El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha confirmado el despido disciplinario de un trabajador de Mercadona destinado en el bloque logístico de Villadangos del Páramo, después de considerar acreditado que utilizó de manera reiterada los medios informáticos de la empresa para fines particulares durante su jornada laboral. Entre los hechos probados en la sentencia figuran alrededor de 7.685 accesos a páginas de internet no autorizadas únicamente entre el 1 y el 25 de febrero de 2025, el empleo personal del correo electrónico corporativo y un enfrentamiento en el que profirió insultos y expresiones amenazantes contra un compañero.

La Sala de lo Social del TSJ desestimó el pasado mes de julio el recurso de suplicación presentado por el empleado contra la sentencia dictada en enero de 2026 por la Sección de lo Social 2 del Tribunal de Instancia de León en la que rechazaba la demanda del trabajador y declaraba procedente el despido. El fallo del TSJ confirma íntegra la sentencia de instancia sin imposición de costas.

El trabajador prestaba servicios para Mercadona desde mayo de 2006, tenía la categoría profesional de gerente A y desarrollaba su actividad en el Taller de Tiendas del Bloque Logístico de Villadangos del Páramo. El despido se produjo el 21 de mayo de 2025.

La carta entregada por la compañía hacía referencia, además, a antecedentes disciplinarios como haber sido amonestado por comentarios inapropiados, insultos y amenazas a otro compañero; además un mes antes de su despido volvió a ser amonestado por tener su teléfono móvil personal en el puesto de trabajo, aunque la sentencia considera probado que lo tenía encima de la mesa pero no que lo estuviera utilizando.

7.685 accesos a páginas web en 25 días

El núcleo del despido está, sin embargo, en la utilización de los equipos informáticos de la empresa. La sentencia de instancia dio por acreditado que entre febrero y el 28 de abril de 2025 el trabajador accedió durante su jornada, desde un ordenador de Mercadona, a páginas web no autorizadas y ajenas a su actividad profesional. Entre ellas aparecen YouTube, LinkedIn, Stripe, Facebook, Genesis, Reddit y Trustpilot. Solo entre el 1 y el 25 de febrero se contabilizaron unos 7.685 accesos.

A ello se sumó la utilización particular del correo electrónico de la compañía. Según los hechos probados asumidos por el TSJ, entre el 26 de noviembre de 2024 y el 16 de abril de 2025 el empleado realizó hasta 30 envíos personales utilizando la cuenta corporativa. La empresa entendió que estas actuaciones suponían una transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza, además de infringir las prohibiciones expresamente establecidas en su convenio colectivo para la utilización particular de los recursos informáticos, el correo electrónico y la navegación por internet.

El expediente disciplinario incorporó además un incidente ocurrido a primeros de mayo de 2025. La Justicia considera probado que el trabajador gritó y se dirigió de manera amenazante a un compañero, al que recriminó que le dijera las cosas “a la cara” y posteriormente llamó “vago” y “mierdas”. Para el TSJ, esta conducta encaja también en la falta muy grave relacionada con la falta de respeto a los compañeros contemplada en el convenio colectivo de Mercadona.

El trabajador acudió a los tribunales y el 2 de julio de 2025 presentó una demanda contra la compañía. Tras celebrarse el juicio, la jurisdicción social de León declaró procedente el despido en enero de 2026. El empleado recurrió entonces ante el TSJ de Castilla y León solicitando, en primer lugar, modificar varios de los hechos declarados probados y, posteriormente, cuestionando jurídicamente la gravedad y proporcionalidad de la sanción.

Entre sus alegaciones, el trabajador cuestionó el informe de acceso a internet. Argumentó que el informe de auditoría informática presentaba registros repetidos y que una misma entrada en una página podía generar automáticamente diferentes registros, pestañas, cookies o publicidad, sin significar necesariamente que el trabajador hubiera realizado conscientemente cada uno de esos accesos. También sostuvo que no se había demostrado una extracción de información confidencial ni la existencia de perjuicio para Mercadona.

La Sala rechazó esa modificación porque considera que el recurrente pretendía sustituir la valoración de las pruebas realizada por el juez que presenció el juicio por su propia interpretación. El recurso de suplicación, recuerda el TSJ, no constituye una segunda instancia en la que pueda repetirse toda la valoración probatoria.

Una conclusión similar alcanza respecto al correo electrónico. El empleado alegaba discrepancias entre el informe de auditoría informática y la propia carta de despido: sostenía que esta última recogía 14 correos y no los 30 que aparecían en el informe, además de señalar diferencias en el formato y que no podía conocerse el contenido de los mensajes ni determinarse si llevaban documentos adjuntos. El TSJ vuelve a rechazar la revisión al entender que esas afirmaciones requieren una nueva valoración de la prueba y contienen conclusiones que corresponden al terreno jurídico, no al relato de hechos probados.

La doctrina del Supremo sobre la pérdida de confianza

Al abordar el fondo del despido, el TSJ recurre a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza. Cita especialmente una sentencia de 19 de julio de 2010 que recuerda que la buena fe constituye una parte esencial de la relación laboral y exige al trabajador actuar conforme a criterios de lealtad, probidad y confianza. Su vulneración grave y culpable puede justificar la máxima sanción laboral, el despido disciplinario procedente.

Esa jurisprudencia establece además que para apreciar una transgresión de la buena fe no es imprescindible que la empresa haya sufrido un perjuicio económico importante ni que el trabajador haya obtenido un beneficio personal. Tampoco resulta imprescindible una voluntad específica de actuar deslealmente si existe un incumplimiento grave y culpable de los deberes inherentes al puesto. El Supremo señala igualmente que las exigencias de fidelidad y confianza deben observarse con especial rigor por quienes ocupan puestos de confianza o responsabilidad.

La Sala cita asimismo una sentencia del Supremo de octubre de 2023 sobre pérdida de confianza para insistir en que, al valorar determinadas infracciones laborales, la clave no reside exclusivamente en el perjuicio económico causado, sino también en la ruptura de la confianza que sostiene la relación entre empresa y trabajador. No obstante, la propia jurisprudencia obliga a analizar cada caso individualmente y aplicar criterios de proporcionalidad, dado que el despido constituye la sanción laboral más grave.

El TSJ aprecia una “quiebra de la confianza”

Aplicando esa doctrina al caso de Villadangos del Páramo, el tribunal considera que la conducta acreditada representa una quiebra de la confianza depositada por Mercadona en el trabajador. La Sala pone especialmente el acento en el “número elevadísimo” de accesos a páginas no autorizadas durante el tiempo de trabajo y mediante el ordenador de la empresa. A ello añade la utilización del correo corporativo para fines personales.

El convenio colectivo de Mercadona establece que los recursos informáticos, el correo electrónico y el acceso y navegación por internet son propiedad de la empresa y se facilitan para su utilización exclusivamente laboral. Su uso particular queda expresamente prohibido. Para los magistrados, las actuaciones acreditadas encajan en las faltas muy graves previstas en ese régimen disciplinario y suponen además una vulneración del deber de probidad propio de la relación laboral.

Además de cuestionar las pruebas sobre el uso personal de las herramientas informáticas de la empresa el trabajador también recurrió alegando que su despido se debió a denuncias previas que interpuso ante la Inspección de Trabajo por la falta de fichaje de los coordinadores y una demanda por acoso laboral puesta cuatro días antes de su despido que, según recoge la sentencia, fue posteriormente desestimada en todas las instancias. El TSJ rechazó su tesis porque todos los hechos justificativos del despido son anteriores a ambas denuncias por lo que “no hay indicio alguno” de que las denuncias formuladas por el trabajador fueran el detonante de su despido. La sentencia es firme aunque cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

La Junta de Castilla y León ya ha distribuido 1.265 toneladas de alimento, forraje y paja en explotaciones ganaderas de las provincias de León (casi 50 toneladas), Salamanca, Zamora, Ávila y Segovia, dando respuesta a las necesidades trasladadas en las zonas damnificadas por los incendios.

En este contexto, el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha visitado este martes la explotación bovina SAT GARFI, en Santa María del Condado, donde se ha realizado la entrega de un camión con 25 toneladas de pulpa de remolacha destinadas a la alimentación del ganado. Lo hizo acompañado por el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Juan José García García, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, y el jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería en León, Fidentino Reyero.

Esta entrega de pulpa se realiza en colaboración con la cooperativa ACOR, que se ha ofrecido a colaborar para facilitar el suministro de este alimento a los ganaderos afectados.

