Julio de 1936 en Veguellina: bombas en el matadero y armas en el vagón incautado

Con ocasión de presentar en Veguellina el próximo viernes 10 de noviembre a las 19.30 horas en la Biblioteca Municipal Río Órbigo, la Segunda Parte: La Guerra, de mi libro Cuando se rompió el mundo. El asalto a la República en la provincia de León, una investigación que me ha ocupado más de nueve años y en la que a la detallada narración de lo sucedido en julio de 1936 y después en aquella localidad y otras cercanas se dedica un extenso capítulo, permítanme que tome de entre la información que la obra recoge, mucha desconocida hasta el presente, y les acerque a modo de breve y resumido apunte, la siguiente:

El largo, ajetreado y decisivo 20 de julio de 1936 (León y Astorga serían rendidos por los sediciosos en la tarde de tal día), al final de la mañana un numeroso grupo de izquierdistas, a cuyo frente iban Nicanor Uría Villegas, Francisco Caballero Barros y Teodoro Fernández Morales, procedía en la estación de Veguellina de Órbigo a incautarse de un tren (el 1433) que acababa de llegar y a requisar uno de sus vagones (el J 4811), cargado con 24 cajas de piezas de armamento enviadas a Sevilla por Transportes Militares desde Oviedo con un peso de 2.932 kilos (a lo que parece, no se debió de interrumpir aquellos días el tráfico ferroviario con Asturias, el de mercancías al menos, lo que si se hizo con Galicia).

24 cajas de armamento en el tren

Aquellas armas incompletas (“de las que se apoderaron para emplearlas contra el Ejército salvador”, se afirma en la sentencia que condena a aquellos y a otros muchos leales de la zona), descritas como “1.600 fusiles faltos de cañón”, serían llevadas en dos camiones al local del Sindicato, y trasladadas desde allí hasta Villablino por algunos de los que en la tarde del día siguiente huyen de Veguellina antes de la llegada de las tropas, encaminándose a Asturias con ellos.

Podría ir aquel lote de fusiles mutilados, y otro con sus cañones que no sería hallado, destinado a las columnas de mineros asturianos partidas el 18 de julio con intención de llegar hasta Sevilla, pues pasado un mes solicitaba Ramón González Peña desde Asturias que enviara el Gobierno “1.600 cañones de fusil para completar los que se sorprendieron en Veguellina”.

Pedirá luego el fiscal que se imponga a los dos primeros milicianos la restitución de las cajas sustraídas si ello fuera posible, o la indemnización en su defecto por los perjuicios ocasionados a la causa nacional, y dice el 15 de diciembre de 1937 el testigo Mauricio Casas Toral (de 42 años, casado, jornalero, vecino de la villa) que el vagón fue descubierto por los marxistas a su paso por la localidad (Oviedo-León-Astorga-Plasencia-Cáceres-Sevilla, era el itinerario que seguía), y que oyó decir a un individuo llamado Emilio Celador (por entonces en ignorado paradero) que el sindicalista, gestor municipal y socialista Agustín Sánchez García dijo a los obreros que descargaban las armas “que mientras no se terminara la descarga nadie se iba ni abandonaba aquel trabajo, pues al parecer le decían que era hora de comer, por ser las cuatro de la tarde y no haberlo hecho todavía”. Declara este inculpado no haber presenciado ni intervenido en aquel episodio, lo que confirma Frutos Martínez Juárez, detenido entonces en el domicilio de Agustín, sito dentro del recinto de la Azucarera (de la que era electricista), cercano a la estación, y desde el que observó a través de una ventana las operaciones de carga, descarga y transporte de las piezas de armamento, y como Manuel Luengo Seco firmaba la orden de decomiso dada para su entrega al jefe de la estación (Miguel Fernández López) y aquel y el también cabecilla Manuel Corujo Costales conducían los camiones desde aquella al Centro Obrero.

Dirá Nicanor Uría en su interrogatorio que al final de la tarde del martes 21 había informado el Comité de que fuerzas del Ejército habían dominado La Bañeza y se dirigirían a Veguellina aquella misma noche, por lo que sobre las 21 horas salieron los miembros de dicho Comité hacia Villablino (como ya habían hecho unas horas antes quienes huyendo de la toma militar de La Bañeza recalaban en Veguellina por un escaso tiempo), “llevándose con ellos cuatro carabinas de los guar-das de la Azucarera y marchando en un coche de turismo el alcalde, Leoncio Jáñez Martínez, al que acompañaban Miguel González Álvarez (Sindi), Antonio García Dueñas (Gatiti), Isaac Melgar, Agustín Arias Rey, Timoteo Álvarez Casasola (Pitillo), y Manuel Corujo, mientras que Julio Patán Gutiérrez se había ido ya con los dos camiones que cargaban las armas y las piezas de arma- mento del tren que había sido requisado” y con quienes en ellos pudieron acomodarse, llegando hasta Grado e incorporándose a la lucha en el que pronto sería Frente Norte (a unos y otros se sumaban por el camino algunos escapados de Astorga, sometida el día antes).

