El militar de la dura represión franquista, incluido el fusilamiento del abuelo de Zapatero, aún conserva su calle en León

Hay una calle en León que va camino de cumplir 75 años de su nomenclatura y que suma ya 15 incumpliendo la Ley de Memoria Histórica de carácter nacional. No es una vía pública cualquiera. Es la que alberga la sede de la Subdelegación de Defensa -antiguo Gobierno Militar- en la capital leonesa, y fue inaugurada a bombo y platillo un 18 de julio de 1948 por Carlos Arias Navarro, que antes de ser ministro de la Presidencia del Gobierno de Francisco Franco o alcalde de Madrid había ejercido como Gobernador Civil en el viejo reino leonés.

Esa calle fue bautizada “General Lafuente” y en pleno año 2022 todavía conserva ese nombre. Se trata del nombre de la represión franquista en León, la persona que encabezó e hizo triunfar el golpe de estado en la capital y por ende en casi toda la provincia, responsable último de toda la violenta represión posterior.

Vicente Lafuente Baleztena fue quien siendo coronel en 1936 encabezó la salida de los cuarteles para imponer la asonada, tomó las riendas de la sublevación y firmó de su puño y letra la mayoría de las órdenes de detención de decenas de políticos, militares, sindicalistas, maestros, catedráticos, periodistas, guardias civiles, empresarios o funcionarios que en muchos casos acabaron siendo fusilados.

Su rúbrica, apreciable sobre estas líneas, no deja dudas bajo el documento oficial de la Comandancia Militar ordenando al capitán jefe de la Guardia Civil, Bernardo Venta, la detención del exalcalde socialista y republicano Miguel Castaño Quiñones, director y propietario del periódico La Democracia.

El 'líder' del “alzamiento” leonés firmó en aquellas semanas decenas, quizá cientos, de órdenes de detención que acabaron en consejos de guerra y condenas de muerte, irónicamente, por “traición”, bajo el más puro espíritu del general Mola de “sembrar el terror”.

Tan sólo junto a Castaño perecieron a tiros contra un muro una veintena de personas más en la madrugada del 21 de noviembre de 1936, entre ellos toda cabeza política visible, como el propio gobernador civil Emilio Francés; el presidente de la Diputación, Ramiro Armesto; el presidente del Frente Popular en León, Félix San Pedro; el pintor Modesto Sánchez 'Cadenas', socialista y secretario del Ateneo Obrero; o los periodistas Atanasio García Campomanes y Onofre García.

Un 'dos veces Grande de España' entra la escena

Al frente del pelotón, en un 'duelo' desigual contra Castaño y los demás, la orden de disparo la dio Tristán Falcó y Álvarez de Toledo, un jovencísimo alférez provisional de 23 años del que casi nadie sabía que uno de los hombres más poderosos de España, conde de Barajas y dos veces Grande de España, hijo de una de las familias nobles más antiguas e influyentes de Europa, los duques de Fernán-Núñez, cuya figura desveló el libro 'Asesinaron La Democracia'.

Pero por más relevante que fuera el grupo 'señalado' hasta la muerte por el coronel Lafuente, sobre su conciencia y de cara a la historia pesaría aún más la ejecución de quien durante años fuera su subordinado directo y mano derecha, su ayudante: El capitán de Infantería Juan Rodríguez Lozano.

Bajo responsabilidad del líder de la revuelta golpista, éste fue apresado en el durísimo Campo de Concentración de San Marcos, hoy Parador Nacional, y después fulminantemente condenado y fusilado también en el campo de tiro de Puente Castro, cerca del actual cementerio de León.

“Que se proclame que no fue traidor a su patria”

Era el capitán Lozano, socialista y masón, tan ferviente creyente cristiano como republicano, que horas antes de recibir los disparos de un pelotón militar declaró por escrito en su testamento que “muere inocente y perdona. Pide a su esposa e hijos que perdonen también”. Y “en este momento de abominables pasiones” concluía el escrito proclamando que “cuando sea necesario se vindique su nombre y se proclame que no fue traidor a su patria y que su credo consistió siempre en su ansia infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento social de los humildes”.

La víctima de Lafuente: el abuelo de un presidente de Gobierno

Rodríguez Lozano no era tampoco una persona cualquiera. Su nieto, socialista como él, fue elegido presidente del Gobierno de España. De hecho, bajo el mandato del leonés José Luis Rodríguez Zapatero se aprobó la Ley de Memoria Histórica que obligaba a eliminar de todo lugar público los homenajes al franquismo y a los ejecutores de su violenta represión.

