Nacido en Astorga, el profesor del departamento de Economía y Estadística de la Universidad de León Pablo García García tiene en las ramas de su árbol genealógico vínculos con la minería del carbón. Cuando hace años viajó a Gales para perfeccionar el inglés, vio paralelismos y diferencias con la reconversión minera acometida en su tierra. Ahora, tras publicar en 2022 su tesis doctoral 'Transiciones energéticas justas hacia economías bajas en carbono: áreas mineras del carbón y políticas del bienestar', acaba de elaborar un estudio pionero que combina ambos casos.
¿Cuándo se cruzan los caminos de la comparativa entre León y Gales?
Los años ochenta es el punto de inflexión para todo, y no sólo por las dinámicas sobre la rentabilidad del carbón. Son años de apertura de la Comunidad Económica Europea a otros países con distintas rentabilidades. Y en las décadas siguientes empiezan a entrar en juego todas las políticas medioambientales. Esto va erosionando las explotaciones. La situación en Gales estuvo más embebida de dinámicas sociales: las medidas del gobierno conservador de (Margaret) Thatcher y luego la contestación social que hubo también por parte de los mineros. Bailan un poco los períodos temporales, pero tanto Gales como León son comparables porque son territorios eminentemente rurales, acostumbrados a la autosuficiencia.
Y también ha detectado diferencias.
Sí, legislativamente, que es una de las carencias que tenemos aquí en España. Gales tiene una Ley del Bienestar de las Generaciones Futuras, que es de 2015. Es el primer país del mundo que legisla en beneficio de las generaciones futuras antes de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París. Yo vi toda esa dinámica. Por entonces, básicamente, allí estaban convirtiendo las minas en museo. La zona minera más potente acoge ahora el Museo Nacional del Carbón.
Aquí tenemos la idea de que el cierre allí fue más abrupto y aquí hubo más margen de maniobra.
Esto va por modas. La moda de la Transición Justa viene de finales de la década de los 2010. Es un concepto sindicalista. Los sindicatos lo han custodiado desde entonces y saltó de Estados Unidos a nuestro continente a lo largo de los ochenta y los noventa para pedir una reconversión no sólo del sector energético sino de otros sectores. En España, en los ochenta, estábamos pensando en otras cosas: en la entrada en la CEE, en el desarrollo del estado del bienestar, la configuración de las comunidades autónomas o la consolidación de la democracia. Es muy fácil juzgar a todo pasado: pero cómo luchas contra las dinámicas de despoblación, todo el éxodo que hubo hacia las grandes ciudades o los diferenciales de rentabilidad en una época de liberalización de las relaciones comerciales. La modernización era huir a las ciudades. ¿Cómo luchas contra la inercia del sistema?
Diferencia entre transición y transformación. Explíquese.
La diferencia es hasta dónde nos conformamos. La transición es casi una sustitución: de tantos empleos fósiles a tantos empleos verdes para intentar compensar, equilibrar. La transformación es más sistémica, más profunda: apelaría incluso a un cambio de paradigma económico. Ahora la mayoría de los países y los organismos de Naciones Unidas se mueven en la transición, es decir, se nos quedan conservadores. Los organismos, las ONG, todo el tercer sector, los sindicatos e incluso el consenso científico estarían apuntando a enfoques más profundos, es decir, a una transformación total. Si el problema es que el sistema está generando una huella de carbono y un daño medioambiental relevante, habrá que ver qué medios de producción y qué formas de subsistencia social pueden surgir para compensar todo esto. Es decir, no nos conformemos con compensar empleos porque el empleo es una parte de todo esto: también queda el impacto medioambiental, el estado de bienestar, la educación...
Y usted dice que Gales se ha acercado mucho más a ese modelo de transformación.
