Salamanca. Arte, saber y toros… Y ahora también tecnología y salud. La capital salmantina está viviendo actualmente un despegue en el ámbito tecnológico debido a la creación del universo Salamanca Tech con el objetivo de que la ciudad bañada por el Tormes sea referente en innovación y desarrollo tecnológico. Salamanca Tech es ciencia, sostenibilidad, emprendimiento y logística, pero también es tecnología y salud, ambos conceptos enmarcados dentro de Abioinnova, aceleradora de empresas de ingeniería biomédica y del ámbito biosanitario promovida por el Ayuntamiento de Salamanca con el apoyo del Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León (ICECyL).

Si durante siglos Salamanca ha sido la capital del conocimiento donde las mentes más brillantes de diferentes puntos se daban cita en pos del desarrollo, ahora sucede lo mismo y para ello aparece en escena una oportunidad única para investigadores y emprendedores en tecnología y salud. Abioinnova es una ‘rara avis’, ya que ofrece un ecosistema de lo más propicio a las empresas y grupos de investigación que quieran crecer poniendo en su mano de forma totalmente gratuita un espacio de trabajo, laboratorios, impresoras 3D (una de polímeros fotocurables para aplicaciones médicas y otra para imprimir piezas metálicas) y un ecosistema de sinergias y colaboraciones con otros grupos.

Pedro Martínez Córdoba, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca y responsable del proyecto Abioinnova, destaca que el compromiso con el desarrollo de Salamanca es total. “Queremos generar oportunidades de riqueza y empleo para la ciudad con empresas de tecnología y salud, un sector en auge, para crecer e ir con ellas de la mano en este camino”, explica Pedro Martínez.

El responsable de Abioinnova no limita el paso de las empresas por la incubadora como lanzadera, sino que va más allá de cara al futuro. “La colaboración que ofrecemos no solamente se suscribe al tiempo en el que estén en Abioinnova. Si evolucionan y sus productos son comercializados, tendrán suelo industrial a su disposición, pero también en la ciudad, y con el nuevo distrito tecnológico que estamos diseñando, dispondrán de oficinas, espacios y todo tipo de facilidades”, describe Martínez Córdoba.

La idea es acompañar a la empresa en su ciclo de vida y apoyarla hasta que pueda retornar riqueza a la ciudad. “Queremos ir de la mano desde esa fase de preincubación o incubación hasta que se culmina con éxito y tenga viabilidad económica con un producto o servicio que se pueda comercializar de una forma óptima. Después, esa empresa por sí misma ya estaría generando riqueza para la ciudad y así cerraríamos el ciclo en el que ambas partes seríamos grandes beneficiados”, argumenta el concejal de Promoción Económica de Salamanca.

Los proyectos empresariales que ya han arrancado en Abioinnova son Virofend, de la investigadora Sara Cuadrado, que trabaja en un proyecto basado en una tecnología innovadora consistente en virus diseñados para tratar el cáncer, Lincbio-tech (investigación biomédica), Lobera Ingeniería (ciberseguridad y gestión de datos), MycoThink Consultora Fúngica (biotecnología) SeptiVet-Loop Diagnostics (Veterinaria), Globalstart Dynamics (IA), Raretech (medicina personalizada), 300K Solutions (optimización de muestra biológicas) y Tebrio (biotecnología con insectos).

Un ecosistema propicio

Pasar a formar parte de Abioinnova no solo se limita a trabajar en estas instalaciones, sino que a los emprendedores e investigadores se les abre un sinfín de posibilidades, contactos, sinergias, colaboraciones y apoyos bajo el paraguas de Salamanca Tech. En este propicio hábitat para investigar, crear, crecer y desarrollarse los emprendedores se pueden beneficiar de las fuertes conexiones con el ecosistema regional (Wolaria) y también local como las dos universidades de la ciudad (Universidad de Salamanca y la Pontificia), el Centro de Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial, sede de AIR Institute, o los grupos de investigación del Complejo Asistencial de Salamanca, del Instituto de Investigación Biomédica (IBSAL) o del Centro de Investigación del Cáncer (CIC). “Entrar en Abioinnova es hacerlo en un selecto club de trabajo en el que las interconexiones y el desarrollo en equipo pueden acelerar el proceso de crecimiento al tener un entorno propicio”, señala Pedro Martínez.

Otro aspecto muy importante a la hora de desarrollar ideas o proyectos es la mano de obra cualificada, ese talento que representa en la actualidad un hándicap para muchas empresas. En este sentido, esta Salamanca tecnológica también ofrece soluciones gracias a las dos grandes canteras de profesionales en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Pontificia.

De este modo, si una empresa o proyecto tiene espacio, equipamiento, un entorno favorable, contactos y mano de obra, las posibilidades de éxito se multiplican de forma exponencial y eso ahora mismo solo pasa en Salamanca. Y los únicos requisitos es asentarse en la ciudad con ilusión y ganas de triunfar.

El aforo del local La Unión de Val de San Lorenzo quedó este jueves desbordado por la participación vecinal en una jornada informativa sobre el proyecto de planta de biometano y fertilizantes presentado por la empresa Apiolae SL. Y el mismo escenario acogerá este próximo lunes, 14 de septiembre, una asamblea vecinal en la que se ofrecerá asesoramiento y orientación para presentar alegaciones contra una iniciativa que ha despertado preocupación entre habitantes de este municipio, así como de Astorga, Santiago Millas y localidades del entorno como Morales, Piedralba, Lagunas y Valdespino. La inquietud se extiende también entre representantes de diferentes asociaciones y plataformas comarcales que actualmente se movilizan ante la proliferación de proyectos de plantas de biogás y biometano en la provincia.

La cita de este jueves sirvió para exponer detalles técnicos del proyecto, entre ellos el funcionamiento de este tipo de instalaciones y sus posibles repercusiones medioambientales y socioeconómicas para la zona. Y es que los asistentes se interesaron por el impacto de esta actividad sobre la salud y la calidad de vida a través de malos olores o el tráfico de materias primas y residuos, así como los efectos en la biodiversidad del entorno. La inquietud ya se ha canalizado a través de una recogida de firmas a través de la plataforma change.org.

Asimismo, los vecinos pidieron explicaciones al alcalde de Val de San Lorenzo, Luis Alfonso Cordero, y varios pedáneos, presentes en la cita. Concretamente, preguntaron al regidor los motivos por los que el consistorio “no ha denegado el informe de compatibilidad urbanística”, al tiempo que se quejaron de la “falta de información y comunicación” sobre un proyecto que lleva año y medio en tramitación administrativa. E instaron a que el Gobierno municipal aclarase su posición en torno a esta iniciativa.

A falta de respuestas clarificadoras, los vecinos han convocado una nueva reunión de trabajo, que tendrá lugar también en La Unión el lunes a las 19.00 horas. Los convocantes llaman a la participación en este encuentro, donde se facilitará a los interesados asesoramiento a la hora de presentar alegaciones contra el proyecto. El plazo para ello concluye el 28 de septiembre.

La Junta ha dictado declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto de apertura de las labores de extracción de áridos en una gravera ubicada en el municipio leonés de Villaornate y Castro, según publica en su edición de este viernes el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León).

Graveras Valencia promueve esta iniciativa, que consiste en la extracción de gravas y arenas de distinto calibre con el objetivo de ser utilizadas como áridos para la preparación de hormigones de cemento o bituminosos para firmes de carretera.

La parcela, que es propiedad del Ayuntamiento de Villaornate y Castro, tiene una superficie de 21,9 hectáreas y está ubicada en el paraje denominado La Isla, en la margen izquierda del río Esla, en el sur de la provincia. El método de explotación será a cielo abierto, durante dos años y con la estimación de extraer 73.162 metros cúbicos de materiales.

Ademas, las labores de restauración de la parcela se llevarán a cabo de forma simultánea a las de extracción de áridos.

Tras el correspondiente análisis técnico, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta en León informa favorablemente el estudio de impacto ambiental “siempre y cuando se cumplan las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias” que se determinan en la resolución. La declaración tiene una vigencia de cuatro años, el plazo que da la administración a los promotores para comenzar la ejecución del proyecto.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha desestimado la solicitud de autorización administrativa previa del parque eólico 'Alto Cabrera', promovido por Enel Green Power España y proyectado entre las provincias de León y Ourense, una instalación de 144 megavatios (MW) que figuraba entre los grandes desarrollos renovables previstos en el suroeste leonés.