Y sin embargo, en la ciudad de León, tres lustros después de aquella Ley, todavía una calle principal lleva el nombre de quien promoviera la muerte del capitán, fruto de una traición. Y del capitán Lozano, ni una calle ni una placa. Nadie ni nada vindica su nombre en público, como fue su última voluntad.

Máxima repercusión internacional

Ya en 2009, bajo otro gobierno municipal del PSOE, saltó la polémica del cambio de nombre de la calle del general franquista sin que la misma surtiera efecto alguno. El asunto por entonces había adquirido relevancia internacional al publicarse en el periódico británico The Times, que sugería que se trataba de una “tardía venganza del primer ministro español contra el general franquista que traicionó a su abuelo”.

Se le atribuía a Rodríguez Zapatero un afán que el entonces portavoz municipal, Ibán García del Blanco, desmintió aclarando que quitarle el nombre a la calle de Lafuente había sido una propuesta anónima. Y efectivamente, la familia del expresidente Zapatero certificó que no era iniciativa suya. Tampoco ha vuelto a promoverlo desde entonces.

No es un caso aislado: Franco, Millán Astray o José Antonio 'sobreviven'

Pero no es la calle General Lafuente, ni mucho menos, la única que sobrevive en la guía del callejero franquista leonés. Tras años de dilación de dos alcaldes del Partido Popular, el nuevo equipo de Gobierno del PSOE asumió en 2020 un informe de expertos identificando 26 viales 'ilegales' en este sentido. Entre ellas, el general Millán Astray permanece aún veladamente, ya que se le 'quitó' una plaza para darsela al padre de Café Quijano, pero permanece una calle aledaña. Pero también sin empacho alguno le secundan calles Generalísimo Franco (en el barrio de Trobajo del Cerecedo), otra General Sanjurjo, General Yagüe o José Antonio, por Primo de Rivera, fundador de la Falange.

El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, asume que se le acaba el actual mandato sin que se haya podido afrontar el 'destierro' del callejero del general Lafuente y el resto, algo a lo que obliga por otra parte ahora aún más la recién aprobada Ley de Memoria Democrática.

En su descargo, aduce la situación la mayoría absoluta de la que no ha gozado, poniendo “difícil adoptar determinados acuerdos” en la Corporación. También se ampara en que su equipo de Gobierno, del que forma parte el concejal expulsado de Podemos Nicanor Pastrana, busca cambiar los nombres de las calles “sin causar problemas administrativos” con la nueva dirección.

El alcalde Diez: “Tan pronto como sea posible”

Lo cierto es que en General Lafuente son tres los portales de viviendas los únicos que se verían afectados, así como también la sede administrativa del Ejército en la provincia. Del otro lado hay sólo negocios de hostelería, entre ellos el Casino de León. Había más en la otra calle 'rebautizada' por ahora en el centro de León, la de Capitán Cortés, que pasó a ser en 2022 calle Guardia Civil. En todo caso, Diez asegura con firmeza que “tan pronto como sea posible impulsaremos los cambios que quedan, en ésta y en otras calles” de León.

La doble cautela que por ahora el alcalde esgrime ha hecho que de los 26 viales propuestos por los expertos por incumplir la Ley, “esperamos que nos dé tiempo” a modificar sólo una más de momento: Calle Pilotos Regueral (junto al edificio Botines, obra de Gaudí) por Calle Botines, que “está a punto de ir al Pleno. Restarían aún 23 viales franquistas más de la lista que publicamos completa aquí.

Por contra, hace mucho que León nominó otras con algunos pocos represaliados, como el propio alcalde Miguel Castaño en la avenida de Madrid, por iniciativa del primer alcalde socialista tras la dictadura, el efímero Gregorio Pérez de Lera, y con apenas mujeres, como Teresa Monje, muerta salvajemente a manos falangistas, que hoy da nombre a una calle en el barrio de Eras de Renueva. Y faltan aún. Podrían ser otros muchos como los que ILEÓN propuso en su día, vindicando a personajes como Emilio Francés, Ramiro Armesto, Nicostrato Vela, el padre de Vela Zanetti, o el propio capitán Lozano. Y tantos otros públicos o anónimos que fueron víctimas de la violencia de los golpistas o durante la dictadura de 40 años.