¿Qué es lo que hace España? En el año 2020 se empiezan a transponer todas las leyes europeas que nacen de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París para la transición a las renovables. Dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se hace Vicepresidencia del Gobierno, crean un Instituto para la Transición Justa, que lanza Convenios de Transición Justa que diagnostican las zonas, determinan para quién van los fondos. El proceso es complejo y hasta cierto punto arbitrario. ¿Qué es lo que están haciendo en Gales? En el año 2020 no están pensando en esto todavía porque estaban con la Ley del año 2015: ya habían legislado en beneficio de las futuras generaciones para hacer un Gales resiliente, verde y sostenible. Además, el Reino Unido había salido de la Unión Europea, por lo que Bruselas no estaba tan pendiente. Están en la segunda planta del edificio de la Ley para el Beneficio de las Generaciones Futuras. Eso le da un punto de legitimación porque en Gales todos los organismos públicos y todas las personas en función pública tienen que estar adheridos a esa ley de 2015. Y se exigen responsabilidades políticas.
No nos conformemos con compensar empleos porque el empleo es una parte: también queda el impacto medioambiental, el estado de bienestar, la educación...
Una de sus conclusiones es que aquí se adolece de cortoplacismo. Y eso también ha llegado a la implantación de algunas empresas hasta ser tachadas de cazasubvenciones.
La idea de los Convenios de Transición Justa en España es movilizar los recursos locales, aportar subvenciones y redistribución de rentas. Por supuesto, las empresas pueden beneficiarse; y, de hecho, lo hacen, pero a veces a costa de la propia comunidad, y estoy pensando por ejemplo en los terrenos comunales, en toda la contestación que ha habido en El Bierzo por la tala de castaños y todo este tipo de impactos paisajísticos. En Gales hay una monitorización constante. Yo tengo la percepción de que los sindicatos están más presentes que en España. Desde luego, en los procesos de consulta y en el desarrollo están mucho más presentes. En Gales no se ha pensado directamente en una redistribución de fondos para los ayuntamientos más afectados por el cierre. Aquí sí, aquí la unidad territorial es el municipio. Allí la unidad territorial es todo Gales porque es una visión sistémica. Y hay una sobrerrepresentación de las empresas frente a la ciudadanía. Las empresas tienen todas una visión muy positiva porque están viendo la rentabilidad, pero a eso hay que añadirle todo lo que la Ley de 2015 dice de un Gales resiliente. Eso lo perdemos de vista aquí en León, donde no se ha dado cuenta de la contestación social que ha habido. Eso es Transición Justa, es justicia procedimental. No se puede imponer una transición de espaldas a las comunidades humanas. Eso en León ha faltado. Y el problema es que se ha hecho desde Madrid.
Habla de municipios. Y aquí se ha criticado muchas veces a alcaldes mineros por gastar fondos dotacionales en crear infraestructuras que ahora han quedado sobredimensionadas por la sangría demográfica. ¿Cómo lo analiza? ¿Se pecó también de cortoplacismo?
Todos, por defecto, tenemos una visión cortoplacista. No podemos saber lo que viene después. Por eso hace falta una supervisión y una estrategia global. Yo creo que los ayuntamientos hicieron lo que pudieron, pero no sólo los de las zonas mineras, sino todos. Porque estructuras sobredimensionadas las hay en todos los niveles de la administración. Unos compañeros de la Universidad de Valencia hablaban la década pasada de la geografía del despilfarro. Eso está en todos los niveles de la administración, y también en Europa. Los alcaldes tenían que enfrentarse a la dinámica de la que hablábamos antes. Esto es David contra Goliat. Ojalá pudiese un alcalde frenar la despoblación luchando contra el éxodo rural, contra la España que emigraba a las ciudades, contra el diferencial de rentabilidad del carbón de no sé dónde. Ellos hacían lo que buenamente podían. También es cierto que la administración superior, la Junta de Castilla y León y el Gobierno central, se han dedicado mucho, y esto es un problema muy español, de dar el cheque. Con el cheque se soluciona todo. Y a veces la legislación no cuesta dinero, más que tener la luz del parlamento encendida. Y eso tiene implicaciones más grandes que una subvención. Facilitar determinadas cosas, poner un marco en favor de las generaciones futuras, eso no cuesta dinero. Cuesta el sueldo de los señores diputados y diputadas y la luz del hemiciclo.