En concreto, este martes han llegado a esta zona dos camiones, cada uno de ellos con 25 microsilos de pulpa de remolacha, con una capacidad de una tonelada por microsilo.

El primero se ha destinado a la explotación SAT GARFI, que cuenta con más de 250 cabezas de ganado bovino, mientras que el segundo, de otras 25 toneladas, se ha entregado en Castro del Condado, a otros dos ganaderos afectados.

Desde el Gobierno de Castilla y León se ha agradecido la colaboración de ACOR, cuya respuesta ha contribuido a reforzar el dispositivo de apoyo activado para atender las necesidades más inmediatas de las explotaciones afectadas.

En el caso de León, un total de 16 explotaciones han solicitado ya este tipo de suministro. De ellas, 12 han sido atendidas hasta el momento, con la distribución de más de 46.380 kilos de forraje destinados a siete explotaciones de ganado bovino y equino; además se han suministrado 508 litros de alimento energético y 76 kilos de alimento proteico a otras cinco explotaciones apícolas.

Ayudas a los damnificados

Asimismo, la Consejería dice trabajar ya en la agilización y simplificación de los trámites para el abono durante este mes de agosto de las ayudas directas por importe de 5.500 euros destinadas a agricultores y ganaderos profesionales que hayan sufrido daños en sus explotaciones como consecuencia de los incendios.

Con el objetivo de que estas ayudas puedan llegar a los afectados de forma inmediata, Pollán ha informado de que se está trabajando en un sistema de tramitación simplificado mediante el cruce de los datos de la Seguridad Social con la información disponible sobre las superficies y explotaciones afectadas.

Según defiende, esta fórmula permitirá reducir las cargas administrativas para los beneficiarios y acelerar al máximo la concesión y el abono de las ayudas.

El objetivo declarado es que los profesionales afectados puedan concentrar sus esfuerzos en la recuperación de sus explotaciones. Para ello, la administración pretende evitar lo que califica como “trámites innecesarios” en un momento de especial dificultad.

La línea de alta tensión para evacuación de energía de numerosos parques de energía renovable, tanto eólicos como solares, entre las provincias de León y Palencia, el llamado Nudo Luengos, avanza inexorable en su tramitación, iniciada hace casi cuatro años. Y ahora toca el turno a blindar las expropiaciones de terrenos necesarias, que de manera mucho más amplia afectarán al municipio leonés de Sahagún.

La Junta de Castilla y León ha publicado una corrección de errores relativa al proyecto de infraestructura eléctrica asociado al Nudo Luengos. Un anuncio que ha replicado también el Boletín Oficial de la Provincia de León (BOP), actualizando el expediente de autorización administrativa, autorización de construcción y declaración de utilidad pública de un conjunto de líneas de alta tensión destinadas a evacuar y centralizar la producción energética de varios macroparques.

El expediente se enmarca en la tramitación iniciada en 2023, cuando se sometió a información pública el proyecto. La nueva publicación no altera el alcance general de la actuación ni los municipios incluidos en el trazado (en León son los de Santas Martas, Villamoratiel de Las Matas, El Burgo Ranero, Bercianos del Real Camino, Calzada del Coto, Villamol y Sahagún), pero sí corrige de forma relevante la relación de bienes y derechos afectados en la provincia leonesa.

El coste total de ejecución de toda la infraestructura que recoge el proyecto se eleva a 24,4 millones de euros, correspondiendo casi la mitad (12,7) a la línea principal entre Carrión (Palencia) y Luengos (Santas Martas, León). Está impulsado por el Grupo Lamelas, vinculado al conocido empresario minero Manuel Lamelas Viloria, en concreto a través de la sociedad Comunes Luengos SL pero que inicialmente impulsó Erbienergía Inversiones SL.

Asaja: del 'no' al 'sí' y ahora a la “aberración”

En su momento, el proyecto contó con una frontal oposición inicial en 2021 del sindicato agrario Asaja, por el hecho de que el diseño de la nueva línea eléctrica, que sumaría 36 kilómetros en total en la provincia leonesa, afectara de manera directa y perjudicial nuevos regadíos modernizados en la zona leonesa de Payuelos, compensación de la construcción en su día del pantano de Riaño. Un rechazo que pronto se reconvirtió en apoyo, dos años después, cuando, según zanjó la Evaluación de Impacto Ambiental favorable de la Junta, los promotores cambiaron el tendido de aéreo a subterráneo, al menos en la parte que afectaba a la provincia de León y en todos los regadíos mencionados, evitándose así la colocación en la zona de 115 grandes torres metálicas, según se aseguró entonces. Sin embargo, ahora el sindicato ha vuelto a rechazar frontalmente el proyecto, calificándolo de “aberrante”.

Ahora, se detalla que la actuación en el Nudo Luengos comprende tres líneas de alta tensión -L1, L2 y L3-, que combina tramos subterráneos y aéreos, además de los correspondientes centros de seccionamiento. Su finalidad es transportar la electricidad procedente de instalaciones eólicas hasta el punto de conexión previsto, una infraestructura que requiere la disponibilidad de los terrenos y, en su caso, la expropiación forzosa u ocupación urgente de las parcelas afectadas con cuyos propietarios no haya acuerdo previo. La expropiación vendrá permitida de manera automática precisamente cuando se declare “de utilidad pública” en el trámite actual.

La afección en Palencia

Además de los siete municipios afectados en León, ya mencionados, en Palencia el expediente incluye los términos de Moratinos, Lagartos, Ledigos, Villarrabé, Bustillo del Páramo de Carrión, Villaturde, Carrión de los Condes, Calzada de los Molinos, Villamuera de la Cueza, Paredes de Nava, Perales, San Mamés de Campos, Villasarracino y Villaherreros.

La corrección de parcelas afectadas por esa previsible expropiación pendiente reduce de manera sustancial la afección territorial inicialmente prevista en la provincia de León. El número de parcelas pasa de 188 a 123, es decir, 65 menos. La superficie total afectada baja de 319.116,03 metros cuadrados a 182.371,55 metros cuadrados: una disminución de 136.744,48 metros cuadrados, equivalente al 42,8% de la ocupación inicialmente contemplada. Cerca de la mitad menos.

Sahagún concentra casi la mitad

El Ayuntamiento de Sahagún continúa siendo, con diferencia, el municipio leonés más condicionado por el proyecto. En la versión corregida concentra 120.749,94 metros cuadrados afectados, el 66,2% de toda la superficie incluida en la provincia de León. La cifra sitúa al municipio como el principal foco territorial de una infraestructura que atraviesa el sur y el este de la provincia antes de prolongarse hacia Palencia y proveniente de la localidad de Luengos, en el municipio de Santas Martas.

La información pública mantiene ahora abierto un plazo de treinta días para que las personas interesadas puedan consultar el expediente (disponible pinchando aquí en este mes de agosto y algunos días de septiembre de 2026) y presentar las alegaciones que estimen oportunas. El anuncio constituye, por tanto, un nuevo hito dentro de un procedimiento abierto desde 2023, ahora con una delimitación más reducida de los terrenos afectados, pero con Sahagún aún como punto central de la futura línea de alta tensión eólica.

Aquí dejamos la publicación oficial en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León del trámite de autorizaciones y declaración de utilidad pública del Nudo Luengos, con detalle de las parcelas a a expropiar.

Con muchos de los trámites ya avanzados, y pendiente ahora de su definitivo visto bueno ambiental oficial, la empresa Huevos León SL confía en convertir en realidad su tercer proyecto de ampliación de una explotación avícola en el pueblo leonés de Malillos (municipio de Santas Martas). Una ampliación que maneja cifras gigantescas, entre las que destaca que, una vez construida una nueva nave, la macrogranja albergará un total de 450.000 gallinas ponedoras. Se trata de una cifra de aves que coincide que es exactamente igual a la población oficial de toda la provincia de León.

El proyecto se ha dado a conocer con motivo de su trámite ambiental, que se expone públicamente por segunda vez tras la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) esta primera semana del mes de agosto, y que pilota la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, ahora en manos de Vox en el cogobierno de pacto con el Partido Popular (PP) en la Junta de Castilla y León.

En concreto, se expone al público la solicitud de modificación sustancial de la autorización ambiental y al estudio de impacto ambiental de una explotación avícola. Y es que las naves de Huevos León en Malillos de los Oteros ya tienen las bendiciones ambientales desde su inicio, hace una década, en 2016, pero ha ido creciendo de manera exponencial. De las 84.000 gallinas iniciales se pasó a 170.000 en el año 2020 y hace apenas año y medio se incrementó la capacidad de la granja a 302.000 ejemplares.

