El Pacto PP-Ciudadanos tumbará esta semana 2.780 enmiendas a los presupuestos de la Junta

El pleno de las Cortes de Castilla y León debatirá y votará entre mañana lunes y el martes un total de 2.787 enmiendas de los grupos de la oposición a los proyectos de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad y ley de Medidas Tributarias para 2017, en las que mueven el destino de más de 1.070 millones, ya que la mayoría de las propuestas están vivas dado que sólo han tenido encaje las del Grupo Popular y las de su pacto con Ciudadanos, que garantiza al menos con su abstención la aprobación de las cuentas.

A los terceros presupuestos de la legislatura, que se elevan a 10.859 millones, un 5,5 por ciento más que en 2017, llegan al plenario un conjunto de 2.691 enmiendas de los grupos, de las que 782 corresponden al Grupo Socialista; 985 a Podemos; 187 a Ciudadanos; 638 a IU y 99 a UPL. En el caso de la ley de Medidas, el PSOE mantiene 62, Podemos 20 e IU 14, en total 96.

El portavoz adjunto del Grupo Popular, Salvador Cruz, avanzó que en el pleno se aprobarán algunas enmienda de Ciudadanos y de Unión del Pueblo Leonés por existir una mayor afinidad, que no vio en el resto de los grupos de la izquierda, cuyas propuestas valoró en muchos casos como “ideológicas”.

La maratoniana sesión arranca mañana a las 16,30 horas con la presentación de ambos proyectos por la Junta -la consejera de Economía y Hacienda- y sigue con las enmiendas al articulado y a las secciones -consejerías- en turnos de un minuto por enmienda, hasta un máximo de ocho y cinco, respectivamente. El turno de la ley de Medidas cerrará el plenario el martes por la tarde.

Las enmiendas incorporadas del pacto presupuestario entre PP y Ciudadanos se refieren a las rebajas fiscales para avanzar en una menor presión fiscal. Entre ellas, están elevar hasta los 400.000 euros -estaba en 250.000- el límite exento en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, criticado por PSOE, Podemos e IU en su alternativa fiscal, al considerar que se dejarán de recaudar 32 millones, según el cálculo de los socialistas.

Por otro lado, las deducciones si se trata del primer hijo pasan de 710 euros a 1.010 euros, como acordaron ambos socios; 1.475 euros si se trata del segundo hijo y 2.351 euros si se trata del tercer hijo o sucesivos. Además, los menores de 36 años podrán deducirse un 20 por ciento con carácter general, hasta un máximo de 459 euros, en el alquiler de su vivienda, que podrá llegar a un 25 por ciento cuando la casa esté en una población de menos de 10.000 habitantes.

Entre las sietes enmiendas del pacto PP-Cs a la ley de Medidas, figura la bonificación de determinadas tasas para el ejercicio 2018, como las relativas a actuaciones administrativas sobre actividades agrícolas, aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras, prestación de servicios veterinarios y en materia de industrias agroalimentarias.

Alternativa fiscal

Las principales novedades de las enmiendas del Grupo Socialista son la creación de una serie de fondos para paliar el impacto de las inclemencias meteorológicas en el campo, para corregir desequilibrios territoriales, para recuperar el estado del bienestar, para la convergencia y para la lucha contra la pobreza que suman 396 millones de euros, cuya financiación procede de su alternativa fiscal con la que estiman una recaudación a mayores de 350 millones.

La propuesta fiscal socialista del grupo que lidera Luis Tudanca prevé la creación de nuevos impuestos, como la modificación del impuesto sobre la afección medio ambiental en la que se plantea la exclusión de los parques eólicos en los cincos primeros años y la inclusión del impuesto ambiental de las instalaciones fijas de telecomunicaciones, siempre, como explican sus dirigentes, para contar con más recursos y para que paguen más lo que más ganan -revisan el IRPF- y los que más heredan.