Ojalá hubiera podido un alcalde minero frenar la despoblación luchando contra el éxodo rural, contra la España que emigraba a las ciudades, contra el diferencial de rentabilidad del carbón de no sé dónde. Ellos hacían lo que buenamente podían
A veces el debate también ha estado en si dirigir los fondos a las zonas específicamente mineras o derivarlos también a municipios cercanos teóricamente más capacitados para atraer posibilidades de empleo.
Es que los ayuntamientos también perdían una parte de su recaudación para mantener los servicios públicos. Porque si cierran instalaciones, cae el presupuesto. Es deseable, y además esto está estudiado en economía, que se contemplen zonas más que municipios en concreto, porque hay efectos. Claro que el polígono de Villadangos no sólo beneficia a Villadangos. Ojalá hubiese un polígono de Villadangos en cada una de estas zonas. Esos son los efectos de externalidad. Atrae a trabajadores todas las mañanas, atrae transportes, atrae empresas que quedan alrededor de esa actividad principal. Es muy importante en Transición Justa hablar de los impactos directos, indirectos e inducidos. Los directos son sobre la minería, los indirectos sobre las actividades relacionadas y los inducidos sobre toda la economía en general. Y los Convenios de Transición Justa de alguna manera intentan meter esa idea, aunque no de forma explícita. El Bierzo entró entero: al meter a Ponferrada la mayor parte de la población quedaba cubierta. Entonces sí, eso de alguna manera se ha tenido en cuenta.
Diferencia entre Gales y León el ámbito de decisión política, que aquí estaría mucho más centralizado. ¿Hasta qué punto eso penaliza? ¿Y hasta qué punto habría sido más fácil gestionar desde aquí la reconversión si hubiera fructificado el planteamiento de hacer una comunidad autónoma con León solo o compuesta por León y Asturias, por ejemplo?
Todo es depende de lo que se haga. Si montamos una comunidad autónoma de territorios mineros, pero nos tapamos los ojos o no destinamos el suficiente dinero... Hoy se le está dotando presupuesto a la Ley de la ELA, que lleva aprobada un año. Si los medios no son los suficientes, da lo mismo el diseño administrativo que hagamos. Aquí la cuestión es que Gales ha buscado una autonomía legislativa propia, hay un parlamento propio. Las zonas mineras están a 20 minutos de Cardiff, la capital. Los señores diputados vienen de zonas mineras. El hecho de que aquí se haya dirigido la transición desde Madrid implica que hay unas personas sentadas en un despacho con un ordenador que tiran del INE, van mirando los municipios de Laciana, El Bierzo, de La Robla, y van sacando estadísticas.
Y además, según denuncia, con datos obsoletos.
Tirando el censo de 2011 en el año 2020. Con todo el impacto que estaba teniendo la COVID, esto es algo que no se entiende. Se entiende desde el punto de vista de que no hay una estrategia de datos. En Gales todos los años tienen que elaborar un informe nacional de cómo va la estrategia de las generaciones futuras. Y entonces tienen variables hasta del último pueblo en el que hay 10 personas mayores sobre cuál es la velocidad de la fibra óptica. Es completamente distinto. Luego, por ejemplo, da lugar a particularidades locales. La estrategia de transición de Gales dice: ¿cuál ha sido el efecto del cierre de la minería sobre la lengua galesa? Esto sería aquí impensable, porque explicarle a una persona de Madrid que no haya viajado por aquí que Castilla no es León es dificilísimo. Entonces, ¿cómo hablar, por ejemplo, del patrimonio cultural de León? Cuando el MITECO (Ministerio para la Transición Justa) dinamitó las chimeneas de las centrales, ¿cómo va a entender un técnico del Ministerio que había gente al lado de la chimenea llorando? Porque la había construido su padre, su abuelo, la habían visto toda su vida. Claro, es que esto marca una diferencia muy grande.
Las zonas mineras de Gales están a 20 minutos de Cardiff, la capital. Los señores diputados vienen de zonas mineras. El hecho de que aquí se haya dirigido la transición desde Madrid implica que hay unas personas sentadas en un despacho con un ordenador que tiran del INE
Sí es cierto que el Gobierno tiene un ministerio específico para la Transición Ecológica, además con rango de vicepresidencia. ¿Hasta qué punto eso denota interés? ¿O se puede quedar en las letras del ministerio?