La decisión, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), supone el archivo definitivo del expediente tras un procedimiento iniciado hace casi seis años y marcado por los obstáculos ambientales y la pérdida de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica.

El proyecto recogía la construcción del parque eólico en los términos municipales leoneses de Encinedo y Benuza, en la comarca de la Cabrera, así como parte de sus infraestructuras de evacuación en la provincia de Ourense, con una potencia de 144 MW y una línea de evacuación hasta la subestación de San Quereño, propiedad de Red Eléctrica.

La iniciativa fue presentada en noviembre de 2020, en plena carrera por desarrollar proyectos renovables tras el impulso regulatorio dado por el Estado a la transición energética, con la tramitación ambiental como principal escollo.

En abril de 2022, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental inadmitió a trámite la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto (cuya extensión también afectaba a los municipios leoneses de Puente de Domingo Flórez y Castrocontrigo) al apreciar varias causas previstas en la legislación ambiental.

El promotor recurrió inicialmente esa decisión, pero en mayo de este año desistió del recurso al considerar inviable desarrollar la instalación dentro de los plazos legales exigidos.

A ello se sumó la pérdida de los permisos de acceso y conexión. Red Eléctrica comunicó al Ministerio que dichos permisos habían caducado el 25 de enero de 2023 por incumplir uno de los hitos temporales establecidos por el Real Decreto-ley 23/2020, concretamente la obtención de una declaración de impacto ambiental favorable.

La resolución recuerda que la normativa estatal obliga a que los proyectos de generación eléctrica cuenten tanto con una evaluación ambiental favorable como con permisos vigentes de acceso y conexión para poder obtener la autorización administrativa previa. La ausencia de ambos requisitos impedía continuar la tramitación.

El caso de 'Alto Cabrera' refleja además las dificultades que han encontrado numerosos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España durante los últimos años. El Real Decreto-ley 23/2020 estableció una serie de hitos obligatorios para evitar la especulación con los puntos de conexión a la red y depurar los proyectos que no avanzasen adecuadamente en su desarrollo.

Como consecuencia, cientos de iniciativas han decaído al no superar los trámites ambientales o incumplir los plazos fijados.

La resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, firmada el pasado 27 de agosto y publicada este viernes, deja abierta la posibilidad de presentar recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, aunque el propio promotor ya había mostrado su conformidad con el archivo del expediente tras retirar el recurso ambiental que mantenía abierto.

La Junta de Castilla y León ha autorizado la construcción de las infraestructuras eléctricas necesarias para abastecer a una futura planta de biometano en San Millán de los Caballeros, una instalación que generará energía equivalente al suministro de 21.000 hogares.

Se trata de un proyecto promovido por Biorig Energy San Millán-León, S.L.U. que incluye la adaptación de la línea eléctrica 'San Millán', dependiente de la subestación de Villamañán, y la instalación de un nuevo centro de seccionamiento telemandado.

La resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), concede a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., distribuidora del grupo Iberdrola que asumirá posteriormente la titularidad de las instalaciones, la autorización administrativa previa y de construcción de las infraestructuras de conexión a la red para dar servicio a la planta proyectada en el polígono del municipio leonés.

El proyecto, que persigue estar operativo en 2027, contempla la ejecución de dos tramos de línea subterránea de alta tensión de 20 kilovoltios, cada uno de 23 metros de longitud, conectados a la línea aérea procedente de la subestación transformadora y de reparto de Villamañán. Asimismo, se construirá un centro de seccionamiento automatizado para gestionar el nuevo suministro eléctrico.

La autorización llega acompañada de una limitación relevante, ya que la Junta ha dejado sin efecto la declaración de utilidad pública que solicitó inicialmente el promotor después de que surgieran dudas sobre la titularidad y gestión de una parcela afectada por las obras, asociada a una infraestructura hidráulica.

La resolución establece que las obras autorizadas deberán ejecutarse en un plazo máximo de doce meses, aunque prohíbe expresamente actuar sobre la parcela en disputa o ejecutar los accesos vinculados a ella hasta que exista autorización del Ministerio para la Transición Ecológica o del organismo público que acredite la gestión de esos terrenos.

De este modo, la Junta da luz verde a la infraestructura eléctrica necesaria para la futura planta de biometano, una instalación vinculada a la producción de gas renovable a partir de residuos orgánicos, aunque parte del desarrollo del proyecto queda condicionado a la resolución de los permisos sobre los terrenos afectados.

Esta instalación, que cuenta con una inversión cercana a los 35 millones de euros, contribuirá al desarrollo económico del municipio con la creación de 100 empleos durante su fase de construcción y 35 directos e indirectos durante su operación, según Biorig Energy.

La empresa ha asegurado que la planta estará impermeabilizada en las zonas de tratamiento de residuos para evitar vertidos o filtraciones, contará con sistemas de reutilización de aguas para evitar el consumo de agua externa y tendrá sistemas de detección y prevención de olores.

El Museo Alto Bierzo, en la Casa de las Culturas de Bembibre, inaugura este jueves, 10 de septiembre, una exposición de filatelia minera basada en la colección de sellos perteneciente a Salvador González Solís. La muestra se abre a las 19.30 horas en la sala de exposiciones temporales, ubicada en la tercera planta del complejo.

Salvador González Solís, ingeniero técnico de Minas y experto en explosivos en la empresa Maxam, es un apasionado de todo lo relacionado con el trabajo y la cultura minera y a lo largo de los últimos años ha conformado una interesante y variada colección de sellos de esta temática.

El Ayuntamiento de Bembibre, la Asociación Mineralógica Aragonito Azul, Maxam, el Museo Alto Bierzo, el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero, y la Junta de Castilla y León colaboran en el desarrollo de esta iniciativa.

Además, la exposición se encuadra en la programación de las fiestas del Cristo de Bembibre, que comenzarán oficialmente este viernes, día 11, con el pregón, que correrá a cargo de la vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad de la Universidad de Cantabria, Rebeca Saavedra Arias.

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León ha conocido hoy los detalles del hallazgo arqueológico de una antigua bodega de vino vinculada a un priorato de durante las obras de rehabilitación de la Granja de Santullano, en San Esteban de Valdueza (Ponferrada). Se trata de un proyecto en el que invierte el grupo Pescaderías Leonesas, un grupo de raíces leonesas tras ser fundado a comienzos del siglo XX por descendientes del arriero maragato Santiago Gómez.

En el caso de este descubrimiento, la Comisión ha autorizado el desmontaje de la estructura encontrada. Se trata de edificación del siglo XVIII, o como mucho de comienzos del XX. Esta datación se apoya en que entre los elementos encontrados ha aparecido una moneda de cuatro maravedís de Carlos III, fechada en 1775.

El lugar se ha identificado como una antigua bodega del priorato religioso que fue. Durante los trabajos arqueológicos se localizaron tres grandes recipientes o 'tinos' relacionados con la elaboración y almacenamiento de vino, además de diversos materiales cerámicos. El desmontaje autorizado ahora por Patrimonio está condicionado a que se realice una completa documentación mediante planos, fotografías y técnicas de fotogrametría.

La documentación obtenida deberá integrarse posteriormente en un espacio expositivo mediante paneles informativos o recursos audiovisuales para dejar constancia de la evolución histórica del antiguo priorato, remarca el ente, según se recoge en una nota de prensa.

Hórreo protegido

Por otra parte, la Comisión ha dado el visto bueno al proyecto de restauración de un hórreo protegido en Carande, en el municipio de Riaño, que es Bien de Interés Cultural (BIC). La actuación contempla el reasentamiento de los pegoyos, la sustitución de los elementos de madera que presentan daños estructurales graves y la reparación de la cubierta, reutilizando en la medida de lo posible las piezas conservadas.

Además, el órgano ha informado favorablemente de varias actuaciones de mejora de espacios públicos situados en entornos protegidos. Entre ellas figura el acondicionamiento de jardines en Sahagún localizados junto a bienes culturales, como la vía romana de Cerezo del Río Tirón a León, dentro de un programa mixto de formación y empleo financiado por la Junta.

También se ha autorizado la renovación de los parques de la Plaza de San Roque y de la Urbanización San Roque, en Cacabelos, donde se instalarán nuevos elementos de juego y superficies de césped artificial. Asimismo, la Comisión ha recibido de conformidad el informe arqueológico elaborado con motivo de la ampliación del polígono industrial La Llanada, entre Ponferrada y Congosto, cuyos trabajos de prospección no localizaron restos arqueológicos.

