El Grupo Popular apuntó hoy al avance en transparencia en Castilla y León y a la ley de protección de datos para desestimar la toma en consideración y parar la tramitación de la proposición de ley de Podemos de cuentas abiertas en la Administración autonómica, que sí recibió el apoyo de la oposición en pleno.
La iniciativa se sometió a la consideración de los procuradores, pese a contar con el criterio desfavorable de la Junta, remitido por acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 10 de septiembre, por entender que se vulnera la ley de protección de datos y supone un gasto, argumentos esgrimidos hoy, en el pleno de las Cortes, por Salvador Cruz para vetar que siga adelante su tramitación.
Los portavoces de Podemos, Pablo Fernández, y del Grupo Mixto, José Sarrión (IU), calificaron la posición de la Junta, que en ese tipo de iniciativas se debe manifestar como señala el Reglamento, como la “mayor vulneración de la división de poderes para bloquear la discusión”.
En la presentación de la propuesta, Pablo Fernández se mostró muy critico ante la supuesta transparencia del PP a través del sobresaliente en esa materia y acusó a este grupo de haber quedado “retratado en negro en su opacidad”. “Si rechazan esta iniciativa, rechazarán la verdadera transparencia y no estarán al lado de los ciudadanos”, sentenció.
Fernández, en la defensa de la proposición de ley de cuentas abiertas y accesibles en la administración para su consulta por los ciudadanos como si fueran a un “cajero automático”, utilizó duros calificativos hacia los populares, a quienes calificó de “caciques del siglo XXI y adalides de la opacidad”.
El 'popular' Salvador Cruz afirmó que el texto está “cargado de buena intención”, reseñó que Podemos la presenta igual en todos los parlamentos autonómicos sin tener en cuenta lo hecho en cada territorio y argumentó que hacer público la fecha de movimientos y asientos vulnera la ley de protección de datos. “Se crearía más confusión, no más transparencia”, aseveró sobre el elevado número de cuentas, más de 2.000, del sector público.
Cruz defendió el “esfuerzo” de la Junta en materia de trasparencia y el avance desde el año 2010, con una nota en 2014, última conocida, recibió cien puntos sobre cien en los seis apartados por parte de Transparencia Internacional, en cuyo informe valora la información y datos contables. El popular recriminó a Podemos que tilde de “milonga” el Portal de Gobierno Abierto o que no reconozca que la Comunidad se ha dotado de una ley.
“Transparencia sí, pero con medios adecuados y respeto a la ley de protección de datos”, defendió, para replicar que hay que esperar hasta diciembre para ver lo que se ha cumplido o no de la ley. “Se ha hecho mucho en materia de transparencia y lecciones al Grupo Popular, ninguna”, indicó. Por último, calificó de falta de coherencia la posición de PSOE y Ciudadanos cuando en Andalucía han hecho lo contrario que aquí.
Por su parte, José Sarrión argumentó que “ahorrar en transparencia no puede ser un argumento para ser rechazada” y apuntó a definir los fines que se quieren alcanzar y después que sean los técnicos quienes digan como se realiza. “Aquello que vulnere la ley, pues que se corrija y en el resto vayamos adelante”, defendió en referencia a la protección de datos, para indicar que hay mecanismos informáticos para su puesta en marcha sin que suponga un coste a mayores.
Gloria Acevedo (PSOE) dio la bienvenida al texto y expresó la voluntad de su grupo de contribuir a completar la propuesta, al tiempo que se centró en puntos “incumplidos” en la ley de Transparencia aprobada en Castilla y León, como la publicación de convenios, volumen de endeudamiento del sector o cartera de vencimiento de la deuda. “Ninguno de estos aspectos han sido publicados como dice la ley, ni el número de vehículos oficiales tampoco”, precisó.
El portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, trasladó la satisfacción de su grupo por una iniciativa que “representa un nuevo tiempo” y que es “bandera” de su partido, pero criticó que los “gestores públicos” rechacen el concepto de transparencia. “Más transparencia, hubiese supuesto menos corrupción, más dinero en las arcas públicas y menos desafección de los ciudadanos”, defendió.
Por su parte, Luis Mariano Santos (UPL) apuntó a la desafección ciudadana por los casos de corrupción y defendió que se dignifique la actividad pública a través de una mayor transparencia, más información y ética. “Son razones políticas, pero si hay una reforma exprés de las Cortes, también se pueden sentar para que llegue la transparencia a los ciudadanos”, concretó.