Más de 200 alcaldes del PSOE reclaman políticas públicas de vivienda en Castilla y León

Agencia EFE

El Consejo de Alcaldes y Alcaldesas del PSOECyL ha aprobado este sábado por unanimidad una resolución para garantizar el acceso a la vivienda “con políticas públicas efectivas”, mayor implicación de la comunidad autónoma y la participación directa de los ayuntamientos.

La resolución ha sido aprobada en la reunión celebrada en Palencia, presidida por la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, y en la que han participado más de 200 alcaldes y portavoces municipales socialistas que han acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de haber reducido la vivienda protegida en Castilla y León hasta el 1,4 por ciento.

En la resolución, el PSOE de Castilla y León se compromete a una planificación territorial que permita reconocer la vivienda como un derecho subjetivo, con el objetivo de que “cada ciudadano y ciudadana tenga garantizadas unas condiciones que faciliten el acceso a una vivienda en alquiler o en propiedad”.

Consorcio autonómico de vivienda y suelo

Entre las principales medidas planteadas figura la creación de un consorcio autonómico de vivienda y suelo en el que participen ayuntamientos y diputaciones, de forma que las entidades locales no sean únicamente cedentes de suelo, sino actores protagonistas en la promoción de vivienda pública, especialmente en aquellas zonas que carecen de capacidad técnica suficiente.

La resolución apuesta por impulsar vivienda pública mayoritariamente en régimen de alquiler, intervenir en el mercado para generar suelo y fijar niveles de renta asequibles en función de los ingresos de las unidades convivenciales, además de mantener de por vida la calificación de vivienda protegida.

El documento también defiende que ningún ciudadano tenga que destinar más del 30 por ciento de sus ingresos al pago del alquiler.

El PSOE de Castilla y León reitera asimismo su propuesta de un Pacto Social por la Vivienda que involucre a entidades sociales, asociaciones, colegios profesionales y universidades, y plantea programas de intermediación con propietarios de viviendas vacías para facilitar su alquiler a demandantes con rentas limitadas.

Los representantes municipales socialistas denuncian que en las últimas décadas se ha producido un retroceso continuado de la vivienda protegida. “En 40 años hemos pasado de que una de cada cuatro viviendas tuviera protección a una de cada cien”, recoge la resolución, que defiende la promoción pública como la principal herramienta para corregir las distorsiones del mercado inmobiliario.

Durante el encuentro, el candidato socialista por Palencia a las Cortes de Castilla y León y alcalde de Dueñas, Miguel Ángel Blanco, ha puesto el acento en la realidad de los municipios pequeños y en la falta de apoyo por parte de la Junta.

“De los 2.248 municipios que hay en Castilla y León, la mayoría son pequeños, y sufren un abandono total a la hora de desarrollar políticas que permitan dar respuesta al problema de la vivienda”, ha señalado, tras reclamar herramientas específicas para que los ayuntamientos puedan actuar.

Blanco ha afirmado que Castilla y León “no puede limitarse a esperar soluciones de arriba”, sino que necesita políticas que partan del territorio y permitan a los jóvenes ejercer “el derecho a quedarse”, tanto en la provincia de Palencia como en el conjunto de la comunidad autónoma.

Por su parte, la alcaldesa de Palencia y presidenta del Consejo de Alcaldes, Miriam Andrés, ha destacado en declaraciones a los periodistas el papel del municipalismo socialista asegurando que los ayuntamientos son “la administración más cercana” y la puerta de entrada a las necesidades de la ciudadanía, también en materia de vivienda.

Andrés ha afirmado que el debate ha puesto de relieve que el problema de acceso a la vivienda no se limita a las grandes ciudades, sino que afecta también a municipios medianos y pequeños que empiezan a generar empleo sin disponer de vivienda suficiente para fijar población.

En este sentido, ha defendido la creación del consorcio autonómico de vivienda como una herramienta clave para dar respuesta a una problemática que “ya nos está acechando en Castilla y León”.