El Gobierno central se está preparando técnicamente para asumir los apenas cinco años que, salvo sorpresas, quedan para que pase a ser gratuita la autopista con peaje que León sufre en su conexión de alta capacidad por carretera con Madrid, la AP-6, la Autopista del Noroeste, entre Guadarrama (Madrid) y Adanero (Ávila).
No será la única: El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige Óscar Puente dio a conocer ayer la adjudicación por 895.097 euros de la redacción del estudio informativo para definir las actuaciones que se deben llevar a cabo igualmente en las autopistas AP-51 y AP-61, éstas a su paso por Ávila y Segovia, para adecuar su funcionalidad a un escenario sin peajes. Lo que el Gobierno busca es conocer cómo debe adaptar las infraestructuras viarias al previsible aumento de la demanda en caso de que alcancen su liberalización, toda vez que el contrato de concesión de las tres actuales e históricas autopistas finaliza el 19 de noviembre del año 2029.
Sin embargo, no hay noticia alguna, más allá de algunas nuevas pequeñas bonificaciones recientemente anunciadas, para los dos casos de autopistas que más directamente atenazan las comunicaciones de la provincia de León, ni la AP-66 que conecta León y Asturias por el Huerna, cuya concesión privada no expiraría hasta el año 2050; ni tampoco la AP-71 entre León y Astorga, que estrangula por la mitad a la provincia leonesa y la unión de sus principales comarcas como El Bierzo, cuya supuesta fecha final está situada en el año 2055.
Cuando en esta autopista interna de León se deje de pagar en esa fecha mencionada, con uno de los costes más altos por kilómetro del país y la que menor tráfico medio soporta, precisamente por el alto coste para conductores y transportistas, ya sólo quedarían cuatro autopistas de peaje más en toda España porque el resto habrán expirado. Y eso si no se rescatan antes también, como ha ocurrido en casos negociados por algunas autonomías como Galicia o Cataluña.
El panorama de las comunicaciones de pago se ensañará así con la provincia de León de manera cruel. La León-Astorga, además, ni siquiera cuenta con algún tipo de bonificación por uso, por pequeña que sea, porque al menos en la León-Asturias hace ya varios años -desde la presidencia del Gobierno del leonés José Luis Rodríguez Zapatero en 2008- que la presión política del Principado, gobernado por el PSOE, ha conseguido que los conductores habituales se puedan anotar algunas rebajas, a las que no se les daba demasiado conocimiento público.
Descuentos... y muy mala suerte
En concreto, desde hace escasos días, el 1 de noviembre, entró en vigor un incremento de la bonificación estatal, descuentos que se sitúan por encima del 15% en adelante, eso sí, con la letra pequeña de que aplicará sólo a los usuarios que sean habituales, en concreto a partir del tercer viaje dentro de un mismo mes. El gozo ha quedado en un pozo poco después, al quedar cortada por completo este 10 de noviembre la autopista de Campomanes a La Virgen del Camino por un inmenso desprendimiento en la vertiente asturiana en el que se está trabajando pero sin fecha de reapertura.
Hace apenas dos semanas también hubo movimiento desde la Diputación de León, donde cogobierna el PSOE con Unión del Pueblo Leonés (UPL), reclamando que el Ministerio aplique idénticas bonificaciones para la AP-71 León-Astorga, una reivindicación a la que tibiamente se ha sumado la Junta de Castilla y León pero no dispuesta a poner nada de su bolsillo, como sí negoció con el Gobierno central cuando gobernaba Rajoy en 2018 y que jamás se llegó a aplicar.
Las cifras de récord de la León-Astorga
El caso de esta autopista totalmente interna de la provincia estrangula una comunicación esencial, entre otras cosas por el polígono de Villadangos con centros logísticos para todo el noroeste de firmas como Mercadona, Decathlon o Miguélez, y pronto otras como Lidl, y que convierte en un brutal punto negro la única alternativa de la N-120. La AP-71 abrió el 23 de diciembre de 2002, gobernando el PP y siendo ministro Francisco Álvarez-Cascos, aunque la concesión se otorgó por 55 años que expiran, de momento sin remisión, en 2025.
Hoy la concesión está en manos de Iberpistas, del grupo Avertis, y se suele negociar con ella metiendo esta vía de alta capacidad es un amplio paquete con otras que son negocio más goloso, porque se trata de la que menos tráfico de España, la Intensidad Media Diaria (IMD) más baja del Estado español. Consiguientemente, también es con diferencia la que menos ingresos reporta, a pesar de un coste muy alto para los escasos usuarios de los 38 kilómetros lisos que atraviesa.
El caso de la autopista León-Asturias AP-66 no es menos sangrante, tanto para León como para el Principado de Asturias. Su concesión, en manos de Aucalsa, debería haber expirado ya en octubre del año 2021, hace tres. Sin embargo, una maniobra política del Gobierno del PP presidido por José María Aznar, siendo ministro Rafael Arias Salgado -un mes antes de que la cartera de Fomento recayera en Álvarez-Cascos-, le concedió a la compañía 29 años más de negocio y su nueva fecha para el final del peaje se situó en 2050.
Una maniobra que, por cierto, está pendiente la resolución final del procedimiento sobre la posible irregularidad de esa ampliación de plazo, vista la apertura de un proceso sancionador a España por la Comisión Europea tras una denuncia interpuesta por Podemos Asturias en Bruselas.
Cinco autopistas liberadas desde 2018
Los deberes, sin embargo, sí avanzan para las tres autopistas mencionadas de Madrid, Ávila y Segovia, que se sumarán, salvo sorpresas, a otras liberalizadas cuyos contratos de concesión han expirado desde 2018: la AP-1 Burgos-Armiñón; AP-4 Sevilla-Cádiz; AP-7 Alicante-Valencia-Tarragona; AP-7 Tarragona-Barcelona y AP-2 Zaragoza-Mediterráneo.
El estudio ministerial deberá determinar tanto el tipo de actuaciones (remodelación de enlaces, implantación de nuevos enlaces, ampliación de áreas de servicio o instalación de nuevas, nuevos aparcamientos de vialidad invernal, pacificación de travesías, etc.) como sus características (tipología de enlaces, características geométricas, etc.), incluyendo la estimación de su presupuesto y una propuesta de programación en función de su prioridad.