Entre los asuntos destacados por el delegado territorial, Eduardo Diego, figura también el inicio del procedimiento para declarar Bien de Interés Cultural, con categoría de Vía Histórica, la Calzada de la Plata y los itinerarios de Emerita Augusta (Mérida) y Asturica Augusta (Astorga) en Castilla y León, la conocida como Vía de la Plata, una decisión de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la que la comisión ha tomado conocimiento.

Serfunle celebrará del 7 al 11 de octubre la octava edición de las Rutas Culturales en el Cementerio de León, una iniciativa que invita a descubrir el camposanto leonés como un espacio de memoria, cultura y reflexión. Titulada Vitae Legionenses. Vidas de León, la propuesta de este año plantea un recorrido nocturno por las vidas, huellas e historias de personas que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.

La actividad estará abierta a todo el público de forma gratuita y las personas interesadas podrán inscribirse antes del 5 de octubre a través de la web de Serfunle, hasta completar aforo. Los recorridos se realizarán en grupos organizados y en horario nocturno, fuera del horario habitual de apertura del cementerio, para respetar la actividad diaria del camposanto y el proceso de duelo de las familias.

“Con estas rutas queremos acercar a la ciudadanía el valor histórico y cultural del cementerio de León, mostrando que es un espacio de memoria, conocimiento y reflexión. Cada edición nos permite descubrir nuevas historias y poner en valor el legado de personas que contribuyeron a construir la ciudad que hoy conocemos”, destaca el gerente de Serfunle, Fernando Salguero.

Durante el recorrido, los asistentes podrán acercarse a distintas historias vinculadas al humanismo y la tradición, la emigración y la nostalgia, la educación, la cultura, el teatro, la vida burguesa o la diplomacia, entre otros ámbitos que forman parte de la memoria colectiva de León.

Con esta nueva edición, Serfunle refuerza su compromiso con la conservación de la memoria local y con la puesta en valor del cementerio de León como un espacio abierto a la ciudadanía, vinculado a la historia, la cultura y la identidad de la ciudad.

El Ayuntamiento de León ha dado hoy un paso más en el camino de la total privatización de servicios de mantenimiento y obras en infraestructuras públicas de la ciudad, en este caso con un nuevo y millonario contrato que supondrá un gasto de casi 7,3 millones de euros hasta el año 2030 para privatización del mantenimiento de jardines, riegos, fuentes y juegos infantiles o deportivos de los parques.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente para poner en marcha la contratación que dé continuidad al programa plurianual de obras de reposición, adecuación y mejora de lo que en el comunicado de prensa se denomina “infraestructura verde” en el municipio de León.

La licitación parte de un presupuesto inicial de 7.272.000 euros repartido en cinco anualidades, aunque este 2026 será ya muy escaso por lo avanzado del año, y hasta 2030. Por ese motivo, este año inicial la cuenta será de 168.000 euros y el resto de los ejercicios supondrá un coste anual de 1.810.000 euros anuales, que es lo que la empresa o empresas contratadas recibirán en los ejercicios 2027, 2028 y 2029. Para el último ejercicio restará la cifra de los últimos 1.650.000.

El contrato, remarcan en la nota de prensa, permitirá “articular intervenciones de forma progresiva mediante órdenes de actuación específicas según las necesidades detectadas en parques, plazas ajardinadas, arbolado urbano, medianas, taludes y márgenes fluviales” de competencia municipal, o lo que es lo mismo, se trabajará en zonas e infraestructuras que de antemano no están definidas.

Además de la redacción de los proyectos ejecutivos y la ejecución material de las obras por parte de personal que no dependerá del Ayuntamiento, las actuaciones van desde la renovación de sistemas de riego eficientes a la colocación de pavimentos, mejora de áreas infantiles y deportivas, reposición de mobiliario urbano, fuentes de agua y la mejora del arbolado y parterres.

No es ni mucho menos el único contrato para parecidos cometidos. Todavía hasta 2029 se supone que permanece vigente otro multimillonario contrato privatizado, aprobado en 2022 y de 37 millones de euros, que llevarían este tipo de trabajos a manos de empresas aún los siguientes tres años.

Reforma energética de la piscina de El Ejido

La Junta de Gobierno también ha aprobado hoy convocar un concurso de proyectos para la rehabilitación energética integral del Complejo Deportivo Salvio Barrioluengo, el de la piscina climatizada del barrio de El Ejido, con el objetivo de transformarlo en una instalación de cero emisiones y optar a financiación estatal del programa Innovae.

El concurso contará con 16.000 euros en premios y prevé, si se obtiene la ayuda, un contrato de 267.000 euros para la redacción y dirección de las obras en 2027 y 2028. La futura intervención tendrá un coste máximo de 4,3 millones de euros, se avanza.

También se ha aprobado la contratación, mediante renting con opción de compra, de dos nuevas baldeadoras de propulsión 100% eléctrica para reforzar la limpieza viaria y la recogida de residuos en León. El contrato cuenta con un presupuesto de 123.420 euros anuales durante cuatro años y una opción final de compra de 87.120 euros, con un valor estimado total de 480.000 euros. Las máquinas se destinarán especialmente al baldeo de zonas peatonales y Zonas Acústicamente Saturadas.

Señalizar itinerarios en bici en la ciudad

Los nuevos vehículos, de cero emisiones, permitirán reducir el consumo de combustible, los costes de mantenimiento y la contaminación acústica y ambiental, dentro del proceso de renovación de la flota municipal.

Por último, el Ayuntamiento ha adjudicado por 11.253 euros el diseño y elaboración de nueva señalética para los itinerarios ciclistas urbanos. Se instalarán 30 paneles y 30 postes que informarán de distancias y tiempos de desplazamiento en bicicleta, incluyendo la señalización del Camino de Santiago en los tramos coincidentes.

La multinacional neerlandesa Euramax y su accionista Imker Group han anunciado este jueves que han alcanzado un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria de ECO Bierzo Composite, la compañía con planta en Toral de los Vados y fabricante de paneles composite de aluminio para fachadas que comercializa sus productos bajo la marca Stacbond.

La operación, anunciada en un comunicado y cuyo cierre está previsto para el próximo mes, supone la entrada de un socio industrial en la compañía berciana y permitirá unir dos negocios considerados complementarios dentro del sector europeo del aluminio.

Euramax, con sede en Roermond (Países Bajos), está especializada en la fabricación de aluminio lacado en bobina y trabaja principalmente para los mercados de transporte, arquitectura y vehículos recreativos, mientras que Stacbond está especializada en paneles composite de aluminio y sistemas de fachadas arquitectónicas.

Según han explicado las compañías, la alianza pretende ampliar la oferta de productos para sus respectivos clientes y proporcionar a Stacbond “una plataforma para acelerar su expansión internacional y reforzar su posición tanto en los mercados actuales como en nuevos destinos”.

La operación no supondrá cambios en la plantilla ni en el equipo directivo actual de ECO Bierzo Composite, que continuará operando con su organización actual.

La entrada de Euramax se produce en un momento de crecimiento de la compañía berciana ya que Stacbond alcanzó recientemente una plantilla de unos 270 trabajadores después de incorporar una veintena de operarios y anunció una inversión de 10 millones de euros para impulsar nuevas líneas de negocio en su planta de Toral de los Vados.

Naturgeis ya ha abierto las inscripciones para su nueva programación formativa de otoño. La propuesta incluye cursos y programas gratuitos y presenciales que se celebrarán entre octubre y diciembre en distintos municipios de la provincia de León.

Con más de diez años de experiencia, Naturgeis sigue apostando por la economía social y el desarrollo del medio rural, acercando una formación práctica y especializada a los pueblos de la provincia. Así, los interesados podrán aprender sobre actividades agrarias, agroalimentarias y ambientales sin tener que desplazarse hasta León.

La programación combina cursos independientes de 30 horas con programas formativos más completos, pensados para profundizar paso a paso en distintas especialidades.

Entre los programas previstos está el Programa Formativo de Horticultura Ecológica de Riego de la Vega, que repasará desde los primeros pasos en la horticultura profesional hasta la fertilización, el uso eficiente del agua y el control ecológico de plagas y enfermedades.

