padre, Nemesio Alonso, durante la Guerra Civil, contienda en la que estuvo presente en citas como la batalla de Teruel.

El jurado, reunido este viernes, ha destacado el “profundo calado memorialístico y humano” de un relato “donde los recuerdos, las heridas y tantas preguntas sin respuesta nos muestran cómo las huellas de la Guerra perviven en un territorio”.

Nacido en Vegamián (León), Julio Llamazares cuenta con una extensa y reconocida trayectoria literaria que abarca prácticamente todos los géneros, desde la poesía y la novela hasta la crónica, la literatura de viajes, el relato corto y el guion cinematográfico, convirtiéndose en una de las voces más destacadas de la literatura española contemporánea.

Su obra abarca muchos registros literarios, que van desde la poesía con obras como ‘La lentitud de los bueyes’ (1979) y ‘Memoria de la nieve’ (1982), recopilaciones de artículos como ‘En Babia’ (1991), ‘Nadie escucha’ (1995) y ‘Entre perro y lobo’ (2008), hasta la literatura de viajes como ‘El río del olvido’ (1990 y 2006), ‘Trás-os-Montes’ (1998), ‘Cuaderno del Duero’ (1999), ‘Las rosas de piedra’ (2008), ‘Atlas de la España imaginaria’ (2015), ‘El viaje de don Quijote’ (2016) y ‘Las rosas del sur’ (2018).

También ha escrito crónica como ‘El entierro de Genarín’ (1981 y 2015), relatos cortos como ‘En mitad de ninguna parte’ (1995 y 2014) y ‘Tanta pasión para nada’ (2011), y el dietario ‘Primavera extremeña’ (2020). Además, entre sus novelas están ‘Luna de lobos’ (1985), de la que también escribió el guion cinematográfico, ‘La lluvia amarilla’ (1988), ‘Escenas de cine mudo’ (1994 y 2006), ‘El cielo de Madrid’ (2005), ‘Las lágrimas de San Lorenzo’ (2013), ‘Distintas formas de mirar el agua’ (2015) y ‘Vagalume’ (2023).

La Junta de Castilla y León ha abierto este jueves el periodo de información pública de cuatro solicitudes para buscar víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista en distintos puntos de la comarca del Bierzo. Las cuatro peticiones corresponden a la misma asociación, Semillas de Memoria, y afectan a los municipios de Villafranca del Bierzo, Páramo del Sil, Cubillos del Sil y Trabadelo.

La primera de las solicitudes se sitúa en Valtuille de Abajo, en el término municipal de Villafranca del Bierzo, concretamente en el paraje de Prado Grande. El segundo expediente corresponde a Villamartín del Sil, en Páramo del Sil, donde la asociación plantea las actuaciones en el paraje de Sienra. El tercer punto se localiza en Fresnedo, en Cubillos del Sil, concretamente en Las Corradinas. La cuarta solicitud se refiere a San Fiz do Seo, en el municipio de Trabadelo, en el paraje conocido como Teso Mundín.

Los cuatro anuncios establecen un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a su publicación, para consultar los expedientes y presentar alegaciones. La documentación puede consultarse en la Dirección de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, en la calle Santiago Alba de Valladolid, de 9.00 a 11.00 horas durante el periodo de información pública. También se facilita el teléfono 983 411 100, extensión 800283, y el correo memoriahistorica@jcyl.es.

Una nueva línea de trabajo de Semillas de Memoria

Las cuatro solicitudes están promovidas por Semillas de Memoria, una asociación vinculada a la investigación y recuperación de la memoria de las víctimas de la represión franquista en el Bierzo. Su presidente es el investigador berciano Santiago Macías, conocido por su trabajo sobre la guerrilla antifranquista y por su participación durante años en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

Macías fue además uno de los fundadores de la ARMH y es autor de 'El monte o la muerte', dedicado a la figura del guerrillero berciano Manuel Girón, además de coautor de 'Las fosas de Franco'. En los últimos años ha continuado investigando la represión franquista en la comarca. Entre sus trabajos recientes figura la investigación sobre Julio Fernández y Leocadia Martín, conocidos como 'Los Garbanzos', una pareja ejecutada en 1936 cuya posible fosa fue investigada en Cubillos del Sil. Los trabajos arqueológicos permitieron localizar el perímetro del enterramiento, pero no los restos.

Las publicaciones del Bocyl no detallan quiénes serían las víctimas que se pretenden localizar ni qué tipo concreto de intervención se plantea en cada uno de los cuatro parajes. Lo que formalmente se somete ahora a información pública es la solicitud de autorización para realizar actuaciones de localización.

En la zona noble del Palacio de los Guzmanes en el centro de León, en el lujoso primer piso, iluminada por las viejas vidrieras y con vistas al patio, existe la llamada popularmente como Galería de los Presidentes, que retrata uno por uno a todos cuantos han gobernado en algún momento en la Diputación de León. Esta galería se amplía paso a paso siempre años después de que alguno de ellos haya abandonado ya el cargo.

La institución se hace cargo del coste de su encargo al pintor que el propio mandatario haya designado y busca un momento de protagonismo institucional para colgarlo con todos los honores y el reconocimiento a la labor realizada al frente de la Presidencia del Palacio. Con estas norma no escritas el proceso debería ser casi automático y muy sencillo. Pero hay condicionantes nunca antes vistos que en los últimos años han dado al traste con esta tradición y han causado más quebraderos de cabeza que reconocimientos.

El último se plantea tras conocerse, hace escasos días, la condena ya definitiva de quien fuera presidente de la Diputación fugaz durante apenas seis meses en el año más fatídico de la institución: 2014. Marcos Martínez Barazón (PP) ha sido finalmente condenado por corrupción, ratificado por el Tribunal Supremo. Y eso podría condicionar ahora la normalidad de colocar su cuadro en la Galería de los Presidentes, a escasos metros del despacho donde le detuvo, con gran escándalo nacional, un lunes 27 de octubre la UCO de la Guardia Civil por orden de la Audiencia Nacional.

El retrato de Martínez Barazón ya está realizado desde hace tiempo. Lo mismo confirman fuentes de la institución que ocurre con el de Juan Martínz Majo (PP), que gobernara entre los años 2015 y 2019. Pero la intención del actual equipo de Gobierno que preside el socialista Gerardo Álvarez Courel era esperar a que se culminaran otros dos que todavía quedan pendientes de realizarse para “realizar un único acto y colocar los cuatro a la vez”.

Esta era la intención oficial justo antes del último auto del Supremo contra Martínez Barazón, a pesar de que la Audiencia Nacional ya le hubiera condenado en 2023, junto al exdiputado y también alcalde del PP Pedro Vicente Sánchez y el exinterventor provincial, Jesús 'Suso' López. Por eso, ahora queda la duda de si se mantienen los planes y la decisión definitiva es que el cuadro de honor institucional a Marcos Martínez luzca igual que el resto de expresidentes en la famosa galería del Palacio.

En todo caso, no sería una decisión próxima en el tiempo, ni mucho menos. Muy difícilmente Courel y sus socios de Unión del Pueblo Leonés (UPL) tendrán que tomar el toro por los cuernos dentro de este mandado que expira el próximo año 2027, a tenor de que todavía quedan otros dos cuadros por realizarse. Y en parte debido también a aquel infausto año 2014.

El cuadro de Orejas, ya en marcha

El presidente que sucedió en otro breve período de tiempo al detenido y acusado Marcos Martínez Barazón, Emilio Orejas Orejas, que es hoy todavía hoy diputado provincial, ya tiene su retraso en marcha. Justo el pasado mes de julio de 2026 se culminó el proceso de adjudicación de estos trabajos artísticos para pintarle, que recayeron en una familiar suya, Carmina Orejas, por un precio final de 11.000 euros. Se trata de una pintora de amplia formación y recorrido.

Emilio Orejas también gobernó coyunturalmente apenas unos meses entre Martínez Majo y Martínez Barazón, ya que formó parte de aquella Corporación provincial que pocos meses antes se había visto sacudida por otro hecho sin precedentes históricos: el asesinato de Isabel Carrasco a manos de una afiliada del PP, Monserrat González, madre de una antigua funcionaria de la Diputación, Trina Martínez, ambas condenadas con los años.