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El capitán Lozano y el coronel Lafuente

Las biografías del capitán Juan Rodríguez Lozano y el entonces coronel de su mismo regimiento de Infantería de Burgos n.º 36, Lafuente Baleztena, tuvieron un final bien opuesto, simbolizando en el hecho de que el represor conserve la calle en su honor y para el represaliado no haya vindicación pública alguna.

En un lado de la historia, el navarro Lafuente nació en Villava en 1882 e ingresó en la Academia de Infantería con apenas 17 años, haciendo carrera y ascensos en la campaña de Marruecos, junto a quienes después serían protagonistas del golpe de Estado, como el propio Francisco Franco.

Además de ser el cabecilla declarado de la asonada en León, como después lo fuera de cientos de detenciones que acabaron muchas de ellas en ejecuciones sumarísimas, en su carrera llegó a Capitán General de la IX Región Militar, que incluía León, en buena parte también por sus éxitos en las batallas de Brunete, Alfambra, sierras de Tarascón y Peñarroya. También fue director general de Reclutamiento y Personal del ministerio del Ejército, muriendo por enfermedad en Madrid el 11 de abril de 1970, cinco años antes del fin de la dictadura.

Por su parte, Rodríguez Lozano, natural de Alange (Badajoz) en 1893 , hijo de un teniente de Infantería que al morir en la guerra de Cuba les abocó a vivir en la Montaña de León, en La Pola de Gordón, donde fue enterrado postrera y recientemente tras trasladar sus restos desde León siguiendo su última voluntad.

Tras su paso también por la contienda en Marruecos, y varios éxitos con distintivo, regresó de nuevo a León con idéntico destino que su superior inmediato, Lafuente: el Regimiento de Infantería de Burgos n.º 36 asentado en la capital leonesa. Allí ejerció de su asistente personal. Ya bajo la II República, que saludó con entusiasmo, Ingresó en una logia masónica y fue investigado por sus simpatías socialistas, tras enviar una carta anónima a un periódico.

Las revueltas de 1917 y 1934

Tuvo que participar en las maniobras orquestadas desde León para aplacar la insurrección de los mineros asturianos en la llamada Revolución de octubre de 1934, después de que en otra previa, la huelga general de 1917, hubiera sido abogado de oficio en varios consejos de guerra contra mineros. Pero a su regreso fue obligado a retirarse tras un juicio militar en su contra en el que la carta socialista pesó mucho y en el que sus superiores, Lafuente y el general Bosch, declaró textualmente que sus simpatías políticas eran “incompatibles con su profesión y condición militar”, viendo “conveniente su separación”. No volvió a ser rehabilitado hasta ganar el Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 y esa “falta grave” fue retirada de su expediente castrense.

El 18 de julio del 36 le pilló en San Pedro de Luna con su familia pero regresó a León, reclamado por el coronel Lafuente, que permaneció acuartelado hasta que una columna de miles de mineros dejó León camino de Madrid y salió el 20 de julio para encabezar la rebelión en León y al parecer dictar incluso en persona el estado de guerra. Su superior fue quien le dio la misión de mediar con el gobernador civil, Emilio Francés, y ambos y muchos más fueron detenidos en esta misma sede y encarcelados primero en la cárcel provincial de Puerta Castillo y después en el campo de concentración de San Marcos.

La petición de indulto del obispo desoída

La causa 386/36 relata cómo el 14 de agosto fue sometido a Consejo de Guerra, condenado a muerte el 15 “por delito de traición (...) informando desfavorablemente de la concesión del indulto por no encontrar motivo que lo aconsejen”, a pesar de pedirlo por telegrama hasta el obispo de León José Álvarez Miranda, y ejecutado el 18 de agosto en el campo de tiro militar de Puente Castro, en León.

Según consta en la inédita orden de ejecución, a la que ha tenido acceso ILEÓN y reproducimos arriba a pesar de estar deteriorada, junto a él en la causa y ante el pelotón de fusilamiento cayeron el también capitán de Infantería pero retirado y militante de Unión Republicana en León, Timoteo Bernardo Alonso; el maestro de Villablino e inspector de Primera Enseñanza Rafael Álvarez García; el delegado del Gobierno en Campsa Alfredo Barthe Balbuena; Fernando Morán Fernández, delegado de Trabajo; y Domingo Fernández Pereiro. Como siempre ocurría, el certificado de defunción mintió: “Muerto a consecuencia de parálisis cardiaca”.