Izquierda Unida vuelve a llevar al Congreso de los Diputados, a través del parlamentario Gaspar Llamazares, el accidente que en octubre del pasado año le costó la vida a seis mineros en una explotación de la empresa Hullera Vasco Leonesa en el municipio de Pola de Gordón. IU reclama respuesta por escrito sobre las medidas adoptadas tras el siniestro y otras cuestione relacionadas con la seguridad en la empresa y la ayuda a las familias de las víctimas.
“No ha habido ni un solo movimiento en el seno de la dirección de la Hullera Vasco Leonesa, que aún no se ha puesto en contacto con los familiares de los fallecidos. Ni una triste llamada, pese que el mismo día del accidente, la empresa aseguró que las familias no quedarían en ningún momento desasistidas y que son su prioridad”, lamenta el diputado en su exposición y añade que se trata de “un silencio hiriente, asfixiante, más aún cuando según reiteran los trabajadores y sus sindicatos, el accidente se podía haber evitado desde el primer segundo porque se sabía que ese macizo, el séptimo de la séptima galería, tenía problemas de seguridad”.
En su planteamiento, Llamazares recuerda que el informe de la Comisión Regional de la Minería de Castilla y León sostiene que el accidente se produjo por “un colapso brusco de la bóveda del post-taller de la explotación”, lo que provocó el consiguiente hundimiento del carbón situado por encima, “que rellenó el hueco creado”, y ocasionó una desgasificación de grisú que causó la muerte por asfixia de los seis mineros. “Para que triunfe la justicia, los investigadores deben aclarar cuanto antes las causas del accidente y la empresa asumir las responsabilidades que le correspondan”, añade.
El parlamentario pregunta qué medidas económicas de indemnización se tomaron para asistir a las familias de los fallecidos y a los cinco heridos en el accidente, “aunque fuere de modo provisional a la espera del establecimiento de eventuales responsabilidades en sede judicial”. También inquiere sobre si se han actualizado los planes de explotación y las normas de seguridad en el Pozo Emilio, donde ocurrió el accidente. Además, cuestiona si se ha elevado o rebajado la categoría de peligrosidad de la séptima galería, en la que se produjo el accidente, y de la galería superior a la misma, en la que pudo producirse un desprendimiento de mineral que contribuyó presuntamente al escape de grisú.
También quiere saber por qué en el momento del accidente la Comisión Regional de Seguridad Minera llevaba sin reunirse más de dos años, cuando debería hacerlo cuatro veces al año y si el Gobierno piensa adoptar alguna medida de control sobre el cumplimiento de las normas de funcionamiento de las Comisiones Regionales de Seguridad Minera, órganos dedicados a la seguridad y salud en las Comunidades Autónomas en las que existen explotaciones mineras.
IU reclama además conocer las razones por las que la Comisión Nacional de Seguridad Minera, entre cuyas facultades estaría analizar accidentes de especial gravedad, rechazó el 31 de octubre de 2013 la propuesta de los sindicatos de crear un grupo de trabajo para analizar los datos que pudieran desprenderse de la investigación de la Dirección General de Minas de Castilla y León, para poder ir adoptando medidas tales como la modificación o creación de nueva legislación y normas sobre el tema y cuál ha sido la evolución de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado ejecutadas anualmente de 2010 a 2014 en materia de prevención de riesgos y seguridad minera.