El precedente de Carrasco

Curiosamente, el retrato de Carrasco fue uno de los más rápidos en instalarse en la galería, justo al cumplirse un año de su muerte violenta, aunque dentro de un gélido ambiente y justo durante el mandato de su 'delfín' Martínez Barazón, antes de su detención. Cabe recordar que la condena de éste se debió al modo de contratar con dinero público los recursos de un conseguidor para labores de blanqueamiento de sus imágenes políticas personales, un sistema que Martínez se limitó a continuar pero comenzó con Carrasco en 2012, casi dos años antes de su muerte.

También Carrasco estuvo detrás de otra anomalía que fue el retraso de 12 larguísimos años en el acto institucional para colocar en la galería el retrato de su antecesor, Javier García-Prieto. A pesar de ser de su mismo partido, el PP, él fue ninguneado primero por la presidenta, que mantuvo hacia él una nefasta relación.

El suyo sigue siendo hasta la fecha el último cuadro instalado en el Palacio de los Guzmanes, en abril de 2019, y desde entonces se han ido acumulando los casos no resueltos, que a fecha de hoy afectan a cuatro presidentes diferentes. Porque el último, el socialista Eduardo Morán, del mandato 2019-2023, está todavía por dibujarse, el proceso no se ha puesto ni siquiera en marcha.

Los presidentes franquistas que incumplen la Ley

Sin embargo, este 'baile' de cuadros pendientes no es la única polémica que afecta a la Galería de los Presidentes. Todavía permanecen en ella los presidentes que fueron designados por imposición y sin democracia durante la dictadura franquista. Entre ellos se encuentran, uno junto al otro, el del último presidente republicano, Ramiro Armesto, elegido en 1936 y asesinado por los golpistas ese mismo año, y el de Joaquín López Robles, colocado por el régimen para sucederle.

La relación de presidentes impuestos por el franquismo que todavía figuran en esta galería incluye a Joaquín López Robles, Enrique González Luaces, Ramón del Riego y Jove, Raimundo Rodríguez del Valle, Enrique Iglesias Gómez, Manuel Marqués Pérez, Juan José Fernández Urquiza, Ramón Cañas del Río, José Eguiagaray Pallarés, Antonio del Valle Menéndez y Emiliano Alonso Sánchez-Lombas. Todos ocuparon la Presidencia de la Diputación entre 1936 y 1979, durante la dictadura, y sus retratos continúan expuestos en la llamada 'planta noble' del Palacio de los Guzmanes, un espacio de acceso público incluido además en las visitas turísticas al edificio.

La polémica se mantiene pese a la entrada en vigor de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que establece la retirada de símbolos, elementos y menciones que supongan exaltación personal o colectiva del golpe de Estado, la Guerra Civil o la dictadura. El socialista Eduardo Morán, presidente de la Diputación entre 2019 y 2023, se comprometió públicamente a retirar los retratos franquistas antes de abandonar el cargo, pero finalmente no lo hizo, así como tampoco en el actual mandato su sucesor, Gerardo Álvarez Courel.

Dos pequeñas islas en la ría de Vigo fueron el destino de miles de presos de la dictadura franquista, decenas de ellos con origen leonés. Las islas de San Simón y Santo Antón, recientemente declaradas como Lugar de Memoria Democrática por el Gobierno de España, fueron uno de los más letales campos de concentración de la dictadura, en las que hay constancia de más de 500 (imposible aproximar la cifra real de asesinados) en los siete años que sirvieron como colonia penitenciaria. 

Allí acabaron decenas de leoneses originarios de todos los puntos de la provincia y, ya durante los últimos años de aquel penal, aquellos de edad más avanzada, como un vecino de Folgoso de la Ribera, quien llegó a este temible islote gallego con 73 años de edad. También el exalcalde de San Esteban de Valdueza, Nicasio Astorgano, que murió al poco de llegar, con 60 años.

La Isla de San Simón se encuentra en la provincia de Pontevedra, en el término municipal de Redondela. En realidad, se trata de un pequeño archipiélago formado por cuatro islas, siendo las dos mayores la de San Simón y, la otra, Santo Antón. Entre las dos el perímetro abarca unos 370 metros de ancho y otros 230 de largo. En este reducido espacio se llegaron a acumular 2.000 presos de la dictadura franquista a la vez. A pesar de ello, la isla cuenta con un amplio trazado histórico: albergó a templarios y a franciscanos e incluso fue víctima de los saqueos de piratas durante el siglo XVI. 

Más tarde, en el siglo XIX, fue convertida en lazareto (un hospital destinado a confinar a los enfermos infecciosos) para los marineros de los barcos procedentes de América. La isla tuvo esta función hasta 1927, después de albergar a más de 2.300 barcos de diversas nacionalidades. 

Fue durante la Guerra Civil cuando la isla se convirtió en campo de concentración, haciendo uso de las edificaciones que habían servido para acoger a los enfermos en la isla de San Simón, donde se ubicaban los principales edificios del penal. El cementerio se encontraba en la isla más pequeña, la de Santo Antón, junto con las habitaciones de la guarnición militar que controlaba el penal. Ambas se comunicaban por un puente de piedra que aún permanece, junto con otras infraestructuras. Más de 5.000 personas acabaron en esta colonia penitenciaria entre octubre de 1936 y el 15 de marzo de 1943, cuando se desmanteló. 

‘La isla de los muertos’ 

El escritor madrileño Diego San José, quien fue detenido por el régimen en 1939 y enviado a San Simón, describió el campo de concentración como “la isla de los muertos”, repleta de hombres que “como sombras arrastran la tragedia del hambre y el dolor que les asedia”. El autor fue uno de los prisioneros que más tiempo aguantaron en la isla, ya que solo salió de ella en 1943, una vez que se había desmantelado. San José se asentó en la localidad próxima de Redondela, donde permaneció hasta su muerte en 1962, a los 78 años.

El campo de concentración atravesó tres etapas desde su instauración en octubre de 1936. Los primeros años sirvió para recluir a los presos de la provincia de Pontevedra, cuyas cárceles ya se encontraban abarrotadas de prisioneros. En una publicación del Instituto de Estudios Vigueses dedicada a este campo de concentración, se cita que en un solo mes, llegaron más de 1.000 hombres. Una de las primeras víctimas del terror franquista en San Simón fue el escritor y periodista gallego Manuel Lustres Rivas, quien llegó a ser director de El Heraldo Gallego. Después de ser detenido, apareció muerto en una cuneta de Redondela en noviembre de 1936 junto con otros ‘paseados’. 

Después del verano de 1937 y hasta febrero de 1939 San Simón comenzó a recibir a los prisioneros del frente de Gijón, ya caído. La mayor parte de ellos procedían de Asturias o de las cuencas mineras de León. Fue tal la oleada de nuevos presos que tuvieron que habilitarse barracones portátiles e, incluso, haciendo llegar al vapor ‘Upo Mendi’ desde Bilbao para servir de prisión anexa flotante, en cuya bodega llegaron cientos de presos, principalmente de origen vasco. 

Fue a partir de febrero de 1939 cuando comenzó la fase más mortal de la prisión de San Simón, ya que se decidió que esta colonia sería el destino de miles de capturados a lo largo de toda España de mayor edad, casi todos por encima de los 60 años. Como es de imaginar, la mortalidad tras la llegada de numerosos prisioneros ancianos, elevó la mortalidad del campo de concentración de San Simón. 

Se contabilizan más de 500 muertes (la mayoría entre 1940 y 1941), además de las que se produjeron por ‘paseos’ y fusilamientos extrajudiciales, por lo que la cifra real de fallecidos es incalculable. La cifra es especialmente alta si se tienen en cuenta las de otros campos de concentración cercanos, como el de San Rosendo de Celanova en el que durante sus 7 años de funcionamiento (los mismos que el de San Simón), el Instituto de Estudios Vigueses contabiliza 84 muertes en una población reclusa que superaba las 1.000 personas (hay que tener en cuenta que en San Simón no llegaron a convivir a la vez más de 2.000 represaliados, por lo que la proporción es enorme). 