Todos los políticos se afilian a una fe religiosa, sea una u otra. Ahí está la voluntad y no sólo la del Gobierno de España, desde el punto de vista de cómo se formó la coalición de gobierno. Está la voluntad, pero también está la moda y los imperativos que vienen desde la esfera internacional. No sólo es una posición ideológica, una posición política; es también un imperativo de la Unión Europea, de las Naciones Unidas y de la lógica propia. Porque estamos viendo el declive de la naturaleza. Pero luego hay que ponerse a gestionar, y claro, gestionar ya es otra cosa distinta. El papel aguanta todo. Ellos hicieron un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) para diagnosticar las zonas. Se utiliza mucho en empresas. Cuando lees los Convenios de Transición Justa dicen, para el diagnóstico, que reutilizan análisis DAFO. Una de las cosas que yo mido es el nivel de redundancia de las afirmaciones. Claro que hay despoblación en El Bierzo, Laciana o la Montaña Central, pero también la hay alrededor de Valladolid. El Ministerio dividió El Bierzo en cuatro zonas: Fabero-Sil, el Bierzo Alto, Laciana-Alto Sil y Cubillos del Sil-Ponferrada. Que es un nivel de especificidad brutal. Pero era en muchos casos repetitivo. Faltaba detalle y estar a pie de terreno.
¿Y precisamente por no estar a pie de terreno se obvian, como cita, las voces que se oponen a la proliferación de macroparques renovables?
Sí, pero esto es un problema de Gales y de León, de los dos. Porque, ¿cómo miden la contestación pública? Aquí en León sí se contactó con los agentes locales, los grupos de interés... En Gales era más abierto a toda la ciudadanía que quisiera ir. Los moderadores de las reuniones son humanos. Ponían el foco en unas cuestiones o en otras. Claro, iban dirigiendo la respuesta también, de manera consciente e inconsciente. Y a la hora de hacer el informe de todas esas reuniones hay que condensar todo lo que te dicen por escrito. Se pueden incluir sesgos, se pueden incurrir en limitaciones, pero es que la contestación no acaba cuando acaba la reunión. Al mes siguiente, te talan unos castañas en El Bierzo y los vecinos se ponen en pie de guerra. Es una cuestión dinámica. La contestación va progresando a lo largo del tiempo y es un continuo. Hay que estar todo el rato con el oído puesto.
Por lo que respecta al empleo, dice que no se ha tenido en cuenta el empleo indirecto, que era fundamental en la minería del carbón. ¿Hay posibilidad de recuperarlo? Habla también de la calidad del empleo y de la igualdad de oportunidades. ¿Se está fallando también ahí?
Estas patas vienen de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). En los desarrollos que hacen del concepto de Transición Justa están hablando de estas tres cosas. Pecamos de considerar siempre los empleos directos porque son evidentes y fáciles de contar. En cuanto a los empleos indirectos e inducidos y lo que se mueve alrededor de las actividades asociadas y de la economía en general, ahí hay miopía. Nos queda más lejano, como la piedra en el estanque que va alejándose después de haberla tirado y ya la perdemos de vista. Eso es necesario recuperarlo en los planes políticos. Eso no se ha perdido del todo, se puede recuperar porque si estamos hablando de justicia, la justicia hay que hacerla no sobre el momento de declive terminal de la minería sino sobre las cifras históricas de minería. Otra cosa será luchar contra la inercia. Para capturar esos efectos indirectos e inducidos hace falta más que un censo de mineros; hay que tener un modelo económico o tirar de estadísticas muy bien hechas desde hace varias décadas. Hace falta un punto técnico, una estrategia de datos, otro modelo. La calidad también genera una miopía porque cómo la mides. La cantidad se mide muy fácil. La calidad es la conciliación, el bienestar medioambiental, cómo responde el estado del bienestar, la formación que le das a tus trabajadores... Eso es todo más cualitativo que cuantitativo, y entonces miopía al canto.
