Aprobadas las nuevas plantillas de las instituciones propias de Castilla y León

La Mesa de las Cortes de Castilla y León aprobó hoy por unanimidad las plantillas de las instituciones propias de la Comunidad -Consejo Económico y Social (CES), Procurador del Común, Consejo Consultivo y Consejo de Cuentas-. De esta forma, concluye el proceso de reestructuración de estos órganos, lo que supondrá un ahorro de 2,5 millones de euros, según informó hoy en un comunicado el parlamento autonómico.

Castilla y León se ha dotado de un complejo institucional “único en España”, según las Cortes, con el que se ha ganado “eficiencia” en la gestión, ha reducido el gasto y ha mejorado su funcionamiento en plazos y atribuciones. El primer paso fue la reducción de cinco a tres el número de consejeros del Consejo Consultivo y del Consejo de Cuentas, se acuerdo al compromiso de investidura del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

El cambio fue aprobado mediante una ley de 2011, si bien el proceso continuó con la aplicación de otra norma para racionalizar, mejorar la eficiencia y modernizar el funcionamiento de las cuatro instituciones propias. Además, las cuatro se adscribieron presupuestariamente a las Cortes de Castilla y León y se sustituyeron las secretarías generales de cada una de ellas, como unidades de gestión administrativa, por una única, a la que se le encomendó el desarrollo de un nuevo modelo institucional.

La aprobación de las plantillas de las cuatro instituciones supone una reducción, pasando de 220 plazas al inicio del proceso de reestructuración a las 156 previstas, lo cual implica una bajada del 29,09 por ciento. En cuanto a los altos cargos, se han suprimido siete, pasando entonces de 18 a once, por la reducción en el número de consejeros del Consultivo y Cuentas y la supresión del secretario general de cada una de las instituciones, lo que supone una rebaja del 38,88 por ciento.

De esta forma, el Consejo de Cuentas pasa de una plantilla inicial de 99 trabajadores a 62 puestos de trabajo; el Consejo Consultivo pasa de 45 puestos a 26; CES de 19 a 17, y en el Procurador del Común, de 39 puestos a 27. “La reducción de personal ha sido posible gracias al esfuerzo de las instituciones en la contención de gasto, así como a la unificación del personal administrativo en la Secretaría General de Apoyo a las instituciones propias”, según las Cortes.

Secretaría única

Este órgano común se encarga de aplicar tareas unificadas y homogéneas de gestión administrativa, económica, jurídica e informática. Esta integrada por 13 funcionarios y depende de la Presidencia de las Cortes. Su sede se encuentra ubicada en el Parlamento, aprovechando infraestructuras y medios ya existentes, lo que ha evitado el incremento del gasto.

Además, la adscripción presupuestaria de las cuatro instituciones a las Cortes ha supuesto que en el presupuesto de 2014 ya se haya podido realizar una importante contención del gasto de cerca del ocho por ciento, lo que supuso un ahorro de 972.552 euros. En esta línea, la reestructuración de las plantillas y su gestión conjunta supondrá un ahorro de 2,5 millones de euros.

Nuevas funciones y más eficacia

Otra de las novedades era la aprobación de los renovados reglamentos de organización y funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad, con el objetivo de ampliar sus funciones. De esta forma, el Consejo Consultivo regula la condición de Tribunal de Recursos Contractuales. También el Consultivo ha reducido el plazo de la emisión de dictámenes preceptivos a 20 días y se ha regulado la nueva posibilidad abierta ahora de que el gobierno autonómico formule un encargo de propuesta legislativa al Consejo. Por su parte, en el CES no solo se amplia la participación de la sociedad civil con la creación del Grupo de Enlace, sino que además se mejora y agiliza su funcionamiento.

Respecto al Consejo de Cuentas se hace más rigurosa la exigencia del deber de colaboración de entidades públicas y privadas en el trabajo del Consejo, al tiempo que se reducen notablemente los plazos internos para la emisión de los informes de fiscalización y se introduce un nuevo informe de Seguimiento de Recomendaciones, que permitirá valorar la capacidad de actuación del Consejo.