El Gobierno de Castilla y León, formado por Partido Popular (PP) y Vox, se pone abiertamente de perfil ante la petición del Ayuntamiento leonés de San Emiliano y cuatro pueblos de la comarca de Babia de que la Junta garantice que el Ayuntamiento de Mieres no pueda ejercer competencias municipales no sólo fuera de su territorio sino en otra Comunidad autónoma, como ocurre en el puerto de Pinos. Un conflicto que proviene de cuando en 1926 el concejo asturiano compró casi mil hectáreas y donde los ganaderos mierenses envían a pastar cada año unas 1.500 reses, creando un constante conflicto con los ganaderos de León, que tienen derechos históricos adquiridos.
El consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, en primer lugar ha negado la posibilidad, reclamada desde la vertiente leonesa, de que la administración de Castilla y León ponga fin a ese conflicto expropiando los terrenos de Pinos. El argumento es que resultaría demasiado caro, a pesar de que jamás se haya cuantificado el coste económico.
Demasiado caro porque, esgrimió a preguntas de ILEÓN, en la Comunidad “los conflictos de límites entre municipios son muy frecuentes, internamente dentro de Castilla y León como interprovinciales o, como en este caso, entre dos municipios de dos comunidades distintas”, y las arcas autonómicas “no tendrían recursos económicos” suficientes para zanjarlos todos expropiando. “Las cuantías hacen inviable la técnica expropiatoria”, resumió.
Pero también González Gago desvinculó a la Junta de toda responsabilidad mediadora o ejecutora de la legalidad. A la petición del alcalde del Ayuntamiento de San Emiliano y las pedanías de Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano, de que el Gobierno autonómico, junto con el central, hicieran cumplir a partir de ya el decreto municipal de paralización de toda actividad de Mieres en terreno leonés de Pinos, el consejero se limitó a pedir que esa intervención la hiciera exclusivamente el Gobierno.
González Gago instó a mediar y actuar a las delegaciones del Gobierno de Castilla y León y de Asturias, entendiendo que “estamos hablando de un conflicto entre dos municipios de dos comunidades distintas, en el límite interautonómico” y les corresponde sólo a ellos buscar “la mejor solución posible”.
Esta postura de Gago, sin embargo, contradice la transmitida hace apenas tres meses por el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien no cerró la puerta a la expropiación pero sin ser la Junta quien lo impulsara.
Mieres reacciona con indignación
Por otro lado, la reacción de Mieres al mencionado decreto de paralización de actividad dictado por el regidor de San Emiliano, David Marcello (PSOE), ha provocado una reacción inmediata y airada del concejo asturiano, que le acusa de “declararse en rebeldía” frente a recientes decisiones judiciales, pretendiendo “paralizar por la puerta de atrás, e incumpliendo un auto judicial, cualquier actividad en Pinos”, según recoge Efe.
Para Mieres, el decreto leonés “es un hecho de enorme gravedad” ante el que no va a quedarse parado, por lo que ha anunciado que, con el fin de defender los intereses del municipio hasta el final“, ha trasladado esta misma mañana el caso al Juzgado ”para que tome las medidas oportunas“. ”Algunos parecen empeñados en alimentar el conflicto irresponsablemente y es un error“, ha señalado el concejal de Medio Rural de Mieres, Luis Ángel Vázquez, que ha informado de la situación a la Delegación del Gobierno en Asturias y al Ejecutivo autonómico.
Mieres se aferra a una reciente decisión del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, que pese a que previamente sentenció a favor de los pueblos leoneses de Pinos, declarando ilegal toda actividad administrativa de Mieres fuera de su municipio y en otra autonomía, recientemente rechazó en otro auto la petición de las pedanías de ejecutar esa prohibición de manera cautelar, permitiendo así de facto que todo el ganado asturiano acuda con normalidad a la zona.
Sin embargo, la última resolución de un juez fue hace unos pocos días, cuando Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de León, como antes el de Oviedo, admitía un recurso de los pueblos y tumbaba toda actuación del Ayuntamiento de Mieres en relación con la Fiesta de las Nieves de 2022 y todas las fiestas futuras.