Ahora la apuesta, con la inversión prevista de 1,2 millones de euros, es alcanzar las 450.272 gallinas ponedoras en jaulas. Su propio proyecto, disponible para su consulta pública por un plazo de 30 días hábiles, ofrece datos inmensos, como los 365.222 huevos que cada día se prevé producir en la macrogranja ya ampliada, una cifra que se extrae de los casi 131,5 millones de huevos al año que recoge el amplio documento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) actualizado a tales dimensiones.

Del mismo documento se extraen otras cifras relevantes. Con la ejecución de la nueva nave que se ha diseñado en Malillos (ahora dispone de cuatro), un nuevo centro de clasificación del producto y un centro de control y vigilancia, las instalaciones crecerán finalmente hasta los 17.000 metros cuadrados dedicados a la producción constante de huevos, dentro de una parcela de 160.000 metros cuadrados en total situada en las inmediaciones de esta pequeña localidad que apenas suma 31 vecinos empadronados.

Tal presencia prevista de ejemplares ponedores lógicamente generará un exponencial crecimiento de los residuos que se produzcan, como se recoge en la EIA. Por ejemplo, la gallinaza, es decir, el estiércol que se cifra que se generará en todo un año, será de 6.504 toneladas. Como se ha venido haciendo hasta ahora, este material se emplearía como abono y fertilizante agrícola bajo una supervisión, con criterios tales como mantener gran parte de esos residuos congelados en las propias instalaciones hasta durante cuatro meses fuera de la época del calendario agrícola local.

También se cuantifican a priori el número de ejemplares de gallina que morirán en las jaulas de las instalaciones, a razón de 27.352 ejemplares cada año, los cuales también habrán de conservarse congelados en grandes arcones para su posterior gestión oficial establecida de eliminación de los cadáveres. Finalmente, el exhaustivo documento incluso evalúa el número de huevos que se romperán durante todo el proceso y que no podrán servir para su consumo, cifrándose en nada menos que 46.017 huevos al año, a una media de casi 128 en cada jornada.

Con tales cifras, de salir adelante todas las autorizaciones necesarias, incluyendo la actual de carácter medioambiental, la nueva macrogranja recrecida de Huevos León podría ser una de las de mayor dimensión de toda la provincia leonesa. Una provincia en la que el sector avícola, y más concretamente el de gallinas ponedoras, conserva un gran impacto. Baste recordar, por ejemplo, otra reciente ampliación impulsada en la localidad de Villabraz por la empresa Cantos Blancos Norte, del grupo Huevos Guillén, para en su caso disponer de 214.500 gallinas camperas, es decir, con algo de terrero para campar y no en jaulas, que obtendrían una producción cada año de 57 millones de huevos. Esta compañía es suministradora de la mayor cadena de supermercado de España, la de Mercadona.

Sin embargo, Huevos León trabaja más en otras áreas del sector, por ejemplo, siendo licitador habitual de contratos de suministros de alimentación para instalaciones públicas como el Aeódromo Militar de León, entre otros.

Estamos asistiendo a una especie de competición para ver quién se lleva parte de la pujante industria armamentística. Casi todos los medios de comunicación y la mayoría de nuestros grupos políticos lo apoyan, bueno algunos tienen que buscar eufemismos; desarrollo, innovación, reto tecnológico, etcétera...

La prensa y nuestros representantes nos lo pintan con la palabra 'oportunidad' y ven la carrera impuesta del rearme como una salvación reindustrializadora, sobre todo para antiguas zonas minerosiderúrgicas. Vemos a Indra posicionada en As Pontes y en el tallerón de Gijón, la parte de munición merodeadora en el área de Villadangos y una disputa territorial para la fábrica de vehículos blindados a la que optaba El Bierzo, entre otras.

¿Pero es realmente una oportunidad? Yo pienso, o quiero pensar, que en realidad todo el mundo en su cabeza siente que el rearme es quemar el último cartucho, clausurar el futuro y olvidarnos de la moral. El rearme es la opción impuesta por los grandes grupos de poder. El modelo de sociedad que está generando es nefasto y, por tocar suelo, la corrupción que generará va a ser inevitable debido a la propia dinámica de la industria de guerra.

¿No hay nadie dentro del espectro político y mediático que abiertamente se sincere y sea valiente para, por lo menos, cuestionar la opción del rearme a la que nos están empujando?

Gadis ha abierto un nuevo supermercado en Trobajo del Camino, en la confluencia de las calles Antonio Vázquez Fernández y la antigua Dulcinea, en el municipio de San Andrés del Rabanedo. El establecimiento, el décimo de la cadena en la provincia de León, ha supuesto la creación de 42 puestos de trabajo directos, según informa la compañía, y amplía la presencia de la compañía en este territorio.

El nuevo punto de venta se ha construido sobre una parcela de 4.700 metros cuadrados y dispone de unas instalaciones de más de 1.600 metros cuadrados de superficie. Según la empresa, el edificio incorpora criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. Además, cuenta con acceso desde ambas calles y un aparcamiento gratuito con 81 plazas para los clientes.

El supermercado ofrece un surtido de más de 12.000 referencias, que incluye productos frescos, artículos de proximidad, marcas de fabricante, productos de la marca propia IFA y una oferta específica de alimentos veganos, ecológicos, sin gluten y a granel.

Entre sus servicios figuran las secciones de producto fresco con atención personalizada en pescadería, carnicería, charcutería, frutería y panadería. El establecimiento abre de lunes a sábado, en horario ininterrumpido de 9.30 a 21.30 horas, y también permite realizar la compra a través de internet.

El Juzgado número 8 de lo Civil de León, con competencias mercantiles, ha declarado culpable la quiebra económica sufrida por la Cooperativa de Leche Lar y ha señalado como responsable a Luis Carlos Fernández, quien fuera su todopoderoso gerente durante 24 años. La sentencia concluye que ejerció como administrador de hecho de la cooperativa y que las graves irregularidades contables acreditadas contribuyeron a agravar su insolvencia.

El fallo impone a Fernández una inhabilitación de siete años para administrar bienes ajenos o representar a terceros. Y también le condena a devolver un total de 375.624,33 euros, una cifra equivalente a las retribuciones brutas que percibió entre el año 2021 y la fecha de su salida de la cooperativa, en agosto de 2024, poco antes de airearse la grave situación que sufría la entidad. También debe afrontar el pago de las costas procesales, si bien hay que remarcar que la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de León.

Tal y como publicó Diario de León, la jueza asume en lo sustancial las conclusiones de la administración concursal sobre una contabilidad que no reflejaba la imagen fiel de la situación económica de Lar. El procedimiento sitúa en torno a seis millones de euros el volumen de existencias y derechos de cobro que eran inexistentes o que estaban sobrevalorados, a pesar de lo cual se mantuvieron como activos en las cuentas de la cooperativa durante varios ejercicios presupuestarios. Esas partidas fueron finalmente corregidas antes de la solicitud de concurso, presentada en 2025, después de haber aflorado durante 2024.

La corrección contable dejó en evidencia la profundidad casi insalvable del deterioro patrimonial. Según los datos recogidos en la sentencia judicial, la cooperativa presentaba un déficit superior a 7,6 millones de euros: disponía de activos por unos 3,8 millones frente a una deuda total de 11,4 millones. El informe concursal describe además un aumento sostenido del endeudamiento y una creciente dependencia de financiación a corto plazo, cuyo peso habría pasado del 58% en 2020 al 75% en 2023. La imposibilidad de renovar las líneas de capital circulante terminó precipitando el colapso financiero que acabó con la salida del gerente y la designación de unos nuevos responsables de la entidad para tratar de encontrar desesperada una salida a la crisis.

La sentencia considera probado que Fernández disponía de “total autonomía” y capacidad de decisión “sin ninguna otra dependencia jerárquica”, suficientes para dirigir de hecho la cooperativa, pese a no ostentar formalmente el cargo de administrador. La resolución valora que era él quien negociaba con entidades financieras, mantenía las relaciones con auditores y asesores, representaba a Lar ante terceros y participaba en los órganos de decisión. También subraya que validó la contabilidad que incluía los activos inexistentes y que no trasladó al Consejo Rector la situación real de insolvencia, que el informe concursal sitúa ya desde el año 2021. Este medio no ha conseguido por varias vías contactar con Luis Carlos Fernández para recabar su punto de vista y una posible decisión de recurso frente a la sentencia.

