Las Cortes de Castilla y León respaldaron este miércoles por unanimidad la propuesta del Grupo Socialista destinada a la mejor aplicación del bono social eléctrico para evitar el corte de suministro por el impago de la factura y realizar campañas de publicidad institucional sobre su procedimiento de solicitud para que ningún consumidor vulnerable se quede fuera de este beneficio.
En su proposición no de ley, defendida por Ana Muñoz de la Peña, planteó que el Consejo Territorial de Servicios Sociales y la Conferencia Sectorial de Energía evalúen las actuaciones relacionadas con la aplicación del bono social y con la suspensión del suministro por impago de la factura, que se realicen campañas institucionales de publicidad sobre el procedimiento de solicitud del bono social eléctrico, en colaboración con los servicios sociales de las comunidades y que Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elabore y publique un informe de evaluación, con carácter anual, sobre la eficacia del bono social, su financiación y sobre la información relativa al número de cortes de suministro.
Así, explicó que el nuevo bono social eléctrico supone rebajas en el precio de la luz de entre el 25 y el 50 por ciento e incluye a pensionistas y familias numerosas con descuentos del 25 por ciento, a la vez que introduce criterios de renta según los cuales pueden beneficiarse los hogares con ingresos de 800 euros al mes sin hijos o de 1.300 euros si tienen dos hijos y beneficia con reducciones de hasta el 50 por ciento a quienes perciben rentas por incapacidad permanente y tengan ingresos mínimos.
Falta de información, burocracia y “papeleo” han reducido de 250.000 beneficiarios en 2014 a 221.000 argumentó Muñoz de la Peña, quien insistió en las campañas sobre qué es el bono social y dónde se debe solicitar. “Debemos reducir la pobreza energética, un país no puede permitir que sus ciudadanos pasen frío”, aseveró como objetivo de la PNL.
La 'popular' Mar González argumentó que la competencia corresponde al Ministerio de Energía y defendió las medidas aplicadas por la Junta a través de la Red, donde se encuentran convenios con las eléctricas para evitar la pobreza social, pero en aras al consenso anunció el voto favorable a los tres puntos de la proposición no de ley. También, animó al PSOE a aprobar los presupuestos ya que recogen ese tipo de medidas hacia colectivos más vulnerables.
“Esto hay que regularlo, no se pueden imponer obligaciones a las comunidades autónomas y entidades locales”, aseveró Muñoz de la Peña, que insistió en que se las duplica la carga de trabajo sin que exista una compensación por lo que se ha recurrido tanto por algunas compañías como por alguna institución. “No existe garantía jurídica sobre el bono social”, indicó.
Por su parte, el procurador de Podemos Ricardo López observó que el PSOE demuestra con su iniciativa que no está satisfecho del apoyo que dieron al Real Decreto que regula la figura del consumidor vulnerable y defendió que, además, de la renta se incluyan otros parámetros para sun problema que afecta a 100.000 personas en Castilla y León, si bien ofreció el voto a favor.
Ciudadanos, a través del procurador José Ignacio Delgado, expresó el respaldo a lo que consideró un “grave problema” y apeló a una “mayor sensibilidad y acudir con eficacia” para evitar que los menores, en concreto, padezcan una frialdad extrema. Así, reclamó campañas específicas para consumidores vulnerables extremos y un seguimiento desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.