UGT ha denunciado este lunes la “situación insostenible y absolutamente inaceptable” que, a su juicio, vive el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo por la prolongada ausencia de interventor municipal, un puesto clave para garantizar la legalidad y el funcionamiento económico del Consistorio. Según el sindicato, gobernado en minoría por Unión del Pueblo Leonés (UPL), el municipio está ya sumido en “un punto de colapso” que afecta tanto a la plantilla como al conjunto de la ciudadanía.
La organización sindical recuerda que el Gobierno municipal conocía desde hace meses la gravedad del problema y aun así “ha permitido que la situación se agrave sin adoptar soluciones reales ni urgentes”. Como ejemplo de las consecuencias, UGT señala que el mes pasado los trabajadores municipales cobraron sus salarios con 20 días de retraso, un hecho que, según advierten, “todo apunta a que volverá a repetirse este mes”. “Estamos ante una dejación de funciones inadmisible. La corporación sabía lo que iba a ocurrir y aun así no ha actuado. Las consecuencias las pagamos los trabajadores y, en última instancia, la ciudadanía”, lamenta el sindicato.
Más allá del pago de nóminas, la ausencia de interventor está generando “bloqueos generalizados” en el funcionamiento municipal, retrasando trámites básicos y provocando “un deterioro profundo” en la gestión diaria. UGT alerta de que esta parálisis administrativa puede comprometer subvenciones y ayudas esenciales, lo que supondría “pérdidas irreparables para el municipio”.
El sindicato considera que la situación “ha superado todos los límites de tolerancia” y exige al Ayuntamiento que actúe “de manera inmediata, efectiva y urgente” para cubrir la plaza de intervención y restablecer la normalidad administrativa. “No puede seguir justificándose lo injustificable ni manteniendo una inacción que perjudica directamente a las trabajadoras, a los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía”, concluye UGT.
UPL acusa a UGT de “doble rasero”
Desde el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, el equipo de Gobierno de UPL rechaza frontalmente las acusaciones de UGT y asegura que “es rotundamente falso” que exista dejación de funciones. Según sostienen, “desde hace meses se han impulsado todos los trámites y requerimientos necesarios para disponer de interventor”, una figura cuyo nombramiento, recalcan, “depende exclusivamente de la Junta de Castilla y León”. El Ejecutivo municipal insiste en que la ausencia de Interventor Titular desde octubre de 2024 responde a un escenario “complejo” ajeno a sus competencias y defiende que “en ningún momento se ha dejado de trabajar para mantener la actividad administrativa y garantizar el pago de las nóminas”.
Sobre el retraso salarial denunciado por el sindicato, el Ayuntamiento afirma que la nómina de noviembre “se cerró el día 27”, dentro del procedimiento interno, y que “ni aun teniendo interventor podría haberse abonado antes”, al existir “un plazo legal de diez días para la emisión del informe jurídico previo”. Además, recuerda que “fue UGT, entre otros sindicatos, quien presionó para aplicar todas las subidas salariales en el mismo mes”, algo que, a juicio del equipo de Gobierno, evidencia “un claro doble rasero” en las críticas. UPL reclama “prudencia y responsabilidad” y advierte de que “generar alarma entre la plantilla y la ciudadanía solo deteriora la imagen del municipio sin aportar soluciones reales”.