La Junta recibe 26 ERTEs de empresas de León en lo que va de año, 7 este mes de marzo
La Junta de Castilla y León asegura que, desde que comenzó el año 2022, ha recibido un total de 118 solicitudes para la apertura de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) que afectan a un total de 3.049 trabajadores de la Comunidad, según reveló el portavoz del Gobierno autonómico en funciones, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno.
En concreto, apuntó que en el mes de marzo se han presentado 42 ERTE que afectan a 1.617 trabajadores, en su mayoría relacionados con la subida de los carburantes y la crisis energética, y desde el 1 de octubre al 28 de febrero se contabilizan 226 con 17.947 trabajadores.
En la provincia de León se han presentado un total de 26 ERTEs desde el 1 de enero de este 2022 hasta las 10 de la mañana de este jueves, que afectarían a 709 trabajadores. De ellos, 7 se presentaron en las últimas dos semanas y afectan a más de la mitad de los leoneses del total, 441. Todo como consecuencia, según el portavoz, del aumento de los costes energéticos.
Fernández Carriedo censuró que el Gobierno de Pedro Sánchez “no haya reaccionado” ante una situación de crisis energética y de incremento de la inflación desde hace meses y se remitió a la declaración institucional de la Conferencia de Presidentes, celebraba en La Palma, en la que se acordó la reducción de impuestos.
Precisamente, afirmó que el presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, expresó en el Consejo “el deseo” de remitir una carta a Sánchez para recordarle ese compromiso de bajar los impuestos que aliviaría la situación actual de empresas y familias. “Parece que el Gobierno no lo contempla”, apostilló.
El también titular en funciones de Economía y Hacienda aseguró que la Junta de Castilla y León está dispuesta a renuncia a una menor recaudación con un IVA superreducido, ya que la mitad de este impuesto se transfiere a las autonomías, para que el impacto sea inferior en la actividad económica y en las familias.
Sin embargo, no pudo precisar lo que supondría para las arcas de la Comunidad contar con un 58% menos de la recaudación de ese IVA superreducido aludiendo que “no es importante”. “Lo importante” es el beneficio que supondría para el conjunto de empresas, pymes y familias y en el impacto para el empleo de una caída de actividad económica.
“No se entiende el retraso, se viven momento de mucha preocupación”, manifestó el consejero portavoz en funciones en relación a que el Gobierno no haya tomado medidas como le piden las empresas y los transportistas para aliviar la carga que les supone el aumento del precio de los carburantes.
Así, preguntado si confían en un acuerdo con el sector del transporte, después de que Pedro Sánchez haya dicho que no se van a “levantar de la mesa” hasta que lo haya, señaló que “sería deseable” y es “imprescindible que el Gobierno se lo tome en serio, parece que no tiene prisa, ni es sensible a bajar impuestos”.