En Páramo del Sil se impartirá el Programa Integral de Agricultura Regenerativa: Agroecología y Horticultura Ecológica, una formación de 60 horas para conocer alternativas sostenibles de producción y nuevas formas de comercialización.

La micología también tendrá un papel destacado. San Justo de la Vega acogerá el Programa Integral de Identificación, Selección y Cultivo de Setas Comestibles y Medicinales, mientras que en San Martín del Agostedo se desarrollará un programa centrado en la producción, transformación y comercialización de setas ecológicas.

Por su parte, Vegas del Condado acogerá el Programa Formativo de Manejo Integral de Frutales, dedicado a temas como la plantación, el manejo ecológico, la fertilización, el riego y el cuidado del suelo.

Además de estos programas, Naturgeis organizará varios cursos independientes para ampliar la oferta y llegar a más municipios.

En Barrientos se celebrará un curso de Apicultura Ecológica, en el que los participantes aprenderán a manejar las colmenas de forma sostenible, conocerán mejor la producción apícola y descubrirán la importancia de las abejas y otros polinizadores para la biodiversidad y la agricultura.

La transformación agroalimentaria estará presente con los cursos de Elaboración de Quesos Tradicionales y Ecológicos, que tendrán ediciones en Vegas del Condado y Veguellina de Órbigo.

La programación también incluye cursos prácticos de poda, desbroce y cuidados de frutales para la prevención de incendios y el desarrollo rural, que se impartirán en Fontanos del Torío y Carrizo de la Ribera. La idea es aprender técnicas para cuidar árboles y fincas, gestionar mejor la vegetación y contribuir al cuidado del territorio rural.

El arreglo con parcheo del asfalto, cunetas y señalización nueva de una de las carreteras nacionales en peor estado de la provincia de León, la N-630 en el tramo León-Benavente, entre León capital y el sur de la geografía leonesa, ya tiene precio definitivo puesto y empresa seleccionada. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado a conocer hoy la adjudicación definitiva de los trabajos y la contratación por un importe final de inversión de 6,74 millones de euros.

El Boletín Oficial del estado (BOE) anuncia este miércoles la formalización del contrato a favor de la empresa que presentó la mejor oferta, una UTE formada por Padecasa Obras y Servicios, compañía con sede en Ávila, y la zamorana Aglomex S.A. El precio final que será invertido y al que se ha adjudicado supone una rebaja de algo más del 14% por debajo del precio inicial de licitación, que ascendía a 7,86 millones de euros, tal y como anunciaba hace nueve meses personalmente el ministro Óscar Puente.

El máximo responsable de Transportes aseguraba entonces que el Gobierno atendía con este proyecto de “rehabilitación estructural” la “demanda de la ciudadanía para mejorar la circulación y la seguridad en este tramo”. Lo cierto es que el proyecto databa de hace algo más de un año, aprobado en julio de 2025, pero no fue hasta noviembre que el Ministerio puso en marcha la licitación inicial, justo unos pocos días antes de que a mediados de que el 21 de noviembre se convocara una marcha de protesta en coche por la maltrecha y peligrosa N-630 desde Valencia de Don Juan hasta la Subdelegación del Gobierno en pleno centro de la capital leonesa.

Ahora, debería ser inminente ya el inicio de los trabajos, que llevan más de una década reclamándose a los distintos gobiernos por parte de los municipios y los conductores del sur de la provincia leonesa.

El arreglo a ejecutarse se contempla en algo más de 51 kilómetros, exactamente los que separan los puntos kilométricos 153 y 204 o, lo que es lo mismo, entre la localidad de Onzonilla, muy cerca de León capital, al límite provincial con Zamora, por lo que transcurre íntegramente en la provincia de León.

El proyecto adjudicado prevé la rehabilitación superficial del firme de la calzada en aquellas zonas en las que las inspecciones previas llevadas a cabo han observado un deterioro evidente de la vía, por lo que no será una capa asfáltica nueva en la totalidad del recorrido.

Parcheos en zonas determinadas

En esos puntos detectados, se procederá al fresado y reposición de las capas del firme en un espesor de entre 10 y 13 centímetros, lo que afectará a las capas superficiales de rodadura e intermedia, se remarca. Este tratamiento se aplicará a ambos carriles de la calzada, de ancho 3,5 metros, mientras que en los arcenes se ha previsto un sellado de las grietas existentes.

Según ya se especificaba el año pasado en una nota de prensa oficial del Ministerio de Transportes, para “favorecer una economía circular” se aprovechará parte del material procedente del fresado del firme actual en las nuevas mezclas bituminosas que se dispongan, de modo que, se empleará en proporciones máximas del 20% en la capa superficial y del 25% en la capa intermedia.

Además, en algunos tramos de pequeña longitud, entre tramos ya rehabilitados, es posible que se tome la misma solución que las zonas adyacentes para conseguir una homogeneidad longitudinal adecuada en la solución de rehabilitación, aunque como tal no necesiten esa rehabilitación.

Una de las empresas pioneras de la biotecnología leonesa cambiará de manos después de casi tres décadas de actividad y una crisis económica que terminó arrastrándola al concurso de acreedores. Instituto Biomar, fundada en León en 1996 y asentada desde hace años en el Parque Tecnológico, quedará bajo el control del grupo inversor murciano Nostrum Simul si acepta la oferta que presentó en el proceso concursal, después de quedar descartada otra de una segunda empresa. La compañía leonesa no logró superar el desplome de su facturación y las dificultades financieras que acumulaba desde 2023 y ultima la negociación de su venta.

La adquisición se está articulando a través de NS Biomar SLU, una sociedad constituida expresamente en Murcia en abril de este año para hacerse con la unidad productiva de Instituto Biomar y participada al 100% por Nostrum Simul. Detrás del grupo está el empresario murciano Jesús Juárez Molina, cofundador de Symborg, compañía de biotecnología agrícola vendida en 2023 a la multinacional estadounidense Corteva.

La operación tiene un valor total de 2.850.029,80 euros, aunque la concursal solo cobraría 750.000 euros. Los otros 2,1 millones corresponden a la asunción de deudas y obligaciones de pago que tenía la empresa leonesa, tales como préstamos hipotecarios, obligaciones laborales de la plantilla que permanece y suministros pendientes que superan, en total, los 9 millones y medio.

El cambio de propietario permitirá mantener en funcionamiento parte de la empresa, pero con una dimensión muy inferior a la que llegó a alcanzar Biomar al comprar solo la unidad productiva y no la totalidad de la compañía leonesa. La nueva sociedad se quedaría inicialmente con seis trabajadores ya que la oferta que valora el juzgado mercantil de León excluye expresamente la subrogación de los contratos y las obligaciones laborales del resto de la plantilla.

Este sería el desenlace, al menos empresarial, de una crisis que durante los últimos años fue reduciendo drásticamente una compañía que llegó a rondar los 40 profesionales cualificados. En septiembre de 2025 todavía mantenía 21 trabajadores después de haber prescindido aproximadamente de la mitad de su plantilla mediante un expediente de regulación de empleo y de haber pasado previamente por dos ERTE.

Instituto Biomar había solicitado el concurso voluntario de acreedores en 2025 con la intención inicial de reorganizar sus cuentas y continuar funcionando. El Juzgado de Primera Instancia número 8 y Mercantil de León declaró formalmente el concurso el 29 de julio de 2025. Sin embargo, los intentos de reconducir la situación no fueron suficientes y el 12 de marzo de este año el procedimiento entró ya en fase de liquidación, con las facultades de administración de la empresa en manos de la concursal. Dos meses después apareció la oferta del grupo inversor murciano. En el proceso una segunda oferta ha quedado descartada, según ha podido conocer este medio, por lo que solo quedaría por formalizar la adquisición de la unidad productiva por los primeros interesados.

La crisis del Instituto Biomar se inició en el 2023, cuando sufrió una fuerte caída que se agudizó en 2024 y 2025, ya que perdió los ingresos de alquileres de parte de sus instalaciones en el Parque Teconlógico y sufrió el fracaso de un importante proyecto de investigación al que Biomar había destinado recursos económicos y humanos y que finalmente no obtuvo la financiación prevista por un defecto formal en la documentación técnica presentada.

Cuando la empresa acudió al concurso voluntario de acreedores, la dirección seguía defendiendo que su objetivo era mantener la actividad y encontrar nuevas líneas de negocio pero el proyecto ha acabado en manos de nuevos inversores.