El Consejo Rector sale indemne

Por el contrario, el juzgado rechaza extender la responsabilidad a los miembros del Consejo Rector, tal y como reclamaba el Grupo Leche Río. Y es que la resolución asegura literalmente que que se trataba “de agricultores y ganaderos, sin conocimientos financieros, contables o jurídicos” que en todo momento “delegaban en el gerente, en el que tenían confianza plena”, e incluso “no contaban tampoco con retribución alguna como miembros del Consejo”. Fue por eso que confiaron en la información proporcionada por la dirección ejecutiva y en auditorías que emitieron informes favorables sin detectar las irregularidades que después afloraron.

Además, se recuerda que el actual Consejo Rector accedió al cargo en 2024, cuando una parte sustancial de los hechos ya se había producido, e incluso valora que actuó al conocer la dimensión de los problemas, tal y como declararon entonces a ILEÓN el nuevo gerente, Miguel Fontanilla, y el recién nombrado presidente, José Franco.

Por aquel entonces, cuando Luis Carlos Fernández dejó inesperadamente la gerencia alegando formalmente motivos personales, la nueva dirección insistía en que tratarían de que la cooperativa, con más de medio siglo de vida, podría superar sus dificultades con un nuevo plan, descartando entonces solicitar concurso de acreedores. La empresa mantenía entonces su plantilla de 16 trabajadores, sus líneas de negocio y gran parte la recogida de leche, aunque en algunas zonas de la Montaña leonesa se dejó de recoger y obligó a buscar nuevas fórmulas.

Aquella información vinculaba las tensiones financieras al fracaso de una operación crediticia y al rendimiento por debajo de lo previsto de determinadas inversiones, como el secadero de maíz de Veguellina de Órbigo, localidad en la que Lar mantiene su sede social incluso después de la adquisición final por parte de grupo cántabro Agrocantabria. La sentencia, sin embargo, incorpora un elemento central: la existencia de activos ficticios que durante años habrían ocultado la verdadera dimensión del desequilibrio económico, y un claro responsable de ello.

La crisis fue un histórico varapalo a una de las cooperativas más identificadas con el campo leonés, especialmente en la comarca del Órbigo. Lar llegó a reunir a más de 300 socios y a mover una facturación anual situada, según las últimas cifras entonces conocidas, entre 15 y 20 millones de euros. Su marca de leche, de origen cien por cien leonés y presente en los lineales desde 2010, se convirtió en uno de los emblemas comerciales de la entidad.

La calificación culpable del concurso y la responsabilidad del exgerente no equivalen a una condena penal: se trata de una resolución dictada dentro del procedimiento concursal, lo cual determina las responsabilidades civiles y mercantiles por la agravación de la insolvencia económica. Y todavía la posible vía de la apelación ante la Audiencia mantiene abierto el recorrido judicial de un caso que golpeó a una histórica cooperativa y a buena parte de su entorno rural leonés.

Una especie en total peligro de extinción, el urogallo cantábrico, del que se estima que apenas quedan 209 ejemplares en libertad, y bajando, ha vuelto a ganar la partida a un macroproyecto eólico. Y ha vuelto a ocurrir en la provincia de León, donde se concentran la mayoría de los ejemplares, junto con el Principado de Asturias.

Esta vez la victoria de la delicadísima urogallina se ha convertido además en protagonista de un boletín oficial. Ha sido en el BOP de León donde la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado que Solaria, uno de los mayores grupos empresariales de proyectos de energía renovables, desiste de manera formal de una macroplanta eólica que venía impulsado desde hace casi dos años en la comarca leonesa de la Cepeda.

Se trataba de un proyecto que preveía la instalación de 10 enormes aerogeneradores e infraestructuras de evacuación en los municipios leoneses de Quintana del Castillo, Valdesamario y Villagatón, para generar 70 megavatios de potencia. El motivo por el que la compañía renuncia al parque bautizado como 'Aquarii', renuncia que el Ministerio asume paralizando la solicitud de autorización administrativa previa que estaba en marcha, no es otro que el impacto irreversible que este proyecto había supuesto para el urogallo.

Así se refleja en la documentación dada a conocer a través del Boletín leonés: “El promotor pone de manifiesto que la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León ha informado que el proyecto resulta ambientalmente inviable por ser incompatible con el Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico”, se limita a recoger. Llama la atención, además, porque ha sido la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta la que ha peleado durante años por legalizar, hasta en tres ocasiones, algunos antiguos parques eólicos como Peña del Gato, que la Justicia declaraba reiteradamente ilegales, precisamente por los daños a la especie protegida.

Ahora, ante la acumulación de informes desfavorables de diversos organismos y administraciones durante la tramitación ambiental, la empresa reconoce la inviabilidad de esta parte de su gran proyecto en León, solicitando el cierre formal del expediente. Pero solo parte. Porque sin embargo, Aquarii sigue adelante en su formato original, que era una macroplanta de placas solares en la misma comarca leonesa, de 89,6 Mw. Y es que la instalación eólica a la que se renuncia se había planteado por parte de Solaria como una “hibridación con la instalación fotovoltaica Aquarii Solar”. Juntos iban a ocupar unas 200 hectáreas. También continuará avanzando plazos administrativos y ambientales toda la infraestructura de evacuación energética de esta planta solar, gran parte de la cual se iba a aprovechar conjuntamente para ambos proyectos. Esta infraestructura se tramitaba en un expediente separado, SGIISE/PFot-234.

Una larga historia de trámites

El expediente original, impulsado por Planta FV 127 SLU, arrancó en julio de 2024, al presentarse la solicitud de autorización administrativa previa para el proyecto. Medio año después, el 24 de enero de 2025, la administración acordó admitir a trámite la petición, dando continuidad al procedimiento. Sin embargo, el proyecto el primer obstáculo apenas unas semanas después: El 13 de febrero de 2025 se dictó una resolución que puso fin a la pretensión de la compañía se someter las dos plantas a un procedimiento simplificado de afección ambiental.

El Ministerio determinó que la actuación debía someterse a una tramitación ordinaria de evaluación ambiental, un proceso más amplio que implica un análisis detallado de las posibles afecciones del proyecto. Y ha sido este trámite de impacto ambiental ordinario, que comenzó formalmente el 1 de septiembre de 2025, en el que la Junta ha sido tajante al advertir la incompatibilidad de la parte eólica con la supervivencia del urogallo en una de las pocas comarcas de España donse aún sobrevive. Y aún así, la proliferación de proyectos de macroplantas solares sigue atenazando el paisaje de toda la Cepeda, donde se multiplican este tipo de proyectos desde hace años.

La Asociación Juventudes Activas de León ha abierto con una gran acogida la VII edición del Programa Teatro Activo 2026, que se desarrolla en el Aula 2 del Albergue de Asociaciones del CHF (Calle Los Campos Góticos s/n, León). La nueva edición ha completado las plazas disponibles, lo que confirma el creciente interés que despierta este proyecto cultural y formativo entre la ciudadanía leonesa.

En esta edición participan 21 personas, distribuidas en dos grupos de formación adaptados a las características de los asistentes. El primero está integrado por jóvenes leoneses, con edades comprendidas entre los 14 y los 22 años, mientras que el segundo reúne a personas refugiadas procedentes de distintos países y con diferentes niveles de conocimiento del idioma español hasta favorecer un aprendizaje adaptado a través de una experiencia enriquecedora para todos los participantes.

El programa está impartido por Naturgeis, entidad especializada en teatro social y educativo, y organizado por Juventudes Activas de León, con el objetivo de promover la cultura como herramienta de desarrollo personal, convivencia e inclusión social.

Como en las ediciones anteriores, el curso aplica la metodología del Teatro Social Ecológico (TSE), desarrollada por Naturgeis y reconocida internacionalmente como un modelo innovador que integra la creación artística, la participación comunitaria y la conciencia ambiental. A través de esta metodología, el teatro se convierte en un espacio donde las personas desarrollan habilidades comunicativas, creatividad, empatía y trabajo en equipo, Y favorece, además, el diálogo intercultural.

Durante las primeras sesiones, los participantes han trabajado dinámicas de presentación, expresión corporal, improvisación y juegos teatrales orientados a fortalecer la confianza, la cohesión grupal y la comunicación. La convivencia entre jóvenes locales y personas refugiadas genera un entorno especialmente enriquecedor, donde el intercambio cultural y el aprendizaje mutuo se convierten en protagonistas del proceso formativo.

