La Junta aprueba medidas para paliar la crisis por la guerra en Oriente Medio destinadas al consumo energético y transporte
La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el anunciado paquete de ayudas, por importe de 287 millones de euros -117,4 millones correspondientes a las rebajas fiscales anunciadas por el Gobierno central-, para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, con especial incidencia en los sectores dependientes del petróleo.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha dado luz verde a estas ayudas que se trata de 28 medidas agrupadas en siete bloques específicos para atender las diferentes necesidades de los sectores productivos y las familias.
De entre estos bloques, Carriedo ha detallado que el que absorbe más fondos es el vinculado a la merma de ingresos en las arcas autonómicas que implica el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno central, con 117,4 millones; seguido de los 113 millones para la financiación de sectores empresariales, 33,3 millones para eficiencia y ahorro energético, 10 millones para garantizar el funcionamiento de servicios públicos, 7 millones para favorecer la empleabilidad, 5 millones para reforzar el transporte colectivo de viajeros y 1 millón para ampliar el apoyo a las familias vulnerables.
Carriedo ha defendido que se trata de una respuesta rápida por parte de la Junta, al tratarse de una de las primeras autonomías en aprobar ayudas de este tipo, y ha añadido que aunque algunas de las medidas tienen como horizonte temporal el próximo 30 de junio, otras tienen vocación de permanencia, al entender que se trata de medidas estructurales que seguirán vigentes haya o no guerra en Oriente Medio, como las vinculadas al transporte de viajeros en autobús.
Como sectores más afectados, el portavoz de la Junta ha asegurado que estas medidas han sido tomadas tras mantener contactos con asociaciones de industriales, transportistas y con las organizaciones profesionales agrarias.
Ha reconocido que puede que con estas medidas no den “satisfacción completa” a las reivindicaciones de los sectores, pero ha asegurado que la financiación queda “garantizada”, pese a estar actualmente el Gobierno autonómico en funciones, sin tener referencias claras sobre la duración de esta crisis de precios energéticos.
Preguntado por la posibilidad de deflactar el IRPF para compensar la subida de precios, tal y como reclama el PP a nivel nacional, Carriedo ha respondido con la propuesta de su partido para rebajar el tramo autonómico del mismo impuesto, pero sin referencias a la deflactación.
En este sentido, Carriedo ha explicado que al estar en funciones el Gobierno no puede aprobar proyectos de ley en este sentido, por lo que ha apelado a la responsabilidad de los grupos políticos para constituir pronto un nuevo Gobierno que dé “estabilidad y confianza”.
No obstante, ha subrayado que desde el Gobierno autonómico en funciones asumirán “todos los restos y desafíos” que se presenten: “Que haya un gobierno en funciones no significa que haya un gobierno que no funciona”, ha resumido Carriedo, convencido de que tienen la “obligación de funcionar y dar respuesta a los problemas de los ciudadanos”.
Las medidas concretas:
1. Línea de adaptación a alzas de costes, hasta 750.000 euros y bonificación del 1,75% y un plazo de amortización de hasta 180 meses, de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia.
2. Financiación de circulante a la internacionalización para pymes, hasta 500.000 euros, bonificación del 2,5 % y un plazo de amortización de hasta 60 meses, de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia.
3. Financiación de costes energéticos a empresas exportadoras para inversión en sistemas de autoconsumo que reduzcan la exposición a la volatilidad energética de hidrocarburos, hasta 500.000 euros, bonificación del 2,5% y un plazo de amortización de hasta 180 meses de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia.
4. Fondo Internacionalización: para participar en capital de empresas o préstamos participativos para fomentar la internacionalización. Hasta 300.000 euros, amortización hasta 10 años con un límite de 3 años de carencia. Tipo de interés máximo del 1,5%.
5. Ampliación de la carencia de los proyectos de reindustrialización y de industrias de proyectos endógenos (forestal, agro, piedra).
6. Renegociación de las operaciones suscritas a través de la ampliación de plazo de carencia de los préstamos ya otorgados.
7. Incremento de las cuantías destinadas al Instrumento Financiero del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 en 6,4 millones de euros. Permitirá cerrar operaciones de préstamos garantizados con aval público y en condiciones ventajosas por importe de 40 millones de euros de préstamos.
8. Incremento del porcentaje de bonificación para la contratación de seguros agrarios a titulares de explotaciones agrarias que tengan la consideración de joven agricultor pasando del 10% actual al 25%.