A veces, en el imaginario colectivo, se tiende a medir eso en términos retributivos y se hace la comparación de lo que ganaban los mineros en los buenos tiempos del sector.
Pero el dinero es una parte de la película, luego hay la satisfacción personal. Los mineros, las personas que han vivido durante generaciones, su padre, su abuelo, su hermano, eran todos mineros. Ahora les ofrecemos un trabajo en la agricultura, con el conocimiento técnico que tienen ellos de máquinas... Hay una parte de la satisfacción que no es monetaria, que es cualitativa. Eso es una miopía gigantesca. Y en cuanto a la igualdad de género, los Convenios de Transición Justa sí que la contemplan, dicen que es una de las prioridades. El Instituto de la Mujer y las asociaciones de mujeres locales son automáticamente grupos de interés de la transición, pero luego no hay una concreción. Las llaman, les piden opinión, pero eso en el papel no lo vemos reflejado. Entonces, ya no sólo hay una brecha de género, hay una brecha por edad, porque todos los trabajos técnicos a quien moviliza es a los jóvenes también. Entonces estamos haciendo una transición injusta desde ese punto de vista.
¿Y eso condena otra vez a las mujeres, en términos laborales, a seguir teniendo un papel secundario en zonas que vienen de trabajos muy masculinizados?
Sí. Esto redunda en continuar esa dinámica, pero han tenido un papel secundario si nos centramos sólo en quién bajaba las minas, pero no en quién estaba en el hogar y quién movía todo. En la minería, por supuesto, como todo en la economía, siempre hay un colchón, y eso es por ejemplo lo que reivindica la economía feminista, que siempre ha habido un colchón por detrás que se ha pasado por alto. Sí, la tendencia es a obviar a las personas por su género y por su edad en este tipo de estrategias.
Yo estoy viendo cada vez que bajo a clase que hay una nostalgia por esa historia que se perdió, hay un ánimo de quedarse en la tierra, de emprender, hay como una llamita de esperanza; claro, luego tienen que darse de bruces contra la pared de la realidad
Dice que el patrimonio industrial es un recurso infrautilizado. Hay ejemplos positivos de patrimonio convertido en museos, pero otro que duerme el sueño de los justos. Supongo también que no es aprovechable al 100%. ¿Pero por dónde debería pasar ese aprovechamiento?
Lo primero sería no dinamitarlo, a menos que tengas un consenso entre los vecinos, entre las personas implicadas. Yo me acuerdo del día que volaron por los aires chimeneas de centrales térmicas. ¿Alguien le ha preguntado a esa gente qué es lo que quiere? Son zonas fundamentales de riqueza biológica, de biodiversidad y también de turismo rural: pues aprovechémoslo. Haría falta destinar dinero a rehabilitar por lo menos parcialmente alguna de esas zonas y convertirlas en museos, en escuelas. Si tenemos granjas escuelas, ¿por qué no minas escuelas? Para que los jóvenes vean el patrimonio de la zona en la que viven, en la que crecen y la historia que origina la situación actual. Lo primero sería más que dar el dinero, que eso viene después, buscar un consenso social. ¿Qué opinan los vecinos?
¿Esa es una asignatura pendiente?
Si tú no has hablado con la gente, no te han contado lo de los montes comunales, no te han contado lo del patrimonio minero... Hay que hacer rehabilitaciones. Pero también hay, por ejemplo, que cuidar que ese patrimonio y todas las explotaciones no perjudiquen al medio ambiente. Hay que rehabilitar y hay que proteger de los posibles contaminaciones y efectos nocivos de ese abandono.
Cuando hablamos de estas cuestiones, pensamos en el recurso que supone para ámbitos como la cultura y el turismo. Pero las cuencas reclaman también otras alternativas.
No hay que masificar aquello de excursiones. Esto tiene que hacerse de manera dosificada. Pero, al final, todo nos lleva a los vecinos. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? ¿El pueblo quiere que haya museos? Vamos a hablar con ellos, que digan lo que quieren, que ellos determinen su propio futuro. Es que dirigirlo desde Madrid es igual de malo que dirigirlo desde León o que dirigirlo desde Ponferrada si no estás con los vecinos. Esto de mirar desde arriba puede dar lugar a realidades que a ras de suelo no sirven.
