La Justicia tumba el convenio del polémico negocio de comida rápida del concejal de Fiestas de León
Por si a la historia del restaurante de comida rápida Kentucky Fried Chicken (KFC) de León le faltara alguna polémica más, después de la recordada multa a su promotor y propietario, Pedro Llamas, concejal de Comercio, Consumo y Fiestas del PP en el Ayuntamiento de León, por construirlo inicialmente sin licencia municipal, una nueva sentencia judicial acaba de anular el convenio colectivo de su plantilla.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, y en concreto la Sala de lo Social de Valladolid, ha emitido una sentencia a mediados de este mes de junio por la que “declaramos la nulidad total del convenio colectivo de la empresa Chickens Systems Ibérica SL”, cuyo único administrador es el edil y hostelero Pedro Llamas. Por cierto, que Llamas fue el anterior presidente provincial de los hosteleros. De este modo, la sociedad del concejal resulta “condenado a estar y pasar esta declaración y a aplicar a partir de ahora el convenio colectivo” general del sector, el Provincial de Hostelería y Turismo de León.
Esa condena alcanza también, según el fallo, no sólo a la empresa sino también al único representante sindical en ella, perteneciente al sindicato UGT, a la propia Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de León (hoy en proceso de quiebra), y a la Federación de Empresarios de León (la Patronal Fele), toda vez que el TSJ admite el recurso de suplicación interpuesto por Comisiones Obreras (CCOO) contra el proceso de aprobación de aquel convenio propio para el KFC, negociado y pactado en el año 2016.
El Juzgado de lo Social número 1 de León no le dio la razón a CCOO en su primera demanda pero ahora el Alto Tribunal autonómico admite su recurso porque considera probado que “se han incumplido tramites esenciales”. “No existen dudas de que la comunicación del representante de la empresa no fue enviada ni a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Provincial de Hostelería y Turismo de León ni tampoco a la autoridad laboral”, relata el auto. Y añade que “el defecto del que adolece el convenio colectivo impugnado afecta a un trámite previo al inicio de la negociación, lo que lleva a la conclusión de que todo el texto está incurso en una causa de nulidad”. Contra esta resolución cabe aún recurso de casación ante el más alto tribunal español, el Tribunal Supremo.
La historia del restaurante KFC ya nació con polémicas y hechos insólitos que salpicaron directamente a quien ya era entonces miembro del equipo de Gobierno del alcalde popular Antonio Silván. Porque si insólito fue que iniciara las obras del restaurante en 2016 sin esperar a disponer de las licencias municipales pertinentes y obligatorias para cualquier ciudadano, no menos lo fue que por estos hechos la oposición hiciera piña y provocara una reprobación del Pleno del Ayuntamiento del que forma parte, un hecho que aunque no tuvo efecto jurídico alguno tampoco tiene precedente en la historia municipal reciente.
La polémica, tras mucha munición política en contra del PP, Silván y el propio hostelero, se acabó saldando con la resolución de un expediente sancionador de 3.300 euros, que le obligó a Llamas a desembolsar 1.625 euros por pronto pago. El convenio ahora anulado data también de aquel mismo año pero, curiosamente, sólo tenía vigencia hasta finales del pasado 2017.