750.000 euros en efectivo y más de dos millones por deuda

El importe total de la compra ascendería a 2,85 millones de euros, pero de los que Nostrum Simul solo realizaría un pago de 750.000 euros y otros 2.100.029,80 euros corresponden a deudas y obligaciones que asumiría el nuevo propietario, entre ellas hipotecas asociadas a su sede en el Parque Tecnológico de León.

El inventario incorporado a la propuesta de venta cifra en 1,64 millones de euros tres préstamos hipotecarios, además de algo más de 7.300 euros correspondientes a IBI y otros tributos municipales. A ello se añaden determinadas cantidades pendientes relacionadas con los seis empleados que continúan y con los suministros necesarios para mantener operativas las instalaciones.

La compra incluiría el edificio del Parque Tecnológico de León, una finca en Vega de Infanzones, maquinaria, laboratorios, fermentadores y otros equipos de producción, existencias y, especialmente, el conocimiento y los desarrollos tecnológicos acumulados por Biomar durante sus casi treinta años de existencia. También entrarían en la operación sus licencias y autorizaciones necesarias para desarrollar la actividad.

Entre los intangibles figuran proyectos de investigación relacionados con biopesticidas, antifúngicos, nematicidas o microbioma, además del conocimiento técnico acumulado, aplicaciones informáticas y desarrollos históricos de la empresa. Es precisamente esa combinación de instalaciones, equipamiento, microorganismos y experiencia investigadora la que convierte a Biomar en algo más que unos inmuebles adquiridos dentro de un concurso.

De casi 40 trabajadores a seis

Instituto Biomar llegó a contar con alrededor de 40 trabajadores y todavía tenía 21 en septiembre de 2025 cuando presentó el concurso de acreedores, después de un ERE que había reducido prácticamente a la mitad la plantilla. La oferta presentada por Nostrum Simul contempla únicamente la continuidad de seis contratos laborales. Para esos trabajadores, el comprador se compromete a mantener las condiciones reconocidas en sus contratos y en el convenio correspondiente y a hacerse cargo de los salarios y cotizaciones pendientes en los términos recogidos en la operación. Para los demás empleados y exempleados, la propuesta excluye cualquier obligación laboral derivada de la sucesión de empresa.

El plan financiero de Nostrum Simul presentado ante la administración concursal diseña una nueva Biomar orientada fundamentalmente a bioinsumos para agricultura, como bioestimulantes o productos de control biológico, y a aprovechar la planta de León para fabricar productos para otras compañías. Nostrum Simul proyecta crear empleo en León hasta alcanzar 19 puestos técnicos durante el primer año, a los que añade cuatro responsables funcionales y un director general. También calcula una inversión acumulada de cuatro millones de euros en instalaciones y equipos durante cinco años.

El grupo compromete hasta ocho millones de euros de capital para desarrollar el proyecto, incluyendo el desembolso inicial de la compra y financiación para cubrir las necesidades de tesorería. Sus previsiones contemplan unos ingresos de 750.000 euros durante el primer ejercicio, 2,37 millones en el segundo y 5,18 millones en el tercero. El negocio seguiría perdiendo dinero inicialmente y, según el escenario elaborado por el propio comprador, alcanzaría un resultado operativo positivo durante ese tercer año.

En la compra Nostrum Simul se compromete además a mantener la actividad de la unidad productiva durante un mínimo de tres años.

Una pionera nacida de PharmaMar

El cambio de manos tiene especial significado por la trayectoria de Instituto Biomar, la primera compañía biofarmaceútica leonesa salida del perímetro de las históricas Laboratorios Abelló-Antibióticos, Syva o Laboratorios Ovejero. La compañía nació en 1996 a partir de la investigación de José Luis Fernández en el Departamento de Microbiología de PharmaMar, filial del grupo Zeltia. Sus primeros pasos fueron modestos, en un chalé convertido en laboratorio, antes de instalarse en el Centro Europeo de Empresas e Innovación y, finalmente, dar el salto al Parque Tecnológico de León con un edificio propio.

Durante casi tres décadas, Biomar se especializó en la búsqueda y explotación de microorganismos marinos y los compuestos naturales que producen. Su actividad se movió entre la investigación farmacéutica, la agricultura, la alimentación y la cosmética, con proyectos que iban desde la búsqueda de moléculas con potencial contra el cáncer hasta biopesticidas, bioestimulantes o ingredientes de origen natural.

La propia empresa se define como especializada en microbiología marina y química de productos naturales, con una colección de microorganismos que constituye uno de los activos principales de su actividad investigadora. Durante años desarrolló proyectos por contrato para otras compañías y buscó convertir sus propios hallazgos científicos en productos industriales.

Biomar llegó incluso a formar parte del denominado entorno premercado de BME Growth, creado para preparar a empresas con aspiraciones de acceder al mercado bursátil. PharmaMar mantenía además una participación minoritaria en la compañía.

Uno de sus proyectos más ambiciosos fue la ampliación de su capacidad industrial en León mediante una inversión de unos tres millones de euros en una planta de fermentación de alrededor de 750 metros cuadrados, equipada con tanques de hasta 3.000 litros. Aquellas instalaciones, pensadas para dar un salto en la fabricación biotecnológica, forman ahora parte de los activos que recibiría el nuevo propietario.

A las dificultades propias de Biomar se sumó otro revés. Parte de sus instalaciones había sido ocupada desde 2016 por Bacthera, compañía especializada en fabricación por contrato de productos biofarmacéuticos vivos que llegó a obtener certificaciones de la Agencia Española de Medicamentos. El proyecto provocó inversiones y permitió sostener actividad y empleo cualificado en León, pero sus multinacionales propietarias acabaron decidiendo cerrar los laboratorios de Bacthera a escala internacional en el año 2024, incluido el leonés. Biomar presentó una alternativa para mantener la actividad y una plantilla cercana al medio centenar de trabajadores, pero la propuesta no prosperó.

La compañía perdió así otra fuente de actividad justo cuando comenzaba a sufrir una caída de facturación que terminaría desembocando en el concurso.

¿Quién está detrás del posible comprador?

El posible comprador forma parte del conglomerado empresarial de Jesús Juárez Molina, empresario murciano con más de dos décadas de experiencia y uno de los fundadores de Symborg, especializada en tecnología aplicada a la agricultura. Tras vender esa compañía en 2023, Juárez reforzó Nostrum Simul como vehículo para ordenar y desarrollar nuevas inversiones.

La documentación presentada para comprar Biomar define Nostrum Simul como la sociedad cabecera de un grupo empresarial familiar que emplea a más de 60 personas y participa en compañías dedicadas, entre otras actividades, a fertilizantes y bioestimulantes, adhesivos industriales, inversiones inmobiliarias y capital riesgo. El grupo declara un patrimonio neto de aproximadamente 244 millones de euros a cierre de 2024.

Nostrum Biosul declara tener intereses muy próximos a algunos de los mercados hacia los que pretende orientar la nueva Biomar. Entre sus sociedades figura Nawter Tech, dedicada en Murcia a fabricar y comercializar bioestimulantes y fertilizantes de alto valor, además de Noxun, centrada en adhesivos de origen natural. La presentación corporativa aportada al concurso incorpora ya a NS Biomar dentro de la estructura de Nostrum Simul como su compañía de “investigación biotecnológica”.

ILEÓN se ha puesto en contacto con Nostrum Simul para conocer sus planes concretos para la compañía y el futuro de sus instalaciones en León, pero han declinado responder hasta que la operación esté cerrada. La decisión la tomará el juez de lo Mercantil de León.

El Caballo Rojo ha vuelto a abrir sus puertas este 1 de septiembre en León, exactamente cuatro meses después de que cerrara el pasado 1 de mayo. La tradicional casa de comidas de la calle Federico Echevarría inicia una nueva etapa de la mano de Elena, quien fuera una de las trabajadoras del establecimiento y una cara conocida para buena parte de sus habituales desde hace 18 años. La reapertura ha despertado expectación entre la clientela y, ya durante esta primera jornada, el local contaba con numerosos comensales.

