Junta y Gobierno anunciaron el pasado mes de noviembre un acuerdo por el que el tráfico más pesado, aquellos camiones o autobuses de cuatro ejes o más, van a tener que tomar obligatoriamente la autopista AP-71 León-Astorga en sus trayectos, para librar a la N-120 del intenso tráfico que soporta actualmente.
La medida todavía no ha entrado en vigor ya que según fuente de la Consejería de Fomento, que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, se encuentran todavía en negociaciones con el Ministerio para rematar la propuesta, a la que debe sumarse la empresa concesionaria Autopistas de León (Aulesa), propiedad del Grupo Abertis. Según anunciaron entonces “el importe de la bonificación será compensado a la concesionaria de la autopista, Aulesa, por el Ministerio de Fomento y la Junta de Castilla y León, comprometiéndose la Administración Autonómica a la aportación del 60% del coste de la medida”.
Partiendo de los cálculos de los 700 vehículos que de media al día que tendrán obligación de tomar la autopista, según el Ministerio y la Junta, y que hasta ahora la autopista apenas 'pillaba' un tercio de ese tráfico los ingresos adicionales para la concesionaria podrán ser de hasta 1,4 millones de euros más al año, dependiendo de la cifra final de tráfico de camiones, con previsiones de crecimiento por la llegada de nuevos centros logísticos al Polígono de Villadangos.
La concesionaria de la AP-71 ha perdido casi 20 millones de euros en sus primeros 15 años
Y esa subvención pública, de la que la Junta pagará el 60%, servirá para enjuagar las millonarias pérdidas que acumula la autopista que desde que entró en funcionamiento en el año 2002, que ascienden a 19,6 millones de euros hasta el 2016, antes de impuestos.
La autopista León-Astorga fue una de las que se barajó para rescatar dentro del proceso realizado por el Gobierno de las autopistas quebradas, aunque finalmente se quedó fuera. El Estado tendrá que pagar una cifra que puede oscilar entre los 3.000 y los 5.000 millones de euros por la reversión de las concesiones y para pagarla volverá a privatizar estas autopistas, aunque se da por hecho que la operación genere pérdidas para las cuentas públicas, que podrían suponer unos 1.000 millones según sea el precio final de la responsabilidad y de la reprivatización.
Millonarias pérdidas desde la concesión
Aulesa sólo ha logrado dos años de beneficios (antes de impuestos) en sus primeros quince años de explotación de lo 38 kilómetros de doble vía que separan la capital leonesa y la maragata, según el informe anual de las autopistas que elabora el Gobierno y las últimas depositadas en el Registro Mercantil (2016), que ha consultado este periódico.
Así las pérdidas son de más de 20 millones y los beneficios logrados estos años de apenas 540.000 euros. Los dos únicos años con cierre positivo fueron al inicio de la crisis económica, los ejercicios 2007 y 2008. Las mayores pérdidas jamás acumuladas por la AP-71 se dieron en el ejercicio 2015, cuando perdió algo más de 4 millones de de euros.
Las últimas cuentas públicas son las de 2016 y en ese año Aulesa volvió a dar pérdidas, de 2.024.000 euros, pero rebajando a la mitad las del año anterior. La principal causa de esa rebaja de pérdidas fue que el coste salarial en la empresa bajó hasta los 1,4 millones de euros cuando el año anterior era de 2,7 millones. La media de trabajadores ese año fue de 41, frente a los 45 del 2015, cuando en 2011 tenía 50.
Una de las causas de esas millonarias pérdidas es precisamente el bajo tráfico que tiene la autopista León-Astorga, con la tercera Intensidad Media Diaria (IMD) más baja de todas las del Estado (cifra del 2015). El IMD se obtiene dividiendo los vehículos-kilómetro entre los kilómetros-día en servicio de la autopista. Esa magnitud permite comparar todas las autopistas por tráfico y la leonesa sale siempre a la cola.
Pero lo largo de la concesión, hasta el lejano año 2055, es señalado por los gestores de la autopista en sus cuenta anuales como un factor que aleja la preocupación por la falta de rentabilidad de la misma hasta ahora. Y eso sumado al incremento de las tarifas este 2018, con un trayecto completo que sobrepasa los 5 euros para turismos, y los ingresos adicionales de la obligatoriedad de paso para el tráfico pesado podrían reequilibrar sus cuenta y hacer que vuelva a generar beneficios. Y todo gracias al 'rescate' ideado por la Junta y el Ministerio.
Dudas sobre la medida
La bonificación del acceso a la autopista y el copago impuesto, ya que los camioneros tendrán que pagar entre el 25 y el 29% del coste, ha generado todo tipo de reacciones, incluso una 'trifulca' interna en el Partido Popular con críticas del expresidente de la Diputación, Javier García Prieto, a que la medida no sea financiada al 100%. Los sindicatos han expresado además su preocupación porque sean los transportistas los que deban financiar la medida para reducir la siniestralidad de la N-120. Podemos también ha solicitado que si es obligatorio se financie al 100% el importe del peaje.
La Junta ha reiterado que la medida es positiva y que busca mejorar la seguridad en la carretera N-120, y que buscarán que en su implantación nadie salga perjudicado. La última duda sobre este proceso ha sido sobre el impacto económico que podría tener en la economía local que ofrece servicios a los transportistas, que puede que dejen de elegir la zona para sus descansos y noches con la consiguiente pérdida de negocio en hoteles, bares y restaurantes.