Según el Instituto de Estudios Vigueses, quienes salían con vida del campo de concentración de San Simón lo hacían bien porque ‘demostraban’ su ‘simpatía’ por el nuevo régimen (o aquellos cuya causa había sido finalmente sobreseída); porque se encontraban en libertad vigilada hacia sus lugares de origen o donde decidiera la autoridad competente (con la condición de presentarse regularmente ante el alcalde de sus pueblos o la Guardia Civil); o, en el caso de los más jóvenes, porque eran enviados a otros penales para continuar allí sus condenas (muchos eran trasladados a Navarra o a la prisión de Astorga) y así dejar sitio para los ancianos que comenzaban a llegar de forma masiva a la isla. 

Los leoneses que acabaron en San Simón: desde un alcalde a un anciano de 74 años

De entre los centenares de prisioneros originarios de la provincia de León que acabaron en el campo de concentración de San Simón destacan varios, entre ellos, el más anciano de todos los leoneses y también un alcalde de la Segunda República de San Esteban de Valdueza. 

El primero de ellos es Pedro Vega, un labrador de Folgoso de la Ribera al que hicieron prisionero con 73 años junto a dos de sus hermanos, mucho más jóvenes que él. Vega ingresó en prisión preventiva en abril de 1937, acusado de haber reclutado “gente para el Centro Comunista de Folgoso de la Ribera” junto a su hermano José Antonio Vega. 

En el expediente procesal de Pedro Vega, facilitado a ILEÓN por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), llama la atención la ambigüedad de las acusaciones. Desde “excitar a las turbas marxistas” o ser “propagandistas” del bando republicano. De hecho, el propio documento afirma: “Aun cuando los procesados no han causado daños en concreto al Movimiento Nacional, sí los han causado en abstracto”. 

La documentación facilitada por la ARMH también incluye documentación que refleja el proceso judicial, que da buena muestra de cómo tuvieron lugar semejantes juicios. Durante el interrogatorio que tuvo lugar en Ponferrada en noviembre de 1937. En este juicio, a Pedro Vega se le acusa de hacer “comentarios violentos” contra detenidos del bando golpista (que en la indagatoria se califican como “personas de orden”) que se encontraban en el Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera. También de encontrarse en un grupo de personas en el que, supuestamente, se “comentaba la forma de colocar dinamita en la carretera para volarla al paso del ejército”. 

“No es cierto”, señala el documento que respondió Pedro Vega, quien añade que si bien estuvo presente en el Ayuntamiento se fue de allí al ver a tanta gente, no sin antes encargar a varios grupos que “no cometieran desmanes porque todos eran hermanos”. 

Esta fue toda la indagación del juicio que condenó a Pedro Vega a 20 años de prisión que, con sus 73 años, era una sentencia de por vida. Sería puesto en libertad en 1957, con 93 años. El documento refleja que se invirtieron 10 minutos en esta diligencia. 

Se desconoce en qué prisión ingresó en primer lugar Pedro Vega, tampoco qué año llegó a la isla de San Simón, pero es de suponer que lo hizo en el año 1939, cuando la isla se convirtió en el campo de concentración de los prisioneros más ancianos. Tiene sentido, porque en el censo de presos de la Isla de San Simón, Vega aparece registrado con 74 años. 

La ARMH tiene constancia de un documento que refleja que a Vega se le concedió la “libertad condicional” en 1941, cuando ya tenía 77 años. De ser así, Pedro Vega habría cumplido tres años en la Isla de San Simón y cinco en total como prisionero. En el año 1944 las autoridades franquistas deciden conmutar su pena de cárcel, rebajándola de 20 a 8 años. Vega ya lleva seis años recluido, por lo que su libertad llegaría en 1946. 

Hay que tener en cuenta que Vega había recibido una “libertad condicional” estando ya en San Simón, por lo que es posible que pudiera regresar a Folgoso de la Ribera o quedarse en el entorno de la isla gallega. Además, San Simón fue desmantelada en 1943, por lo que no se puede descartar que este anciano sobreviviera a la ‘isla de los muertos’ después de, al menos, tres años en el campo de concentración situado en la isla gallega. 

Otra fue la suerte de Nicasio Astorgano Carrera, labrador y alcalde de San Esteban de Valdueza durante unos meses, coincidiendo con el golpe de Estado franquista. Astorgano fue acusado por varios vecinos de ser un líder de izquierdas en la comarca, de pedir el voto para la izquierda antes del golpe de estado y de hacer propaganda marxista y comunista. Además, algunos testigos aseguraban que había ocultado a un grupo de guerrilleros en su casa durante la guerra, mientras que otros lo desmentían. Otra de las acusaciones contra Astorgano fue la participación de una manifestación el 1 de mayo de 1936 en Ponferrada. 

Al parecer, Astorgano ya había sido encarcelado con anterioridad en Ponferrada, aunque la causa y su propio testimonio explican que fue liberado con una multa económica gracias a la intermediación de un amigo. 

La sentencia reconoce que la mayoría de los hechos de los que se le acusaba no podían constituir delito, ya que ocurrieron antes de la declaración de guerra. Sin embargo, considera que “tiene responsabilidad” por haber salido de prisión, mientras otros muchos habían muerto. 

Por todo ello, Astorgano fue condenado en 1938 también a 20 años de prisión por auxilio a la rebelión. Al igual que en el caso de Pedro Vega, la sentencia también reconoce que estos daños fueron “en abstracto” contra el movimiento franquista. 

Aquel mismo año en el que se conoce su condena, su esposa, un hijo de 14 años y otros vecinos de San Esteban de Valdueza, recorren la comarca pidiendo firmas para liberar a Nicasio Astorgano. Lograron 39 firmas, incluyendo la de varios párrocos de pueblos vecinos, hasta que los franquistas les interceptaron y denunciaron. Según la documentación remitida a ILEÓN por la ARMH, Ángel Astorgano (su hijo), no fue procesado ni condenado. 

Según el listado de presos de la colonia de San Simón, Astorgano llegó con 60 años a la misma, entre 1939 y 1940; dos años después de haber sido condenado. Más o menos el mismo año que Pedro Vega llegó al campo de concentración gallego. A pesar de los recursos que su familia presentó para tratar de liberarle, Astorgano falleció muy poco después de llegar a la isla, en octubre de 1941. 

La red de apoyo que tejieron las mujeres de Cesantes

Una de las características del sistema de campos de concentración franquistas era alejar a los presos de su red de apoyo: familias, amigos, conocidos... La isla de San Simón se antojaba remota para muchos leoneses de la época, y más aún para los más ancianos, muchos de los cuales ya se encontraban viudos, como el caso de Pedro Vega. De esta forma, los represaliados contaban con poca o ninguna ayuda y visitas.

Sin embargo, las mujeres de Cesantes, la localidad frente a la que se sitúa la isla, crearon una red de cooperación para lavar la ropa de los presos que provenían de otros puntos de España, llevarles comida, mantas, medicamentos o servir de enlace para sus familias.

A este grupo de mujeres, apodadas como lavanderas o madrinas de San Simón, también reconoce la declaración como Lugar de Memoria Democrática.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha pedido de manera formal al Ayuntamiento de Bembibre, en la comarca de El Bierzo, provincia de León, que dedique una calle a Agustín Alonso Jambrina, maestro republicano del pueblo de San Román de Bembibre que fue asesinado el 15 de septiembre de 1936, hace exactamente 90 años.

La organización ha formalizado esta petición mediante un escrito presentado en el registro municipal, con el que reclama un gesto de reconocimiento y reparación hacia quien desarrolló durante años una importante labor educativa en la localidad.

Agustín Alonso Jambrina, nacido en Moraleja del Vino (Zamora), tenía 38 años cuando fue tiroteado por orden de las nuevas autoridades franquistas y pistoleros de Falange el 15 de septiembre de 1936, fuera del contexto de la Guerra Civil que allí no se produjo por triunfar muy rápido el golpe de estado del llamado 'bando nacional'.

