Empleo de calidad, esa es la consigna más repetida por el portavoz del Grupo Mixto en las Cortes y procurador de Izquierda Unida, José Sarrión, en una entrevista a la agencia Ical. Esa y no otra ha de ser la prioridad para esta legislatura y se debe alcanzar, a su juicio, a través de un cambio en el modelo productivo en el que se primen los derechos sociales de los trabajadores. Se muestra contrario a lo que considera “la política de espectáculo y titulares” de la Junta de Castilla y León y cree que en la política de contenido. Por eso, no participó en el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo autonómico y los grupos políticos en las Cortes pero no descarta llegar a acuerdos puntuales en el desarrollo de la reforma del Estatuto de Autonomía. Advierte al PP que si está dispuesto a encabezar la transformación de la Comunidad contará con su apoyo, pero si continúa con su política de “gestos” le tendrá enfrente.
¿Cómo comienza la legislatura y cuáles son los retos de esta nueva etapa?
El principal reto y la prioridad absoluta es la creación de empleo indefinido y con derechos en Castilla y León. Para salir de la crisis, el PP ha apostado por una salida neoliberal, a la que hay que enfrentarse luchando por el empleo para las personas. No podemos ir a una sociedad en la que se cree empleo a costa de que sea temporal y con peor salario.
¿Cuáles van a ser las líneas rojas?
La cuestión del empleo recorre todo, pero partimos de la idea fundamental de que los poderes públicos tienen que asumir una función de intervención en el mercado laboral, principalmente para presionar los salarios a la alza y para una contratación indefinida. En ese aspecto nosotros tenemos una batería de medidas que van dirigidas hacia eso, que van desde las cláusulas sociales en la contratación y medioambientales en la contratación pública, el plan de lucha contra el fraude en la contratación, un plan de desarrollo de sectores no deslocalizables o la creación de empleo estable en los servicios públicos.
¿Qué va a aportar Izquierda Unida al nuevo Parlamento?
Nuestro compromiso con los trabajadores. Esa es nuestra seña fundamental de identidad. Aportaremos una visión de la política contraria a la política del espectáculo, de los titulares que es la que se ha venido imponiendo en los últimos 30 años. Creemos que la política es de contenidos y que no tiene que vascular en torno al carisma de uno u otro candidato o a la frase estrella que tiene mucho impacto un día y al siguiente ya se ha olvidado porque no tiene apenas contenido. Hay que hacer un trabajo de profundidad, de propuestas racionales y que el objetivo tiene que ser transformar el modelo productivo y el modelo social. Un modelo productivo basado en la creación de explotación laboral a través de la precariedad y los bajos salarios lleva un modelo social injusto. La solución a los problemas de Castilla y León pasan por una transformación radical del sistema.
Dentro de esa política de titulares y de grandes actos ¿sitúa usted el acuerdo alcanzado entre todos los grupos políticos, excepto el suyo, con la Junta en asuntos de Comunidad? ¿Por qué no estuvo Izquierda Unida en ese pacto?
En buena medida sí lo es, lo que nos encontramos es un acuerdo que al final lo que parece que se centra más en proyectar una imagen que en políticas concretas. El acuerdo es de cuatro puntos, de los cuales tres son de aparente buena intención y donde echo en falta el empleo. Son cuestiones de lógica, la cuestión es cómo se va a ejecutar eso. Además, se habla de fijar un gasto social para los servicios públicos, lo que es bueno pero no se habla de que la gestión tenga que ser pública. ¿Va a ir ese gasto social al bolsillo de las grandes empresas amigas del PP como pasa ya o se va a dirigir a garantizar los servicios públicos y a crear contratación de profesionales que se puedan ocupar de gestionar esos servicios? Esa es la cuestión clave, la política es la política de lo concreto. Nosotros somos una fuerza seria, no estamos para hacernos fotos, para participar en grandes eventos de espectáculo político. Por eso decidimos quedarnos fuera del acuerdo para luego eso sí ir discutiendo medida a medida porque que no firmemos el acuerdo no quiere decir que no estemos discutiendo.
¿Eso significa que van a seguir hablando y hay posibilidades de llegar a acuerdos? ¿Qué posición tiene en cuanto a la financiación autonómica?
