La Diputación de León enquista el acuerdo con Sierra Pambley por 72 años de usurpación franquista del Monte San Isidro
El tercer acuerdo judicial, tras dos incumplidos, y antes de ello una total desidia de los mandatarios provinciales, parecía poner fin de manera definitiva al culebrón que ha supuesto que la Fundación Sierra Pambley obtenga una compensación económica por años de usurpación de sus valiosos terrenos en el Monte San Isidro, el 'pulmón verde' de León capital, usurpación que impuso el franquismo en el año 1949. Pero de momento, a la tercera tampoco va la vencida.
Hace cuatro meses que se anunció un acuerdo final entre la fundación y la Diputación de León, que ha disfrutado desde ese año, hace ya 72 años, de las 133 hectáreas entre la carretera de Carbajal de la Legua y la de Asturias sin respetar el fin social para el que fueron cedidas por imposición del régimen dictatorial.
Se trataba de un preacuedo, el tercero, al que se avenía finalmente el actual equipo de Gobierno de la institución provincial y que rebajaba mucho las expectativas iniciales de Sierra Pambley, pero al que se avino para zanjar el asunto. Suponía el pago compensatorio de 6,2 millones de euros y apenas quedaba por aprobarse en Pleno y determinarse en cuántas anualidades se afrontaría esa compensación económica para un dinero que la Fundación ya tenía pensado a qué destinar, centrado en la mejora de su patrimonio y sobre todo en nuevos y ambiciosos proyectos educativos, formativos como los que desde hace más de un siglo desarrolla en Hospital de Órbigo o Villablino.
Esperando por un acuerdo que no llega
Sin embargo, ayer fue el tercer Pleno de la Diputación -agosto es inhábil en este sentido- y el asunto tampoco se incorporó al orden del día.
Fuentes oficiales consultadas por ILEÓN afirman que hay disposición política de PSOE y UPL que conforman el actual pacto de Gobierno pero “el interventor está poniendo muchos problemas” para dar de paso a la solución de pago de los 6,2 millones. De hecho, las mismas fuentes aseguran que ven “muy difícil” que el alto funcionario estampe su firma en el necesario informe favorable.
Curiosamente, esta situación enquistada contrasta con la seguridad con la que dos equipos de abogados diferentes de la Diputción, y en épocas de equipos de gobierno de distinto signo, han recomendado sobre este caso alcanzar un acuerdo pactado para evitar una más que posible condena judicial.
Por eso, el nuevo escollo del interventor podría llegar a forzar nuevamente a intervenir al Juzgado de instrucción número 7 que ha llevado el caso, desde que la Fundación presentó la demanda en 2016, y abocar a una sentencia condenatoria que los preacuerdos han intentado, y conseguido, evitar hasta ahora.
El acuerdo forzado y la cláusula
El Juzgado ha estado en todo momento del lado de los argumentos documentados por la Fundación Sierra Pambley, que demostraban que en 1949 la Fundación fue 'obligada' a ceder el llamado Monte San Isidro a cambio del precio simbólico de 1,25 pesetas/metro cuadrado; eso sí, con una cláusula que obligaba a devolver esa enorme finca o indemnizar en metálico a Sierra Pambley si la Diputación no la usaba para una finalidad netamente social.
En base a aquel acuerdo forzado por la administración franquista, la Diputación tenía obligatoriamente que construir un hospital provincial y un hospicio para albergar niños sin padres. Este último, ejecutado en el complejo San Cayetano, en pleno Monte San Isidro, quedó sin ese uso social en 1991, acogiendo desde entonces servicios variados administrativos y educativos.
El hospital provincial, finalmente, tampoco se ejecutó en San Isidro sino en los Altos de Nava, la actual ubicación del ahora llamado Complejo Asistencial Universitario de León (Caule). El Hospital Monte San Isidro, que nació para tratar enfermedades respiratorias y del tórax, fue una operación al margen, pactada entre el Estado y la propia Fundación, que, aquí sí, vendió los terrenos.
Para terminar de incumplirlo todo, la presidenta Isabel Carrasco, sin negociar con la Fundación Sierra Pambley, reconvirtió bajo su mandato San Cayetano en un centro de oficinas administrativas. Además en 2013 se creaba la Zona Natural de Esparcimiento del Monte San Isidro, aprovechando las hectáreas anexas al parque público que estuvieron cerradas durante años.
Carrasco lo precipitó todo
En vez del uso social obligatorio en el contrato firmado con el régimen golpista, en los terrenos del Monte San Isidro se construyó con los años la sede del Parque Móvil de la Diputación, la imprenta provincial que edita el Boletín Oficial de la Provincia, otros muchos servicios internos de fontanería o electricidad; el actual parque natural de San Isidro; la Escuela Taller de Medio Ambiente; o una Escuela de Hostelería.
Aparte una escasa compensación anual durante sólo seis años, incluso la zona en 2004 fue objeto de un intento de 'pelotazo' urbanístico del PP, una maniobra urbanística conjunta de la Diputación y el Ayuntamiento para construir 600 viviendas. Sólo se malogró cuando la protesta de la Fundación Sierra Pambley se sumó a la presión social, ecologista y vecinal.
La Fundación le reclamó a Carrasco, que nunca quiso saber del asunto y desoía cada advertencia, una compensación o renegociación y ante su negativa sobrevino la demanda judicial, ya bajo el mandato de Juan Martínez Majo, también del PP. Éste por dos veces quiso sortear una condena alcanzando preacuerdos judiciales que nunca materializó hasta que perdió la Presidencia en 2019.