El maestro dejó viuda y tres hijos y su cuerpo fue localizado posteriormente en la cuneta del kilómetro 318 de la carretera Madrid-La Coruña, cerca de Astorga, junto al de otro vecino de Bembibre José Villar.

Ambos fueron enterrados en una esquina del cementerio de Castrillo de las Piedras, en la comarca de la Sequeda. De forma paradójica, los dos serían posteriormente juzgados en rebeldía en una causa judicial que terminaría con la ejecución de otros veinte encausados en las paredes del antiguo cementerio de Ponferrada, han informado este martes fuentes de la ARMH.

La asociación considera que el hecho de dedicar una calle permitiría reivindicar la trayectoria y el compromiso de Agustín Alonso con la enseñanza, una labor que ejerció desde los años veinte hasta el comienzo de la Guerra Civil y que, según la organización, dejó huella en varias generaciones de alumnos.

La entidad, según las mismas fuentes, defiende así el reconocimiento público de un maestro cuya generosidad y compromiso con el magisterio marcaron la vida educativa de Bembibre antes de su asesinato en septiembre de 1936. Ahora será el Ayuntamiento el que asuma, o rechace, la petición.

Aquí dejamos todo el documento de petición, con hasta el último detalle del legado educativo y de otros muchos ámbitos de Agustín Alonso Jambrina.

Pocos lo piensan, pero hay ciudadanos en León que cuando van al centro de salud, están haciendo un homenaje involuntario a cargos del franquismo. Una curiosa circunstancia que causa el incumplimiento de la legislación de Memoria Histórica y que se da en algunos centros de Salud en León y su Alfoz sin que nadie preste atención.

Está claro que estando enfermo no es el momento de preocuparse por cosas del pasado, pero las autoridades encargadas de la gestión sanitaria leonesa –la Junta de Castilla y León con el Sacyl– sí deberían de ser las que fueran conscientes de esta circunstancia que conculca la Ley de Memoria Democrática.

En concreto, los principales homenajes de los que nunca se dan cuenta los pacientes se producen en dos ambulatorios de la capital leonesa. El primero, el centro de Salud de José Aguado –en la misma avenida de ese nombre, que correspondería eliminar al Ayuntamiento de León para cumplir la normativa que obliga a retirar los nombres de calles y símbolos franquistas para eliminar cualquier exaltación pública de la dictadura, evitar la ofensa a las víctimas del régimen, cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y consolidar los valores constitucionales y de convivencia democrática en el espacio público–, que está dedicado a de José Aguado.

José Aguado

José Aguado Smolinski fue alcalde de León de 1944 a 1946, procurador franquista y también el ingeniero de montes que planificó y ejecutó en 1939 la carretera de La Cabrera para la que se usaron batallones de prisioneros de la Guerra Civil procedentes de la caída del Frente Norte en 1937, en una ciudad en la que los campos de concentración albergaban más de una tercera parte de sus habitantes.

En concreto, por casualidad, uno de los dos ambulatorios denominados José Aguado sí dejó de llamarse así al trasladarse al nuevo centro de salud construido en El Ejido e inaugurado en 2023. Pero sin embargo, el que quedó continúa con este nombre sin que nadie se percate de la filiación directa con la dictadura del antiguo regidor de la capital, que llegó a ser procurador de las Cortes franquistas.

Carlos Pinilla

El otro centro de Salud es el de Pinilla. Y este con mucha sorna, ya que la Junta de Castilla y León tuvo la oportunidad de quitar el nombre de este más que polémico personaje. Carlos Pinilla Turiño fue gobernador civil franquista en León desde 1940. Buen amigo de Ramón Serrano Suñer –ministro de la Gobernación y cuñado del dictador– fue nombrado gobernador civil de León en abril de 1940, a donde llegó acompañado por una cohorte de falangistas zamoranos que actuaron como su guardia personal. Tras su llegada situó a su secretario personal como director del diario falangista Proa. Durante su etapa como gobernador se recrudecieron en la provincia las depuraciones profesionales de funcionarios y cargos públicos. Durante la Segunda Guerra Mundial se enroló en la División Azul, llegando posteriormente a presidir la Junta Nacional de Hermandades de exmiembros de la División Azul, ser subsecretario de Trabajo, procurador en las Cortes franquistas, delegado nacional de CAMPSA, e Inspector nacional de la Vieja Guardia de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Uno de los franquistas más duros que participó en la sublevación contra la república.

Tras varios años en remodelación, el centro de Salud de la parte de San Andrés del Rabanedo en Trobajo del Camino pegada a León capital (los dos municipios comparten este barrio llamado así porque el mandatario franquista expropió las tierras de forma brutal a una anciana para construir casas para los obreros sin casi indemnizarla) se iba a volver a abrir sin su nombre. Pero la petición de la Asociación de Vecinos del Barrio de Pinilla logró que se volviera a introducir el nombre ilegal en su denominación en su reapertura hace poco más de un año, el 31 de julio de 2025.

Preguntada la Junta al respecto de por qué se permitía que continuara el ambulatorio que sirve tanto a San Andrés del Rabanedo como Valverde de La Virgen (municipio de La Virgen del Camino) y a la parte norte del Alfoz de León, se limitó a decir que fue “por petición popular” y que ante esa circunstancia “poco se podía hacer”. El caso es que ya en su momento se solicitó tanto a la Junta como los dos ayuntamientos que se eliminara su nombre de cualquier denominación tanto del barrio, calles, plazas o centros públicos por incumplir descaradamente la Ley de Memoria Democrática de 2022. En este caso es aún más evidente que fue un altísimo cargo falangista en la dictadura.

¿Y el Hermanos Larrucea?

El tercer centro de Salud que ha creado alguna polémica fue el de La Condesa en León. Su nombre oficial es Centro de Salud Hermanos Larrucea y en su momento se pidió que se retirara esta denominación que, ciertamente, fue nombrado así durante en franquismo en honor a dos hermanos que fueron asesinados por milicianos republicanos. Javier y Carlos de Larrucea eran un teniente de artillería y un estudiante de derecho que, junto con su padre, fueron asesinados por milicianos, en agosto de 1936, mientras se encontraban detenidos a bordo de un barco fondeado en la ría de Bilbao. Aunque no pudieron ser cargos franquistas (y eso es en lo que se centra la Ley de Memoria Democrática, en retirar los nombres que reconocen oficialmente a aquellos mandatarios de la dictadura) eran hermanos y padre de Josefa de Larrucea, la esposa del vallisoletano José Antonio Girón de Velasco, el ministro de Trabajo más longevo de Franco de 1941 a 1957. Casualmente, cuando en 1945 la Falange perdió fuerza política en el Gobierno, Girón recibió el más fuerte apoyo de, precisamente, Carlos Pinilla, para poder continuar como ministro.

En el resto de los 39 centros de salud de la provincia (28 en el área de Salud de León y 10 en la de El Bierzo) no se produce esta situación, ya que ninguno está dedicado a una figura cercana al franquismo.

La Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras Castilla y León y CCOO León organizan este miércoles, 9 de de septiembre, un acto que servirá para conmemorar el 50.º aniversario de la que se considera como asamblea general fundacional del sindicato, celebrada todavía en la ilegalidad. Lo hará en la sede de la Fundación Sierra Pambley (calle Dámaso Merino de la capital leonesa) a las 19.00 horas con la proyección de un documental y un coloquio posterior, actos abiertos al público.

Fue en julio de 1976, menos de un año después de la muerte del dictador Francisco Franco, cuando se celebró en la ciudad condal la cita que supuso un punto de inflexión en la trayectoria del movimiento surgido en defensa de los trabajadores al comenzar su transformación en un sindicato del cariz de los actuales.

El acto conmemorativo comenzará con la proyección del documental Valor decisivo. 50 años de la Asamblea General de Barcelona (1976-2026), seguido de un coloquio en el que intervendrán el director de la cinta, Miguel Ángel Sánchez, el primer secretario general de CCOO en Castilla y León, Javier Fernández, la primera secretaria de Mujer confederal de CCOO, Begoña Sanjosé, y el adjunto a la Secretaría General, Bruno Estrada, que ejercerá como moderador.