Fernando Paniagua Blanc, director del proyecto, profesor de teatro y reconocido director de teatro y cine leonés, destacó: “El teatro crea espacios seguros donde las diferencias culturales y lingüísticas dejan de ser barreras para convertirse en oportunidades de aprendizaje. Cada edición demuestra que la creatividad y la participación son un lenguaje universal capaz de unir a las personas.”

A lo largo de las próximas semanas, el programa continuará ofreciendo formación en interpretación, improvisación, voz, movimiento escénico y creación colectiva, siempre desde una metodología participativa que sitúa a las personas en el centro del proceso creativo.

Con esta séptima edición, Juventudes Activas de León reafirma su compromiso con una oferta cultural accesible, inclusiva y de calidad, complementando su reconocida labor en el ámbito del ocio alternativo, donde desde hace años impulsa actividades de juegos de mesa, rol y dinamización juvenil que fomentan la creatividad, la participación y las relaciones sociales.

La Asociación Juventudes Activas de León desarrolla programas culturales, educativos y sociales dirigidos a jóvenes y a la ciudadanía en general, herramientas con las que promueve la inclusión, la participación comunitaria y el aprendizaje a través de metodologías innovadoras. Su trayectoria en el ámbito del ocio alternativo y la dinamización juvenil la ha convertido en una entidad de referencia en la provincia de León.

Por su parte, Naturgeis es una organización especializada en la aplicación del teatro social y ecológico como herramienta de transformación, educación e inclusión. Con una amplia trayectoria en proyectos nacionales e internacionales, ha desarrollado la metodología Teatro Social Ecológico (TSE), un modelo innovador que combina las artes escénicas, la sostenibilidad, la participación ciudadana y el aprendizaje experiencial para promover la creatividad, la cohesión social, el diálogo intercultural y el desarrollo personal.

Esta metodología se aplica de forma continuada en el Programa Teatro Activo. Y contribuye a crear espacios de encuentro donde personas de diferentes edades, culturas y realidades sociales pueden aprender, expresarse y crecer conjuntamente a través del teatro.

Como parte de su compromiso con la difusión de buenas prácticas y la innovación educativa, Naturgeis pone a disposición de profesionales, entidades y centros educativos el Manual de Teatro Social Ecológico (TSE), que puede descargarse gratuitamente en su web.

El Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo ha aprobado definitivamente la figura urbanística, un estudio de detalle, que permitirá la expansión de la empresa Legumbres Penelas en el polígono industrial del municipio leonés. Se trata de una actuación urbanística destinada a reorganizar parcelas y espacios públicos ya existentes, algunos ya propiedad de la compañía y otros del Consistorio, para facilitar el crecimiento de una de las empresas agroalimentarias más consolidadas de la provincia.

La actuación, promovida por la propia mercantil, contempla la agrupación de 36 parcelas y un vial interior para crear una gran parcela industrial de cerca de 27.000 metros cuadrados sobre la que desarrollar nuevas instalaciones vinculadas a su actividad productiva, que no para de crecer, refleja Efe.

El proyecto afecta a terrenos del polígono industrial situados junto a la actual planta de la compañía y obliga a modificar parte de la ordenación interior del sector. Para ello, se reubicarán equipamientos públicos y plazas de aparcamiento, aunque el expediente destaca que no se reducirá la superficie destinada a dotaciones ni se incrementará la edificabilidad total prevista inicialmente para el polígono. Así se publica este lunes 3 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), reflejando el acuerdo del Pleno de Villarejo del pasado 1 de julio, poniendo fin al proceso.

El expediente también argumenta que la ampliación contribuirá a reforzar la competitividad de una firma ya asentada en Villarejo de Órbigo y permitirá aprovechar infraestructuras industriales existentes, evitando el traslado de la actividad a otro emplazamiento. Entre las ventajas citadas figuran el mantenimiento del tejido económico local, la creación de nuevos puestos de trabajo y el apoyo a una actividad estrechamente vinculada al sector agroalimentario de la provincia.

La reordenación urbanística contempla asimismo la supresión de un vial interior y la creación de una nueva zona de aparcamiento público para compensar las cerca de sesenta plazas afectadas por la operación. También prevé la permuta de parcelas destinadas a equipamiento social y comercial para mantener intactos los estándares urbanísticos del sector.

Legumbres Penelas es una de las empresas de referencia en el sector de las legumbres en Castilla y León y mantiene desde hace años su actividad industrial en Villarejo de Órbigo, una localidad con una fuerte vinculación histórica al cultivo y comercialización de estos productos.

La organización agraria Asaja León ha cargado con dureza contra el proyecto de la gran línea eléctrica de alta tensión que pretende transportar hasta la subestación de Luengos, en el municipio leonés de Santas Martas, la energía generada por tres parques eólicos situados en la provincia de Palencia. La organización califica de “aberrante” la infraestructura y anuncia que presentará alegaciones.

La crítica llega apenas una semana después de que se conociera el proyecto, que contempla la construcción de una línea de 61,66 kilómetros entre el centro de seccionamiento de Carrión, en Villaturde (Palencia), y la subestación transformadora de Promotores Luengos, desde donde la electricidad se inyectará en la red de transporte de Red Eléctrica. La actuación, promovida por Comunes Luengos S.L., sociedad vinculada al grupo berciano Erbienergía de los Lamelas Viloria, implica la declaración de utilidad pública de la infraestructura y, con ella, la posibilidad de expropiar terrenos y establecer servidumbres de paso en decenas de fincas de León y Palencia.

Asaja sostiene que “no tiene” ese supuesto interés público. A su juicio, la línea responde exclusivamente “al ánimo lucrativo de sus promotores” y a la búsqueda del punto más barato para evacuar la electricidad generada en Palencia, utilizando para ello la subestación de Luengos. La organización recuerda que León ya produce más energía de la que consume y considera que la provincia asume el impacto de una infraestructura que, asegura, “no genera riqueza ni empleo local”.

“La provincia recibe una infraestructura que no se quiere en otros territorios, que genera una energía que no necesitamos, que perjudica a los propietarios de fincas rústicas y a quienes las cultivan y que, además, tiene un fuerte impacto ambiental”, resume la organización agraria en su comunicado.

El foco, en las tierras de Payuelos

Uno de los principales argumentos de Asaja se centra en la afección sobre la zona regable de Payuelos, por donde discurrirá parte del trazado. La organización recuerda que ya durante la tramitación ambiental presentó alegaciones para evitar que la línea cruzara esta zona y consiguió, como “mal menor”, que el tramo afectado se ejecutara finalmente de forma subterránea.

Según la organización, la documentación sometida a información pública identifica 276 parcelas agrícolas de la provincia de León, la mayoría procedentes de procesos de concentración parcelaria y muchas de ellas de regadío modernizado, sobre las que recaerán servidumbres de paso, apoyos o ocupaciones temporales.

Además, critica que el expediente no concrete cuánto tiempo durarán esas ocupaciones temporales, qué indemnizaciones recibirán los propietarios ni qué compensaciones corresponderán a los agricultores que cultivan esas tierras en régimen de arrendamiento. Por ello, confirma que presentará alegaciones dentro del plazo de treinta días habilitado por la Junta.

Una línea de más de 60 kilómetros con expropiaciones

El proyecto prevé una línea de alta tensión de 132 kilovoltios y 61,66 kilómetros que atravesará seis municipios de la provincia de León: Santas Martas, El Burgo Ranero, Santa María del Monte de Cea, Calzada del Coto, Villamol y Sahagún, además de otros quince términos municipales de Palencia.

La infraestructura permitirá evacuar la producción de tres parques eólicos de 48 megavatios cada uno, con una potencia conjunta de 144 MW, mediante una red que combina tramos aéreos y soterrados antes de conectar con la subestación de Luengos.

Asaja enmarca esta oposición dentro de una reivindicación más amplia para que el nuevo Gobierno autonómico proteja el suelo agrícola más productivo frente a la proliferación de parques renovables y de sus infraestructuras de evacuación. La organización lamenta que, a su juicio, ni la Junta de Castilla y León ni el Estado hayan priorizado hasta ahora los intereses de los agricultores frente a este tipo de proyectos.

