Castilla y León ha perdido 19.800 beneficiarios de prestaciones por desempleo entre enero y septiembre de este año, por lo que el número de personas que cobra el paro, el subsidio o la Renta Activa de Inserción se ha reducido en estos nueve meses un 14 por ciento hasta situarse en 117.410. Hay que remontarse a 2011 para encontrar un dato de beneficiarios tan bajo en la Comunidad Autónoma cuando registró una media anual de 115.700 parados que recibían algún tipo de ayuda por desempleo, según las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
En el caso de León el descenso entre enero y septiembre ha sido de 3.600 beneficiarios, un -3,6%, pasando de los 27.300 beneficiarios en enero a los 23.700 del pasado mes de septiembre. Según los datos públicados por el Servicio Público de Empleo Estatal en la provincia de León reciben prestación actualmente el 52,2% de los 45.400 parados que hay en la provincia.
A fecha de septiembre pasado, que es el último dato disponible, un total de 117.410 castellanos y leoneses cobraba alguna prestación por desempleo, pese a que las listas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social tienen contabilizados a 233.799 parados. De ahí que la cobertura total del sistema de protección por desempleo se situara en el 50,2 por ciento frente al 55 por ciento en diciembre. Es decir, en la actualidad, la mitad de los desempleados de la región no recibe ninguna ayuda pública.
Las provincias de Avila, Palencia, Salamanca y Zamora están con un grado de cobertura por debajo de la media regional, al rondar el 47 por ciento y muy lejos de Soria, que con un 62 por ciento es el territorio donde hay más beneficiarios de prestaciones en relación al número de desempleados.
La mayor parte de los beneficiarios cobra una prestación contributiva, más conocida como el tradicional paro. Las 61.970 personas que reciben esta prestación significan el 52,7 por ciento del total y el cálculo de la cuantía se obtiene en función de la base de cotización durante los últimos seis años en que estuvo empleado. Por norma general, por cada año trabajado en una empresa corresponden 4 meses de prestación, hasta un máximo de dos años que marca la ley.
Una vez agotada esta prestación o quien no tenga cotizado el tiempo suficiente, hay que optar por ayudas extraordinarias, aunque es necesario cumplir una serie de requisitos, como llevar 12 de los últimos 18 meses en paro. Es el caso del subsidio de desempleo que ahora cobran 45.744 castellanos y leoneses (38,7 por ciento) y que reciben 426 euros (el 80% del IPREM -Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples-) durante un máximo de seis meses.
Hay otra prestación del Ministerio que es la renta activa de inserción, que perciben unas 10.000 personas en Castilla y León, según el SEPE. Son otros 426 euros que van destinados a colectivos con ingresos inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que tienen especiales dificultades para encontrar un empleo o están en situación de necesidad económica. Entre los demandantes, están los parados de larga duración mayores de 45 años, los emigrantes regresados por encima de esa edad, las víctimas de violencia doméstica y las personas con discapacidad.
La cuantía media de todas las prestaciones contributivas por beneficiario está en 807 euros, treinta menos que a principios de año. Se sitúa por debajo de la media nacional, que se encuentra en 828 euros. El menor número de personas que cobra una ayuda pública tiene su influencia en el desembolso del Estado. La factura mensual del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para el pago de prestaciones en la región se situó en septiembre en 108 millones de euros frente a los 132,3 millones destinados en enero de este año.
Parados de larga duración
El secretario regional de Formación y Empleo de Comisiones Obreras, Saturnino Fernández, asegura que esta dura realidad es el mejor reflejo de la ausencia de trabajo para los miles de desempleados de la Comunidad. “La mayor parte de los parados llega a agotar las prestaciones porque no encuentra un empleo”, explica. Y pone el énfasis en los parados de larga duración y de muy larga duración, con más de dos años en las listas del antiguo Inem.
La Encuesta de Población Activa (EPA) recoge que el número de parados en la región ascendía, en el tercer trimestre de 2013, a 241.800 personas. De esa cifra, el 58,7 por ciento llevaba inscrito más de un año en las listas de paro. En la actualidad, según este indicador que publica periódicamente el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay en Castilla y León 85.100 parados que llevan más de dos años en busca de un empleo.
Fernández advierte que la caída del número de beneficiarios por desempleo podría ser mucho mayor puesto que recuerda que en 2012 hubo muchos despidos de trabajadores laborales de las administraciones públicos. “De no haber sido por la incorporación de estos nuevos parados, que son un número importante, la bajada sería brutal”, advierte este responsable sindical.
Saturnino Fernández también relaciona el descenso de personas que ha dejado de percibir una ayuda por el endurecimiento de las condiciones para acceder a las prestaciones. Cita, por ejemplo, un subsidio para mayores, que ha pasado de 52 a 55 años, además de la eliminación de otro especial para personas por encima de los 45 y con cargas familiares. Los requisitos para beneficiarse del Plan Prepara son más complicados de cumplir.
Salarios sociales
Pese a ello, el secretario de Comisiones Obreras destaca los acuerdos alcanzados con la Junta en el ámbito del diálogo social que han permitido que la Comunidad goce del Proyecto de Integración y Empleo (PIE), que ha atendido este año a 3.750 personas. Gracias a esta iniciativa única en España, todos ellas han recibido una cuantía de 400 euros durante seis meses. En cuanto a los salarios sociales como la Renta Garantizada de Ciudadanía, Fernández recuerda que la región lo ha calificado como un derecho subjetivo, con una cantidad que varía en función del número de personas que compone la unidad familiar.
Ante la importante caída de beneficiarios de prestaciones por desempleo, no es de extrañar que el Ejecutivo regional haya decidido ampliar el dinero destinado a la renta de ciudadanía en 21 millones de euros entre los años 2013 y 2014, al alcanzar los 53 millones.
Por último, la Junta ha aprobado una inversión de 11 millones para contratar trabajadores en situación de exclusión social y desempleo a través de los ayuntamientos y diputaciones provinciales así como organizaciones sin ánimo de lucro en Castilla y León.