En el acto también se pondrá de manifiesto “la importancia de lo aportado al sindicalismo desde la provincia de León”, uno de los puntos de origen del movimiento de las Comisiones Obreras durante las huelgas mineras de los años sesenta.

La reciente incorporación de los monumentos a los Caídos de Prioro y Castrocontrigo al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática ha reabierto el debate sobre la presencia de vestigios franquistas en la provincia de León. Izquierda Unida (IU) ha valorado positivamente la decisión del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, pero reclama que la catalogación vaya acompañada ahora de “actuaciones concretas” para cumplir con las obligaciones establecidas en la legislación vigente.

El Ministerio acordó la pasada semana la retirada de siete nuevos vestigios franquistas en España, dos de ellos situados en los municipios leoneses de Prioro, en la Montaña Oriental, y Castrocontrigo, en el suroeste de la provincia. Los dos monumentos forman parte de una nueva relación de elementos que el Gobierno considera expresiones de exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista. Entre los otros casos incluidos figuran elementos situados en Labajos, en Segovia, así como en Murcia, Gijón y Santoña, en Cantabria.

La inclusión del monumento de Castrocontrigo en este catálogo se produce además después de que Vox intentara proteger este tipo de símbolos mediante su declaración como Bien de Interés Cultural. La iniciativa se planteó cuando el partido formaba parte del Gobierno autonómico junto al PP y dirigía la Consejería de Cultura, defendiendo la posibilidad de catalogar determinados monumentos vinculados al franquismo como patrimonio de interés cultural.

Ante esta situación, Izquierda Unida de León considera que la incorporación de los monumentos de Prioro y Castrocontrigo al catálogo supone “un avance” para identificar los elementos que mantienen una vinculación con la exaltación de la dictadura, aunque advierte de que este paso no puede quedarse únicamente en la elaboración de registros.

“Catalogar estos monumentos es importante, pero ahora hay que actuar. No se trata de borrar la historia, sino de evitar que el espacio público siga funcionando como lugar de homenaje a una dictadura y garantizar el reconocimiento de sus víctimas”, ha señalado Sergio Carro, coordinador provincial de Izquierda Unida de León.

La formación recuerda que hace diez meses presentó una batería de preguntas para conocer el grado de cumplimiento de la normativa de Memoria Democrática en la provincia de León y las actuaciones previstas sobre distintos elementos vinculados al franquismo. Sin embargo, asegura que todavía no ha recibido respuesta por parte de las instituciones competentes.

“Diez meses después seguimos sin recibir respuesta. Estamos hablando de información que las instituciones deben facilitar y de una cuestión que afecta directamente al cumplimiento de la legislación vigente”, ha denunciado Carro.

IU León reclama así que la incorporación de los dos monumentos al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática sea el inicio de actuaciones efectivas y no el final del proceso. La organización defiende una política de memoria democrática que vaya más allá de la retirada de simbología y permita también identificar y divulgar los lugares relacionados con la represión franquista, reconocer a las víctimas y contextualizar aquellos elementos que puedan tener un valor histórico.

“Esperamos que la inclusión de estos dos monumentos en el catálogo sirva para pasar de la identificación a los hechos. La Memoria Democrática no puede depender de la voluntad de cada administración ni quedarse en los papeles”, concluye el coordinador provincial de Izquierda Unida de León.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha acordado la retirada de siete nuevos vestigios franquistas, dos de ellos situados en los municipios leoneses de Prioro, en la Montaña Oriental leonesa, y Castrocontrigo, en el suroeste de la provincia. Serán dos de l anueva partida de siete, entre los que también se encuentran en Labajos (Segovia), así como resto en Murcia, Gijón y Santoña (Cantabria).

Considera que todos ellos son casos que constituyen expresiones de exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista, a pesar de que en algunos casos, como el de Castrocontrigo, el partido político Vox quiso protegerlos a través del subterfugio de declararlo Bien de Interés Cultural (BIC) catalogado, aprovechando que cogobernaba con el PP en Castilla y León y ocupaba la Consejería de Cultura.

El Ministerio en un comunicado explica que ahora serán incorporados al catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática. Y eso significa que ofrece un plazo de seis meses a sus titulares para que lo retiren por su cuenta, antes de que se tenga de actuar por parte del propio Ministerio

Las resoluciones afectan al escudo franquista situado en la antigua Biblioteca Infantil de Abarán (Murcia); al Monumento a los Caídos, en Prioro, idéntico símbolo que todavía perdura también en Castrocontrigo; al escudo e inscripción de procedencia franquista, en el Monumento de la Inmaculada Concepción (Murcia); al Monumento a los Héroes del Simancas (Gijón); al Monumento a Carrero Blanco, en Santoña (Cantabria); y del Monumento a Onésimo Redondo, en Labajos (Segovia).

Castrocontrigo

Monumento a los Caídos en Castrocontrigo se considera que “exalta el golpe de Estado de 1936 y, por extensión, a la dictadura franquista”. Presenta una narrativa que honra exclusivamente a los combatientes y simpatizantes del bando sublevado, sin reflejar el contexto real de violencia y represión sistemática que se desarrolló en la retaguardia franquista.

En uno de los lados de la pilastra presenta tres símbolos colocados uno debajo del otro, decorando toda la superficie, que son el relieve de un ánfora embutida en un marco, seguida del escudo anticonstitucional y la inscripción: “Es glorioso morir por la patria”. En el otro lado, destaca una gran cruz latina, facetada en punta de diamante y, debajo, la inscripción “Castrocontrigo a sus caídos por Dios y por España 1936-1939”. En el tercer lado de la pilastra, otra vez se repite el relieve del ánfora, un escudo con un águila que sujeta una cartela, en cuyo campo aparece una cruz latina situada sobre un monte (Monte de los Olivos), finalizando con el yugo y las flechas en la parte más baja. El cuarto lado, otra vez está decorado con una austera y gran cruz facetada en relieve y, debajo, la inscripción con el nombre de “José Antonio Primo de Rivera” y el de cuatro vecinos muertos del bando nacional. Debajo, la inscripción con el lema “Presentes”.

Prioro

En el caso de Prioro, también es una plataforma cuadrangular escalonada con cuatro escaleras, flanqueada en sus esquinas por pilastras rematadas con bolas decorativas. Sobre ella se alza una pirámide truncada rematada por una cruz. En el travesaño de esta, figura una inscripción con la cronología “1936-1939” y el lema franquista “¡Presentes!”. Bajo ella aparecen dos flechas cruzadas y, en la base que sostiene la cruz, las inscripciones con los nombres de los caídos del bando sublevado.

“Fue concebido expresamente para homenajear a los fallecidos del bando sublevado tras la victoria militar de 1939. Conserva elementos simbólicos y monumentales asociados a la exaltación del régimen y de la victoria franquista”, resume el Ministerio, que ve que “no concurren razones artísticas ni arquitectónicas que justifiquen su mantenimiento y, por tanto, el Ayuntamiento de Prioro tendrá seis meses para su retirada”.

Estas resoluciones ya han sido notificadas, por lo que los titulares tienen un plazo de seis meses para su retirada voluntaria, sin la posibilidad de volver a exponerlos de forma pública, y en caso de incumplimiento, podrá iniciarse el procedimiento previsto en el artículo 37 de la Ley de Memoria Democrática.

Con estas actuaciones, ya son 13 los vestigios incorporados al Catálogo, detallan las misas fuentes, que añaden que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática continúa desarrollando las previsiones de la Ley de Memoria Democrática para garantizar que el espacio público sea coherente con los valores constitucionales y los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha pedido que el proyecto de Estatuto de Autonomía de la Región Leonesa y Asturias elaborado durante la Guerra Civil sea trasladado desde el Archivo General Militar de Ávila al Archivo General de la Guerra Civil Española, ubicado en Salamanca. La formación leonesista plantea esta alternativa después de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, reclamase que el documento, descubierto recientemente por el historiador asturiano Pablo Martínez Corral, fuese trasladado a Asturias.

