La Diputación de León destina otro año más 115.000 euros para apoyar a las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGDs) que lleven a cabo proyectos de cooperación al desarrollo en países en vías de desarrollo. La Junta de Gobierno celebrada este pasado lunes aprobó las bases de la nueva línea de ayudas para las iniciativas que tendrán que iniciarse a lo largo del año 2018 y que disponen de un plazo máximo de ejecución de doce meses.
Se trata de una cuantía que mantiene el recorte aplicado por el Partido Popular en esta partida, que ascendía a 200.000 euros hace apenas cinco años, en 2013, en plena crisis económica.
El objetivo de esta línea de subvenciones es “mejorar la calidad de vida de la población” con especial atención a cubrir “las necesidades básicas” de los ciudadanos como pueden ser la educación básica, la salud básica, los problemas de salud reproductiva, el abastecimiento de agua y saneamiento, así como las infraestructuras sociales dirigidas a eliminar desigualdades entre sexos.
A su vez, también se priorizan los servicios sociales básicos orientados a los colectivos más vulnerables como la tercera edad, huérfanos, discapacitados, refugiados y niños abandonados.
Los países donde se financiarán estas actuaciones son los que prioriza el III Plan Director de la Cooperación al Desarrollo de Castilla y León 2017-2020. En África, Senegal, Tanzania, Mozambique y Burkina Faso; en América, Guatemala, Nicaragua, Bolivia y Perú y en Asia, la India.
Cada Organización No Gubernamental para el Desarrollo podrá presentar un único proyecto con un límite máximo de financiación de 50.000 euros, subvencionándose, tal y como recogen las bases, proyectos cuyo presupuesto global no supere los 150.000 euros.
“La cuantía de la subvención de la Diputación no podrá superar el 80% del coste del proyecto”, aunque esta ayuda es compatible con las de otras administraciones.
Entre los gastos subvencionables, se recogen los costes directos como la adquisición o arrendamiento de terrenos; la construcción y/o rehabilitación de inmuebles y gastos de infraestructuras en el país donde se realiza el proyecto; equipos, materiales y suministros; personal así como costes de funcionamiento del proyecto. A su vez, también se considera que pueden integrarse dentro de ellos los costes indirectos como los que realiza el beneficiado y los gastos de la sociedad solicitante son necesarios, aunque no sean imputables al proyecto concreto.
6 proyectos en dos años
Según la nota de prensa remitida hoy por la institución, la Diputación ha apoyado seis proyectos durante los dos últimos años con una cuantía de 230.000 euros. En 2016, se apoyó con 35.000 euros el proyecto de la Fundación Vicente Ferrer que facilitaba el acceso al derecho a una vivienda digna con saneamiento básico a 50 mujeres y familias rurales de los colectivos en la aldea de Kuruvalli, del distrito de Anantapur en la India.
La Fundación Cauce recibió 42.100 euros para la mejora de las condiciones de vida y salubridad a través de las infraestructuras de agua y saneamiento en el barrio Sal si Puedes, en Moca (República Dominicana). El tercer proyecto que recibió apoyo de la Diputación fue presentado por Prosalus padra la mejora también de los sistemas de abastecimiento y gestión de agua potable en 4 centros poblados del distrito de Chiara, Ayacucho en Perú.
En 2017 la institución provincial también repartió 115.000 euros en tres proyectos. La Fundación Vicente Ferrer recibió 50.000 euros para seguir con la labor de acceso a una vivienda digna para 53 familias en el ámbito rural con la inclusión de personas con discapacidad en 15 aldeas del distrito de Anantapur en la India.
Esa misma cuantía se dedicó al proyecto presentado por la Fundación Cauce para garantizar el acceso al agua potable de la población de Concepción, en Santa Cruz (Bolivia), mientras que Prosalus recibió 15.000 euros de la institución provincial para el acceso al agua potable en la comunidad de Namacula en la ciudad de Lichinga (Mozambique).