El Consejo de Gobierno del Principado ha dado luz verde a la tramitación de una multa de 1,1 millones de euros a Aucalsa, la empresa concesionaria de la autopista del Huerna (AP-66), por una presunta infracción “muy grave” en materia de consumo, por cobrar todo el peaje sin prestar el servicio en toda su extensión, y por otra “grave” por una deficiente señalización de las obras.

Por la mala señalización de los trabajos, que afectan a casi un 40 por ciento del recorrido, y no informar a los conductores de esa situación antes de coger la autopista, se plantea una multa de cien mil euros, mientras que por no ofrecer el servicio que debería darse se baraja otra de un millón de euros, cantidades que suponen la mayor sanción planteada hasta ahora en materia de consumo en Asturias.

A partir de ahora, las sanciones propuestas por la Dirección General de Consumo serán notificadas a la empresa y se abrirá un proceso en el que la concesionaria podrá presentar alegaciones durante el mes de agosto antes de que sean firmes.

Según el Principado, la concesionaria de la principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta, está cobrando la totalidad del peaje, 16,20 euros para turismos que utilicen toda la vía, por un servicio que no se está prestando en condiciones adecuadas desde noviembre de 2024.

El argayo que entonces cortó parte de la autopista, y obligó a crear un 'bypass' provisional en tanto se ejecutan las obras de estabilización del talud, y los trabajos que se están acometiendo para la modernización de sus túneles obligan a circular a una velocidad mucho menor de la habitual.

La Dirección General de Consumo de Asturias cifraba en marzo entre 28 y 29,6 millones de euros los peajes que habían abonado los 1,8 millones de vehículos que hasta entonces habían utilizado la autopista del Huerna (AP-66) sin las condiciones de “rapidez, seguridad y fluidez” que se esperan de este tipo de vías de alta capacidad.

Consumo ha recordado que ya hay precedentes de condenas por situaciones similares, como la sentencia dictada a finales de octubre del pasado año por el Tribunal Supremo, a raíz de las obras de ampliación del puente de Rande, en Vigo, que obligaba a la empresa concesionaria de la AP-9 a devolver parte de los peajes cobrados.

Peaje injusto e ilegal

El portavoz del gobierno asturiano, Guillemo Peláez, ha recordado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo que el Gobierno del Principado siempre ha mantenido que el peaje del Huerna es “injusto” y que, además ahora se sabe que también es “ilegal”, por lo que lo ideal sería una bonificación íntegra del peaje.

Esta propuesta de sanción, aunque no está directamente relacionada con la supresión, sí que lanza una mensaje a la concesionaria sobre la necesidad de acabar con él porque, según ha añadido, la autopista es una “infraestructura estratégica” para el Principado.

Peláez ha asegurado que, desde la “absoluta lealtad institucional” se mantienen conversaciones con el Ministerio de Transportes y que, aunque desde el Principado no cierran la puerta a solucionar el problema del peaje a través de diálogo, tampoco va a quedarse quieto y mantendrá activa la vía judicial.

El Principado prevé plantear un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para que se declare nula la decisión adoptada en el año 2000 de prorrogar hasta 2050 el peaje de la autopista del Huerna y mantiene también abierta la puerta para llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La ampliación del polígono industrial 'El Páramo' da un paso decisivo después de años de retrasos administrativos. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este jueves la Orden AGR/667/2026, de 16 de julio, por la que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental formula el informe ambiental estratégico favorable para la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Santa María del Páramo, concluyendo que el proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, no necesitará someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria.

La resolución supone un importante avance para una actuación largamente reivindicada por el Ayuntamiento paramés y que permanecía bloqueada desde hace años por la necesidad de obtener distintos informes. El Consistorio aprobó el pasado mes de marzo el inicio del expediente de modificación urbanística para impulsar la ampliación del polígono, cuyo suelo industrial se encuentra prácticamente agotado, iniciando de forma simultánea la redacción del plan parcial y del proyecto de urbanización para tratar de acortar los plazos.

La modificación urbanística permitirá recalificar los terrenos colindantes al actual polígono, que pasarán de Suelo Rústico con Protección Agropecuaria a Suelo Urbanizable de Uso Industrial con ordenación detallada. Además, se ordenará el sector industrial U.9 'El Val', se reorganizarán las conexiones con el polígono existente y se reclasificará otra parte del ámbito como Sistema General de Espacios Libres para reforzar la protección ambiental del entorno.

La ampliación contempla incorporar cerca de 187.000 metros cuadrados, unas 18,7 hectáreas, de nuevo suelo industrial, una superficie adquirida por el Ayuntamiento hace varios años con el objetivo de responder a la demanda empresarial y favorecer la implantación de nuevas empresas. El diseño prevé parcelas de gran tamaño, una nueva entrada principal desde la carretera LE-6523, mejoras en la movilidad interior, cerca de 1.800 plazas de aparcamiento, una zona específica para camiones y un carril verde y ciclista de conexión con la circunvalación.

Durante la tramitación ambiental se solicitaron informes a organismos como la Confederación Hidrográfica del Duero, la Dirección General de Carreteras, la Agencia de Protección Civil, los servicios territoriales de Medio Ambiente, Agricultura y Movilidad, la Diputación de León o Ecologistas en Acción. La Confederación concluye que el ámbito no afecta a cauces públicos ni presenta riesgo de inundación, aunque condiciona el desarrollo a ejecutar actuaciones pendientes en la red de saneamiento y al cumplimiento de los requisitos sobre vertidos. Por su parte, el Servicio Territorial de Movilidad plantea estudiar la mejora de la intersección entre la CL-622 y la LE-6523 ante el incremento de tráfico previsto, mientras que Medio Ambiente determina que la actuación no afecta a espacios de la Red Natura 2000, aunque fija condiciones para proteger las vías pecuarias existentes.

Tras analizar todos los informes, la Junta concluye que la modificación urbanística no provocará afecciones ambientales relevantes, no compromete espacios protegidos y sus efectos serán limitados y reversibles. Por ello, el informe ambiental estratégico determina que basta con la evaluación simplificada realizada y que no es preciso continuar con una evaluación ambiental ordinaria, siempre que se incorporen las condiciones fijadas por los organismos consultados.

La publicación de esta orden supone un cambio de escenario respecto a la situación que denunciaba el Ayuntamiento en los últimos años. En 2023, el Consistorio llegó a criticar el bloqueo de la recalificación de estos terrenos agrícolas, adquiridos en 2019, mientras otros proyectos sobre suelo de similares características, como instalaciones fotovoltaicas, avanzaban con mayor rapidez. Ahora, con el visto bueno ambiental publicado en el Bocyl, la ampliación del polígono supera uno de los trámites más relevantes para hacer realidad un proyecto considerado estratégico para la generación de empleo y el desarrollo económico de Santa María del Páramo y su comarca.

La empresa leonesa de telemarketing Plus Contacto, que anunció a finales de junio un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) plantea el despido de 96 trabajadores de su plantilla de 450 personas. Plus Contacto es una de las firmas tradicionales del telemarketing asentadas en León, y con capital leonés, y está especializada en la captación de fondos para entidades del tercer sector como organizaciones sin ánimo de lucro.

Según ha podido conocer ILEÓN tras la configuración de la mesa de negociación del proceso de despidos el pasado 17 de julio la empresa ha puesto sobre la mesa los números de trabajadores afectados. La propuesta inicial contempla la extinción de 96 contratos, repartidos entre 53 trabajadores en León, 33 en Gijón —con el cierre de esa oficina— y 10 en Zamora.

Compañía y sindicatos mantendrán nuevas reuniones en para intentar llegar a un acuerdo sobre la afectación final de ERE. En caso de no llegar a un acuerdo el ERE entraría en vigor a partir del 22 de agosto, según contempla la normativa actual.

Algunos trabajadores de la empresa han denunciado denuncian sentirse “desinformados” y reclaman una mayor transparencia por parte de los representantes sindicales presentes en las negociaciones, a quienes reprochan no haber aclarado aspectos fundamentales del procedimiento tras la primera reunión del periodo de consultas. A su juicio, en el momento actual se mantienen dudas sobre cuestiones como los criterios para seleccionar a las personas afectadas, las causas concretas del ERE o el contenido de la reunión mantenida con la dirección.

Por su parte, en el comunicado remitido a la plantilla tras la reunión del 21 de julio, la dirección de Plus Contacto señaló que afronta el proceso “con voluntad de diálogo y buena fe negociadora” para alcanzar “la mejor solución posible para todas las partes” y garantizar la viabilidad futura de la empresa. También anuncia que seguirá informando de la evolución del procedimiento conforme avancen las negociaciones.

