Se cumple un año en el que la concesión inicial de la autopista León-Asturias AP-66 debería haber terminado y, por consiguiente, circular entre la provincia leonesa y el Principado por la autopista del Huerna debería ser gratis, sin peaje. Y ha sido éste el momento elegido por la formación política de Podemos en Asturias para abrir una nueva vía política y en última instancia judicial para tratar de que así se consiga antes del año 2050, fecha en la que el PP del Gobierno de José María Aznar alargo la concesión poco antes de perder las elecciones.
Este pasado lunes 17 de octubre, los parlamentarios Xune Elipe, Andrés Ron, Laura Tuero, Covadonga Tomé y Daniel Ripa, vinculados a este último, excoordinador general de Podemos en Asturias, han registrado ante la Delegación del Gobierno una nueva denuncia que busca de una vez suprimir el peaje del Huerna, considerando que fue “ilegalmente ampliado”.
El escrito se dirige inicialmente al Consejo de Ministros, del que Podemos forma parte, para pedir al Gobierno central que ejecute una revisión de oficio y analice y revoque el decreto firmado en el año 2000 por el que el Gobierno de Aznar en su última legislatura alargó el final de la concesión de la autopista a la empresa que posteriormente fue Aucalsa, que tenía que haber expirado en 2021 pero en virtud del cual se amplió hasta 2050.
Los firmantes consideran que, tal y como la Comisión Europea está analizando, “se pudo vulnerar la legislación comunitaria al no existir un proceso de libre concurrencia”, es decir, que la ampliación de la aquella concesión “se dio a dedo a la concesionaria”. Entienden que en aquella maniobra no se justificó el interés general y además se realizaron obras en Galicia como contrapartida.
La ofensiva es doble, buscando incrementar la presión. Y es que en el caso de que el Consejo de Ministros no admita, rechace o incluso alargue esta petición sin contestar en el plazo de seis meses, Covadonga Tomé advierte que no se asumirá el silencio administrativo sino que se iniciará una estrategia legal diferente: un recurso de esta decisión ante el Tribunal Supremo, “abriendo la posibilidad de estudiar la documentación existente sobre esa ampliación y, por tanto, la ilegalidad del peaje, algo que no ha sido posible hasta la fecha, tras alegarse una supuesta prescripción”, recuerdan.
“Tanto el PSOE como el PP han llevado en campaña esa supresión, para convencernos de que peleaban por nosotros pero luego no hacían nada”, lamenta Tomé, quien recuerda que “pusimos dos denuncias contra el peaje, una en la Comisión Europea, que la admitió a trámite junto a la AP-9 y otra en el Tribunal Supremo, que alegó prescripción de este asunto, pero existen precedentes de que la Comisión Europea, en Italia y en España, ha declarado ilegales concesiones similares”. “Somos optimistas”, concluye.
Los firmantes de la iniciativa, impulsada en pleno proceso de renovación del liderazgo de Podemos en Asturias, consideran que la actual bonificación para viajeros recurrentes en la autopista León-Asturias, que recibe más dinero en el borrador de Presupuestos Generales del estado para 2023, “no es la solución” porque “son insuficientes, llenan las bolsas de los de siempre a costa de los bolsillos” de asturianos y leoneses “y son apenas un tercio de las que se han puesto en marcha en la AP-9” gallega. Y recuerdan que el Tribunal de Cuentas ha señalado que el coste de las bonificaciones es mayor que lo que costaría una recuperación de la concesión y la gratuidad final de la transitada carretera.