UPL ha registrado para ello una Proposición No de Ley en las Cortes de Castilla y León con la que insta al Gobierno de España a llevar el documento a Salamanca. Los leonesistas justifican su petición en que “es un documento de tipo civil y fue elaborado durante la Guerra Civil española”, por lo que consideran que “tiene más sentido que se custodie en el Archivo General de la Guerra Civil Española en Salamanca, en vez de en un archivo militar en Ávila”. Añaden además que Salamanca era una de las cuatro provincias incluidas en aquel proyecto autonómico, junto a Zamora, León y Oviedo, la actual Asturias.

La formación considera que el proyecto constituye “un documento histórico relevante tanto para la Región Leonesa como para Asturias” y sostiene que su contenido “pone en evidencia una vez más la existencia de la regionalidad leonesa integrada por Salamanca, Zamora y León, que hoy algunos sectores pretenden diluir bajo un mantra castellanista intentando absorber nuestra personalidad histórica como región”. UPL reivindica igualmente que “en León, Zamora y Salamanca ni somos castellanos, ni somos asturianos, somos leoneses”, al tiempo que defiende la colaboración con Asturias, Castilla, Galicia, Extremadura y Portugal.

El documento fue localizado hace unas semanas entre los fondos del Archivo General Militar de Ávila y habría sido elaborado entre 1936 y 1937. Consta de 18 artículos y varias disposiciones transitorias y planteaba la creación de un territorio autónomo formado por Asturias, León, Zamora y Salamanca, gobernado por el Consejo Regional de Asturias y León. El proyecto contemplaba unas Cortes propias, capacidad legislativa y competencias en ámbitos como sanidad, obras públicas, enseñanza, seguros sociales o minería, además de una hacienda regional nutrida principalmente mediante impuestos cedidos por el Estado. También preveía la figura de un presidente encargado de representar al territorio ante las instituciones de la República.

El proyecto, que nunca llegó a aprobarse tras la derrota republicana en la Ofensiva del Norte de octubre de 1937, habría sido elaborado presumiblemente por las autoridades del Consejo de Asturias y León y planteaba una organización autonómica permanente para el escenario posterior a una eventual victoria republicana, no únicamente para gestionar el territorio controlado durante la contienda. Frente a la petición asturiana de trasladarlo al Principado, UPL defiende así Salamanca como destino por albergar el Archivo General de la Guerra Civil y por formar parte también del territorio incluido en aquel proyecto estatutario.

El Ayuntamiento de Páramo del Sil y familiares promoverán la colocación en las próximas semanas de una placa conmemorativa en el cementerio de Villamartín del Sil en recuerdo de 19 personas vinculadas a esta localidad berciana que fueron víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista. Solo ocho de ellas aparecen inscritas en los registros civiles correspondientes, mientras que la identidad de las otras once ha podido recuperarse después de tres décadas de investigación.

La placa se instalará precisamente en el cementerio de la localidad, el lugar al que nunca pudieron ser trasladados sus restos, según explican los impulsores de la iniciativa. El homenaje cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Páramo del Sil, presidido por Alicia García Tejón, cuando se cumplen 90 años de la sublevación militar de 1936.

La relación de fallecidos refleja además el peso que tuvo la represión lejos del frente de batalla. De las 19 víctimas, solo una murió en el frente. Otras dos fueron fusiladas después de ser juzgadas y condenadas a muerte por tribunales franquistas, mientras que las 16 restantes —15 hombres y una mujer— fueron ejecutadas extrajudicialmente, los conocidos como ‘paseados’.

El listado ha sido facilitado al Ayuntamiento de Páramo del Sil y al colectivo de familiares por el investigador berciano Santiago Macías y es fruto de un trabajo desarrollado durante aproximadamente tres décadas en archivos y, especialmente, mediante numerosas entrevistas a personas que conservaron la memoria de aquellos hechos.

Ese trabajo ha resultado fundamental para completar la identidad de las víctimas. Solo ocho de las 19 figuran inscritas en los correspondientes registros civiles, por lo que los nombres de las otras once han podido reconstruirse gracias a un amplio proceso de recuperación de memoria oral y a los testimonios transmitidos a lo largo de los años.

La investigación guarda relación con otros trabajos desarrollados por Macías en El Bierzo, entre ellos el que permitió poner nombre y apellidos a 35 víctimas de la represión franquista que figuran en el memorial de la curva de Magaz de Abajo. La relación fue facilitada por el investigador al Ayuntamiento de Camponaraya en 2021.

Entre las víctimas vinculadas a Villamartín del Sil figuran tanto personas nacidas en la localidad como otras llegadas desde Palencia, Valladolid o Córdoba al calor del auge de la minería del carbón en la cuenca del Sil.

Cuando se cumplen 90 años de la sublevación militar de 1936, las familias quieren que la recuperación de esos nombres tenga también un espacio físico en el pueblo. La futura placa convertirá el cementerio de Villamartín del Sil en un lugar de recuerdo para 19 personas cuya historia ha podido ser reconstruida, en buena medida, gracias a quienes conservaron y transmitieron su memoria de generación en generación.

La pequeña localidad berciana de Fuente de Oliva, perteneciente al municipio de Balboa, acoge este domingo 30 de agosto una charla coloquio dedicada a la resistencia y la represión en los montes de Balboa y Cervantes durante la guerra civil y la posguerra. La cita comenzará a las 19.00 horas en la plaza del pueblo y está organizada por la Asociación Cultural Fontedevida.

En el encuentro participarán Santiago Macías y Posín de Noudelo, autores de dos trabajos que recuperan diferentes episodios de la memoria histórica de este territorio entre El Bierzo y los denominados Ancares lucenses. Macías, escritor e investigador nacido en Ponferrada y uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, es autor de 'El monte o la muerte. Manuel Girón y la primera guerrilla antifranquista de la posguerra'. La obra reconstruye la trayectoria de Manuel Girón y la historia de la Federación de Guerrillas de León-Galicia, una de las principales organizaciones de la resistencia armada antifranquista en el noroeste peninsular.

Junto a él intervendrá Posín de Noudelo, seudónimo del autor de 'Causas. La Sociedad Revolucionaria de la Parroquia de Donís. Vol. 1', un trabajo estrechamente ligado precisamente al municipio lucense de Cervantes. El libro parte de una investigación sobre su bisabuelo, Hilario González Quiroga, y de la documentación de la causa seguida contra él. Según explicó el propio autor con motivo de la publicación de la obra, González Quiroga estuvo vinculado a una sociedad revolucionaria creada en Donís en 1935 y fue asesinado por el régimen franquista en 1943.

La charla permitirá así acercarse desde dos investigaciones diferentes a lo sucedido durante aquellos años en una zona montañosa a ambos lados de la actual frontera entre la provincia de León y Lugo. El encuentro será este domingo 30 de agosto, a las 19.00 horas, en la plaza de Fuente de Oliva.

Poco menos de una anécdota para historiadores es a lo que relega el Gobierno de la actual Comunidad de Castilla y León, formado por Partido Popular (PP) y Vox, el hallazgo del proyecto de autonomía de Asturias con la Región Leonesa (las provincias de León, Zamora y Salamanca) redactado durante la Guerra Civil por el Consejo Soberano republicano.

De hecho, el Ejecutivo autonómico incluso se muestra reticente a la reciente petición anunciada por el presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), de reclamar la devolución y custodia en Asturias de este documento histórico recién descubierto en el Archivo General Militar de Ávila por el historiador Pablo Martínez Corral. En este sentido, el portavoz del Gobierno de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha abogado hoy por mantener “la unidad del archivo y la unidad de los archivos”. Una postura, dijo, que es la que con carácter general siempre ha mantenido el Ejecutivo, en referencia al Archivo General de la Guerra Civil Española que se conserva en Salamanca, y del que han salido documentos para Cataluña generando hace años una considerable polémica territorial. En aquel entonces, Vox exigía que se devolvieran por haberse entregado “de forma irregular”.

