Los sindicatos elevan las críticas por las condiciones de seguridad de la cárcel provincial de León, en Mansilla
La situación en la prisión provincial de León, el centro penitenciario de Villahierro, en Mansilla de las Mulas, vuelve a situarse en los últimos días en el foco tras una sucesión de denuncias sindicales que apuntan a un deterioro de las condiciones de trabajo, la seguridad y la atención sanitaria, en un contexto de fuerte incremento de la población reclusa, según coinciden varias organizaciones.
La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) ha alertado del aumento de las agresiones al personal penitenciario, que vincula directamente a la masificación del centro y a la ausencia de políticas reales de prevención de riesgos laborales. Según datos oficiales citados por el sindicato, el año 2025 se cerró con 529 agresiones físicas al personal penitenciario en el conjunto del sistema, un 4,33 % más que en 2024, unas cifras que, a juicio de CCOO, no reflejan la magnitud real del problema.
En el caso concreto del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas, el sindicato sitúa como ejemplo los hechos ocurridos el pasado 30 de enero, cuando una pelea entre internos terminó con dos trabajadores heridos y quince reclusos trasladados al departamento de Aislamiento. CCOO subraya que el centro ha pasado de albergar unos 840 internos en 2025 a superar actualmente los 1.100, una cifra muy por encima de su capacidad real, lo que ha incrementado la tensión, los conflictos graves y las agresiones.
El sindicato denuncia además que la Administración no ha adaptado las plantillas ni dotado de medios suficientes a los centros, y alerta de una crisis sanitaria estructural, con prisiones que funcionan con menos de un tercio del personal médico que les corresponde. En este contexto, advierte de que las cárceles se están convirtiendo en “almacenes de patologías mentales” sin atención adecuada, lo que eleva exponencialmente el riesgo de episodios violentos. CCOO critica también la ineficacia del actual protocolo de agresiones (PEAFA), que considera incapaz de prevenir, proteger o amparar al personal, y denuncia la existencia de agresiones que no aparecen en las estadísticas oficiales, especialmente las relacionadas con la violencia sexual hacia las trabajadoras penitenciarias.
En la misma línea se ha pronunciado el sindicato mayoritario en prisiones, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), que alerta del “colapso del sistema penitenciario” ante el repunte acelerado de la población reclusa en la prisión de León. Según sus datos, el centro ha experimentado en poco más de un año un incremento del 32% de internos, pasando de 840 a más de 1.100, en una cárcel que se encuentra además en obras y con dos departamentos cerrados.
ACAIP señala que la sobreocupación ha convertido la excepción en norma, con la mayoría de las celdas ocupadas por dos internos, lo que dispara la tensión y dificulta cualquier labor de tratamiento y reinserción. El sindicato advierte de que la diversidad de perfiles, unida a la falta de espacio, actúa como un multiplicador de la conflictividad. Como ejemplo, recuerda un incidente reciente en un módulo con capacidad para 72 plazas y 100 internos, que terminó con quince presos aislados y dos trabajadores heridos al intervenir.
Desde ACAIP se denuncia también la falta de herramientas y de una reestructuración adecuada de las plantillas para afrontar esta nueva realidad, así como una grave crisis sanitaria. En el centro penitenciario de León, según el sindicato, solo hay tres médicos de los diez que deberían cubrir la relación de puestos de trabajo, lo que impide una supervisión adecuada de los tratamientos y una atención primaria efectiva, especialmente en materia de salud mental.
A este escenario se ha sumado también una nueva denuncia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha llevado ante la Inspección de Trabajo y la Dirección del centro las deficiencias del servicio de limpieza. El sindicato alerta de carencias estructurales derivadas de la falta de personal, la no cobertura de ausencias y una organización deficiente, que estarían provocando un deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias y un riesgo añadido para la salud laboral.
