Por fin, después de 18 días, entró 'en harina' este lunes el juicio por la Trama Púnica de presunta corrupción en la provincia de León en la Audiencia Nacional y lo hizo para que el único testigo que se ha enfrentado a las preguntas de las partes, el guardia civil de la Unidad Central Operativa (UCO) instructor de toda la causa certificara que el entonces presidente de la Diputación, Marcos Martínez Barazón, pagaba 'a dedo' a las empresas de Alejandro de Pedro para auparle dentro del partido.
También que a cambio de mejorar su imagen pública y reputación, aparte de dinero público sin contrato, ponía facilidades para que las compañías del conseguidor o de su mano consiguieran futuros contratos para dinamizar la estación de esquí de San Isidro, propiedad de la institución provincial.
En un larguísimo interrogatorio, el teniente de la UCO (identificado como S10680R) aseguró que, tras el asesinato de Isabel Carrasco, “la interinidad en el cargo” de Marcos Martínez “provocaba la urgencia por sostenerse en el puesto, mejorando su reputación”. Por eso, a través de las escuchas telefónicas a las que ya estaban siendo sometidos primero los conseguidores José Antonio Alonso Conesa y Alejandro de Pedro se tuvo constancia de que las empresas de este último, Eico y Madiva, venían realizando labores de posicionamiento en internet en su beneficio personal, aseguró.
Una práctica que también admitió que provendría de su antecesora, la propia Carrasco, pero que sólo pudieron certificar en parte del año 2014 ya con Martínez Barazón al frente.
A preguntas de las dos fiscales, con el apoyo documental del único informe pericial que este agente supervisó, vino a asegurar que efectivamente todos los trabajos a favor del presidente se hicieron “sin que mediara contrato público alguno sino con procedimientos alternativos para sufragar” esos trabajos.
Pantallazos como prueba de un trabajo
Las facturas que se pidieron a la Diputación identificaron el uso de la red de diarios digitales 'zombis' de las empresas de De Pedro para replicar en ellos artículos institucionales de la Diputación protagonizados por el entonces presidente del PP, así como la inserción de banners de publicidad que, sin embargo, a preguntas de las defensas del propio De Pedro y del entonces interventor de la institución, Jesús 'Suso' López, no fueron verificadas por la Guardia Civil. Y es que ese trabajo venía “respaldado por una simple captura de pantalla, sin más”, aunque matizó que por correos de ese modus operandi en otras provincias supieron que “luego las quitaban” inmediatamente.
En una ocasión, continuó el teniente, “De Pedro plantea que necesita más fondos” por ser insuficiente el dinero recibido por esta vía y, mediando el propio presidente, aseguró, se le pagaron otros 6.000 euros a través de facturas por supuesto “asesoramiento político” que emitieron el consorcio provincial de residuos Gersul y también la empresa de reciclaje Ecoembes.
Ahí salió a relucir también, aunque no hay nadie encausado por ello, la participación del periodista periodista andaluz Pepe Nevado, que cobró por elaborar discursos para el presidente, como ya publicó en su día ILEÓN, además de intentar contratar como jefe de Prensa de la institución a la responsable de Comunicación de los expresidentes de Madrid Esperanza Aguirre o Francisco Granados, cuyos 'chanchullos' con David Marjariza originaron que el juez Eloy Velasco iniciara meses antes toda la inmensa investigación que conforma la trama Púnica.
Además de reseñar la ayuda de la trama al presidente para “ayudarle” a ser elegido presidente provincial del PP, vacante que también había dejado Carrasco, con viaje y comidas con altos cargos del partido a nivel nacional, el guardia civil recordó que todo este trato llevó a la trama presuntamente a ver otra puerta de negocio abierta: contratos igualmente teledirigidos relacionados con la estación de esquí de San Isidro, propiedad de la Diputación, una “oportunidad de negocio” extra que vio Alonso Conesa.
El 'pastel' de San Isidro
De ahí, razonó el agente, que “acudieran a terceros (empresas interpuestas) para tratar de conseguir dos contratos (de gestión) de cafeterías y otros servicios”, entre ellos el impulso de un Plan de Dinamización de la estación y un plan para unir San Isidro con la vecina estación asturiana de Fuentes de Invierno. Fue entonces cuando, según el informe oficial ratificado hoy por el teniente, se llegaron incluso a ofrecer a la empresa los pliegos de los contratos “para que ellas lo modifiquen” a su antojo y conveniencia, y alzarse así con ellos sin problema. “Hay correos directos de Marcos Martínez a Contratación”, sostuvo. Un extremo que también publicó en su día ILEÓN en exclusiva. Todo ello “no se llegó a facturar porque las actuaciones judiciales interrumpieron el proceso”, concluyó, tras ordenar el juez Velasco la fulminante detención del presidente, hoy fuera del PP pero aún alcalde del Ayuntamiento de Cuadros.
Respecto al resto de imputados, el teniente llegó a certificar también que al interventor leonés “le nombran distintas personas” en los 'pinchazos' como alguien que “no iba a poner problemas porque tenía intereses en la estación” de San Isidro, apartamentos en propiedad por los que también se beneficiaba alojando a jóvenes del programa impulsado por la institución. y Pedro Vicente Sánchez, entonces coordinador de Presidencia, antes diputado provincial y hoy todavía alcalde de Puebla de Lillo, donde se enmarca San Isidro, “parecía ser de confianza” del presidente, recibía en persona las facturas de las empresas de De Pedro y firmaba “el conforme y el pago”.
'Papelón' de la abogada del expresidente
Todos los defensores de los seis imputados trataron de menoscabar los argumentos más incriminatorios reclamando certezas documentales. Por ejemplo, el letrado de De Pedro remarcó que entre otros clientes de sus empresas, como el Real Madrid, Telefónica o Tele5, sus labores eran “para dinamizar la marca comercial, no a sus presidentes”, y al igual que el de la trabajadora de Eico Guadalupe Carrascosa, insistió en que no se generaban contenidos informativos propios para ensalzar al presidente sino las propias notas de prensa del Gabinete de la Diputación.
Mención aparte merece la letrada de Marcos Martínez Barazón, la leonesa Natalia Escanciano, que no hubo pregunta que no fuera recriminada por el presidente de la sala, afeándole sus planteamientos de manera constante, como cuando por ejemplo trató de comenzar poniendo en solfa la preparación académica del testigo para alcanzar ciertas conclusiones, ante lo que el teniente replicó entre risas con su dilatado currículum mientras el juez le daba la razón y forzando a la letrada a pedir finalmente disculpas.
Continuará este martes el juicio tras decidir hoy el Tribunal que la declaración de los seis imputados, tres de ellos leoneses, se reserven en interrogatorios ya para finalizar la vista, después de que sus letrados se quejaran de posible indefensión tras incorporar las fiscales abundnate documentación de otras piezas separadas de Púnica.