Lo que tenemos claro es nuestro compromiso y exigencia con el cumplimiento de la ley de la norma de los dos tercios: un tercio para los municipios, tercio para la Comunidad y tercio para el Estado. Hay que dejar claro que España es un país donde se han producido unas asimetrías importantes y que hay una deuda histórica con Castilla y León, que y hay que cuantificar y hay que situarlo otra vez en el debate. No se puede olvidar ese elemento porque haya crisis económica porque es una realidad y somos una comunidad olvidada en esa materia.
¿Le sorprendió que Podemos firmara ese acuerdo?
Es decisión suya. Nosotros creemos que si hay que primar la importancia que tiene hacerse una fotografía con los líderes de la Comunidad o mantener una posición crítica de oposición, desde luego, va a primar la segunda porque es la coherente con nuestros planteamientos. Habrá que ir viendo cómo se desarrolla la legislatura, pero nosotros tenemos voluntad de hacer una oposición clara al PP.
En cuanto a la reforma del reglamento, ¿cree que ahí habrá acuerdo? ¿considera que habría que ampliar a algunas modificaciones más allá de la composición de la mesa?
Para nosotros la cuestión de la mesa es una secundaria, por nosotros haríamos una mesa en la que estuviéramos todos los grupos, debería ser inclusiva de todos, pero, dicho esto, para nosotros lo central no es la mesa ni mucho menos. Una reforma del reglamento lo que tiene que hacer son unas Cortes más participativas.
¿Cómo se ha de llevar a cabo esa participación?
Se tiene que incluir lo primero al ciudadano. Es necesario crear mecanismos a través de los cuales la Iniciativa Legislativa Popular pueda llegar a las Cortes con más sencillez y que pueda tocar temas que afecten al Estatuto. El Estatuto no pertenece a los partidos, pertenece a los ciudadanos aunque los partidos puedan regular las leyes a través de la cámara, pero el pueblo en todo caso es soberano. Hay que habilitar en esa línea mecanismos de democracia participativa, lo máximo posible y hay que dar más cabida a la posibilidad de trabajo de los grupos parlamentarios. Es decir, hay que ampliar el número de leyes que se pueden presentar en pleno y el número de PNL. No puede ser que sólo podamos presentar en el caso del Grupo Mixto dos PNL en pleno por periodo de sesión que nos tenemos que repartir entre UPL y nosotros. Es necesario crear un modelo de reglamento que facilite el debate y que responda a la pluralidad que hay ahora.
Pero, ¿debería abrirse ahora?
Cuanto antes porque lo que hemos visto en este país es que se ha producido un distanciamiento entre la esfera política y la esfera ciudadana que nosotros creemos que hay que corregir y eso se hace con democracia participativa. Nosotros hemos propuesto que todas las medidas que conlleven más del gasto del uno por ciento del presupuesto de la Comunidad o más del diez por ciento del presupuesto de una Consejería que se sometan a referéndum por los ciudadanos. Esa medida que tuve que explicar mucho, es fundamental porque eso obliga al PP a explicar su política y da la oportunidad a la oposición de criticarla y al final eso provoca discusión política. En Castilla y León se provoca a posta una especie de desconocimiento del ciudadano hacia la política y eso es potenciado también por los poderes públicos cuando la función debería ser la contraria.
La presidenta de las Cortes ha hablado de que hay que abrir más el ciudadano, ¿como haría eso IU?
De lo que se trata es de ir poco a poco concienciando a la gente de la importancia de participar en los procesos políticos y eso se hace a través de mecanismos de toma de decisiones que sean vinculantes. ¿A quién le importa poner un buzón de sugerencias que luego te contestan a los tres meses con una información muchas veces poco concreta? Eso sirve para llenar un titular, para generar algo que luego pueden poner en un informe y dar la impresión de que se ha avanzado. Eso no es política seria, eso es hacer política electoralista y eso no nos interesa.
En cuanto a la reforma del Estatuto de Autonomía, ¿cuáles son las líneas rojas de IU? Y ¿qué es lo que debe de estar sí o sí?
Haremos una propuesta pero las líneas generales en las que nos vamos a mover van a ser, en primer lugar, que tiene que ser un Estatuto garantista de una serie de derechos subjetivos y el primero de ellos es el derecho al empleo. Eso tiene que ser un elemento central del Estatuto en el cual se tiene que incluir de una manera determinante y hay que regular el derecho al empleo indefinido y con derechos. Evidentemente no basta con que lo recoja el Estatuto porque luego todo eso hay que concretarlo. Aunque no basta con recogerlo en el Estatuto, sería un paso y una muestra de voluntad política.
El suelo social, ¿cómo se debería recoger?