La reapertura permite dar continuidad a uno de esos bares de barrio ligados a la cocina casera de toda la vida. El Caballo Rojo cerró coincidiendo con la jubilación de Buenaventura 'Turi' Méndez, que regentaba el negocio junto a su hermano José Manuel. Detrás quedaban casi medio siglo de historia hostelera familiar iniciada por su padre, Matías, primero en el bar Drake y después en la Casa de Galicia, y cerca de 18 años del Caballo Rojo en su actual ubicación. Elena, ahora responsable del establecimiento, estuvo precisamente junto a Turi desde el primer día de aquella etapa.

La nueva responsable mantiene buena parte de las señas de identidad que convirtieron el local en un clásico. La carta conserva sus conocidas raciones de pulpo (20 euros), pulpo con cachelos (21), lacón (10), mollejas de ternera (13), oreja (10), callos (10), callos con garbanzos (9), tortilla grande (10) y pequeña (8), chorizo al vino (5), morcilla (6), calamares en su tinta (10) y cecina de chivo (19 euros). Los precios de las raciones se han incrementado un euro respecto a los que tenía el establecimiento antes de su cierre.

También continúa el menú del día, con cocina tradicional y platos diferentes según la jornada, por 14 euros, mientras que la opción para llevar cuesta 12 euros. Y permanece una de las citas que durante años ha atraído a numerosos habituales del Caballo Rojo: el cocido, que vuelve a servirse todos los martes y jueves. Así, apenas cuatro meses después de su cierre, una de las casas de comidas más reconocibles de León recupera su actividad con continuidad en la cocina y una nueva responsable al frente.

El Gobierno de Castilla y León, formado por Partido Popular (PP) y Vox, asegura estar totalmente alineado con el de Asturias, del PSOE e Izquierda Unida (IU), para exigir el fin del peaje de la autopista León-Asturias AP-66, pero a priori no para sancionar a la empresa concesionaria, Aucalsa, por no rebajar la cuantía a pesar los cortes, deficiencias y constantes obras.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, no cierra la puerta a seguir los pasos del proceso sancionador del Principado, que se eleva a 1,1 millones de reclamación, pero no le ve factible a priori en virtud de las competencias autonómicas. El portavoz, a preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno, hablo de estudiar la posibilidad de abrir un proceso similar de reclamación económica pero cargó más sus tintas y la responsabilidad en el Gobierno central. Insistió en que es el Ejecutivo y el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, quien tiene la concesión con esta empresa, al ser una autopista y por lo tanto de ámbito nacional.

“Vamos a estudiar todas las formas y todas las fórmulas jurídicas para defender los intereses de Castilla y León en relación con el peaje de la autopista que nos comunica con Asturias y, por tanto, si viéramos un cauce dentro de las capacidades competenciales de la Junta de Castilla y León para presentar un recurso, lo haríamos”, zanjó por todo compromiso. Y eso a pesar de la petición política de Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Por lo demás, insistió en que la posición de Castilla y León es “coincidente” con la que tiene el Principado de Asturias en relación con la AP-66, la llamada autopista del Huerna, al resultar evidente que la carretera de alta capacidad “no está en condiciones que justifiquen ese cobro”. La frase es idéntica a la manifestada recientemente por el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón. El último episodio es el cierre total durante horas de la autopista el pasado fin de semana por nuevos derrumbes en el Túnel del Negrón y la reapertura con el tráfico alterno por un solo túneles.

Carriedo, sin embargo, tiró de ironía política respecto a la posición del Gobierno, y en concreto del ministro vallisoletano Puente: “No sé si el hecho de que lo pidamos nosotros favorece que el ministro de Transportes nos pueda hacer algo de caso”. Recordó que “el presidente de la Junta -Alfonso Fernández Mañueco- ha pedido una reunión con él, no hemos tenido la suerte de que nos reciba, tampoco nos invita a los actos institucionales”. Por eso, defendió que al menos “estaría bien que, al menos, pudiera escuchar al Principado”. Y aseguró que “en este caso, estamos del lado del Gobierno de Asturias”.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha confirmado el despido disciplinario de un trabajador de Mercadona destinado en el bloque logístico de Villadangos del Páramo, después de considerar acreditado que utilizó de manera reiterada los medios informáticos de la empresa para fines particulares durante su jornada laboral. Entre los hechos probados en la sentencia figuran alrededor de 7.685 accesos a páginas de internet no autorizadas únicamente entre el 1 y el 25 de febrero de 2025, el empleo personal del correo electrónico corporativo y un enfrentamiento en el que profirió insultos y expresiones amenazantes contra un compañero.

La Sala de lo Social del TSJ desestimó el pasado mes de julio el recurso de suplicación presentado por el empleado contra la sentencia dictada en enero de 2026 por la Sección de lo Social 2 del Tribunal de Instancia de León en la que rechazaba la demanda del trabajador y declaraba procedente el despido. El fallo del TSJ confirma íntegra la sentencia de instancia sin imposición de costas.

El trabajador prestaba servicios para Mercadona desde mayo de 2006, tenía la categoría profesional de gerente A y desarrollaba su actividad en el Taller de Tiendas del Bloque Logístico de Villadangos del Páramo. El despido se produjo el 21 de mayo de 2025.

La carta entregada por la compañía hacía referencia, además, a antecedentes disciplinarios como haber sido amonestado por comentarios inapropiados, insultos y amenazas a otro compañero; además un mes antes de su despido volvió a ser amonestado por tener su teléfono móvil personal en el puesto de trabajo, aunque la sentencia considera probado que lo tenía encima de la mesa pero no que lo estuviera utilizando.

7.685 accesos a páginas web en 25 días

El núcleo del despido está, sin embargo, en la utilización de los equipos informáticos de la empresa. La sentencia de instancia dio por acreditado que entre febrero y el 28 de abril de 2025 el trabajador accedió durante su jornada, desde un ordenador de Mercadona, a páginas web no autorizadas y ajenas a su actividad profesional. Entre ellas aparecen YouTube, LinkedIn, Stripe, Facebook, Genesis, Reddit y Trustpilot. Solo entre el 1 y el 25 de febrero se contabilizaron unos 7.685 accesos.

A ello se sumó la utilización particular del correo electrónico de la compañía. Según los hechos probados asumidos por el TSJ, entre el 26 de noviembre de 2024 y el 16 de abril de 2025 el empleado realizó hasta 30 envíos personales utilizando la cuenta corporativa. La empresa entendió que estas actuaciones suponían una transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza, además de infringir las prohibiciones expresamente establecidas en su convenio colectivo para la utilización particular de los recursos informáticos, el correo electrónico y la navegación por internet.

El expediente disciplinario incorporó además un incidente ocurrido a primeros de mayo de 2025. La Justicia considera probado que el trabajador gritó y se dirigió de manera amenazante a un compañero, al que recriminó que le dijera las cosas “a la cara” y posteriormente llamó “vago” y “mierdas”. Para el TSJ, esta conducta encaja también en la falta muy grave relacionada con la falta de respeto a los compañeros contemplada en el convenio colectivo de Mercadona.

El trabajador acudió a los tribunales y el 2 de julio de 2025 presentó una demanda contra la compañía. Tras celebrarse el juicio, la jurisdicción social de León declaró procedente el despido en enero de 2026. El empleado recurrió entonces ante el TSJ de Castilla y León solicitando, en primer lugar, modificar varios de los hechos declarados probados y, posteriormente, cuestionando jurídicamente la gravedad y proporcionalidad de la sanción.

Entre sus alegaciones, el trabajador cuestionó el informe de acceso a internet. Argumentó que el informe de auditoría informática presentaba registros repetidos y que una misma entrada en una página podía generar automáticamente diferentes registros, pestañas, cookies o publicidad, sin significar necesariamente que el trabajador hubiera realizado conscientemente cada uno de esos accesos. También sostuvo que no se había demostrado una extracción de información confidencial ni la existencia de perjuicio para Mercadona.

La Sala rechazó esa modificación porque considera que el recurrente pretendía sustituir la valoración de las pruebas realizada por el juez que presenció el juicio por su propia interpretación. El recurso de suplicación, recuerda el TSJ, no constituye una segunda instancia en la que pueda repetirse toda la valoración probatoria.

Una conclusión similar alcanza respecto al correo electrónico. El empleado alegaba discrepancias entre el informe de auditoría informática y la propia carta de despido: sostenía que esta última recogía 14 correos y no los 30 que aparecían en el informe, además de señalar diferencias en el formato y que no podía conocerse el contenido de los mensajes ni determinarse si llevaban documentos adjuntos. El TSJ vuelve a rechazar la revisión al entender que esas afirmaciones requieren una nueva valoración de la prueba y contienen conclusiones que corresponden al terreno jurídico, no al relato de hechos probados.

