La Fiscalía se opone a que la Audiencia Nacional juzgue como terrorismo los ataques nazis a la sede de IU en San Andrés

La Fiscalía de Murcia se opone a que las investigaciones de los ataques nazis a las sedes de Podemos en Cartagena y de Izquierda Unida en San Andrés de Rabanedo en León sean investigados en la Audiencia Nacional como delitos de terrorismo. El Ministerio Público considera que uno de los presuntos autores, que participa en ambos sabotajes, no pertenece a un grupo organizado, en contra de lo que detallan los informes de la Brigada de Información de la Policía.

El juzgado de Murcia que investiga a dos neonazis por participar presuntamente en el ataque a la sede de Podemos en Cartagena el 2 de abril de 2020 se inhibió en favor de un juzgado de León por otro sabotaje cometido por uno de estos dos radicales, Francisco S. M., contra el local de IU y el PCE en la localidad de San Andrés de Rabanedo, en la provincia de León. Francisco S. M., al que sus compinches llaman 'Niño Hacha', fue detenido por segunda vez en agosto en relación con el ataque en León.

Fue entonces cuando la acusación particular, que ejerce Unidas Podemos, se opuso a dicha inhibición y solicitó que los hechos fueran derivados a la Audiencia Nacional por existir un presunto delito de terrorismo, cometido en el marco de una organización criminal. La representación legal de Unidas Podemos consideraba que, además de delitos competencia del tribunal especializado, el grupo había delinquido en distintos puntos de España, lo que reforzaba los motivos de inhibición a la Audiencia Nacional.

En las alegaciones de la Fiscalía, a las que ha tenido acceso elDiario.es, la fiscal María del Pilar Romera Caballero se limita a señalar que contra Francisco S. M “no concurren los elementos para afirmar la pertenencia a dicho grupo”, en referencia a la organización neonazi que estaría detrás de los ataques. Alega la fiscal que, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, para que se dé la pertenencia a una organización terrorista debe superarse “la mera presencia o intervención episódica”.

“El elemento determinante es, por consiguiente, el componente asociativo, marcado por la asunción de fines y la voluntad de integrarse en dicha organización ilícita, sin perjuicio de la mayor o menor intervención en la misma”, añade la fiscal en su escrito.

La investigación policial del ataque a la sede de Podemos en Cartagena ha permitido descubrir los vínculos de sus dos presuntos autores con los grupos que controlan la ultraderecha extraparlamentaria en la Región de Murcia. La Brigada Provincial de Información sitúa a Francisco S. M. y Javier B. E. como miembros de Ultras Murcia 1908, la peña de seguidores radicales del equipo de la capital murciana que actúa como catalizador de la actividad neonazi en la la región.

Asimismo, los investigadores también han encontrado vínculos de los dos imputados con Lo Nuestro, una organización de corte fascista y xenófobo que actúa en la zona de Levante y cuyos miembros han protagonizado diversos incidentes contra las minorías. En 2017, una treintena de miembros de Lo Nuestro irrumpieron en el desfile del Orgullo LGTBI en Murcia y agredieron con palos a sus participantes.

Además de los ataques a las sedes de Podemos e IU, en Murcia y León, respectivamente, Francisco S. M. habría participado en los disturbios que tuvieron lugar con motivo del toque de queda en la región de Murcia, también protagonizados por elementos de la extrema derecha, y en los que se atacó con material pirotécnico a la Policía. La magistrada instructora derivó el descubrimiento de su presunta participación al juzgado que investiga dichos altercados.

Entre los motivos de la acusación particular para solicitar el traslado de la causa a la Audiencia Nacional, Unidas Podemos argumenta: “El móvil de los delitos en cuestión no solo se basa en una cuestión de odio hacia una ideología democrática por parte de miembros de extrema derecha, toda vez que se ataca las sedes de dos partidos pertenecientes a Unidas Podemos y que son miembros del Gobierno de España en estos momentos, sino que los ataques tienen una clara intención, como demuestran las conversaciones encontradas en el teléfono móvil del investigado, de desestabilizar el funcionamiento de las instituciones políticas del Estado y de alterar gravemente la paz pública, en este caso mediante el método de amenazar a una parte del Gobierno de coalición”.