La Comisión Europea ha iniciado el proceso para imponer sanciones a España debido a cambios realizados en los contratos de concesión de dos autopistas, la AP-66 en el tramo conocido como peaje del Huerna, que conecta León con Asturias, y la AP-9 (conocida como la autopista del Atlántico) en Galicia, sin recurrir a un concurso público. Bruselas está examinando la extensión de los plazos de explotación sin ofrecer la oportunidad de competencia a otros interesados. Estas infraestructuras son parte de los activos de Itínere.
La Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes ha abierto un expediente y espera una respuesta del Gobierno español en un plazo máximo de dos meses. En caso de una respuesta insatisfactoria o de ausencia de la misma, la Comisión enviará una notificación formal de incumplimiento, dando a España la oportunidad de defenderse. Si el Gobierno no proporciona argumentos convincentes, el asunto podría llegar al Tribunal de Justicia de la UE.
La denuncia fue presentada por el exdiputado asturiano de Podemos Daniel Ripa en septiembre del año 2021. Según explicó Ripa entonces, el peaje de la autopista León-Asturias “es ilegal y es lo que llevamos diciendo varios años. Hay varios aspectos de las normativas europea y estatal que no fueron cumplidos cuando se hizo la ampliación del peaje y, por lo tanto, este 17 de octubre tendría que ser liberado y suprimido”. Este miércoles Ripa ha celebrado la decisión de la Comisión asegurando que “este fallo acerca el fin del peaje Asturias-León”.
La AP-66 es operada por Itínere a través de la gestión de la sociedad concesionaria Aucalsa. Esta autopista, que conecta León con Campomanes en 77,8 kilómetros, se abrió al tráfico en 1983. El contrato fue extendido en el año 2000 hasta 2050, agregando 29 años adicionales de operación privada.
La concesión original del Estado a Aucalsa para explotar la AP-66 expiraba el 17 de octubre de 2021, pero el Gobierno de Aznar la amplió 29 años más justificando que así resultaría más barato circular por ella. Hoy es la tercera más cara por kilómetro de España, mientras hay esperanza de que Europa declare ilegal la prórroga, como acaba de ocurrir en Galicia.
La Comisión ha enviado cartas de advertencia tanto a España como a Hungría por no cumplir con la normativa de concesiones de autopistas, que garantiza la igualdad de oportunidades para los operadores interesados y la transparencia en los procesos de contratación. Según la regulación europea, extender los contratos de explotación equivale a una nueva adjudicación, que debe realizarse mediante licitación pública.
En septiembre de 2021, la Comisión Europea abrió un primer procedimiento de infracción por la extensión del contrato de la gallega AP-9 sin concurso público. Esta fue la tercera vez que se prorrogó el plazo de explotación, esta vez hasta 2048, de la autopista operada por Audasa (Itínere). La AP-9, con 216 kilómetros de longitud, fue inaugurada en 1979.
El Gobierno de la Junta de Castilla y León, formado por el Partido Popular y Vox, mostró en enero de este año “su apoyo” para conseguir el fin del peaje o al menos su rebaja en el caso de la autopista que parte en dos a la provincia leonesa, la AP-71 entre León y Astorga.
Esto lo anunció su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, tras conocerse la iniciativa en forma de moción que el PP impulsa, y aprobará gracias a su mayoría absoluta, en el Ayuntamiento de Astorga. Y todo ello a pesar de que fue un Gobierno central de ese mismo partido el que ejecutó en su día la ampliación de la concesión de esta autopista de pago, siendo presidente José María Aznar y ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos.
El consejero autonómico defendió a primeros de año su creencia en que “el Gobierno podría haber sido más sensible con los transportistas de lo que lo ha sido y cualquier proceso que suponga reducir peajes y reducir costes cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León”. Previamente se había manifestado en parecidos términos, y aduciendo a razones de “igualdad”, en el caso del peaje que para comunicarse con Madrid aún tienen que pagar los segovianos.