Familia prioriza los servicios frente a las ayudas por cuidados familiares
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha comparecido hoy ante las Cortes para explicar cómo afectan a las personas en situación de Dependencia las modificaciones introducidas por el Gobierno de España, mediante Real Decreto Ley, en el sistema de atención a la Dependencia. Y también para informar de las medidas adoptadas por la Consejería -y consensuadas con el Diálogo Social y el sector de personas con discapacidad y atención a personas mayores de Servicios Sociales- para salvaguardar el sistema en Castilla y León “con los mismos niveles de eficacia que hasta ahora”, para garantizar la atención de calidad y profesionalizada, la supervivencia de la red de servicios, y para preservar y fomentar el empleo en el sector.
Milagros Marcos no ha ocultado que la situación es complicada, por lo que, según ha asegurado, se requieren “medidas valientes” para lograr la viabilidad de la Dependencia. A la histórica falta de financiación de la Ley por parte del Estado -cifrada en más de 457 millones de euros desde 2008 para Castilla y León-, a unos criterios de reparto “injustos” y a una falta de desarrollo normativo común para toda España, se unen las enormes desviaciones sobre las previsiones del número de personas con gran dependencia plasmadas en el Libro Blanco de la Dependencia (el doble de lo previsto en la Comunidad).
La falta de financiación y el propio modelo de financiación, que fija la misma cuantía con independencia de qué prestación se conceda, han generado un importante problema en el sector de los Servicios Sociales, traducido en un “abuso” en la concesión de prestaciones por cuidados en el entorno familiar en todo el conjunto del país, que ha puesto en riesgo el principio fundamental de la propia Ley: garantizar la atención profesional.
Estas deficiencias históricas se han visto acrecentadas por la fuerte crisis económica actual que ha provocado la supresión del nivel acordado de financiación y la reducción de las cuantías del nivel mínimo garantizado, decretados por el Gobierno.
Todo ello ha obligado a Castilla y León a reaccionar de “forma rápida” para redefinir su sistema de atención a la Dependencia, tratando de transformar la complicada situación en una oportunidad. Y, así, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha marcado como reto priorizar aún más los servicios, por ser los que prestan una atención de calidad y son generadores de empleo, frente a las ayudas por cuidados en el entorno familiar. En definitiva, primar los servicios, frente a los cuidados familiares, como marcan los principios básicos de la Ley desde su nacimiento.
Aunque Castilla y León, a diferencia de la media del país, atiende a las personas en situación de Dependencia prioritariamente a través de servicios (68,3%, frente al 54,8% del promedio nacional), la Consejería se ha propuesto que realmente las ayudas por cuidados familiares sean una excepción, como establece la Ley de Dependencia.
Y eso, a pesar de que la apuesta de la Comunidad por los servicios genera “mayores costes” para Castilla y León, por resultar más caros que las prestaciones por cuidados familiares. De hecho, la consejera ha detallado que la atención supone cerca de un 16% más de coste para la Comunidad que para el promedio de España.
Tres son las razones por las que la Consejería realiza esta apuesta: garantizar la atención profesional en el sistema de Servicios Sociales, permitir la supervivencia de una red de servicios, que actualmente tiene un 22% de plazas vacantes, e impulsar un sector que ha demostrado ser generador de empleo y en el que actualmente trabajan más de 35.000 profesionales.
En opinión de Milagros Marcos, “no adoptar en este momento las medidas necesarias, por duras que puedan parecer, pondría en riesgo el sistema de bienestar, destruiría la red de recursos, de empleos, así como la esperanza de la atención futura para quienes más lo necesitan”.
Medidas concretas
Ante el nuevo escenario legal y presupuestario, la consejera ha detallado las medidas concretas que fueron aprobadas en la orden del 30 de julio que establece la nueva regulación de la Dependencia en Castilla y León y que encontraron el consenso del Diálogo Social y el sector, representado por Cermi, Lares y Acalerte. Entre ellas, primar los servicios y tratar de hacer menos atractivas las ayudas por cuidados familiares, con el objetivo de que las personas en situación de Dependencia que ahora reciben cuidados en su entorno se puedan beneficiar de la atención que se presta desde los servicios profesionales.
En primer lugar, para garantizar la equidad en el acceso a los servicios, se incrementa de forma automática en un 20%, sobre la previsión del Gobierno, las cuantías máximas destinadas a los servicios profesionales. La cuantía concreta dependerá de la capacidad económica de cada uno. De esta forma, cuanta menor renta tenga el usuario, mayor aportación recibirá. Por el contrario, disminuirá la cuantía mínima que reciben las personas con rentas más altas; siendo el mínimo garantizado en este caso el 10% de la cuantía máxima que le pudiera corresponder según su grado de dependencia.
Se trata de redistribuir el copago, de tal forma que se produzca una transferencia de dinero desde las rentas más altas a las más bajas para lograr que aquellas que cuenten con menor capacidad económica puedan acceder a los servicios y que ninguna persona dependiente quede desatendida.
