CSI-F inicia una campaña contra la implantación de las Unidades de Gestión Clínica en los hospitales de León y del Bierzo
El sector de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha iniciado una campaña informativa entre los trabajadores por la puesta en marcha de la Unidad de Gestión Clínica de Raquis del Complejo Asistencial Universitario de León y de la Unidad de Gestión Clínica de Psiquiatría y de Salud Mental, y de la Unidad de Gestión Clínica de Neumología del Hospital de El Bierzo, para alertar de las consecuencias negativas que traerá consigo la puesta en funcionamiento de estas unidades. Por ello, el sindicato está valorando el decreto con los asesores jurídicos para “buscar caminos legales que ayuden a paralizar esta implantación” que entienden que destruirá los derechos de la sanidad pública.
Según informó el sindicato a través de un comunicado, tanto el decreto como la orden de creación de estas unidades dejan “muchas lagunas y dudas sin resolver” además de que se trata de entidades que, a su juicio, solo buscan “la privatización encubierta sectorial” porque es una medida “economicista” que pretende “ahorrar dinero a costa de la sanidad pública”, lo que entienden que repercutirá de manera directa en los profesionales y también en los usuarios.
En cuanto a la parte profesional, CSI-F aludió a una “falta de claridad” en la gestión de esas unidades, que dejará desprotegida a la plantilla, “teniendo en cuenta que los trabajadores dependerán funcionalmente de un director de unidad que podrá modificar en cualquier momento las condiciones laborales de dichos trabajadores, como pueden ser turnos, horarios y permisos”, con la consiguiente perdida de derechos adquiridos. También se expresó la preocupación del futuro de aquellos profesionales que no quieran incorporarse a estas unidades así como sus condiciones laborales, ya que el decreto lo considera “una decisión voluntaria”.
Para CSI·F la implantación de este nuevo sistema de gestionar la sanidad tiene como único objetivo el ahorro económico, a través de la búsqueda de la complicidad de los profesionales de la sanidad con promesas de incentivos económicos por cumplimiento de objetivos a largo plazo, y sin tener en cuenta tanto el deterioro que originará en las condiciones laborales de los trabajadores como el riesgo que pone a la calidad asistencial prestada a los pacientes.