Bombas en botes de pimientos

A primeros de enero de 1937 los guardias civiles Antonio Vicente Fernández, sargento al mando del puesto de Veguellina, Rosendo Cabello Martínez, y Celso Lorenzo López instruían el atestado que daría lugar al Sumario 249/37. Según manifiesta Manuel Miranda Nieto (de Estébanez de la Calzada, de 35 años, casado, jornalero afiliado al ugetista Sindicato Nacional Azucarero) al ser interrogado tras ser detenido trabajando en la fábrica azucarera y encarcelado en Santocildes, aquel mismo martes 21 de julio de 1936, después de acudir a la factoría a las ocho de la mañana y comprobar que no se trabajaba y que continuaban las guardias y patrullas con escopetas por la villa, sobre las diez acompañaba a Rafael Blanco, a Narciso González Blanco (de Santibáñez de Valdeiglesias, de 30 años, casado, jornalero en la Azucarera), a su convecino Manuel Panero Matilla (de 28 años, casado, obrero en la Linera, “que ya se halla preso”), y a otro individuo –el apodado Gatiti– al transformador del lugar donde estuvo la plaza de toros y cercano a la carretera, del que transportaban al Matadero municipal (“convertido en depósito de municiones y explosivos tras obligar a punta de pistola al responsable a la entrega de las llaves”, acusarán luego a Rafael) un cajón lleno de botes de conserva de pimientos cubiertos con tierra en su parte superior, bombas que pesarían entre todas unos ochenta quilos y que allí depositaron una vez avisado su encargado por teléfono por el alcalde Leoncio Jáñez o por el mismo Rafael Blanco (“uno de los cabecillas marxistas de Veguellina”, que armado de escopeta había requerido en el paso a nivel para tal labor a los demás).

En las primeras horas de la noche, el gestor municipal Gerardo Martínez Blanco arengaba en Veguellina a un grupo numeroso de personas, diciéndoles que aunque era próxima la llegada de las fuerzas del Ejército, las condiciones del terreno eran en este pueblo favorables para mantener una resistencia a todo trance, para lo que todos y con todos sus medios debían cooperar, toda vez que el sindicato tenía armas, municiones, 24 bombas (“un paisano de Acebes del Páramo, minero, era el encargado de confeccionarlas”) y numerosos cartuchos de dinamita y botellas de líquido inflamable, explosivos que terminarían arrojados al río antes de que las tropas arribaran.

El destino de un acusado

Desconociendo Manuel Miranda el contenido del cajón que transportaron, se sobreseía provisionalmente la causa que lo incriminaba, pero se le mantenía recluido a disposición del Delegado de Orden Público. En cuanto a Rafael Blanco, desde el cuartel de la Guardia Civil de Veguellina de Órbigo interesaban a primeros de agosto de 1937 del comandante del puesto de Nogarejas su detención, al conocer que residía en Corporales, llegado allí después de trasladarse el 29 de julio a Carracedelo, “donde, dedicándose a la compra de ganado, observó buena conducta moral, religiosa y patriótica, prestando servicio con los falangistas de la localidad y mereciendo un buen concepto en relación con el movimiento nacional”. Se le detuvo, ingresándolo en la Prisión-Cuartel de Santocildes, culpado además de ser el primero en armarse al servicio de los rojos, pues ya el guardia Paulino Fernández Mielgo lo veía patrullando con escopeta por la carretera la misma noche del 18 de julio, cuando partía con sus compañeros para concentrarse en el cuartel de La Bañeza, de requisar en Veguellina una escopeta a Restituto González y una pistola a Pedro Fuertes Martínez en Villoria, haciendo guardia en la puerta de la iglesia para evitar que ningún vecino subiese a la torre y tocara las campanas a rebato, y condenado en el Sumario 400/37 por adhesión a la rebelión el 16 de diciembre a 30 años de cárcel y a ser incautado de sus bienes.

Procede lo anterior del libro que se presenta, publicado el pasado mes de junio por Ediciones del Lobo Sapiens con la colaboración de la Diputación Provincial y su Instituto Leonés de Cultura, y los Ayuntamientos de Santa María del Páramo, Villoria de Órbigo, La Bañeza, Valderas, Astorga, Santa Elena de Jamuz, Valencia de Don Juan, y San Andrés del Rabanedo; que han valorado en el ILC como “una obra de singular importancia para el conocimiento de la historia reciente de nuestra provincia”, y que con sus 874 páginas, referencias de 3.700 personas y 500 lugares provinciales, 160 imágenes de época, y 1.000 notas a pie de página, es mucho más que el relato más completo, actual y detallado del golpe militar de julio de 1936 en los pueblos, villas y ciudades de la provincia de León. Las dos partes se pueden comprar aquí.