El vicepresidente de la Junta de Vox afirma que las autonomías son “un lujo” mientras cobra 85.000 euros sin funciones definidas

Juan García-Gallardo, líder de Vox en Castilla y León. // Leticia Pérez / ICAL

Agencia ICAL / ileon.com

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, sostuvo hoy que Vox no quiere “construir nuevas naciones y nacionalidades”, a las que atacó como un elemento de desigualdad y para “disfrazar el independentismo”, y sentenció que las autonomías “son un lujo que no nos podemos permitir”.

García-Gallardo cobrará unos 85.000 euros al año sin tener funciones definidas, al ser vicepresidente de una de las autonomías que él mismo criticó hoy en las Cortes de Castilla y León cerrando la ronda de los miembros del Ejecutivo autonómico para explicar sus programas de legislatura en las Cortes, arrancó su intervención con la aseveración de que no renuncian a revisar la organización territorial del Estado, aunque a falta de consenso afirmó que van a impulsar aquellas políticas acordes con sus valores y compromisos adquiridos.

“Vox no quiere construir nuevas naciones, ni inventarse nacionalidades”, sentenció, para calificar a las nacionalidades como “un eufemismo para ocultar –o sedar– el independentismo disfrazado desde hace 44 años”. “Un engaño para todos, una estafa para España. La ruina para los españoles”, calificó.

Según García-Gallardo, el estado de las autonomías “ha derivado en un proceso de desintegración progresiva del propio estado, que ningún gobierno ha querido o sabido contener”. “Cada vez más personas creen que las autonomías son un lujo que no nos podemos permitir”, manifestó.

Así, señaló que los ciudadanos perciben a las autonomías “como una fuente de desigualdades, y de enfrentamiento entre españoles, que merman las capacidades de progreso de la nación”.

En tal sentido, relacionó las autonomías con la tergiversación de la historia, el adoctrinamiento separatista en las aulas y, sobre todo, el “arresto domiciliario” de la lengua común, en buena parte del territorio, son exponentes de todo ello. “A mí me gusta España. Estoy orgulloso de pertenecer a una nación centenaria, una nación con una historia extraordinaria”, aseguró.

En tal sentido, planteó que quieren revisar la Constitución, pero “jamás erradicarla ni minarla de espaldas al pueblo soberano desde dentro de las instituciones, como siguen intentando los socios del gobierno central”. “Queremos reformar la casa y no demolerla, para consolidar lo mucho que tiene de bueno, como garante contrastada de nuestra convivencia”.

Ponencia técnica “para reducir burocracia”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, anunció también la creación de una ponencia técnica, con participación de todas las consejerías, destinada a la reducción de la burocracia y para la simplificación administrativa en el “Gobierno regional” (como define él a Castilla y León pese a ser dos regiones).

Pese a anunciar una de las mismas soluciones que elevan los costes de la Administración Pública –encargar un informe a una serie de expertos que cobrarán por ello durante un tiempo indeterminado–, insistió en que impulsará la coordinación y seguimiento de las medidas de racionalización de los procedimientos, su simplificación, y la eliminación y reducción de cargas y trabas administrativas.

“La simplificación administrativa es un factor de competitividad”, aseveró. De esa forma, expresó su propósito de que ningún proyecto empresarial “se vaya de nuestra tierra por la hipertrofia de la burocracia”.

En su comparecencia en la Comisión de la Presidencia de las Cortes para exponer su programa de legislatura, García-Gallardo defendió sus funciones como 'número dos' de la Junta ante la critica de la oposición de ser un “vicepresidente florero” y se centró en propuestas de simplificación administrativa.

Eliminación del Procurador del Común

El nuevo vicepresidente indicó también que ejercerá la representación institucional de la Junta de Castilla y León en la Fundación Castilla y León, velando por que su existencia responda a criterios de utilidad y necesidad pública, sin despilfarro de gasto político.

También atacó la existencia del Procurador del Común, con sede en León. Se mostró convencido de que las instituciones del Defensor del Pueblo y del Procurador del Común, “son vistas por los ciudadanos como poco eficaces, dada la carencia de facultades imperativas” y como “organismos duplicados de coexistencia innecesaria”. “Ello nos exige hacer una reflexión colectiva sobre su utilidad y necesidad”, apostilló, si bien añadió que mientras coexistan se aprovechará su actividad.

Para cumplir con todas estas responsabilidades, afirmó que cuenta con una “estructura adecuada y suficiente”, y defendió a los altos cargos nombrados como “personas íntegras, con capacidad de dirección y agudo sentido del bien común y de la justicia social”.

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