Plus Contacto nació en 2008 y, desde entonces, ha desarrollado buena parte de su actividad para Cruz Roja Española, entidad para la que ha gestionado diferentes servicios de atención telefónica y campañas de captación de socios y fondos.

La empresa opera en un sector, el del contact center o telemarketing, que atraviesa un periodo de importantes cambios debido al endurecimiento de la normativa destinada a proteger a los consumidores frente a las llamadas comerciales no deseadas. Además, está previsto que a partir de octubre entren en vigor nuevas restricciones que volverán a limitar la actividad de este tipo de empresas.

La Asociación Provincial de Autoescuelas de León ha convocado una manifestación para el próximo 30 de julio para protestar ante la “insostenible” escasez de examinadores, que afecta a cerca de 3.500 alumnos que esperan entre tres y cuatro meses para acceder al examen práctico, y reclamar un plan de choque que garantice la cobertura de estos puestos.

El vicepresidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de León, Miguel Ángel López García, ha advertido en una rueda de prensa de que se encuentran “al límite” y ha cifrado en un coordinador y cuatro examinadores el personal de la Jefatura de Tráfico de León dedicado a esta tarea.

Según ha explicado, esta situación supone contar con dos examinadores menos de la dotación prevista, una estructura que se resiente en cuanto hay bajas, ausencias por vacaciones o jubilaciones.

“Es totalmente insuficiente para una provincia tan extensa como León”, ha subrayado López García, que ha remarcado que la licencia de conducir es en muchos casos “una necesidad”.

Asimismo, ha solicitado la creación de una mesa seguimiento para que Jefatura Provincial de Tráfico y las 30 autoescuelas de la provincia hagan un seguimiento de las necesidades para examinar, como el número de aspirantes, los tiempos de espera y la situación de la plantilla para hacer frente a la demanda existente.

En la rueda de prensa también ha participado el secretario general de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), Enrique Suárez Santos, que ha explicado que la situación es “límite” y que la protesta solo pretende defender que un servicio público y esencial para que la sociedad funcione correctamente.

Suárez Santos ha recalcado que la actual falta de examinadores es un problema que se ha “enquistado” en León y ha respaldado las “justas reivindicaciones” del sector de las autoescuelas.

El representante de FELE ha señalado que estos profesionales no pueden desarrollar su labor debido a la falta de respuesta de la administración, además de hacer frente a otros problemas como la subida de los combustibles.

‘Basta de esperas, basta de excusas’

La manifestación del próximo día 30 saldrá a las 12.00 horas desde la explanada del Estadio Reino de León bajo el lema Basta de esperas, basta de excusas. Y recorrerá las principales vías de la capital leonesa hasta la plaza de la Inmaculada, donde tendrá lugar una concentración y lectura del manifiesto frente a la Subdelegación del Gobierno en León.

Posteriormente, la marcha continuará por la Avenida de Roma, Glorieta de Guzmán el Bueno y Avenida de Ordoño II para finalizar en el paseo de Papalaguinda.

La XXIV Feria del Vino de la Denominación de Origen (DO) León se celebrará este fin de semana en Valencia de Don Juan con la participación de catorce bodegas adscritas al Consejo Regulador y la presencia de ochenta referencias comerciales de vinos blancos, rosados y tintos, que presentarán al público los caldos de la añada 2025 calificada el pasado mes de mayo como 'excelente'.

El vicepresidente de la Diputación, Roberto Aller, ha presentado junto al presidente de la DO, Rafael Blanco y al alcalde de Valencia, José Jiménez, el programa que la feria vinícola, la más importante de las que se celebran en la época estival, y que contará con un concurso de vinos en el que se han preseleccionado 20 caldos, además de contar con actividades musicales y para los más pequeños, personalización de copas y grafiti en barricas.

Aller ha destacado el trabajo que viene desarrollando el Consejo Regulador durante los últimos años con una “labor que no es fácil” llevando la elaboración de caldos con la variedad autóctona prieto picudo “hasta la primera división”, así como el resto de elaboraciones de blancos y los esenciales rosados que en los últimos meses han recibido más de 60 premios en ferias y concursos vinícolas por su “calidad y audacia”.

El diputado provincial ha recalcado que apoyar a la DO León es “apoyar al mundo rural” y ha pedido al sector hostelero que apueste por los vinos de la tierra y de “nuestros viñedos” que son una “muestra de identidad y de una gastronomía envidiable”, a la vez que ha invitado a todos los leoneses a que visiten la feria para “presumir de lo nuestro”.

Por su parte, el presidente de la DO, Rafa Blanco, ha apuntado que entre las novedades de esta edición se presentará el primer vino elaborado con uva de la variedad negro saurí, una variedad de la zona recuperada, y que se podrán degustar junto a los blancos elaborados de albarín y algunos de la variedad verdejo, junto a caldos rosados y tintos de prieto picudo de la última añada, junto a vinos de crianza y reserva, alguno del año 2009.

Blanco ha destacado el éxito que están cosechando los vinos semidulces de baja graduación alcohólica, que también están certificados por la DO y que cuentan con una fuerte demanda entre el público más joven.

Asimismo, la feria contará con un pregonero de excepción, como es el conocido enólogo Francisco Giganto, que ha desarrollado su labor profesional en bodegas y cooperativas del sur de León, y que estará acompañado en la inauguración por el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, y por alcaldes de la zona de influencia de la DO León, la más extensa en superficie de toda Castilla y León.

Por su parte, el regidor de Valencia, José Giménez, y el concejal de Ferias y diputado provincial Ángel Pérez, han solicitado a la Diputación que la Feria sea reconocida con la declaración de Interés Turístico Provincial, para lo que han solicitado que a pesar de no cumplir con el requisito de tener 30 años se haga una excepción con la celebración de la 25 edición el año que viene.

Por otra parte, Blanco ha apuntado que la campaña de recolección se adelantará debido a las altas temperaturas a la última semana del mes de agosto, tal y como ha sucedido en los dos últimos años, una situación que no ha considerado perjudicial ya que debido a las temperaturas la situación sanitaria de la uva es “perfecta”.

También ha apuntado que la previsión de cosecha será de unos tres millones de kilos, similar a la de la última campaña, a pesar de que algunas zonas muy localizadas se sufrieron pérdidas por granizo en los últimos meses.

Ecologistas en Acción ha reclamado a la Junta de Castilla y León el archivo del expediente ambiental de la proyectada fábrica de municiones de Valderas y al Ayuntamiento de la localidad la paralización de cualquier licencia vinculada al proyecto al considerar que no se trata de una fábrica de explosivos de uso civil, sino de “armas de guerra”, cuya autorización corresponde al Ministerio de Defensa.

La organización ecologista ha presentado alegaciones en el trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto promovido por la empresa Tecnesis 3000, que prevé la construcción de una planta de fabricación y carga de munición de artillería de gran calibre en terrenos municipales arrendados por el Ayuntamiento de Valderas.

Según la documentación técnica analizada por el colectivo, la instalación estará destinada a la producción de granadas de mortero y proyectiles de artillería, incluido el calibre 155 milímetros, además de otras municiones listas para su suministro.

El proyecto contempla una superficie de 47 hectáreas dividida en dos recintos, una capacidad de almacenamiento de hasta 800 toneladas de material explosivo y una plantilla prevista de 150 trabajadores.

Ecologistas en Acción sostiene que la tramitación se está realizando al amparo del Reglamento de Explosivos, cuando los productos que se pretenden fabricar encajan en la definición de armas de guerra recogida en el Reglamento de Armas, al tratarse de municiones para piezas de calibre igual o superior a 20 milímetros y granadas de mortero.

Por ello, argumenta que la autorización debería corresponder a la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, previa tramitación específica y aprobación por parte del Gobierno central, y no únicamente a la administración autonómica.

Además de las cuestiones legales, la organización ecologista expresa su rechazo a la ubicación elegida para la instalación, junto a la actual planta de Orica Explosivos Industriales, al considerar que incrementaría el riesgo de accidentes graves en el entorno de Valderas y de las localidades próximas de Villafer y Campazas.

A su juicio, los beneficios económicos previstos no compensan los riesgos asociados a una instalación con capacidad para almacenar centenares de toneladas de explosivos y dedicada a la fabricación de munición destinada a conflictos bélicos.