En su propuesta fiscal, Podemos propone la elevación progresiva del IRPF en cinco tramos para quienes cobran más de 53.000 euros -49.000 personas en Castilla y León- con los que estima una recaudación extra de 246 millones para financiar los servicios esenciales. Las enmiendas a las cuentas de la formación morada inciden en que otra forma de política es posible y en la apuesta por lo público y la priorización de las personas.

El único procurador de IU, José Sarrión, también orienta sus enmiendas a las cuentas en aumentar el gasto social, potenciar el empleo público y revertir las privatizaciones, mientras que plantea un modelo fiscal con la creación de impuestos a grandes superficies, la banca y el etiquetado de productos ecológicos. Con estas medidas espera una recaudación adicional de 431 millones, que destina al estado del bienestar.

Por su parte, el Grupo de Ciudadanos, fuera del pacto con el PP, mantiene vivas 190 enmiendas parciales dotadas con 46 millones y destinadas, en su mayoría, al compromiso con el impulso a la industrialización de Ávila, Segovia, Soria y Zamora, con diez millones; arreglos en colegios e institutos; la rehabilitación en monumentos de gran interés cultural y la mejora de las carreteras.

UPL pide 17,5 millones más

El procurador de UPL, Luis Mariano Santos, centra sus propuestas, que mueven 17,5 millones, en proyectos y servicios para León, pero también algunos de ellos en Salamanca y Zamora.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad se asientan en una previsión de crecimiento del PIB del 2,7 por ciento -una décima más de lo aprobado en el techo de gasto-, una tasa de paro media anual del 12,2 por ciento, un aumento del empleo del 2,8 por ciento, que se traduce en el 28.000 puestos de trabajo adicionales y, según la Junta, permitirá acercarse al millón de ocupados al final de la legislatura. También, se prevé un déficit público del -o,4 por ciento que implica reducir en un 33 por ciento el autorizado este año.

En el apartado de ingresos, cuyo montante procede de las entregas a cuenta, que se elevan a 6.480 millones, el 6,2 por ciento más que este año, la Junta incluye, como novedad, el Impuesto Medioambiental de Determinadas Instalaciones, para el que estima una recaudación de 10 millones, de un total de 74 para gravar el impacto de los residuos radiactivos de carácter temporal.

Gasto de las consejerías

El techo máximo de gasto no financiero al que se tienen que ajustar los programas es de 9.577 millones, de los que 8.333 corresponden a las consejerías, que supone 330 más que este año. Además, la PAC gestiona 924 millones, los intereses para abonar la deuda suman 288 millones y la partida para las instituciones propias de la Comunidad a través del presupuesto de las Cortes se eleva a 31,1 millones.

Por consejerías, Presidencia contará con 125,2 millones (2,70 por ciento), Economía y Hacienda 366 millones (-20,08 por ciento), Agricultura y Ganadería 476 millones (8,80 por ciento), Fomento y Medio Ambiente 513 millones (-0,38 por ciento), Sanidad 3.588 millones (3,19 por ciento), Educación 2.044 millones (3,45 por ciento), Empleo 297 millones (3,76 por ciento), Familia e Igualdad de Oportunidades 974 millones (5,28 por ciento) y Cultura y Turismo 125,9 millones (4,79 por ciento).

Las tres consejerías sociales -Sanidad, Educación y Familia- cuestan con 6.605 millones, el 80 por ciento del gasto no financiero de las consejerías y el 87 por ciento de los recursos autónomos no financieros. El apoyo a las empresas consume 207 millones, las políticas de empleo cuentan con 304 millones y el gasto en ciencia y tecnología se eleva a 236 millones (2,8 del gasto de las consejerías).

El capítulo 1 o gastos de personal ascienden a 3.678 millones, donde se contempla una subida del 1,5 por ciento a los empleados públicos, si bien está condicionada a la aprobación de los presupuestos estatales. Una de las novedades es el incremento en un 9,5 por ciento de las operaciones de capital hasta llegar a los 1.367 millones, de ellos 620 corresponden a las inversiones reales (16,71 por ciento más) y 746 a las subvenciones (4,09 por ciento más).