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La Asociación Montañas de Babia y Luna exige a Junta y Diputación que expulsen a Asturias del Puerto de Pinos

El colectivo reclama que se dé cumplimiento a la sentencia del Supremo y advierte de que recurrirá a la vía judicial si las administraciones "siguen como hasta ahora sin hacer nada".

Puerto de Pinos en San Emiliano
El Puerto de Pinos pertenece a las juntas vecinales de Babia, no a Mieres. // Babia.net
Miriam Badiola / ICAL | 30/11/2021 - 12:42h.

La Asociación Montañas de Babia y Luna y la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores exigieron este martes a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la Diputación de León que expropien los terrenos pertenecientes al Ayuntamiento de Mieres en el Puerto de Pinos, perteneciente a la provincia de León y que "prohíban la entrada de los ganados asturianos", dando así cumplimiento a la última sentencia emitida por el Tribunal Supremo.

Así lo anunció este martes el letrado de la Asociación, Carlos González-Antón, quien explicó que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Mieres contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que, a su vez, confirmaba una del Juzgado Contencioso número tres de León en la que se aceptaban los argumentos de las juntas vecinales de Babia y de la Asociación al reclamar que dicho Ayuntamiento "no tiene competencias de carácter ganadero dentro de Castilla y León por lo que sus vacas y las actuaciones y de defensa de los intereses ganaderos de Mieres no pueden tener cabida".

Por ello, avanzó que se enviará un escrito de forma inmediata a la Consejería para pedir que prohíba la entrada del ganado asturiano en los terrenos leoneses porque "el ayuntamiento asturiano no puede ejercer competencias ganaderas como hace desde 1926 en la provincia de León" porque, a pesar de que "tiene un puerto y unos montes que compró", con la legislación actual "es absolutamente inconstitucional que siga trayendo su ganado a Castilla y León".

González-Antón recordó que en el año 2007 la Diputación de León hizo un informe de tasación sobre lo que podría costar expropiar el monte, que cifraron aproximadamente en un millón de euros y que, desde entonces, "ha estado olvidado en un cajón", a pesar de que "su coste sería mucho inferior".

"Las competencias de la institución provincial son básicas y esenciales pero también obligatorias para que se proceda a la expropiación, como ocurrió en el puerto de San Isidro o en la estación de esquí de Leitariegos", apuntó el letrado, quien consideró que "entre la Diputación y la Junta no hay dificultades para obtener fondos, expropiar los terrenos y crear un proyecto regional que sea un centro de referencia de formación para ganaderos".

Un proyecto regional que también solicitaron este martes al Gobierno de España, a través de la Ciuden o la Fundación Biodiversidad, para que "en las casi 1.000 hectáreas de los mejores pastos de altura que hay en España" se cree un centro de investigación y formación de ganadería extensiva de alta montaña en el Parque Natural de Babia y Luna, con instalaciones públicas gestionadas por administraciones públicas y financiado con los fondos que están viniendo de Europa.

Carlos González-Antón afirmó que se planteará a la Consejería de Presidencia que haya "un conflicto de competencias", porque "están tolerando que dentro de Castilla y León haya una administración asturiana que despliegue sus competencias de forma pacífica en una situación que es absolutamente ilegal". Asimismo, se pedirá que los montes del Puerto de Pinos "sean de utilidad pública para que estén en manos de administraciones territoriales del territorio y no con una reliquia histórica como ha habido hasta ahora por falta de voluntad alguna".

Una vez que el Tribunal Supremo ha confirmado que Mieres no puede tener su ganado en el Puerto de Pinos, el letrado resaltó que "el periplo judicial termina aquí", al tiempo que advirtió que "si la Diputación, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y el Ayuntamiento de Mieres siguen como hasta ahora sin hacer nada, se utilizará la vía judicial".

"Vamos a iniciar todas la acciones que correspondan en vía administrativa y judicial porque ahora ya no nos pueden decir que hay dudas, tres órganos jurisdiccionales han dicho que tienen que ser un monte de utilidad pública y que tiene que pertenecer a una administración de Castilla y León que tenga competencias en la zona", concluyó.

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