Nos parece completamente razonable que haya un suelo social, lo que nos parece raro es que se haga ahora. El objetivo que tenemos que tener es superar el gasto social que había antes de la crisis. En segundo lugar, cuando se habla de gasto social tiene que estar relacionado con cómo se va a invertir ese gasto social. En lugar de ir el dinero a las contratas que lo que hacen para ganar las ofertas de licitación es reducir los costes laborales lo que hay que hacer es crear un servicio público donde no haya intermediarios y donde haya personas con un salario digno y decente.
¿Los posibles acuerdos se verán condicionados por las elecciones generales?
Habrá que ver. El PP se ve obligado ahora a aparentar un consenso porque ha perdido la mayoría absoluta. No es una cuestión de voluntad es porque no tiene mayoría absoluta. Hay que recuperar es el espíritu de crear una comunidad con derechos sociales y laborales para la gente que lo habita. Eso tiene que ser el elemento esencial, lo demás son brindis al sol.
¿Cree que esa voluntad de acuerdo y consenso es 'de fachada'? ¿Será posible llegar a acuerdos entre partidos tan dispares?
Depende. Si el PP está dispuesto a encabezar una transformación de la Comunidad que vaya dirigida a asegurar que haya un empleo de calidad y con derechos y unos servicios sociales para todos los ciudadanos, en ese caso nos tendrá de su lado. Si lo que hace es continuar con políticas de gestos y poca concreción nos tendrá en frente.
También se ha hablado de que esta será la legislatura de la regeneración democrática, ¿se lo cree?
De ninguna manera. No hay regeneración democrática sin derechos sociales y laborales. Esa es la idea central para nosotros, no existirá regeneración democrática sin derechos sociales y laborales lo demás son cuentos y es mentira. Que hagan ahora una limitación de mandatos que nosotros llevamos exigiendo y practicando desde hace muchos años, muy bien, que van a recortar gastos de aspectos laterales, pues bien, pero aquí la regeneración fundamental y la democracia son los derechos sociales.
¿Cual es su modelo de ordenación del territorio?
La idea clave es la comarcalización porque las diputaciones a la larga lo que terminan generando es un reparto desigual en el territorio, generan concentración de poder y de toma de decisiones en cuanto a recursos. Esto a la larga siempre es negativo. En una democracia uno de los criterios fundamentales tiene que ser avanzar hacia una descentralización de una parte de los presupuestos y, sobre todo, aquellos relacionados con servicios públicos. Lo razonable es avanzar hacia el modelo comarcal que en otras comunidades ha dado un funcionamiento muy positivo, es una manera de defender a las zonas rurales y de avanzar en ese aspecto porque ahora nos vamos a meter en un debate sobre las áreas funcionales que vamos a pelearlas casi una a una. Cuando uno ve la propuesta que había de mapa de áreas funcionales eso va a ser una batalla campal para defender área a área, sin embargo con el modelo de comarcalización tendríamos un modelo simétrico en el cual unas zonas quedarían blindadas y además son comarcas que en la inmensa mayoría vienen delimitadas históricamente.
A su juicio, ¿son suficientes los 21 procuradores con dedicación exclusiva o está de acuerdo con que lo estuvieran todos?
Ahí nosotros siempre hemos defendido que el que está en política tiene que tener dedicación exclusiva con posibilidad de volver a su puesto de trabajo o de mantenerlo a media jornada por lo menos. Es decir, no profesionalizarse en política, pero sí en un determinado nivel el poder dedicarse a ella, pero cobrar 72.000 euros al año es una aberración en la sociedad en que vivimos. El problema es que cuando una persona cobra 72.000 euros vive fuera de la realidad.
¿Es alcanzable el objetivo de que el 20 por ciento del PIB provenga de la industria?
Es necesario alcanzarlo porque un problema enorme que tiene Castilla y León es la falta de tejido industrial que repercute, por ejemplo, en la calidad del empleo. Hay dos estrategias. Una es atraer capital extranjero bajando salarios y dando subvenciones y eso es una hipoteca. Por eso hay que desarrollar la industria a través de una inversión en I+D+i junto con las las cuatro universidades y tiene que estar ligado al territorio. No puede ser que las cuatro universidades estén investigando de espaldas al territorio, hay que vincularlas y es una manera también de darles proyectos de investigación. También se debe trabajar en los sectores no deslocalizables como los montes, la agricultura ecológica o la enseñanza del español, que tienen un gran mercado.