Las solicitudes de protección de refugiados ucranianos ascienden a 1.500 en Castilla y León

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones/ ICAL

Agencia ICAL

Castilla y León acumula un total de 1.434 solicitudes de protección temporal de ucranianos, un número al que hay que sumar los ciudadanos que han huido de la invasión de Rusia y llegan a la Comunidad, principalmente, de los centros de recepción de refugiados ucranianos de Madrid que ya cuentan con los permisos de residencia y trabajo. También, han llegado ciudadanos de ese país de Europa del Este a través de organizaciones encargadas de su acogida como Accem y Cruz Roja Española.

Las solicitudes de protección, según los datos facilitados hoy por la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, se reparten entre las 151 en la provincia de Ávila, las 211 en Burgos, las 221 en León, las 111 en Palencia, las 155 en Salamanca, las 221 en Segovia, las 80 en Soria, las 214 en Valladolid y las 63 en Zamora.

Durante la presentación Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, Barcones aseguró, según recogió la Agencia Ical, que, de momento y a la vista de los datos desde que se puso en marcha el proceso extraordinario el pasado 14 de marzo, no será necesario reforzar los medios humanos del dispositivo que se habían previsto en las nueve comisarias provinciales de la Comunidad. “Atendemos al día todas las solicitudes que nos llegan por lo que no hay lista de espera. Otra cosa es si en un futuro llega un aumento de ucranianos para solicitar los permisos”, precisó.

Las agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de las nueve comisarías provinciales del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) son los encargados de recoger las solicitudes de protección temporal de los ciudadanos ucranianos y los nacionales de otros países con permiso de larga duración que residen en Ucrania, víctimas de la invasión rusa. De esta manera, lograrán un permiso de residencia y trabajo que se podrá prorrogar hasta tres años.

El procedimiento se inicia a solicitud del propio interesado en la comisaría provincial y en el plazo de un día, al ser tramitado de urgencia, se debe resolver en 24 horas para que obtengan el permiso de residencia y de trabajo pero también para percibir las ayudas sociales gestionadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, además de las que pongan en marcha las comunidades autónomas y las entidades locales.

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