Hace apenas diez días, el mandatario del Gobierno asturiano, actualmente formado por PSOE e Izquierda Unida, anunciaba el interés del Principado por conservar las actas y documentos vinculados con el proyecto de estatuto que fueron incautados al Consejo Regional de Asturias, solicitando por vía formal su devolución para que quede en custodia en el Archivo Histórico de Asturias, con el fin de que puedan estar a disposición de especialistas e historiadores. Así lo anunció tras reunirse con el historiador y profesor de Secundaria Pablo Martínez Corral, artífice de su localización, y tras calificar el documento, hasta ahora inédito, como “excepcional”.

No comparte esa visión el Gobierno de derechas de la actual autonomía de Castilla y León, que insiste en el argumento de que facilitar la labor a los historiadores pasa por no desmembrar el archivo abulense. “Si nosotros queremos facilitar a los investigadores su trabajo, la protección de estos documentos lógicamente es que estos documentos estén unificados en un único ámbito, como ha ocurrido hasta ahora”, resaltó Fernández Carriedo. El portavoz insistió en que “Castilla y León afortunadamente tiene un buen número de patrimonio documental, del siglo pasado y vinculado al periodo de la Guerra Civil, así como de otras épocas históricas muy relevantes de España”, y recordó que siempre han defendido que “la protección con carácter general la unidad” de los archivos, algo que ve “básico para la investigación y para que los científicos pudieran desarrollar sus tareas”.

A la hora de valorar el posible trasfondo político o ideológico del reparto autonómico de España, tras conocerse el intento inicial de crear en plena Guerra Civil una autonomía de cuatro provincias, uniendo la de Asturias con las de León, Zamora y Salamanca, o lo que es lo mismo, uniendo los dos viejos reinos de Asturias y León, Carriedo se enrocó en defender el éxito que a juicio de la Junta ha tenido la configuración actual de León con Castilla. Justo lo contrario de lo que valoró Unión del Pueblo Leonés (UPL), que aplaudió el descubrimiento del borrador del estatuto asturleonés bajo el prisma de que otra configuración territorial era posible.

“Creo sinceramente que nos podemos sentir muy orgullosos del recorrido que ha hecho Castilla y León en este período democrático desde el año 1978 en el estado social y democrático de derecho, en la monarquía parlamentaria y en este estado de las autonomías, mejorando las circunstancias y condiciones de vida del conjunto de los ciudadanos de nuestra Comunidad autónoma”, aseguró Carriedo.

Y aseveró que no hay margen para elucubraciones: “En las Administraciones públicas nos regimos siempre por la legislación vigente, y en este caso la Constitución Española, el Estatuto Autonomía de Castilla y León y todo el régimen jurídico que viene desarrollando nuestra Democracia”, un marco que es de aplicación“ incluso ”sin perjuicio de que lógicamente los historiadores y los investigadores tengan la posibilidad de realizar sus estudios y sus trabajos“.

Fue juzgado y condenado a 10 años de prisión por participar en la Revolución de Octubre de 1934. Liberado en marzo de 1936, defendió a la República como miliciano antifascista en Asturias hasta la caída del Frente Norte. Cuando regresó a la casa familiar en Villalibre de la Jurisdicción (Priaranza del Bierzo), la represión franquista era tan extrema que vivió durante años como un topo, escondido de los sublevados. Hasta que Claudio Macías acabó contrayendo una enfermedad pulmonar, decidió su propio destino y pidió ser enterrado en el propio domicilio para no comprometer a sus hermanas. 77 años después de aquel entierro discreto en la bodega, sus restos fueron ahora inhumados de nuevo, esta vez en Columbrianos (Ponferrada), tras la exhumación acometida por la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica).

Macías fue detenido el 28 de noviembre de 1934 y juzgado por los sucesos revolucionarios desatados en octubre de ese mismo año. Condenado a 10 años de prisión, en marzo de 1936 se benefició de la aplicación de la amnistía por parte del Gobierno del Frente Popular. Tras triunfar el golpe militar de julio en Ponferrada, marchó como voluntario a defender la República como miliciano antifascista, integrante del regimiento Máximo Gorki.

Caído el Frente Norte, regresó a Villalibre de la Jurisdicción dispuesto a esconderse tanto en el monte como en el domicilio familiar, donde vivió durante años como un topo hasta que enfermó. Para que sus hermanas no corrieran riesgos por sus vínculos políticos, Macías pidió que su cuerpo fuera enterrado en la bodega de casa, en el interior de una urna de madera.

Ahora, 77 años después, su familia ha decidido darle sepultura en Columbrianos tras la exhumación de los restos acometida por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que hasta la fecha los había custodiado en su laboratorio. Y ya reposan en un panteón junto a los de su hermana, que en una carta escrita al doctor Emilio Barcia hablaba de que Claudio había desparecido en Asturias para mantener la coartada de que nunca había regresado, según un documento reproducido y facilitado a la ARMH por parte de la Asociación La Peñina de Fabero.

La ARMH ha entregado a la familia una copia de la carta remitida al doctor Barcia, médico ya fallecido que durante años recabó testimonios relacionados con lo acontecido en El Bierzo durante la posguerra, así como otra reproducción de los informes arqueológico y forense de los restos de Claudio Macías.

Siempre se dijo tras la aprobación de la Constitución de 1978 que una de las autonomías que podrían haberse constituido, en vez de la actual de Castilla y León, podría haber sido la de Asturias y León. Una opción que no tuvo mucho apoyo en la provincia leonesa (pese a lo que se cree), pero que la leyenda afirma que nunca llegó a ser por haberse convertido en una comunidad siempre de izquierdas al tener tanto minero.

No es que fuera así la cosa –así como que tampoco es que hubiera sido tan beneficiosa para León, al concentrar Asturias todo el impulso político y económico–, pero en lo que es el ideario que ensalza hasta la Revolución de 1934 (que se produjo durante diez días también en León, pese a que sólo la parte asturiana se lleva la gloria), siempre quedó en el recuerdo pese a que se olvide muchsa veces que recordar positiva y románticamente un momento como aquel –con muchos muertos y destrucción–, sea un presentismo inadecuado para el estudio histórico.

La última vez que León fue soberana por sí misma lo fue en 1937 gracias al Gobiernín, aquel momento en que el Consejo Soberano de Asturias y León se creó en agosto de aquel año justo antes de caer el Frente Norte en manos del Ejército sublevado comandado por Francisco Franco. Y, de aquellas, el relato de una unión política y administrativa entre Asturias y León siempre fue algo que llamó mucho la atención.

Pues bien, resulta que pese a que nunca se creyera posible que se intentara desarrollar una autonomía así, sí que fue verdad. Al menos se intentó. Algún legislador intentó definir una autonomía asturleonesa durante los estertores de la Segunda República... compuesta –más que sorprendentemente hoy en día– por cuatro provincias. Sí, incluía Asturias, León, Zamora y Salamanca en un proyecto de Consejo Regional de Asturias y León que se acaba de localizar en el Archivo General Militar de Ávila.

El hallazgo, del que se ha hecho eco La Nueva España, se produjo en una de las cajas de legajos del archivo abulense, cuando el historiador Pablo Martínez Corral, miembro del colectivo de investigación La Trókola –un colectivo e iniciativa de memoria histórica de Avilés (Asturias) enfocado en recuperar, investigar y difundir el pasado de la clase obrera, la represión franquista, la Guerra Civil y la Revolución de Octubre de 1934–, se quedó maravillado al encontrar un documento escrito a máquina titulado nada menos que 'Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León', según cuenta el periódico asturiano.

18 artículos para una primera autonomía asturleonesa “en castellano”

El documento, compuesto por 18 artículos y varias disposiciones transitorias –y que el propio Pablo Martínez Corral ha compartido íntegro en la web Asturias1936.es–, constituye el primer proyecto conocido de un estatuto de autonomía conjunta para Asturias y la Región Leonesa. El texto ha permanecido inédito entre la documentación del Consejo Regional y su articulado plantea una organización política de gran alcance y con un claro espíritu revolucionario socialista que nunca llegó a entrar en vigor.