9. Cualificación vinculada a servicios estratégicos: impulso de programas de cualificación directamente vinculados a los servicios digitales, tecnológicos, biosanitarios, logísticos, energéticos y de servicios avanzados a la industria, para adquirir nuevas competencias e incrementar la empleabilidad y la competencia empresarial.
10. Atracción y fidelización del talento: refuerzo de la contratación del talento joven y cualificado, impulsando itinerarios de inserción, contratos vinculados a sectores estratégicos y programas de retorno.
11. Incentivos al empleo en sectores estratégicos: incremento de la contratación por cuenta ajena vinculada a sectores estratégicos y en sectores especialmente afectados por la crisis.
12. Refuerzo e incremento de servicios de las rutas Buscyl con mayor intensidad en el uso para ajustar la oferta a la mayor demanda de los ciudadanos derivada del incremento del precio de los combustibles.
13. Incremento del coste de las rutas Buscyl del servicio de transporte regular de viajeros de titularidad y gestión de la Junta de Castilla y León por el incremento del precio de los carburantes.
14. Activación en caso necesario los bonos de urgencia social para situaciones de necesidad de las familias vulnerables.
15. Impuesto Especial sobre Electricidad. La recaudación de este impuesto está íntegramente cedida a las comunidades autónomas según el sistema de financiación autonómica. El Real Decreto-Ley aprueba una reducción del tipo impositivo del impuesto especial sobre la electricidad del 5,1 % al 0,5 %. El impacto tributario se estima en 24,1 millones, que recaerá íntegramente en la Junta de Castilla y León.
16. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El 50 % de la recaudación de este impuesto está cedida a las comunidades autónomas, según el sistema de financiación autonómica. El Real Decreto-Ley reduce del 21 % al 10 % el tipo impositivo del IVA aplicable a la electricidad, hidrocarburos, gas natural, briquetas y pellets. La menor recaudación derivada de esta medida para la Junta de Castilla y León se estima en 52,2 millones.
17. Impuesto Especial Sobre Hidrocarburos. La recaudación del 58 % del tipo estatal general y del 100 % del tipo estatal especial está cedida a las comunidades autónomas, según el sistema de financiación autonómica. El Real Decreto-Ley aprueba la reducción de los tipos impositivos del impuesto sobre hidrocarburos hasta el máximo permitido por la directiva europea que regula la imposición de los productos energéticos. La menor recaudación derivada de esta medida para la Junta de Castilla y León se estima en 41,1 millones.
18. Línea de ayudas al fomento del ahorro y la eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial. Esta línea tiene como objetivo continuar fomentando el ahorro energético de las pequeñas, medianas y grandes empresas, para mejorar la competitividad y paliar la subida de costes energéticos en el sector industrial.
19. Línea de ayudas al fomento del ahorro y la eficiencia energética, así como a la implantación de renovables, en edificios del sector terciario de Castilla y León. Esta línea persigue fomentar el ahorro energético en edificios existentes del sector terciario.
20. Implantación de sistemas de autoconsumo renovable en edificios de titularidad de la Administración de la Comunidad.
21. Promoción de la biomasa con la asociación AVEBIOM (o la mesa intersectorial de la madera).
22. Impulso al aumento de la producción de biomasa autóctona.
23. Fomento de la construcción sostenible con madera para mejora de la eficiencia energética.
24. Impulso de la implantación de nuevas redes de calor por su determinante contribución a la consecución de los siguientes objetivos: la reducción del consumo energético final; la disminución de las emisiones de CO₂; el ahorro económico para administraciones y usuarios; la mejora de la calidad del aire urbano, y el impulso a la economía rural mediante el uso de biomasa local.
25. Bonificación del 100 % del coste para las comunidades de propietarios de las subestaciones necesarias para la conexión de edificios privados a redes de calor urbanas con biomasa forestal.
26. Para asegurar la correcta ejecución de los contratos de la Administración, de las obras, suministros y servicios necesarios para el normal funcionamiento de los servicios públicos, se impulsará la aplicación, por los órganos de contratación de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León, de las directrices vinculantes aprobadas en el contexto de la guerra en Ucrania mediante Acuerdo 145/2022, de 23 de junio.
27. Puesta a disposición de las diferentes consejerías de los recursos presupuestarios necesarios para atender el mayor gasto derivado del encarecimiento de los bienes y servicios necesarios para la adecuada prestación de los servicios públicos.
28. Solicitud de reprogramación y ampliación del período de ejecución de los Fondos Europeos para adaptarse a las circunstancias derivadas de la situación.