Luchar contra la inercia del sistema no se soluciona con una subvención. El voluntarismo va por un sitio y luego la gestión y la realidad va por otro
¿Cómo vemos el futuro cuando ya se está criando en las cuencas una generación sin las minas abiertas y que viene de una dinámica negativa cuando en la idiosincrasia de la zona estaba la lucha obrera y la reivindicación?
El escenario ahora y en estos años siguientes pasa por las pensiones de la minería que más o menos mantienen el nivel de renta y montan un oasis. Cuando tú ves el mapa de renta del INE (Instituto Nacional de Estadística), montan un oasis pequeñito en zonas de León que están igual de mal que el resto de España vaciada. El pronóstico es que la España vaciada va a seguir vaciada: esto es lo de David contra Goliat que decíamos, de cómo luchas tú contra esas dinámicas, cómo lo reviertes. Ahora bien, yo estoy viendo cada vez que bajo a clase, porque le doy clase a gente de 18, 19, 20 años, que hay una nostalgia por esa historia que se perdió, hay un ánimo de quedarse en la tierra, de emprender, hay como una llamita de esperanza; claro, luego tienen que darse de bruces contra la pared de la realidad. De repente, te encuentras a gente que pudiéndose ir a Madrid, Barcelona, Valladolid o no sé dónde, de repente dicen, voy a emprender, he ahorrado, voy a montar mi negocio, voy a teletrabajar. Luchar contra la inercia del sistema no se soluciona con una subvención. El voluntarismo va por un sitio y luego la gestión y la realidad va por otro.
¿Nos queda entonces la conclusión de que es preferible la legislación a la política de la subvención?
Yo siempre pongo el foco, es algo que explico en clase en todas las asignaturas porque es muy llamativo. Cuando fue la pandemia de COVID, hubo un enorme incentivo monetario. La Comisión Europea y los gobiernos afrontaron unos enormes gastos públicos, porque copa titulares. Sí, pero la legislación, que no nos cuesta dinero, tiene un poder grandísimo. Si hubiésemos legislado una ley de pandemias, como habían hecho en Singapur, donde había una reserva de material sanitario, de EPIS..., ¿cuál habría sido el impacto de la pandemia?
¿Y esto habría sido especialmente importante en la reconversión minera?
Sí, cada cuatro años hay elecciones, hay que darle a la gente titulares y cifras, pero hace falta una base. Ahora en 2025 es muy bonito verlo; ojalá en los años ochenta hubiese habido una ley específica del bienestar de todos estos territorios. Ahora, a crisis pasada, todos expertos. Pero puede ser una máxima hacia el futuro: antes de la subvención y antes del dinero, los derechos, las obligaciones por parte de los organismos públicos, los mecanismos de control. Primero vamos a reconocer los derechos, legislar, reconocer: eso es justicia también, es la justicia de reconocimiento. ¿Quiénes son los afectados? Nombrar a las personas afectadas tiene un impacto. ¿Por cuánto han sido afectados? Por esta pérdida de trabajadores, rentas y bienestar. Y es muy importante legislar los mecanismos de control porque, por ejemplo, si los Convenios de Transición Justa salen mal, ¿quién es el responsable? En Gales van a tener que responder ante el Auditor General y ante el Comisionado del Gobierno para la Transición Justa, para el bienestar de las futuras generaciones. ¿Aquí ante quién van a responder? ¿Va a haber una comisión de investigación de por qué ha salido mal? No lo veo.
Parece que hay comisiones informativas más 'golosas' que otras.
No salen en los informativos nacionales. Incluso en Gales, si alguien encontrase responsabilidades, habría un proceso correctivo. Pero el único país de nuestro entorno que pide responsabilidad a los políticos por las cosas que hacen es Islandia. Otra nación pequeñita que también nos va a dar alguna elección que otra. Eso en España es impensable porque nos falta un marco. Que hagan, antes o junto con la la ley que reconozca el bienestar de las generaciones futuras, una ley que reconozca que los políticos en su gestión tienen responsabilidades que recaen en ellos.