“La Comisión Europea ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Italia y España para garantizar la correcta aplicación de las normas de la UE en materia de contratación pública y contratos de concesión”. Así encabeza el Ejecutivo de la Unión Europea un comunicado en el que anuncia acciones contra ambos países por haber ampliado “la duración de las concesiones de autopistas sin iniciar previamente procedimientos de licitación”. En el caso de España la Comisión Europea cuestiona la ampliación de la concesión de la autopista AP-9 en Galicia que se hizo en el año 2000, una situación idéntica que hizo que la autopista AP-66 León-Asturias viera ampliada su concesión hasta el año 2050.
Según el Derecho de la Unión Europea,“la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante licitación”, explica la Comisión. Italia ya fue condenada por la Unión Europea al infrigir la contratación pública y como no ha ejecutado la sentencia la Comisión anuncia que llevará el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que puede imponer sanciones económicas hasta que se ejecute.
En el caso de España la Comisión cree que ha sucedido lo mismo con la Autopista del Atlántico, que une Ferrol con la frontera portuguesa, y por ello abre un proceso para que el Gobierno conteste antes de dos meses a las alegaciones presentadas por la Comisión o recibirá un dictamen motivado sobre el asunto, que obliga a cumplir lo que en él se fije. En caso podría acabar también en el Tribunal de Justicia de la UE en caso de desacuerdo.
La autopista AP-9 vio ampliada su concesión desde el 2023 hasta el año 2048 en una decisión aprobada por el consejo de ministros presidido por José María Aznar. La ampliación de la concesión era la compensación que diseñaba el Estado, ya que había aprobado una notable rebaja de los peajes en las autopistas de todo el país, un 7% de media, y la contraprestación era ampliar los años de pago de peajes.
Lo mismo sucedió en la concesión de la autopista León-Campomanes. En marzo del año 2000 el Gobierno de José María Aznar, con Rafael Arias-Salgado como ministro de Fomento, aprobaba un real decreto por el que que se modificaban varios puntos de la concesión de la autopista León-Campomanes, que databa del año 1975 aunque entró en funcionamiento en 1983, de la que es responsable la empresa Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, Sociedad Anónima (Aucalsa), hoy en el Grupo Itínere.
La concesionaria de la autopista perteneció al sector público al estar en manos de la Empresa Nacional de Autopistas SA (ENA) hasta que el Gobierno de Aznar lo privatizó en el año 2003 al entonces Grupo Sacyr Vallerhemoso. Este desgajó años después su filial de concesiones en el Grupo Itínere, que acabó vendiendo en el año 2009 a un fondo de inversión.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este verano una histórica rebaja del peaje de la autopista gallega, lo que ha incrementado la presión desde Asturias y León para rebajar el peajes de la León-Campomanes. Las Cortes de Castilla y León aprobado por unanimidad esta semana pedir el fin de los peajes y el Ayuntamiento de León debatirá una moción similar en su pleno de este viernes. El Gobierno baraja hacer gratuitos los viajes de ida y vuelta que se hagan en 48 horas entre la provincia leonesa y la comunidad asturiana, entre otras medidas que todavía deben concretarse.
Según la prórroga de la concesión del Gobierno Aznar, Aucalsa gestionará la autopista que cruza la cordillera Cantábrica hasta el día 17 de octubre del año 2050. Pero este próximo 18 de octubre de 2021, fecha de finalización inicial, se le acaban los beneficios tributarios y económicos-financieros otorgados por el Gobierno del PP cuando aprobó el descenso de los peajes en el año 2000. Desde entonces la concesionaria tiene otros 29 años para seguir rentabilizando la autopista.