“Nunca en mi vida he tocado un céntimo ni a través de una sociedad ni nada, me gano la vida trabajando”. Esta frase del expresidente de la Diputación Marcos Martínez Barazón en el juicio que contra él se sigue en la Audiencia Nacional por la trama Púnica que estalló en 2014 resume su alegato de inocencia en el tramo final de la vista en la que la Fiscalía le pide una suma de 10 años y 6 meses de cárcel por presuntos delitos de malversación, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude o cohecho.
Aprovechando la estrategia admitida por el Tribunal de testificar no al principio sino al final del proceso en su contra, y acogiéndose como al final han hecho todos los acusados sólo a preguntas de su propia defensa, el aún alcalde del Ayuntamiento de Cuadros protagonizó un testimonio ceñido al guión exculpatorio de toda responsabilidad en su relación con las empresas de los conseguidores Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, también juzgados. Y sobre todo, un testimonio muy emotivo, tanto que en varias ocasiones tuvo que mantener silencio obligado por episodios de lágrimas y voz entrecortada, especialmente al responder sobre los efectos de este caso en su vida personal y política, “sufriendo lo que llaman la pena del telediario”, argumentó.
“No he pretendido ni formado parte de ninguna trama criminal”, quiso responder tajante a esa pena pública que ha lastrado su imagen, según se lamentó. Y de hecho, entre sus argumentos destacó su convicción de que su detención fulminante en octubre de 2014, cuando era presidente de la Diputación en sustitución de su mentora Isabel Carrasco, se debió a una persecución política dentro del propio Partido Popular del que formó parte desde hacía 34 años.
Martínez Barazón explicó en resumen esa teoría de la conspiración, hablando abiertamente de “apuñalamientos por la espalda” e incluso “mensajes anónimos amenazantes en mi móvil” cuando “sentí la obligación moral de presentarme” a presidir el PP de León a nivel provincial a pesar de que “nunca estuvo en mis intenciones”, dijo. Pero tuvo que “aceptar el reto” empujado por “el 99,9% de los cargos” municipales y comarcales del PP leonés frente a “otros empujados desde Valladolid que querían manejar los hilos de la provincia, como otras veces”. Ese paso al frente, por el que según la Fiscalía y la acusación pidió ayuda a la trama Púnica, fue “probablemente el mayor error de mi vida”.
Respuestas de guión
Fue la primera vez que emanó su llanto, antes de preguntarse, para afianzar su teoría, si son “casualidades de la vida” que “el 27 de octubre fui detenido, el 30 de octubre ingresé en prisión” en la cárcel de Navalcarnero “ y sólo siete días después ya tomó posesión -como presidente del PP leonés- quien quería Valladolid”.
Siguiendo ese guión de la mano de la abogada defensora, Natalia Escanciano, repasó su vida política de 34 años, siempre como alcalde de Cuadros, reconociendo que a nivel provincial siempre permaneció “en la sombra” de la presidenta Isabel Carrasco hasta que fue asesinada en mayo de aquel fatídico 2014. Una Carrasco de la que quiso desligarse hoy resaltando su “carácter muy dictatorial”, por el que “gritaba mucho, se la oía en todo el Palacio” y por lo que “la gente la tenía miedo”. Algo que dijo haber sobrellevado personalmente como “un calvario” en una etapa “muy dura y complicada” con ella.
A Carrasco le atribuyó la relación con las empresas y los empresarios de Púnica, asegurando que por su parte se limitó a darle continuidad, pero negando que él estuviera “preocupado por su imagen personal”, rechazando así haber necesitado sus servicios de reputación personal, uno de los frutos de de su acusación. Porque se le había cargado de trabajo, entre otros firmar los pagos a medios tanto de las empresas 'púnicas' como del resto, tanto que “nunca salí más de tres veces a tomar un café”.
Los pliegos que sí entregó “directamente” a los licitadores
En su alegato, exculpó a los otros dos meses acusados, el exdiputado y entonces coordinador de Presidencia y alcalde de Puebla de Lillo Pedro Vicente Sánchez, como el exinterventor Jesús 'Suso' López, remarcando que “no soy una persona impositiva”, y rechazando además de modo tajante que nadie de la trama le ofreciera formar una sociedad para una posible explotación futura de las cafeterías de la estación de esquí de San Isidro ni de un macroplan de su viabilidad.
Eso sí, admitió ante la única pregunta del propio Tribunal que fue él, en persona, quien trasladó “directamente” los pliegos de la explotación comercial de las cafeterías a las empresas vinculadas con la trama, los cuales le devolvieron también en persona “modificados en rojo”. Si bien antes había asegurado que en todos sus años como político, y también este caso, siempre le ha pedido a los funcionarios a su cargo obrar dentro de la legalidad.