Los sindicatos exigen a la Junta que haga test a todos los docentes tras un positivo por covid
Suspenso a la Junta de Castilla y León. Esa es la nota que le pone en este primer trimestre a la Consejería de Educación los representantes de los siete sindicatos en el ámbito educativo, unidos en la Junta de Personal Docente de Centros Públicos de León, que exige menos improvisación y más y mejores recursos, tanto de medios como de profesorado.
En concreto, en el segundo curso covid, aunque ya más rodado, el presidente, Javier Fernández, denuncia que no sólo los protocolos “no están actualizados” sino ni siquiera se está garantizando que se haga un test a cada profesor en contacto con un aula en cuarentena por aparecer un positivo de la enfermedad.
Para la Junta de Personal, que agrupa a Stele, UGT, CCOO, CSIF, CGT, Anpe y Aspes, “no son fiables” ni los datos oficiales que hablan que al 9 de diciembre había 25 profesores confinados en 14 clases afectadas, ya que malician que son muchos más que los que registra de portal de transparencia autonómico, al tiempo que insisten en exigir purificadores de aire para no pasarse el crudo invierno con puertas y ventanas abiertas y apenas unos medidores de CO2 instalados. Por último, respecto al coronavirus, confían en que la inminente vacunación de 5 a 12 años proteja más en el ámbito educativo porque han sido hasta ahora “el coladero” de la transmisión.
Pero un daño colateral de la situación es el alto nivel de “interinidad y precariedad” que sufre la provincia, en la que “el 24% del total de la plantilla son interinos con vacante”, cuando a OCDE recomienda el 8% y “en Castilla y León hay un pacto de que sea el 5%, remarcó Fernández. Eso significa que hay 1.185 interinos a día de hoy en las aulas en León y, aún peor, 402 de ellos ”a tiempo parcial“, es decir, ”a media jornada o menos, casi pagando por trabajar“.
En base a esto, José Antonio Alegre exigió a la Junta el “fin de la saturación en las aulas”, rebajándose la ratio de alumnos por profesor, con “más plantillas docentes y más estables”, al tiempo que se rebaje por fin “a dos o tres días” el tiempo de poner un profesor sustituto, porque a día de hoy aseguraron que puede haber casos de tardarse “quince días y hasta un mes”, algo insostenible.
Por su parte, Alberto Álvarez suspendió también a Educación en la “negativa gestión” de la Formación Profesional, que necesita “un reforzamiento en la provincia de León y en concreto en la zona rural”, algo que como no se hace sirve para que lo que se refuerce sea la iniciativa privada en detrimento de la pública.
Algo que se temen todos los sindicatos que ocurra con la promesa del PP y Ciudadanos en el Gobierno autonómico de la gratuidad de la educación de 2 a 3 años, ya poco que se sabe que se esté preparando hasta ahora, a ocho meses vista, es que apenas “se ha enviado una especie de encuesta a 51 centros, de 150 que hay de Infantil y Primaria”, para tan sólo preguntar si disponen de espacio para las futuras aulas, pero sin detalles de inversión, plazos o plantilla.
“Así, es difícil que les dé tiempo, salvo que sea un subterfugio para beneficiar a la privada”, remarcaron todos los sindicatos, que aseguraron su “rechazo al cheque escolar: la nueva educación en esta franja debe ser pública”.