El proyecto plantea la fabricación de proyectiles de artillería de 155 y 105 milímetros, granadas de mortero de 60, 81 y 120 milímetros, así como otros componentes de armamento, mediante procesos de carga con TNT y otros explosivos adquiridos a suministradores externos.

Ecologistas en Acción también cuestiona la aplicación de una evaluación ambiental simplificada para una industria de este tipo y defiende que la producción de armamento debería someterse a un análisis más amplio que tenga en cuenta las consecuencias ambientales y humanas derivadas del uso final de estas armas.

Por su parte, el estudio ambiental promovido por la empresa concluye que los impactos previstos son compatibles o moderados y que la instalación generaría alrededor de 150 empleos directos, además de actividad económica en una zona afectada por la pérdida de población.

El Ayuntamiento de Ponferrada y Endesa han firmado este martes el protocolo para cubrir el canal de Cornatel, entre las calles Obispo Osmundo y Cruz de Miranda, una actuación presupuestada en cinco millones y cuya ejecución está prevista para 2027.

El proyecto permitirá cubrir alrededor de 200 metros del canal para crear un nuevo espacio urbano con zonas verdes, áreas de descanso, juegos infantiles y un itinerario peatonal accesible que conectará este entorno con el casco histórico.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha definido este acuerdo como “un hito altamente demandado” y recordado que permitirá eliminar una de las principales barreras urbanas de la ciudad.

La financiación se repartirá entre el Ayuntamiento, que aportará el 60% con fondos europeos del programa Ponferrada Inspira, y Endesa, que asumirá el resto hasta un máximo de 1,8 millones, además de prestar asistencia técnica durante el desarrollo de la obra.

Por su parte, la directora territorial de Endesa en el Noroeste, María Giuseppina Biondi, ha explicado que el proyecto supone un “momento histórico” tras más de dos décadas de negociaciones y destacado que permitirá incorporar unos 8.000 metros cuadrados de espacio para uso ciudadano, mejorando al mismo tiempo la integración urbana y la seguridad de la infraestructura hidráulica.

El Ayuntamiento prevé licitar las obras antes de finalizar este año para comenzar su ejecución en marzo de 2027, con un plazo previsto de nueve meses, por lo que la actuación podría estar concluida antes de finalizar el próximo año.

El Auditorio Ciudad de León acoge este domingo, 19 de julio, un concierto ofrecido por la Joven Orquesta Leonesa (JOL). La actuación, con entradas al precio de 16 euros (8 euros para menores de edad), comienza a las 19.00 horas.

El programa está formado por un estreno, el de Rostam y Sohrab, de Guillermo Díaz, y la Sinfonía n.º 6 en si menor, de Piotr Chaikovski, según apunta la Fundación Eutherpe.

Se trata de un concierto patrocinado por el Ayuntamiento de León. Colaboran en la actividad la Fundación Vedruna Educación, Editorial MIC, Residencia San Francisco de Asís y Fundación Eutherpe.

Domingo 19 de julio. 19.00 horas

Auditorio Ciudad de León. Avenida de los Reyes Leoneses, 4

Entradas: 16 euros (8 euros para menores de edad)

La provincia de León es la que más depende de toda la Comunidad del uso del petróleo. Todo ello, en mitad de una tormenta geopolítica agravada por la guerra de Irán entre Estados Unidos, Israel y el país de Oriente Medio, que han cortado el flujo del mercado naval petrolero por el Estrecho de Ormuz (por el que pasa el 20% del oro negro global) desde el mes de marzo, tras una breve tregua que permitió el paso contado de buques. Así, la economía leonesa se encuentra a merced de los bandazos internacionales, lo que explica en gran medida el aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) de la provincia, que en lo que llevamos de año es de un 2,6%; tres puntos por encima de la media nacional.

Durante el año 2025, la provincia de León consumió un total de 522.225 toneladas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos (fuel doméstico), según los datos del Ente Regional de la Energía (Eren). Así, la leonesa fue la provincia de toda Castilla y León que más derivados del petróleo consumió durante ese año, seguida de cerca por Burgos (472.667 toneladas al año) y Valladolid (420.472 toneladas anuales); frente a las que menos: Soria (128.213 toneladas) y Ávila (162.099 toneladas). A pesar de todo ello, la provincia fue una de las tres que redujo su consumo de combustibles respecto al año anterior, concretamente un 2,6% menos. Burgos, a pesar de ser ya la segunda provincia de la Comunidad que más productos petroleros consume, incluso incrementó un 13% su uso.

También durante los primeros cinco meses del año 2026, la provincia de León ha mantenido su alto consumo de combustibles, con un total de 206.764 toneladas solo entre enero y mayo, según las cifras de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). De nuevo, le siguen Burgos (189.219 toneladas) y Valladolid (164.218 toneladas).

En el caso de León, este uso tan alto de derivados del petróleo se corresponde, en su mayoría, con el uso de gasóleo tipo B y C, destinado a calefacción y maquinaria agrícola. Teniendo en cuenta los inviernos leoneses, este dato cobra más sentido y hace que la cifra total se vea aupada, pese a tener menos población que Valladolid (que consume más gasolina debido a su cifra de habitantes más elevada) y menos industria que Burgos (que lidera el consumo de gasóleo tipo A; es decir, el diésel para los coches).

De hecho, el mes en el que más carburantes se consumieron durante los primeros cinco meses del año en la provincia de León fue enero, cuando la provincia lideró el uso de gasolina 98 (0,11% del total de la Comunidad), y los gasóleos A, B y C (18%respecto al total de toneladas usadas en Castilla y León ese mes). Esto indica un uso primordial del combustible para calefacción, aunque también para coches diésel.

Una muestra más es el consumo de gases derivados del petróleo, como son el butano, propano y autogas. Todos ellos se usan especialmente para los sistemas de calefacción de la provincia de León, que es también líder de consumo en este campo, con 16.260 toneladas al año. Esto supone el 21,29% del consumo de la Comunidad, especialmente por el uso de propano.

Lo que esto implica para la población leonesa

Uno de los aspectos más destacables del sector petrolero es su dependencia a la inseguridad geopolítica. Uno de los principales temas de conversación económica desde finales del mes de febrero han sido los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, donde se encuentra el Estrecho de Ormuz, un canal por el que pasa el 20% de la producción del petróleo mundial y que ha estado cerrado (con una breve tregua anulada hace pocos días por el presidente Trump) desde entonces.

Este panorama internacional ha provocado subidas históricas del precio del petróleo, con la medida del barril de Brent como referencia, que este martes 14 de julio ha vuelto a dispararse por encima de los 90 euros después de nuevos ataques de Estados Unidos a Irán.

No ha sido la primera etapa de inestabilidad internacional que ha vivido el mundo durante los últimos años, ya que hay que sumar los estragos de la pandemia covid-19 desencadenada en 2020 y la guerra que aún se mantiene en Ucrania y comenzó en febrero de 2022, tras la invasión por parte de Rusia.

Una de las consecuencias directas para la provincia de León ha sido el encarecimiento de los precios que perciben los ciudadanos y que refleja el IPC. Así, entre 2020 y 2025, León fue la segunda provincia de toda España donde más aumentaron los precios, superada (por poco) por Toledo. En concreto, entre el año 2020 y 2025, este índice aumentó un 29,4%. Uno de los grupos donde más aumentó el coste fue, precisamente, el gas.

El profesor de Economía de la Universidad de León, Pablo García, ya ha explicado en otras ocasiones a ILEÓN que uno de los motivos por los que la provincia leonesa depende tan directamente de los combustibles tiene que ver, por un lado con su amplia extensión territorial (es una de las provincias de España con mayores kilómetros cuadrados), lo que obliga a los leoneses a depender mucho de medios de transporte; y el clima, que provoca un mayor consumo de calefacción.

Además, en lo que va de año (entre enero y junio), el IPC de la provincia de León ha aumentado un 2,6%: tres puntos por encima de la media nacional. El mes en el que más subieron los precios, incluyendo el año 2025, fue precisamente marzo, epicentro temporal del conflicto en el Estrecho de Ormuz. Además de los alojamientos (cuyo precio se ha incrementado un 17% en seis meses), han sido los combustibles los que han propiciado esta subida de la inflación leonesa, tras subir un 7,7%.

Así, lo que pueda parecer un conflicto internacional entre países ajenos, no solo afecta a España, sino a nivel hiperlocal para provincias como León y, especialmente a los bolsillos ya doloridos de la población leonesa. Todo ello teniendo en cuenta que no existe por ahora alternativa viable para esta dependencia petrolera.