El Supremo confirma ocho años y medio de inhabilitación al expresidente de la Diputación de León por la trama Púnica
El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de hasta ocho años y medio de inhabilitación a Marcos Martínez Barazón, expresidente de la Diputación de León por el PP, por su papel en una de las ramificaciones de la trama Púnica de corrupción relativa a la publicidad institucional. La sentencia también declara firmes las condenas de entre cuatro y ocho años de inhabilitación impuestas por la Audiencia Nacional al empresario Alejandro de Pedro, al exdiputado provincial del PP Pedro Vicente Sánchez y al interventor Manuel Jesús López. La Fiscalía había recurrido reclamando un nuevo juicio después de fracasar en su intento de que fueran castigados con penas de cárcel y por más delitos.
La trama Púnica estalló hace más de una década en la Audiencia Nacional con el arresto de decenas de personas, sobre todo cargos públicos vinculados a la política regional y municipal madrileña, acusados de participar en distintas vertientes de la corrupción. Francisco Granados, entonces hombre fuerte de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, ha sido condenado por el amaño de la organización de festejos. Pero otras ramificaciones del caso investigaron si distintas administraciones públicas contrataron irregularmente al empresario Alejandro de Pedro para potenciar la imagen de políticos en internet con dinero público.
En este caso el Supremo declara probado en firme que De Pedro contactó primero con Isabel Carrasco y después con su sucesor al frente de la Diputación, Marcos Martínez, para ofrecer estos servicios. El empresario estuvo mandando informes de reputación digital entre 2012 y 2014 para ambos mandatarios y a cambio facturó más de 108.000 euros a la Diputación, la mayor parte durante el mandato de Carrasco.
Los jueces no han encontrado delito en esa vertiente reputacional de la trama tal y como pedía la Fiscalía pero sí en que otro procedimiento, el de pago de publicidad institucional a la empresa de De Pedro, era “totalmente incorrecto y no ajustado a la normativa”. Usaron un sistema para pagar estas facturas inmediatamente sin tener que abrir un proceso de contratación abierto, “evitando así también que otros medios de comunicación pudieran optar y acceder a la publicidad institucional de la Diputación de León, y eludiendo igualmente un control más riguroso y exhaustivo”.
El expresidente Marcos Martínez Barazón, Pedro Vicente Sánchez y el interventor Manuel Jesús López son condenados a ocho años de inhabilitación por prevaricación. La sanción de Alejandro de Pedro se queda en cuatro años y tres meses de inhabilitación. Martínez Barazón llegó a ser senador durante unos meses entre 2007 y 2008.
Terremoto político en León
La condena, tan tardía como categórica, todavía tuvo un impacto local que tardó meses e incluso años en materializarse. Y es que aunque estaban condenados a inhabilitación, permanecieron todavía en sus respectivos cargos públicos los dos históricos alcaldes del PP implicados: Marcos Martínez Barazón, en Cuadros, y Pedro Vicente Sánchez, en Puebla de Lillo. Ambos, por cierto, laboralmente son funcionarios públicos.
Martínez Barazón, alcalde de Cuadros desde 1991, tuvo que dejar el acta de concejal pese a que la sentencia no era firme y estaba recurrida, después de que la Junta Electoral de Zona de León determinara que la condena le hacía inelegible. Su salida sin embargo tampoco puso fin a una larga trayectoria política, dado que tras saltar el escándalo en 2014 con su fulminante detención y encarcelamiento, sí fue expulsado del PP pero todavía logró revalidar la Alcaldía como independiente y con absumadora mayoría absoluta en las elecciones de 2015, 2019 y 2023. El 23 de diciembre de ese año se dio por vencido y dejó de aferrarse al bastón de mando y el Pleno le dio por amortizado. Su formación y su influencia personal, sin embargo, siguen gobernando este municipio del alfoz de la capital leonesa.
Parecida y dilatada presión tuvo que recibir también Sánchez para finalmente despedirse forzadamente de la Alcaldía de Puebla de Lillo, en la Montaña Central leonesa y muy conocida por la estación de esquí de San Isidro. Con presión de algunos vecinos y exconcejales, la Junta Electoral Central tuvo que dictarle un ultimátum, dirigido también al secretario municipal, para hacer efectiva la pérdida de su condición de alcalde y concejal: habían transcurrido casi once meses desde la condena de la Audiencia Nacional y casi tres desde que la propia autoridad electoral había determinado que debía abandonar el cargo. Dijo adiós en abril de 2024.
