La estructura jerárquica y la precariedad, campo de cultivo del acoso a las mujeres en la ciencia española
Solo el 1,9% de los trabajadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la agencia estatal española adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación con la consideración de organismo público de investigación, reconoció haber padecido acoso sexual o por razón de género declarado en una encuesta interna a la que respondieron 6.000 personas. La cifra se eleva hasta el 10% al ser preguntados por si reconocían haber sufrido determinadas conductas que se consideran acoso técnico.
“Quizá no sabemos identificar qué es acoso sexual o de género. Es lo que se conoce como un 'gap perceptivo'. La ciencia la hacen personas y por eso no es ajena a los problemas de la sociedad. En la sociedad hay acoso y en la ciencia también”. Eso es precisamente lo que recoge la periodista científica leonesa Ángela Bernardo –que fuera colaboradora de ILEÓN en sus inicios– en su primer libro, 'Acoso, Mee Too en la ciencia española', un trabajo periodístico sobre el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en las universidades y los organismos públicos de investigación que se puede comprar ya en todas las librerías desde este miércoles 27 de octubre.
Hay ciertas barreras que impiden a las víctimas identificar que lo que les está sucediendo es acoso. La negación, la culpa, el miedo al qué dirán... A esto, se suman ciertas particularidades de los ámbitos científicos y de investigación que dificultan aún más el proceso. “En ciencia hay una estructura jerárquica que favorece el abuso de poder y hay mucha precariedad y dependencia profesional de otros”, cuenta la autora a este medio, por eso es todavía más importante si cabe prevenirlo, denunciarlo y atajarlo.
En las páginas de su libro, Bernardo expone varios casos de acoso sexual y de cuestión de género, entrevistas con expertos, sentencias judiciales y estudios científicos. Destacan tres, un caso de ciberacoso por parte de un profesor a una alumna, una científica que decide dejar su carrera por el acoso de su director de tesis y tres profesoras universitarias acosadas por un catedrático.
“No hay un perfil de acosador. A poco que rasques, pueden encontrarse en cualquier nivel o condición, pero sí que mayoritariamente son hombres y no hay dos casos iguales”, expone la autora que, en cambio, sí observa que se denuncia poco “por miedo a represalias” y porque “hacerlo tiene un coste para las víctimas”. Como ejemplo, el caso 'Nevenka'. El primer #MeToo en España. La que fuera edil del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada hace casi dos décadas consiguió la primera condena a un cargo político por acoso sexual, el entonces alcalde de la ciudad Ismael Álvarez. “Hoy, casi veinte años después se sigue hablando de ella, pero pocos se acuerdan de él”.
¿Qué está fallando? “Faltan estudios, protocolos y concienciación y sensibilización”. Desde el año 2007, las universidades y organismos públicos de investigación están obligados por ley a tener protocolos de detección y actuación ante casos de este tipo pero “no todos los tienen”, y los que sí “no siempre son efectivos: no son rápidos y no dan alternativas a las víctimas”, mientras que “en otros países se hacen iniciativas para que toda la comunidad pueda intervenir si detecta un abuso”.
En conclusión, “no hay solución mágica” y “falta mucho por hacer en prevención y en transparencia”. 'Acoso. #MeToo en la ciencia española' es solo una evidencia de ello. Publicado por la editorial Next Door Publishers que dirige la física Laura Morrón, y prologado por otra leonesa de adopción, María Ramírez, que contextualiza el impacto del #MeToo a nivel internacional.
Ángela Bernardo es berciana, aunque oficialmente naciera en León en 1988. Es licenciada en Biotecnología por la Universidad de León, máster en Industria farmacéutica y biotecnológica y experta en Comunicación. Trabaja desde hace casi una década en periodismo científico, pasando por Hipertextual, donde destapó en 2016 el 'Caso Nadia' –la niña con tricodistrofia con la que sus padres intentaron ganar dinero engañando a los medios de comunicación–, investigación por la que ganó en 2017 el premio José Carlos Pérez Cobo de Periodismo y Pensamiento Crítico.
Desde 2018 es redactora en Civio, una organización independiente que ha publicado reportajes sobre la atención a la salud mental, la crisis del coronavirus o los conflictos de intereses en ciencia, entre otras investigaciones periodísticas. Antes colaboró con otros medios de comunicación, como Hipertextual o la revista Jot Down. Ha recibido también el Premio Profesor Juan Ramón Zaragoza (2018) y el prestigiosísimo Premio Concha García Campoy de Periodismo Científico (2019), en la categoría de prensa digital, que concede la Asociación de Prensa de Madrid.