La fiscalía investiga la gestión del expresidente de los empresarios de Castilla y León en Cecale
El empresario abulense Jesús María Terciado ha presentado hoy su dimisión como presidente de la Confederación Abulense de Empresarios, después de que la semana pasada dejase también la Presidencia de Cepyme. Juan Saborido, hasta la fecha vicepresidente de la organización empresarial, asumirá la Presidencia de Confae.
Terciado está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid “por cooperación necesaria en los referidos delitos de falsedad y estafa o de apropiación indebida” por los cobros que recibió de la patronal Cepyme, a la que accedió desde la presidencia de Cecale, de la que forma parte la patronal leonesa FELE.
El proceso que se sigue contra Terciado se centra en el modo en que Terciado habría cobrado de Cepyme con cargo a sus empresas emolumentos por su trabajo en la patronal a través de facturas, pese a que este cargo no tenía asignado sueldo alguno. En 2012 este sistema cesó cuando Cepyme firmó con Terciado un contrato de alta dirección. Sin embargo, las denuncias contra el presidente de Cepyme se remontan aún más cuando en su etapa al frente de la patronal de Castilla y León fue acusado por la patronal salmantina Confaes de facturar mediante empresas de su propiedad, Tecrucil y Tecopy, trabajos realizados para la patronal así como el cobro de dietas y de otros gastos.
Investigación de la fiscalía en Castilla y León
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Valladolid ha trasladado al Ministerio Fiscal una providencia para que investigue un posible delito de 'corrupción en el sector privado' durante la etapa en la que Jesús Terciado fue presidente de Cecale. Se trata de esclarecer si la patronal reclamaba cuotas a las empresas por ser seleccionadas para prestar servicios y si estas aportaciones eran acordadas con la patronal como un porcentaje (del 10 al 20 por ciento) del total facturado por los servicios prestados. Es decir, si había un retorno de la subvención pública de la que supuestamente se beneficiaría la propia Cecale, según una información de ABC Castilla y León recogida por Ical.
El origen de esta trama comienza en octubre de 2013, cuando una empresa que realizaba cursos de formación por mediación de Cecale le reclamó 230.000 euros. Se trata de la Escuela Empresarial Platón S. L. de Valladolid, a la que la patronal regional concedía la mayor parte de los cursos financiados con los fondos procedentes de la Junta de Castilla y León. Tanto es así que, entre 2008 y 2012, años de Terciado como presidente y de Héctor Arias como secretario general, la firma recibió más de 1,7 millones de euros por impartir dichos cursos.
La empresa alega que adelantó a Cecale 230.000 euros en concepto de diferentes fianzas supuestamente vinculadas a la concesión de cursos subvencionados por el Ecyl, mientras que Cecale argumenta que esa cantidad corresponde a una cuota por asociado, dato que cuanto menos sorprende por ser una cantidad muy elevada para una empresa con menos de diez trabajadores.
El juicio comenzó el pasado miércoles en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Valladolid, donde García Arias declaró como testigo. Tras la declaración, el juez trasladó la denuncia a la Fiscalía al advertir que “las sumas reclamadas pudieran ser realmente cantidades abonadas por la empresa con la única finalidad de conseguir y mantener la contratación de los cursos de formación subvencionados con fondos públicos, conducta que pudiera ser incardinable en al art. 286 bis del Código Penal”.
Precisamente, la nueva Junta Directiva de Cecale, que preside Santiago Aparicio, encargó una auditoria externa a la consultora KPMG, tras comprobar el estado de bancarrota y la falta de viabilidad económica en la que había dejado a la organización la gestión de Terciado y García Arias. En su informe, KPMG recoge que la patronal cuenta con tres vías de ingresos a través de cuotas, una de ellas denominada 'empresas asociadas con relación comercial', cuyo principal proveedor sería la Escuela Platón. Procedimiento que también cuestiona KPMG que, sin entrar en cuestiones jurídicas ni penales, reconoce que “no están contempladas en los Estatutos de la Sociedad” y “se aleja de las buenas prácticas de gestión empresarial”.
Pese a que la Escuela Platón era la gran beneficiaria hasta 2012, no existía acuerdo formal entre ellas. Según KPMG, mantenían una relación comercial irregular“ alcanzada bajo un acuerdo verbal y no escrito con el secretario general de la patronal, tal y como quedó acreditado en la declaración de García Arias. Una doble contabilidad que también está siendo analizada por el informe jurídico que Cecale ha encargado a otra consultora externa y que este mes dará a conocer las posibles consecuencias penales de la gestión de Terciado.
