El Real Decreto de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que el Gobierno aprobó el pasado viernes habla de “universalidad” en la sanidad pública, pero la palabra pierde su verdadero significado cuando el artículo 1 de este decreto, que modifica el artículo 3 de la Ley 16/2003, especifica quiénes pueden tener derecho a recibir asistencia médica no urgente: los “asegurados”.
De acuerdo con esto, los asegurados serán los trabajadores por cuenta ajena o pro cuenta propia, los afiliados a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada de alta, los pensionsitas, perceptores de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, incluidas la prestación y el subsidio por desempleo o haber agotado la prestación el subsidio por desempleo y figurar inscrito en la oficina correspondiente como demandante de empleo, no acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título. Punto y final. De estos “asegurados” quedan fuera, por tanto, los extranjeros en condición irregular.
Y, además, cambian también los beneficiarios de estos asegurados. Tendrán esta condición el cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, ex cónyuge a cargo del asegurado y los descendientes a cargo que sean menores de 26 años o que tengan una discapacidad en grado igual o superior al 65%.
Entonces, ¿qué pasa con los mayores de 26 años que todavía no han cotizado o no se encuentran trabajando? Salen de la cartilla familiar y tendrán que pagar la prestación de asistencia sanitaria. La forma de evitar esto será la de acreditar que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente (válido para personas de nacionalidad española, de la UE o de Suiza), según lo que se detalla, sin mucha concreción, en el documento publicado este martes en el BOE.
Desde el Ministerio de Sanidad, con el que ileon.como se ha puesto en contacto, informan de que “todos los ciudadanos en situación legal tienen derecho a tarjeta sanitaria, lo que pasa es que a partir de los 26 años la persona tendrá que tener una individual”. Añaden que “lo único que tienen que hacer es pedir una tarjeta alegando que no tienen rentas”, explican. “No importa que sus padres sean ricos, depende solo de que no tengan ingresos”.
La propia ministra, Ana Mato, ha salido al paso de la polémica una entrevista en la cadena Cope. “Los chicos de 26 años cuando salen de la unidad familiar tienen que pedir su propia tarjeta sanitaria, no están ya contemplados como beneficiarios de la de sus padres. Lo único que tienen que hacer es pedir es su propia tarjeta. Pero todos tienen derecho a la asistencia sanitaria y a la tarjeta sanitaria española”, ha asegurado.
En el documento no queda claro cómo se acredita esa falta de ingresos ni el periodo de tiempo que puede pasar entre que una persona solicita la tarjeta y la obtiene.