Se garantiza, de esta forma, que la cuantía de la prestación económica para adquirir un servicio sea suficiente para que, unido al copago que pudiera corresponder a su capacidad económica, les permita a todos acceder al servicio.
Además, se han revisado los criterios de copago de los servicios privados financiados desde la Junta de Castilla y León para que sean semejantes a los criterios de copago de un servicio público. Así se evitará que las condiciones para acceder a un servicio privado sean más ventajosas, como ocurría, que para acceder a un servicio público, especialmente para las rentas más altas.
Junto a esto, y de acuerdo con el sector, se establece un precio máximo de referencia para cada uno de los servicios, con la idea de que sean accesibles a todas las personas, y se fijan unos criterios de calidad.
La consejera Milagros Marcosha incidido en que priorizar el acceso a los servicios, ya sean públicos o mediante la concesión de prestaciones vinculadas, fijar criterios y pactar precios, permite que las personas más dependientes puedan recibir el mismo servicio con independencia de su capacidad económica.
En segundo lugar, y para preservar la red de servicios profesionales en Castilla y León -una de las más extensas de España-, la Consejería profundizará en el carácter excepcional de las prestaciones por cuidados en el entorno. Para ello, se reducirán de forma progresiva las cuantías destinadas a cuidados no profesionales, de tal forma que el 15% de reducción del Estado se incrementa en un 15% en 2012, en otro 10% en 2013 y otro 10% en 2014. Esos porcentajes no serán lineales, sino en función de la capacidad económica de cada usuario.
Eso sí, las aproximadamente 25.000 personas que hoy estén percibiendo cuidados de sus familiares y que deseen sustituir esta prestación económica, como resultado de esta modificación, tendrán la opción, de forma inmediata, de solicitar libremente otros servicios de atención profesional ya sea en su propio domicilio -, ayuda a domicilio, centros de día- como en un centro residencial.
Para hacerlo más atractivo y proporcionar esa atención de calidad, la Consejería se ha comprometido a acercar los servicios al ciudadano mediante el desarrollo de los centros multiservicios, especialmente en el medio rural. Este nuevo modelo, por el que apuesta la Junta de Castilla y León, pretende que desde un centro residencial se proporcione a la población cercana todo tipo de servicios, tales como teleasistencia, ayuda a domicilio, catering, lavandería, comedor, centro de día o atención residencial. Este tipo de centros permitirá al usuario que lo desee vivir de forma permanente en él y a los no residentes tener la oportunidad, por ejemplo, de acudir a tomar un café, dormir un fin de semana o dos semanas, permanecer durante el día o sólo por la noche, o incluso llevar su ropa a la lavandería del centro.
Pero, además, las personas dependientes de la Comunidad tendrán un mayor abanico de posibilidades para elegir un servicio. La Consejería de Familiae Igualdad de Oportunidades ha decidido incrementar la cartera de servicios que se ofrece a las personas que permanecen en su hogar con dos nuevas prestaciones, que se ofertarán como novedad a todos los usuarios con independencia de su grado de Dependencia. Se trata del servicio de promoción de la autonomía personal y el servicio de asistencia personal.
Si, como pretende la Consejería, gran parte de esas 25.000 personas que ahora son cuidados por sus familiares solicitaran ser atendidos por profesionales, el sector podría sumar 11.000 nuevos empleos en atención en el domicilio o 16.755 puestos de trabajo si fuera atención residencial.
Repaso de los principales datos
Lo que no cambia en Castilla y León con motivo de las modificaciones introducidas por el Gobierno son el procedimiento, ni la organización. Tampoco cambia el régimen de compatibilidades entre prestaciones, ni los criterios para el cálculo de la capacidad económica y para el copago, tal y como ha remarcado Milagros Marcos, quien ha realizado un repaso de los datos que han situado a Castilla y León a la cabeza de las Comunidades que mejor aplica la Dependencia, según los expertos.
No sólo es la Comunidad mejor valorada sistemáticamente por evaluadores externos, sino que es, según los datos aportados por el Imserso, una de las autonomías que tiene una mayor proporción de beneficiarios con derecho a prestación, es la más ágil a la hora de conceder prestaciones, la que más prioriza en servicios, y una de las que más empleo ha consolidado y creado.
Para la consejera, todo esto ha sido posible por el alto grado de participación y consenso social, el desarrollo normativo rápido y eficaz que realizó Castilla y León al inicio de la aplicación de la Ley, el acceso unificado a los servicios sociales, la incorporación de casi 500 nuevos profesionales, la creación de equipos de Promoción de la Autonomía Personal, una clara apuesta por los servicios de calidad o la coordinación con el sistema sanitario.
Pese a los buenos resultados obtenidos hasta el momento, Castilla y León aspira a seguir garantizando la continuidad del sistema y a revalidar su primacía en la prestación de la Dependencia y de los Servicios Sociales.