Un detalle que choca bastante es la contundencia del artículo 2 en indicar que el idioma oficial del Consejo Regional de Asturias y León era “el castellano”. Sin embargo esto es debido a que es bastante desconocida la imposición del castellano como lengua oficial y el ataque denodado al asturleonés desde tiempos, precisamente, de la Segunda República, que en su política educativa fue frontalmente contra la lengua histórica de la zona considerándola poco menos que “español mal hablado”, produciéndose debido a la fuerte escolarización los primeros controles abusivos en las clases, con castigos corporales a los niños, dedicados a erradicarla de raíz. Política que continuó sin denuedo la dictadura tras la guerra.

La importancia del descubrimiento radica en que demuestra que el autogobierno impulsado desde Asturias durante la contienda no fue únicamente una respuesta improvisada a las circunstancias militares. El proyecto revela que algunos sectores vinculados al Consejo pretendían transformar la administración excepcional nacida de la guerra en una estructura política permanente integrada dentro de la Segunda República. Eso sí, como subrayan los investigadores hay que tener en cuenta de que al carecer de fecha, firma o constancia documental de su aprobación, debe hablarse con rigor de un proyecto de Estatuto y no de un estatuto vigente. Es decir, un documento muy interesante pero sin validez como el proyecto de la Constitución de la Primera República o la mal llamada Ley Perpetua de Ávila (ya que ninguno de esos documentos llegaron a aprobarse jamás).

Los pergeñadores del documento no se cortaron un pelo y lo tenían bien claro: se habla de Asturias y la Región Leonesa en su integridad. Pretendían organizar institucionalmente la autonomía de un territorio mucho más amplio que la actual comunidad asturiana. Su primer artículo proponía constituir una Región Autónoma sobre la base del histórico reino asturleonés, integrada por las provincias de Oviedo, León, Zamora y Salamanca, con un órgano representativo denominado Consejo Regional de Asturias y León. Aquella delimitación iba mucho más allá del territorio controlado entonces por la República y evidenciaba que sus redactores confiaban en una futura victoria republicana que permitiera implantar una organización estable para todo ese espacio histórico.

Presidente y Consejo de Comisarios

El proyecto diseñaba una arquitectura institucional propia. El poder quedaría repartido entre unas Cortes regionales, un presidente del Consejo Regional y un Consejo de Comisarios como órgano ejecutivo. El parlamento autonómico ejercerían la función legislativa, mientras que el presidente representaría institucionalmente a Asturias y León ante la República.

Además, el Estatuto contemplaba una Hacienda propia, un Tribunal de Casación, servicios de Policía y Orden Interior, así como amplias competencias administrativas, económicas y sociales, configurando un auténtico gobierno autonómico y no una simple descentralización administrativa.

Marcado carácter socialista expropiador

El modelo político previsto tenía un marcado carácter social. Lo que en aquellos tiempos era socialismo. Las competencias que hubiera tenido la autonomía asturleonesa de haberse aprobado así incluían obras públicas, ferrocarriles, carreteras, puertos, agricultura, montes, minería, sanidad, enseñanza, seguros sociales y gestión de los recursos naturales.

Incluso reconocía expresamente facultades para la expropiación y la socialización de empresas y riquezas naturales, mientras reservaba al Estado materias como las relaciones exteriores, las fronteras o la autorización para recurrir al crédito extranjero.

Esa distribución competencial confirma, según el investigador Martínez Corral, que el proyecto planteaba una autonomía muy amplia, aunque plenamente integrada en la República española y alejada de cualquier planteamiento independentista; demostrando que la soberanía de agosto a octubre de 1937 fue circunstancial debido al aislamiento que tuvieron Asturias y la zona de la cordillera Cantábrica del norte de la provincia leonesa tras la caída del País Vasco y posteriormente Santander en manos de las tropas nacionales.

Redactado en el Frente Norte durante la Guerra Civil Española

La Guerra Civil fue el elemento decisivo que hizo posible la aparición de este proyecto. Tras el golpe militar de julio de 1936, el aislamiento del territorio republicano del Norte obligó a las autoridades locales a asumir funciones que normalmente correspondían al Gobierno central. Primero surgieron comités y organismos de guerra y, posteriormente, el Consejo Interprovincial de Asturias y León, constituido el 24 de diciembre de 1936 (la última vez en que parte de León, junto a Asturias, intentó soberanía por sí misma como había ocurrido 120 años antes durante la Guerra de Independencia contra Napoléón), fue acumulando competencias sobre economía, abastecimiento, transportes, sanidad, justicia, orden público e incluso la dirección de la guerra.

Aquella autonomía de facto nació, por tanto, de la necesidad de gobernar un territorio prácticamente incomunicado con Valencia, que era entonces la capital de la Segunda República tras el traslado desde Madrid. Tras la sublevación, la provincia de León quedó partida en dos con Asturias y el norte de León en zona republicana en lo que se llamó el Frente Norte, que aguantó poco más de un año. Y el proceso de autonomía y soberanía alcanzó su paroxismo el 24 de agosto de 1937, cuando el Consejo Interprovincial se proclamó Consejo Soberano de Asturias y León, concentrando las competencias civiles y militares. Provocando las iras del presidente republicano Manuel Azaña, que poco menos que dijo que Belarmino Tomás, el que fuera su presidente, “se había vuelto loco”.

Sin embargo, el documento descubierto demuestra que esa declaración soberana no era el objetivo final. Mientras la proclamación respondía a una situación militar desesperada, el Estatuto aspiraba a dotar de continuidad jurídica y estabilidad institucional a la experiencia de autogobierno desarrollada durante la guerra. En otras palabras, El Gobiernín (que fue como se llamó popularmente a ese Consejo Soberano de Asturias y León) pretendía que la autonomía sobreviviera al conflicto mediante un marco legal permanente.

Pero poco tiempo tuvo El Gobiernín ya que en menos de dos meses la ofensiva del Ejército franquista sobre el Frente Norte hizo que cayera el 21 de octubre de 1937, frustrando aquellas aspiraciones y quedando el documento en cajas que fueron enviadas a Ávila y que se descubre ahora, casi 90 años después, como una verdadera curiosidad legislativa localizada por un impenitente investigador asturiano.

El aislamiento del Frente Norte, el avance de las tropas sublevadas y la caída de Asturias apenas dos meses después de proclamarse el Consejo Soberano impidieron culminar el proceso autonómico. Aunque partes de León y Asturias mantuvieron también de facto una curiosa autonomía frente al régimen dictatorial de Franco en una España devastada, continuando la Cordillera Cantábrica como zona del frente del maquis antifranquista.

El documento recién localizado en las cajas del archivo abulense muestra un curioso proyecto que nunca llegó a debatirse oficialmente ni a remitirse al Gobierno de la República, quedando sepultado entre los legajos de una documentación militar olvidada durante casi un siglo. Nueve décadas después, su recuperación permite conocer que, en plena contienda, existió un intento serio de convertir el autogobierno nacido de la emergencia bélica en una autonomía estable para Asturias y la Región Leonesa dentro del Estado republicano de los años 30 del siglo XX.

Y que da pábulo a esa autonomía asturleonesa que parece más de cuento que de realidad, aunque ha pasado de mítica y legendaria a una vieja aspiración que no pudo ser gracias al descubrimiento de este excepcional documento.

Si quieres conocer más hazlo aquí pinchando para visitar la web Asturias1936.es

El Museo de la Radio de Ponferrada acoge este jueves, 30 de julio, la conferencia titulada Vencer al silencio. El valor de la memoria oral, que será ofrecida por el escritor, investigador y cofundador de la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) Santiago Macías. La cita está programada para las 19.30 horas y la entrada es libre.

La memoria histórica, la reparación social y la preservación de los testimonios orales que dan forma a la historia reciente de un país marcado por la Guerra Civil y la posterior dictadura ponen el marco a la conferencia, en la que el ponente aportará imágenes, documentos y objetos.

El Bierzo es precisamente cuna de este movimiento al asistir en el año 2000 a la primera exhumación con métodos científicos de restos de represaliados de la Guerra Civil en una fosa común, la de trece republicanos en Priaranza del Bierzo, lo que acabó desembocando en la creación de la ARMH.