La doctrina del Supremo sobre la pérdida de confianza

Al abordar el fondo del despido, el TSJ recurre a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza. Cita especialmente una sentencia de 19 de julio de 2010 que recuerda que la buena fe constituye una parte esencial de la relación laboral y exige al trabajador actuar conforme a criterios de lealtad, probidad y confianza. Su vulneración grave y culpable puede justificar la máxima sanción laboral, el despido disciplinario procedente.

Esa jurisprudencia establece además que para apreciar una transgresión de la buena fe no es imprescindible que la empresa haya sufrido un perjuicio económico importante ni que el trabajador haya obtenido un beneficio personal. Tampoco resulta imprescindible una voluntad específica de actuar deslealmente si existe un incumplimiento grave y culpable de los deberes inherentes al puesto. El Supremo señala igualmente que las exigencias de fidelidad y confianza deben observarse con especial rigor por quienes ocupan puestos de confianza o responsabilidad.

La Sala cita asimismo una sentencia del Supremo de octubre de 2023 sobre pérdida de confianza para insistir en que, al valorar determinadas infracciones laborales, la clave no reside exclusivamente en el perjuicio económico causado, sino también en la ruptura de la confianza que sostiene la relación entre empresa y trabajador. No obstante, la propia jurisprudencia obliga a analizar cada caso individualmente y aplicar criterios de proporcionalidad, dado que el despido constituye la sanción laboral más grave.

El TSJ aprecia una “quiebra de la confianza”

Aplicando esa doctrina al caso de Villadangos del Páramo, el tribunal considera que la conducta acreditada representa una quiebra de la confianza depositada por Mercadona en el trabajador. La Sala pone especialmente el acento en el “número elevadísimo” de accesos a páginas no autorizadas durante el tiempo de trabajo y mediante el ordenador de la empresa. A ello añade la utilización del correo corporativo para fines personales.

El convenio colectivo de Mercadona establece que los recursos informáticos, el correo electrónico y el acceso y navegación por internet son propiedad de la empresa y se facilitan para su utilización exclusivamente laboral. Su uso particular queda expresamente prohibido. Para los magistrados, las actuaciones acreditadas encajan en las faltas muy graves previstas en ese régimen disciplinario y suponen además una vulneración del deber de probidad propio de la relación laboral.

Además de cuestionar las pruebas sobre el uso personal de las herramientas informáticas de la empresa el trabajador también recurrió alegando que su despido se debió a denuncias previas que interpuso ante la Inspección de Trabajo por la falta de fichaje de los coordinadores y una demanda por acoso laboral puesta cuatro días antes de su despido que, según recoge la sentencia, fue posteriormente desestimada en todas las instancias. El TSJ rechazó su tesis porque todos los hechos justificativos del despido son anteriores a ambas denuncias por lo que “no hay indicio alguno” de que las denuncias formuladas por el trabajador fueran el detonante de su despido. La sentencia es firme aunque cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

La Junta de Castilla y León ya ha distribuido 1.265 toneladas de alimento, forraje y paja en explotaciones ganaderas de las provincias de León (casi 50 toneladas), Salamanca, Zamora, Ávila y Segovia, dando respuesta a las necesidades trasladadas en las zonas damnificadas por los incendios.

En este contexto, el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha visitado este martes la explotación bovina SAT GARFI, en Santa María del Condado, donde se ha realizado la entrega de un camión con 25 toneladas de pulpa de remolacha destinadas a la alimentación del ganado. Lo hizo acompañado por el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Juan José García García, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, y el jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería en León, Fidentino Reyero.

Esta entrega de pulpa se realiza en colaboración con la cooperativa ACOR, que se ha ofrecido a colaborar para facilitar el suministro de este alimento a los ganaderos afectados.

En concreto, este martes han llegado a esta zona dos camiones, cada uno de ellos con 25 microsilos de pulpa de remolacha, con una capacidad de una tonelada por microsilo.

El primero se ha destinado a la explotación SAT GARFI, que cuenta con más de 250 cabezas de ganado bovino, mientras que el segundo, de otras 25 toneladas, se ha entregado en Castro del Condado, a otros dos ganaderos afectados.

Desde el Gobierno de Castilla y León se ha agradecido la colaboración de ACOR, cuya respuesta ha contribuido a reforzar el dispositivo de apoyo activado para atender las necesidades más inmediatas de las explotaciones afectadas.

En el caso de León, un total de 16 explotaciones han solicitado ya este tipo de suministro. De ellas, 12 han sido atendidas hasta el momento, con la distribución de más de 46.380 kilos de forraje destinados a siete explotaciones de ganado bovino y equino; además se han suministrado 508 litros de alimento energético y 76 kilos de alimento proteico a otras cinco explotaciones apícolas.

Ayudas a los damnificados

Asimismo, la Consejería dice trabajar ya en la agilización y simplificación de los trámites para el abono durante este mes de agosto de las ayudas directas por importe de 5.500 euros destinadas a agricultores y ganaderos profesionales que hayan sufrido daños en sus explotaciones como consecuencia de los incendios.

Con el objetivo de que estas ayudas puedan llegar a los afectados de forma inmediata, Pollán ha informado de que se está trabajando en un sistema de tramitación simplificado mediante el cruce de los datos de la Seguridad Social con la información disponible sobre las superficies y explotaciones afectadas.

Según defiende, esta fórmula permitirá reducir las cargas administrativas para los beneficiarios y acelerar al máximo la concesión y el abono de las ayudas.

El objetivo declarado es que los profesionales afectados puedan concentrar sus esfuerzos en la recuperación de sus explotaciones. Para ello, la administración pretende evitar lo que califica como “trámites innecesarios” en un momento de especial dificultad.

La línea de alta tensión para evacuación de energía de numerosos parques de energía renovable, tanto eólicos como solares, entre las provincias de León y Palencia, el llamado Nudo Luengos, avanza inexorable en su tramitación, iniciada hace casi cuatro años. Y ahora toca el turno a blindar las expropiaciones de terrenos necesarias, que de manera mucho más amplia afectarán al municipio leonés de Sahagún.

La Junta de Castilla y León ha publicado una corrección de errores relativa al proyecto de infraestructura eléctrica asociado al Nudo Luengos. Un anuncio que ha replicado también el Boletín Oficial de la Provincia de León (BOP), actualizando el expediente de autorización administrativa, autorización de construcción y declaración de utilidad pública de un conjunto de líneas de alta tensión destinadas a evacuar y centralizar la producción energética de varios macroparques.

El expediente se enmarca en la tramitación iniciada en 2023, cuando se sometió a información pública el proyecto. La nueva publicación no altera el alcance general de la actuación ni los municipios incluidos en el trazado (en León son los de Santas Martas, Villamoratiel de Las Matas, El Burgo Ranero, Bercianos del Real Camino, Calzada del Coto, Villamol y Sahagún), pero sí corrige de forma relevante la relación de bienes y derechos afectados en la provincia leonesa.

El coste total de ejecución de toda la infraestructura que recoge el proyecto se eleva a 24,4 millones de euros, correspondiendo casi la mitad (12,7) a la línea principal entre Carrión (Palencia) y Luengos (Santas Martas, León). Está impulsado por el Grupo Lamelas, vinculado al conocido empresario minero Manuel Lamelas Viloria, en concreto a través de la sociedad Comunes Luengos SL pero que inicialmente impulsó Erbienergía Inversiones SL.

Asaja: del 'no' al 'sí' y ahora a la “aberración”

En su momento, el proyecto contó con una frontal oposición inicial en 2021 del sindicato agrario Asaja, por el hecho de que el diseño de la nueva línea eléctrica, que sumaría 36 kilómetros en total en la provincia leonesa, afectara de manera directa y perjudicial nuevos regadíos modernizados en la zona leonesa de Payuelos, compensación de la construcción en su día del pantano de Riaño. Un rechazo que pronto se reconvirtió en apoyo, dos años después, cuando, según zanjó la Evaluación de Impacto Ambiental favorable de la Junta, los promotores cambiaron el tendido de aéreo a subterráneo, al menos en la parte que afectaba a la provincia de León y en todos los regadíos mencionados, evitándose así la colocación en la zona de 115 grandes torres metálicas, según se aseguró entonces. Sin embargo, ahora el sindicato ha vuelto a rechazar frontalmente el proyecto, calificándolo de “aberrante”.

