La Junta de Castilla y León sigue contratando a empresas privadas el operativo antiincendios pese a prometer que sería público

La Junta de Castilla y León mantiene la contratación de parte del operativo antiincendios en manos de empresas privadas con nuevos contratos, pese a la promesa del Ejecutivo de ir incorporando al sector público, mediante empresas públicas como Tragsa o Somacyl, a todo el operativo según vencieran los contratos. Tres días antes de las elecciones adjudicó un contrato para cinco brigadas por 4,4 millones de euros y ha licitado otro por 2,5 millones para trabajados en este 2026 y el próximo 2027.

La promesa del presidente en funciones del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, fue que el operativo sería 'público', entendido como que dependería de empresas controladas por el estado como Tragsa, que es como lo gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica. Es una vieja demanda de los sindicatos y asociaciones de trabajadores del operativo, que llevan años reivindicando una mejora de sus condiciones laborales, y en particular, dejar de depender de las empresas privadas.

En la presentación del proyecto de prespupuestos 2026, que finalmente no se aprobaron, Mañueco desgranó un aumento del 30% del presupuesto antiincendios después del peor verano de la historia en Castilla y León, recalcando y prometiendo cuestiones como el reconocimiento de la categoría de bombero forestales, un operativo todo el año, “mejores condiciones retributivas y laborales” y “y pasar, de aquí a tres años, a todos los profesionales del sector privado al sector público”, que cifró ya en un 33% del operativo en este 2026.

A preguntas de la prensa el consejero en funciones de Economía y Hacienda y portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, matizó esto último señalando ue el pase al sector público sería a medida “que vayan venciendo sus contratos se incorporarían con este modelo que ha descrito el Presidente, (...) a medida que acabe su vencimiento los nuevos contratos ya serán dentro del sector público”. Pero la consejería de Medio Ambiente, que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha lanzado contratos con el sector privado el pasado otoño y otro en pleno proceso electoral autonómico, contradiciendo las palabras del Presidente de la Junta.

El primer nuevo contrato fue licitado en noviembre, consistente en cinco unidades especializadas equipadas con vehículos autobomba pesados y brigadas de expertos, con un presupuesto base de más de 4,4 millones de euros. El proyecto, financiado parcialmente por fondos FEDER, tiene un plazo de ejecución de 18 meses y prioriza tanto la adecuación del entorno natural para evitar fuegos como la intervención inmediata en emergencias. La adjudicación del contrato tuvo lugar tres días antes de las elecciones autonómicas del 15 de marzo a una UTE de cuatro empresas: Matinsa, Foresa, Demontes e Infosa, todas al 25%. El importe de adjucación solo es 1,1 euros más bajo que el de licitación, impuestos incluídos.

El segundo contrato nuevo a empresas privadas lo ha licitado Somacyl, la sociedad pública dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y que no suele hacer este tipo de contratos y solo los de maquinaria pesasa. El 18 de marzo, tres días después de las elecciones, lanzó una licitación, todavía abierta, por un máximo de 2.525.310,27 euros (con impuestos) para contratar “un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por 4 Unidades de Brigadas y Autobombas de lucha contra incendios forestales (UBA) integradas por un vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas”. Se destinarán a las provincias de Burgos, Palencia, Soria y Valladolid. La licitación está abierta hasta el 17 de abril.

Base de Ávila, sí a Tragsa

El caso más llamativo de los nuevos contratos del Gobierno de Castilla y León ha ocurrido en la provincia de Ávila. Inicialmente sacaron a licitación en pleno verano pasado, 14 de julio, un contrato de “Servicio de lucha integral contra incendios forestales desde la Base de Las Casillas (Segovia)” con un presupuesto base de 1.932.423,7 euros (más impuestos). Despues del terrible verano, también en Ávila con grandes incendios en el valle del Tiétar, en noviembre se abren las ofertas pero en un informe del 17 de diciembre de 2025, el Jefe del Servicio de Incendios Forestales emite pide el desistimiento del contrato. Alega que el contrato no contempla la categoría de bombero forestal que obliga la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de bomberos forestales. Y como no hay dotación económica para esa categoría pues pide que se anule, tal y como se hizo.

Y entonces la consejería de Medio Ambiente de Castilla y León ha formalizado el pasado 25 de marzo un nuevo contrato para la base de Casillas, pero mediante una encomienda de gestión a la empresa pública Tragsa, por importe de 2.288.363,83 euros. Es decir, pasa al sector público a quienes hasta entonces prestaban los servicios de la base segoviana, cumpliendo así la promera electoral de Mañueco.

Los pliegos de los dos contratos a empresas privadas que la Junta de Castilla y León ha licitado, uno de ellos ya adjudicado, y ya se han explicado en este artículo no contemplan en ningún caso la categoría de 'bombero forestal' a la que obliga la Ley y les deja como meroes 'peones'. La consejería de Medio Ambiente ha sido cuestionada sobre si estos contratos contravienen el compromiso de operativo público sin recibir respuesta en el momento de publicación de esta información.

El PSOE anunció que su primera iniciativa de la nueva legislatura, este mismo mes de abril, será presentar una ley de incendios ante la “inacción” de la Junta de Castilla y León. El Gobierno del PP aprobó el pasado otoño dos decretos para mejorar el operativo y la prevención pero decayeron ante la falta de apoyo de la oposición. Pese a eso los contratos relativos a incendios han aumentado de forma considerable, financiando nuevos elementos como más helicópteros o bulldozers para la protección de los municipios. A finales del año pasado la Junta pasó a todo el año a más de 800 personas del operativo que hasta ahora eran fijos-discontinuos. La última acción ha sido presentar 12 nuevos camiones autobombas de 4.000 litros que se incorporan al operativo tras una inversión de 7,23 millones de euros, financiada con Fondos FEDER.