La Junta convocará la mesa general de empleados públicos para “pulir” el pago de la extra

Ical

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, se comprometió la tarde de este martes a convocar de forma urgente la Mesa General de Negociación de los empleados públicos para concretar los detalles del pago de la parte de la extra devengada y no liquidada, que corresponde a los 44 días anteriores a la entrada en vigor del decreto del Gobierno, de manera que Castilla y León es la primera comunidad que negocia para hacer efectivo ese pago.

Así se lo comunicó a los representantes de la Plataforma de empleados públicos de Castilla y León, que agrupa a 19 organizaciones sindicales y profesionales, en la reunión mantenida en la sede de la Consejería. Según explicaron los responsables sindicales en declaraciones al término de la reunión, la cuantía, pago y el tiempo en que se hará efectivo “se pulirá” en la mesa de negociación, que confiaron en que se reúna lo antes posible, pero solicitaron que todas las categorías profesionales cobren a la vez.

Los representantes sindicales mantuvieron la reivindicación de percibir la totalidad de la extra suprimida en 2012, como explicó Carmen Amez de UGT, cuya cantidad se eleva a 50 millones de euros para la totalidad de los empleados públicos. En cuanto a la cantidad de la parte proporcional, estimaron difícil su concreción porque hay diferentes categorías profesionales, pero hablaron de una media de 300 euros. Al respecto, reclamaron el pago de los 44 días para todos los empleados públicos, ya que en el caso de los laborales serían 14 días en función de las formas de prorratear las pagas de cada colectivo.

En tal sentido, Carlos López, por CCOO, explicó que el pago de la parte devengada surge de la estrategia jurídica, que ha dado tres sentencias favorables a esa devolución, y subrayó que la Junta tiene que “pagar si o si”, aunque añadió que ellos reclaman que se abone la totalidad de la extra.

En declaraciones esta mañana, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, planteó el abono “a plazos” a partir del próximo ejercicio para evitar la judicialización del proceso, que la representante de UGT, en las declaraciones de esta tarde, no rechazó que se pueda hacer de esa manera. La consejera defendió, por otro lado, que un acuerdo será beneficioso para ambas partes, ya que la Junta evitará tener que abonar las costas judiciales -unos 13 millones de euros-, y los empleados podrán cobrar antes que si “acuden a los tribunales”.

Por su parte, el presidente de CSIF Castilla y León, José Mariano Prieto, destacó que la Junta de Castilla y León es el primer gobierno de España que expresa una voluntad de negociar y de llegar a un acuerdo con sus empleados públicos -unos 76.000- para devolver esa parte de la extra, como han señalado los tribunales de justicia, y consideró que se abrirá el camino en ayuntamientos y diputaciones.

La consejera de Hacienda ha convocado a los representantes de la Plataforma una semana después de que el pleno de las Cortes aprobará por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Socialista que mandató a la Junta a iniciar un proceso de negociación con los representantes de los empleados públicos de la Comunidad para acordar el periodo de pago de una parte de la extra de diciembre de 2012 lo antes posible.

Los artículos 36 y 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) regulan tanto las materias que son objeto de negociación entre la Administración y sus trabajadores, como los órganos en los que debe llevarse a cabo. El principal es la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, que goza de la máxima representatividad y legitimación para abordar cualquier asunto que afecte a las retribuciones.

De acuerdo con la ley reguladora del EBEP, tienen derecho a formar parte de ese foro los sindicatos que obtengan más de un diez por cienro de los representantes del personal funcionario y laboral en las elecciones celebradas al efecto. En el caso de Castilla y León y de acuerdo con los resultados de los últimos comicios, las organizaciones más representativas en la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos son CSI- CSIF, UGT, CCOO y FSES.

De ahí que la consejera de Hacienda se haya comprometido hoy a convocar “en el plazo más breve posible” la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, con el objetivo de negociar un calendario que permita al Gobierno autonómico hacer frente a la devolución de la parte devengada de la paga extraordinaria de Navidad correspondiente al ejercicio 2012. Conviene recordar, en este sentido, que cualquier acuerdo alcanzado fuera de este órgano no sería válido.

Con ello se pretende “transmitir un mensaje de tranquilidad, seguridad y confianza a los empleados públicos, por cuanto en las últimas semanas se han conocido distintas sentencias judiciales que reconocen a algunos trabajadores de la Junta el derecho a cobrar una parte de la paga mencionada”.

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