El obispo de Astorga inicia los trabajos de la Comisión contra la pederastia en la Iglesia
La Comisión creada por la Conferencia Episcopal Española para actualizar los protocolos de actuación frente a los abusos en el seno de la Iglesia católica, y presidida por el obispo de Astorga, monseñor Juan Antonio Menéndez, ha arrancado ya sus trabajos esta semana, según han confirmado a Europa Press fuentes eclesiales.
Las mismas fuentes precisan que por el momento, la Comisión se ha reunido una vez y que, en la medida en que vayan “avanzando” los trabajos, los expertos que la componen irán viendo cómo se va a desarrollar.
Aún no se ha dado a conocer desde la Conferencia Episcopal ningún detalle sobre el contenido del nuevo documento, que actualizará el de 2010, pero existen protocolos mucho más recientes en algunas diócesis, como el 'Protocolo de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores' de la diócesis de Astorga, aprobado el 27 de diciembre de 2017, que pueden ofrecer una idea de lo que podría incluirse en el nuevo documento.
Aunque el protocolo de la Iglesia de Astorga no es público, otros de los más recientes, son el de la diócesis de Burgos y el de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara, que sí están accesibles en la web de los obispados y además están basados en el protocolo de Astorga, tal y como precisan sus respectivos obispos, Fidel Herráez y Atilano Rodríguez, en la introducción de sendos documentos, consultados por Europa Press.
Obligación de denunciar
Tanto en el protocolo de Sigüenza-Guadalajara, que data del 23 de abril de 2018, como en el de Burgos, que se aprobó en junio de este año, con una vigencia de cinco años 'ad experimentum', se incluyen algunas novedades como la obligación del obispo de denunciar ante la Fiscalía los abusos sexuales a menores cometidos por miembros del clero.
“Vemos que hay dos niveles de comunicación: una interna, cuando el sacerdote u otro personal traslada al Obispado la sospecha o revelación del abuso. En un segundo nivel, igualmente imprescindible, ha de haber una comunicación externa y deberá ser el Obispado quien notifique a los servicios especializados esta información (Institución de protección de menores) y al Ministerio Fiscal”, recogen ambos documentos.
Además, se precisa que “la obligación como diócesis es notificar los indicios detectados y la comunicación” que se les ha transmitido y se añade que “no es necesario tener la certeza de que el menor está siendo abusado”. Según se puede leer en el texto, “revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino informar de una situación privada al ámbito público”.
De esta forma, van más allá del protocolo de 2010 de la Conferencia Episcopal, vigente en estos momentos, en el que se establece que la autoridad eclesiástica debe “invitar o aconsejar” a los denunciantes del abuso a presentar “ellos mismos” la denuncia ante la Policía, el Ministerio Fiscal o el Juzgado de Instrucción.
En el ámbito de la prevención, estos protocolos también obligan a solicitar un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales a toda persona que vaya a tener responsabilidad profesional o voluntaria con menores en el ámbito de las instituciones y actividades de la Iglesia; y desde los sacerdotes hasta los catequistas deberán comprometerse a participar en cursos de formación sobre los abusos y sus consecuencias.
Política de puerta nunca cerrada
También se aconseja a los sacerdotes que eviten “quedarse a solas mucho tiempo con un menor, por ejemplo, en la sacristía de la iglesia o en una sala o dependencia parroquial” y que dejen “la puerta abierta cuando se habla con un menor en un despacho o habitación”, es decir, “llevar a cabo como norma una política de 'puerta nunca cerrada'”. Asimismo, se prohíben las novatadas y otras dinámicas o juegos que puedan llevar actos vejatorios, denigrantes o sexistas.
Además, atendiendo a los nuevos modos de comunicarse a través de Internet, los protocolos de estas diócesis precisan que en caso de que formalicen grupos de WhatsApp o se use el email o las redes sociales para convocar y organizar actividades, los mensajes deben ir con copia a los padres.
En caso de enamoramiento, los documentos precisan que es un “motivo de cese inmediato en la actividad pastoral” cualquier relación sentimental, consentida o no, de un adulto con menores de edad.
Asimismo, se ofrecen claves a las autoridades eclesiásticas para detectar abusos a menores y ante la denuncia de un caso, se propone escuchar al niño o niña “con calma” sin preguntas “culpabilizadoras o escabrosas”. A continuación, se deberá informar inmediatamente a los padres del menor, tomar nota de la denuncia y proceder a la notificación de la misma a las autoridades eclesiásticas y civiles.