Ahora, se detalla que la actuación en el Nudo Luengos comprende tres líneas de alta tensión -L1, L2 y L3-, que combina tramos subterráneos y aéreos, además de los correspondientes centros de seccionamiento. Su finalidad es transportar la electricidad procedente de instalaciones eólicas hasta el punto de conexión previsto, una infraestructura que requiere la disponibilidad de los terrenos y, en su caso, la expropiación forzosa u ocupación urgente de las parcelas afectadas con cuyos propietarios no haya acuerdo previo. La expropiación vendrá permitida de manera automática precisamente cuando se declare “de utilidad pública” en el trámite actual.

La afección en Palencia

Además de los siete municipios afectados en León, ya mencionados, en Palencia el expediente incluye los términos de Moratinos, Lagartos, Ledigos, Villarrabé, Bustillo del Páramo de Carrión, Villaturde, Carrión de los Condes, Calzada de los Molinos, Villamuera de la Cueza, Paredes de Nava, Perales, San Mamés de Campos, Villasarracino y Villaherreros.

La corrección de parcelas afectadas por esa previsible expropiación pendiente reduce de manera sustancial la afección territorial inicialmente prevista en la provincia de León. El número de parcelas pasa de 188 a 123, es decir, 65 menos. La superficie total afectada baja de 319.116,03 metros cuadrados a 182.371,55 metros cuadrados: una disminución de 136.744,48 metros cuadrados, equivalente al 42,8% de la ocupación inicialmente contemplada. Cerca de la mitad menos.

Sahagún concentra casi la mitad

El Ayuntamiento de Sahagún continúa siendo, con diferencia, el municipio leonés más condicionado por el proyecto. En la versión corregida concentra 120.749,94 metros cuadrados afectados, el 66,2% de toda la superficie incluida en la provincia de León. La cifra sitúa al municipio como el principal foco territorial de una infraestructura que atraviesa el sur y el este de la provincia antes de prolongarse hacia Palencia y proveniente de la localidad de Luengos, en el municipio de Santas Martas.

La información pública mantiene ahora abierto un plazo de treinta días para que las personas interesadas puedan consultar el expediente (disponible pinchando aquí en este mes de agosto y algunos días de septiembre de 2026) y presentar las alegaciones que estimen oportunas. El anuncio constituye, por tanto, un nuevo hito dentro de un procedimiento abierto desde 2023, ahora con una delimitación más reducida de los terrenos afectados, pero con Sahagún aún como punto central de la futura línea de alta tensión eólica.

Aquí dejamos la publicación oficial en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León del trámite de autorizaciones y declaración de utilidad pública del Nudo Luengos, con detalle de las parcelas a a expropiar.

Con muchos de los trámites ya avanzados, y pendiente ahora de su definitivo visto bueno ambiental oficial, la empresa Huevos León SL confía en convertir en realidad su tercer proyecto de ampliación de una explotación avícola en el pueblo leonés de Malillos (municipio de Santas Martas). Una ampliación que maneja cifras gigantescas, entre las que destaca que, una vez construida una nueva nave, la macrogranja albergará un total de 450.000 gallinas ponedoras. Se trata de una cifra de aves que coincide que es exactamente igual a la población oficial de toda la provincia de León.

El proyecto se ha dado a conocer con motivo de su trámite ambiental, que se expone públicamente por segunda vez tras la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) esta primera semana del mes de agosto, y que pilota la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, ahora en manos de Vox en el cogobierno de pacto con el Partido Popular (PP) en la Junta de Castilla y León.

En concreto, se expone al público la solicitud de modificación sustancial de la autorización ambiental y al estudio de impacto ambiental de una explotación avícola. Y es que las naves de Huevos León en Malillos de los Oteros ya tienen las bendiciones ambientales desde su inicio, hace una década, en 2016, pero ha ido creciendo de manera exponencial. De las 84.000 gallinas iniciales se pasó a 170.000 en el año 2020 y hace apenas año y medio se incrementó la capacidad de la granja a 302.000 ejemplares.

Ahora la apuesta, con la inversión prevista de 1,2 millones de euros, es alcanzar las 450.272 gallinas ponedoras en jaulas. Su propio proyecto, disponible para su consulta pública por un plazo de 30 días hábiles, ofrece datos inmensos, como los 365.222 huevos que cada día se prevé producir en la macrogranja ya ampliada, una cifra que se extrae de los casi 131,5 millones de huevos al año que recoge el amplio documento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) actualizado a tales dimensiones.

Del mismo documento se extraen otras cifras relevantes. Con la ejecución de la nueva nave que se ha diseñado en Malillos (ahora dispone de cuatro), un nuevo centro de clasificación del producto y un centro de control y vigilancia, las instalaciones crecerán finalmente hasta los 17.000 metros cuadrados dedicados a la producción constante de huevos, dentro de una parcela de 160.000 metros cuadrados en total situada en las inmediaciones de esta pequeña localidad que apenas suma 31 vecinos empadronados.

Tal presencia prevista de ejemplares ponedores lógicamente generará un exponencial crecimiento de los residuos que se produzcan, como se recoge en la EIA. Por ejemplo, la gallinaza, es decir, el estiércol que se cifra que se generará en todo un año, será de 6.504 toneladas. Como se ha venido haciendo hasta ahora, este material se emplearía como abono y fertilizante agrícola bajo una supervisión, con criterios tales como mantener gran parte de esos residuos congelados en las propias instalaciones hasta durante cuatro meses fuera de la época del calendario agrícola local.

También se cuantifican a priori el número de ejemplares de gallina que morirán en las jaulas de las instalaciones, a razón de 27.352 ejemplares cada año, los cuales también habrán de conservarse congelados en grandes arcones para su posterior gestión oficial establecida de eliminación de los cadáveres. Finalmente, el exhaustivo documento incluso evalúa el número de huevos que se romperán durante todo el proceso y que no podrán servir para su consumo, cifrándose en nada menos que 46.017 huevos al año, a una media de casi 128 en cada jornada.

Con tales cifras, de salir adelante todas las autorizaciones necesarias, incluyendo la actual de carácter medioambiental, la nueva macrogranja recrecida de Huevos León podría ser una de las de mayor dimensión de toda la provincia leonesa. Una provincia en la que el sector avícola, y más concretamente el de gallinas ponedoras, conserva un gran impacto. Baste recordar, por ejemplo, otra reciente ampliación impulsada en la localidad de Villabraz por la empresa Cantos Blancos Norte, del grupo Huevos Guillén, para en su caso disponer de 214.500 gallinas camperas, es decir, con algo de terrero para campar y no en jaulas, que obtendrían una producción cada año de 57 millones de huevos. Esta compañía es suministradora de la mayor cadena de supermercado de España, la de Mercadona.

Sin embargo, Huevos León trabaja más en otras áreas del sector, por ejemplo, siendo licitador habitual de contratos de suministros de alimentación para instalaciones públicas como el Aeódromo Militar de León, entre otros.

Estamos asistiendo a una especie de competición para ver quién se lleva parte de la pujante industria armamentística. Casi todos los medios de comunicación y la mayoría de nuestros grupos políticos lo apoyan, bueno algunos tienen que buscar eufemismos; desarrollo, innovación, reto tecnológico, etcétera...

La prensa y nuestros representantes nos lo pintan con la palabra 'oportunidad' y ven la carrera impuesta del rearme como una salvación reindustrializadora, sobre todo para antiguas zonas minerosiderúrgicas. Vemos a Indra posicionada en As Pontes y en el tallerón de Gijón, la parte de munición merodeadora en el área de Villadangos y una disputa territorial para la fábrica de vehículos blindados a la que optaba El Bierzo, entre otras.

¿Pero es realmente una oportunidad? Yo pienso, o quiero pensar, que en realidad todo el mundo en su cabeza siente que el rearme es quemar el último cartucho, clausurar el futuro y olvidarnos de la moral. El rearme es la opción impuesta por los grandes grupos de poder. El modelo de sociedad que está generando es nefasto y, por tocar suelo, la corrupción que generará va a ser inevitable debido a la propia dinámica de la industria de guerra.

¿No hay nadie dentro del espectro político y mediático que abiertamente se sincere y sea valiente para, por lo menos, cuestionar la opción del rearme a la que nos están empujando?