Un juzgado asturiano permite al ganado de Mieres volver a pastar en el puerto de Pinos (León) aunque admite que es ilegal
Que las reses de los ganaderos de Mieres (Asturias) pasten en terrenos del puerto de Pinos (en la comarca de Babia, León) es manifiestamente ilegal, según zanjó a principios de este año un juzgado asturiano. Pero este mismo magistrado acaba de permitir que todo el ganado mierense pueda volver, una primavera más, a hacer uso de los pastos de Pinos al rechazar por el momento la petición de ejecución de esa sentencia.
La representación legal de Federación Leonesa de Entidades Locales Menores y de las juntas vecinales leonesas afectadas, como son las de Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano, no salen de su asombro por la reciente decisión judicial, que de facto va a permitir un año más a Mieres emplear el Puerto de Pinos, que es terreno de su propiedad pero donde no tiene competencias por ser otra Comunidad autónoma, para que sus ganaderos dejen pastar a sus reses.
Las entidades leonesas anuncian que recurrirán el auto, al entender que la ponderación de intereses que hace el Juzgado va claramente en contra del régimen jurídico de la ejecución provisional, al no producirse situaciones irreversibles o perjuicios de difícil reparación, esgrimen.
El nuevo auto del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo fue notificado ayer y desestima la solicitud de las cuatro juntas vecinales de Babia, a pesar de que en febrero condenaba al ayuntamiento de Mieres a cesar en la vía de hecho que supone el ejercicio de competencias municipales dentro de Castilla y León.
La representación legal de las pedanías recuerda que la ley permite a los que resultan beneficiados por una sentencia que ha sido apelada al órgano judicial superior que pidan la ejecución provisional de la misma para adelantar su cumplimiento o evitar los daños de no cumplirse, y el juzgado podrá ordenar la ejecución provisional si no produce situaciones irreversibles o perjuicios de difícil reparación.
“Escaso margen de tiempo”
Sin embargo, según explican en una nota de prensa, el Juzgado de Oviedo argumenta ahora que “los animales comen todos los días y, como se dice por la oposición a la ejecución provisional que nos ocupa, las reses no entienden de procedimientos judiciales; resultando razonable pensar que los titulares del ganado, después de casi un siglo alimentándolo en los meses veraniegos en los pastos de autos, no dispongan ni puedan fácilmente encontrarlo en otro sitio con tan escaso margen de tiempo”.
Abunda además en que “la no ejecución provisional que nos ocupa simplemente dará lugar a que, después de tantos años (97), el ganado asturiano de autos se alimente, uno más, en los pastos en cuestión, lo cual hasta ahora no parece haber producido, pese a esta reiteración durante casi un siglo, tan desastrosos efectos que justificasen o avalasen los irreversibles perjuicios que se originarían si ello sucediese también en el nonagésimo noveno año de los que hacen la cuenta de los que vienen siendo testigos de la dicha tradición de hecho (pues contando desde 1926, 2024 hace el 98º año)”.
En contra de tales argumentos, las entidades locales leonesas que solicitaron la ejecución provisional entienden que han acreditado sobradamente que en modo alguno produciría efectos irreversibles, ni mucho menos perjuicios de difícil reparación, pues la alimentación del ganado durante los meses de verano puede ser perfectamente financiada por los ganaderos “y su coste repercutirlo al Ayuntamiento de Mieres”, el cual es, a la postre, responsable de la actividad ilegal que desarrolla fuera de su territorio, en otra provincia y autonomía.
Por ese motivo, los pueblos leoneses recurrirán al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias este auto, convencidas de que este Tribunal confirmará la sentencia del juzgado que ordena el cese de esta actividad. Sin embargo, también asumen que el Ayuntamiento de Mieres recurrirá la resolución que dicte el TSJ ante el Tribunal Supremo, por lo que el conflicto judicial se alargará también durante el próximo año 2025, como poco.
Las pedanías y la Federación censuran, como desde el año 2006, que esta “grave ilegalidad” en la montaña leonesa “se debe a la inadmisible y claramente antijurídica pasividad” de la Junta de Castilla y León “al no impedir que un ayuntamiento asturiano actúe de forma claramente ilegal en un municipio de la provincia de León”.
Contra total la inacción de la Junta
Aún consiguiendo ganar los pueblos en todos los procesos judiciales, con su único esfuerzo y sin más ayuda, lamentan que les dejen solos la Consejería de Presidencia, la Consejería de Agricultura y la Consejería de Medio Ambiente, algo que tildan de “gravísima irresponsabilidad” al no defender su propio territorio. Además, “produce un grave perjuicio para la ganadería de la montaña leonesa, que se ve afectada severamente por una invasión de ganaderos asturianos, en grave perjuicio de los ganaderos de los pueblos de León”. Es más, aseguran que el conflicto del Puerto de Pinos en León “es uno más de los que se producen a lo largo y ancho de la montaña de León, y que están poniendo en cuestión la supervivencia de la ganadería de montaña en nuestra provincia”.
Por ello, las juntas vecinales anuncian que insistirán en pedir por vía oficial que todas las consejerías de Castilla y León competentes en este conflicto “adopten de forma urgente las medidas necesarias para impedir que Mieres suba el ganado este año”. Entienden que, independientemente del proceso judicial, lo que no pueden hacer las autoridades autonómicas es incumplir la legislación que impide a un ayuntamiento asturiano ejercer competencias en Castilla y León“. Porque la Federación ve claro que las administraciones autonómicas ”tienen plena capacidad de autotutela y de defensa de las competencias de régimen local, ganaderas y ambientales“, por lo que ”no necesitan esperar a que el Tribunal Supremo confirme la ilegalidad de la actuación de Mieres para poder actuar“.
Por último, si la Junta persiste un año más en no impedir esta ilegalidad, las Juntas Vecinales de Babia valorarán ejercer las “acciones judiciales que procedan para hacer cumplir la ley en el Puerto de Pinos”.
La situación en la zona, muy tensa en algunos años, se originó hace más de un siglo, cuando en el año 1926 Mieres compró estos terrenos a la Fundación Sierra Pambley, que sin embargo impuso una cláusula, aún en vigor, para respetar el derecho histórico de pasto de los cuatro pueblos, el cual se continúa incumpliendo.
