El espinoso asunto del conflicto de intereses

Buena parte del tiempo de nuestros representantes públicos se dedica a escuchar a distintos lobbies, o grupos de presión; esa especie de visitadores médicos que, en vez de productos farmacéuticos, recomiendan medidas políticas y legislativas para mejor salvaguardar sus intereses.

La cuestión es que, al contrario que en el gremio médico, donde los que escuchan también tienen amplios conocimientos sobre el asunto, en política tenemos a personas que han sido elegidas por el pueblo pero que no tienen necesariamente que saber sobre temas técnicos. Y ahí es donde estamos vendidos. Y encima, cuando saben algo, se ven a menudo señalados por eso tan feo del 'conflicto de intereses'.

Sería surrealista si no fuese trágico: en muchas instituciones, en casi todas, seguimos a vueltas con el conflicto de intereses, es decir, con la capacidad de ciertas personas para decidir a nivel público sobre asuntos que les afectan directamente a nivel privado.

Y es que la cuestión, visto lo que explicaba al principio, no es tan fácil como parece. A uno, a primera vista, lo que le sale de dentro es pedir que las personas interesadas a nivel particular sobre un asunto se inhiban en esos temas, para que no arrimen el ascua a su sardina, o introduzcan gateras y puertas traseras en las leyes por las que puedan luego escapar los suyos, y nos esquilmen a todos con legislación, normas o regulaciones que beneficien a las empresas y perjudiquen al ciudadano.

Eso a primera vista, vale, porque parece lo más prudente. No es normal que un tipo que tiene una importante vinculación con una multinacional de los lácteos decida sobre ese tema en la Política Agraria Común.

La cara 'B' del asunto

Pero ahora vamos a ver la cara 'B' del asunto, o a jugarlo con negras, como suelo decir yo, empedernido aficionado al ajedrez.

¿Y para legislar o decidir cualquier cosa no será mejor tener a gente que sepa del asunto? ¿No será preferible que las normas y las regulaciones las creen personas que saben de qué puñetas va la realidad de ese tema? ¿Podemos encargarle las normas urbanísticas a un arquitecto, o es mejor que las haga un pescador para evitar el conflicto de intereses? ¿Somos así de brutos?

Ni conviene que los lobos cuiden las ovejas, ni conviene llevarlas a pastar a los océanos porque un marinero ha creado la normativa de forrajes. La cuestión, me temo, es cómo encontrar el término medio que genere legislación y normativa de calidad.

Yo creo que intereses siempre hay, y posibilidad de que vuelen sobres, también. Así que, como la ignorancia no estorba la corrupción, prefiero obviar el conflicto de intereses y que las cosas las decidan los que las conocen. Pero soy consciente del peligro. Y el peligro es mayor cuanto más complejo se vuelve el asunto, porque los políticos vienen y van cada legislatura, pero las industrias y los poderes económicos permanecen.

Por eso luego vemos lo que vemos: puertas giratorias, laudos arbitrales perdidos que nos cuestan un ojo de la cara y legislación que parece hecha a medida de los que nos trasquilan.

Una desgracia.